Este lunes, una nueva audiencia ante el Tribunal de Impugnaciones por la causa del acueducto Vulpiani, más concretamente sobre el pedido de desalojo de los ambientalistas que se oponen a la obra provincial, quedó irresoluta, ya que se pasó a un cuarto intermedio indefinido.
Al finalizar la audiencia de hoy, Gustavo Quiroga, abogado de los ambientalistas, destacó la importancia de priorizar el medio ambiente en todas las decisiones gubernamentales y mencionó que San Luis se ha destacado como líder en la negativa de cianuro y minería a cielo abierto, demostrando la capacidad de proteger el ecosistema de manera efectiva. “Exhortamos al Tribunal y a todas las partes es que convertimos este caso testigo en una nueva institucionalidad ambiental que es lo que tenemos que hacer”, dijo el letrado.
Quiroga también resaltó la falta de apoyo de las autoridades provinciales hacia los manifestantes ambientalistas. El abogado afirmó que se han ignorado los derechos humanos de estos ciudadanos, quienes buscan defender el entorno natural de su región. “Protejamos a los ambientalistas, tienen ellos derechos humanos que no están siendo reconocidos por la provincia en este momento. La Provincia debería haber sido proactiva en ayudarlos para que, el Estado provincial me refiero, para que ellos pudieran manifestarse. No lo hicieron, hasta el día de la fecha no lo han hecho y Fiscalía de Estado está preocupado porque si van a quemar las gomas o no van a quemarlas”, dijo Quiroga.
El abogado expresó su descontento ante la dilación en la resolución del caso por parte del tribunal. Aunque se esperaba que la audiencia condujera a un desalojo inmediato, la decisión ha quedado en cuarto intermedio. Si bien reconoció la carga de trabajo de los jueces y su enfoque dogmático en cuestiones penales, instó a que el caso se resuelva prontamente para “garantizar la protección del medio ambiente y los derechos de los ambientalistas”.
Por otra parte, Quiroga señaló que la Fiscalía de Estado ha mostrado una preocupante falta de interés en el tema ambiental, centrándose en asuntos menores y omitiendo la cuestión principal de la protección del ecosistema. Afirmó que la fiscal María del Valle Durán, quien dijo ser ambientalista, no ha abordado adecuadamente el caso y ha hecho referencia a que el desalojo fue una iniciativa de la propia fiscalía, no de los denunciantes.
“Fiscalía de Estado dijo dos cosas. Dijo, el terreno ese del Vulpiani es del Estado provincial y nosotros entonces tenemos que desalojarlo para hacer lo que nosotros decimos que vamos a hacer. Citó la resolución del Medio Ambiente en forma sesgada, porque técnicamente esa resolución es nula, la que les permite hacer la evaluación del impacto ambiental, y luego la otra representante de Fiscalía de Estado se preocupó sobre dónde hacían las necesidades los ambientalistas y si iban a prender las cubiertas. No entraron en el fondo del asunto. En el fondo del asunto solamente intervenimos nosotros”, criticó el abogado.
Quiroga recordó que el juez Marcos Flores Leyes ha considerado este asunto como una nueva situación de “orden público ambiental en la provincia y ha pedido un control más riguroso sobre la situación”. Insistió en que la construcción del parque en la zona del acueducto Vulpiani no puede llevarse a cabo tal como se ha planteado hasta ahora, y resaltó que los ambientalistas no están en contra de la intervención, sino de la manera en que se quiere llevar a cabo. Cabe recordar que han pedido que allí se cree una reserva natural.
Ante las preguntas sobre cuándo se resolverá el caso, Quiroga afirmó que espera que la decisión sea inminente, y pidió a la población estar atenta a las novedades y comunicados a través de las redes sociales de la asamblea ambientalista.
