Este martes, a Cámara de Senadores de San Luis prestó acuerdo para designar a Laura Belén Molino como jueza del Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la primera circunscripción judicial. Molino es la jueza que en 2020 condenó al comunicador Diego Masci, quien ocupó múltiples cargos durante la gobernación de Claudio Poggi y hoy forma parte del armado mediático del diputado nacional, a pagar una multa de $90.000 por haber sido el primero en difundir el video donde Natalia Spinuzza, que por aquel entonces era ministra de Educación, contaba haber consumido marihuana en los Países Bajos. Ese hecho ocurrió en noviembre de 2018.
Este fallo fue recientemente revocado por la Corte Suprema de la Nación, el cual hizo lugar al recurso de queja presentado por Masci y su abogado defensor, Ricardo Endeiza, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada, además de ordenar que “se dicte un nuevo pronunciamiento”. “No está en discusión —ni podría estarlo razonablemente, por cierto— que Spinuzza, en virtud de la altísima función que ocupaba en el gobierno de la provincia, constituía una persona pública en los términos de la jurisprudencia de V.E. en la materia, a la que corresponde una tutela atenuada de sus derechos al honor e intimidad cuando ellos colisionan con el ejercicio de la libertad de expresión de otros”, dice parte del fallo de la Corte.
En base a esto, Endeiza y el diputado nacional presentaron una impugnación a la nominación de Molino como jueza del Tribunal de Impugnaciones. En su impugnación, Endeiza destacó que “la función del juez debe ser idónea, imparcial, transparente, independiente”; agregando que “muy razonablemente la ciudadanía ve que el la Dra. Laura Belén Molino no reúne las condiciones que supone la garantía de ser juzgados por un juez idóneo, independiente e imparcial”.
Esto último surge, según la impugnación de Endeiza, de la sentencia dictada por la Corte Suprema el pasado 12 de agosto, en concordancia con el dictamen del Procurador General de la Nación, “la cual se dejó sin efecto la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia por la cual se había confirmado y sostenido la sentencia dictada por la referida Dra. Laura Belén Molino en primera instancia, en la cual en forma sesgada, notoriamente parcial en favor a los intereses del oficialismo provincial”.
“Y esto no lo decimos nosotros. Lo indicó el Procurador General de la Nación, cuando dijo que dictar esa sentencia (la que ratificó sin más la sentencia de la entonces Juez de grado Laura Belén Molino) marca un grave desconocimiento de ‘…el lugar preeminente que tiene la libertad de expresión dentro de la arquitectura de la Constitución, en atención a su papel decisivo para el funcionamiento de una república democrática y el ejercicio del autogobierno colectivo establecido por ella; su alcance peculiar, que excede el derecho individual de emitir y expresar el pensamiento, e incluye el derecho social a la información; y la interpretación estricta que corresponde a cualquier restricción, sanción o limitación de su ejercicio’. Esto entre otras duras manifestaciones”, continúa la impugnación de Endeiza y Poggi.
“Por ello resulta insostenible la nominación de una jueza que no es idónea, que desconoce instituciones fundamentales de la república democrática y no es imparcial. Que no solo condenó al periodista Diego Mariano Masci, sino que intentó dejar un mensaje de que cualquiera que difunda información que perturbe al poder provincial puede ser condenado”, manifestaron Endeiza y Poggi en uno de los últimos párrafos de su impugnación.
En cuanto a la defensa de Molino, la misma tiene algunos puntos destacables. Lo que no fue para nada destacable es la forma en la que decidió ejercerla, mediante una nota que leyó la secretaria legislativa del Senado. Molino no se expresó sobre el caso Masci de manera oral y ni siquiera se animó a hablar con la prensa. Apenas terminó la audiencia pública, la jueza, aprovechando que los medios de prensa habíamos sido enviados a las gradas del segundo piso para realizar nuestra cobertura, se refugió en uno de los despachos del Senado. Minutos después, luego de que le comunicaron la resolución de los senadores, Molino huyó por la puerta de atrás, nuevamente esquivando a la prensa local.
En su descargo escrito, Molino sostuvo que no encuentra “argumentos demasiados claros” en la impugnación de Avanzar, y que entiende que la misma se basa en el modo en que valoró “la prueba en una causa particular” y en el revocamiento de su condena por parte de la Corte Suprema.
“El hecho de que una sentencia sea revocada no pone en duda la idoneidad del magistrado que la hubiera dictado, puesto que simplemente ese es el modo previsto por la ley que, ante resoluciones que no satisfagan a algunas de las partes de un proceso, esta pueda acudir a un tribunal superior, a los fines de que revise la sentencia originaria. Si esa fuera una prueba de idoneidad, ningún magistrado podría satisfacerla, ya que no hay juez al que alguna vez un órgano superior no le haya revocado una resolución”, dijo Molino, en primer lugar.
En cuanto al dictamen del Procurador General de la Nación, la jueza señaló que está basado en el fallo de la causa Natalia Denegri contra Google, dictado el pasado 28 de junio de 2022. “Funda su dictamen en una jurisprudencia de la corte novísima, que data de poco más de dos meses, la cual no existía en el momento en que yo dictara sentencia, que data del 13 de agosto de 2020, donde el criterio de la Corte incluso era diferente”, dijo Molino.
“Me resulta incomprensible lo expuesto por los impugnantes en su escrito, más aún al poner en tela de juicio mi idoneidad, fundándose en solo una de las 4.217 sentencia que he dictado a lo largo de los 5 años que ejercí la magistratura, significando esta sentencia solo un 0,02% de la labor que he desempeñado como jueza”, continuó la magistrada, quien además destacó que ha rendido, y sido calificada como recomendable, para 13 cargos de magistratura.
Una vez concluyó la lectura de adhesiones e impugnaciones, y el segmento de preguntas y respuestas, los senadores oficialistas María Angélica Torrontegui, Diamela Freixes, Juan Carlos García, Diego García, Macelo Debandi, Daniel Camilli y Mariana Cruz prestaron acuerdo a la designación, mientras que los opositores en contra votaron Sergio Guardia y Adolfo Castro Luna.
