El problema se dio cuando, estando en el cargo, ella se pasó de un gremio a otro.
Ayer por la mañana, el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Pública (AMET), Borja Orozco, denunció la persecución laboral que sufrió la profesora Ilda Muñoz, quien se desempeñaba como presidenta de la Junta de Clasificación Docente de la región y representante del ya mencionado gremio.
Años atrás, Muñoz accedió a la Junta a través de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), pero en junio de este año se cambió a AMET, tras sufrir “persecución gremial”, ya que, según contó, desde UDA le pedían que solo defendiera a los trabajadores de la educación pertenecientes a UDA.
“Le gustó la propuesta nuestra, entonces pasó a ser representante gremial nuestra dentro de lo que es la Junta de Clasificación Docente y hoy por hoy nosotros el gremio de mayor cantidad de docentes cotizantes en la provincia de San Luis”, dijo Orozco sobre el paso de Muñoz de un gremio a otro, asegurando que, como ocurre en la Cámara de Diputados, el puesto como representante no es del gremio o sindicato, sino de la persona propiamente dicha.
Ya una vez en AMET, Muñoz asegura haber recibido persecución laboral por parte del Ministerio de Educación y en particular de la jefa del Programa Gestión Educativa, Cristina Ramírez, y del ministro, Marcelo Amitrano. Al parecer, el motivo de esta persecución es el haberse cambiado de gremio, aunque el decreto para removerla de la Junta se dictó cinco meses después.
“La semana pasada, el señor ministro llama a una reunión a todos mis compañeros de la Junta de Clasificación Docente, donde se les indica específicamente que yo no puedo asistir a esa reunión. Mientras yo estaba haciendo el control de cargos para el año 2017, que se lo hacía a mis compañeros porque ellos no lo sabían hacer, mis compañeros estaban reunidos con el señor ministro y, según lo que me expresan, él les ha dicho que si yo asisto a mi lugar de trabajo me va a sacar por la fuerza pública. Yo al día siguiente asisto a mi lugar de trabajo, porque a mi oficialmente nadie me ha indicado nada, entonces mis propios compañeros se reúnen y me expresan que la orden del ministro era que yo no podía tocar ninguna documentación y me quitaron la firma digital”, narró Muñoz, quien desconocía plenamente las razones por las cuales el ministro tuvo esta supuesta actitud para con ella.
Muñoz también aseguró que desde el Gobierno le pidieron hacer “traslados que no correspondían”, a los cuales se negó, provocando así el enojo de las autoridades de Educación. A raíz de todo esto, Muñoz ya realizó una presentación ante el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, y presentó un recurso de revocatoria en contra del decreto, aunque no ha habido respuesta alguna por parte del Gobierno y ya vencieron los plazos legales, por lo que la docente desconoce qué ocurrirá cuando regrese de sus vacaciones.
