En una sesión marcada por la presencia de empleados judiciales que fueron a reclamar por el presupuesto del Poder Judicial, el oficialismo logró la aprobación, por 24 votos afirmativos a 16 negativos, del presupuesto 2025 del Gobierno provincial, el cual asciende a $1.392.047.901.828.
La miembro informante por el oficialismo fue Eugenia Gallardo, quien de entrada manifestó que este presupuesto busca “corregir distorsiones” que se venían produciendo en los proyectos de Alberto Rodríguez Saá. En este sentido, precisó que no está vigente la norma que obligaba a destinar un 50% del presupuesto a gastos corrientes y un 50% a gastos de capital, como la obra pública. Esto es algo que Rodríguez Saá suspendió en sus últimos años como gobernador, ya que tampoco lo podía cumplir.
En este contexto, la presidenta de Cambia San Luis precisó que del total del presupuesto, un 81% de destinará a gastos corrientes, mientras que el 19% restante será para los de capital. El monto que se destinará a obra pública representa un 11% del total del presupuesto, y casi la mitad de esos fondos serán destinados a la construcción de viviendas. La otra mitad será para terminar obras en ejecución, la construcción de salas de 3 años y tareas de mantenimiento.
Un par de horas después, la oficialista Verónica Causi hizo una aclaración importante, marcando que los fondos destinados al Plan de Inclusión Social no serán incluidos como gastos de capital, a diferencia de lo que hacía Rodríguez Saá. Por ello, Causi habló de un “sinceramiento de la clasificación del gasto”, un término que se repitió en múltiples ocasiones durante la sesión.
Volviendo a Gallardo, la diputada remarcó que el 78% de los recursos presupuestarios corresponden a recursos federales, lo que denota la “fuerte dependencia económica que tienen nuestra provincia con el Estado nacional” y “es evidencia” de la falta de atención que se le prestó al sector productivo local. Obviamente, acá repitió que uno de los objetivos de este gobierno es “generar condiciones para que el sector privado crezca y se consolide”.
Gallardo también comentó que “no se prevén gastos reservados”, a pesar de que el presupuesto de la Secretaría General de la Gobernación tiene exactamente el mismo formato que siempre usó Rodríguez Saá e incluye los polémicos “servicios no personales” por un total de $356.829.523.
Por el lado de la oposición, el análisis técnico corrió de la mano de Joaquín Beltrán, quien inmediatamente se refirió a la no aplicación del 50-50, calificándolo como un “golpe severo al desarrollo de nuestra provincia”. Más tarde reconoció que Rodríguez Saá tampoco aplicaba el 50-50, pero destacó, sin admitir que Rodríguez Saá incluía al PIS en esta categoría, que siempre los gastos de capital superaban el 40%.
Beltrán también señaló que recursos propios de la provincia alcanzaban para cubrir la obra pública durante la gestión de Rodríguez Saá y señaló otras cuestiones, como que con Claudio Poggi el salario ha caído un “en términos reales un 60%”, lo cual se ve reflejado en una caída de consumo, mayor inseguridad y crisis social, algo que se ve reflejado en las marchas y reclamos constantes.
Otro punto que remarcó es que si se concreta la venta de la Casa de San Luis en Buenos Aires, los ingresos representarán un 0,0002% del total del presupuesto, calificando a esta iniciativa del Gobierno como “un capricho y no una necesidad”.
Un punto interesante que remarcó Beltrán es que, si bien el presupuesto 2025 “se amolda al presupuesto Nacional”, este último prevé una inflación del 18%, mientras que el provincial una del 42%. “Esto produce una sobrevalorización de los ingresos o de los recursos, por lo cual no se podrá hacer frente a las erogaciones previstas en este presupuesto”, sostuvo el opositor.
Cerrando una de sus intervenciones, porque habló en 3 ocasiones, señaló que el presupuesto para la Universidad de La Punta es de 35.545 millones, 15.000 de los cuales serán destinados al regreso del Plan de Inclusión Educativa. Beltrán sostuvo que el presupuesto total de la ULP es “muy superior” a lo destinado a otros poderes del Estado. “Es un presupuesto que achica a los otros poderes del estado”, manifestó.
Beltrán también destacó que el presupuesto no incluye el presentado por el Superior Tribunal de Justicia para el Poder Judicial, tal cual lo establecido por el artículo 214 de la Constitución. Asimismo, la oposición mocionó que el presupuesto del Poder Judicial sea tratado de manera aparte, pero la iniciativa fue rechazada por el oficialismo.
El principal punto de disputa respecto a este tema, y motivo por el cual los judiciales estuvieron presentes en las gradas, es que el proyecto del Gobierno destina un 3% del total del presupuesto al Poder Judicial, mientras que tradicionalmente el Gobierno le otorgó un 4%. Durante los gobiernos de Rodríguez Saá tampoco se trataba aparte un presupuesto para el Poder Judicial, pero estas gestiones siempre incluyeron este mínimo del 4% reglamentario y más inclusive.
Esto fue informado por la diputada Silvia Sosa Araujo, quien además hizo hincapié en los 64 cargos que el Poder Judicial recortará, entre los que se destacan profesionales para la Cámara Gesell y técnicos informáticos. Además, puso el acento en la lucha salarial de los Judiciales, destacando que el “62% de los empleados judiciales no cubren la canasta básica”.
El también opositor Federico Berardo enfocó su discurso en dos puntos. Por un lado, destacó el presupuesto con el cual contará la Secretaría de Asuntos Institucionales y Enlace Parlamentario, que será de $3.197 millones, lo que equivale a 8.7 millones por día, a pesar de que se trata de “una secretaría que no tiene políticas públicas”. En este sentido, comparó con la Secretaría de Discapacidad, la cual contará con “710 millones para todo el año y sí ejecuta políticas públicas”.
Y por el otro criticó que se prevé la construcción de una cárcel para menores. “Noto con muchísimo dolor que se quiere construir una cárcel para menores en la ciudad. Es un enorme retroceso. Seguramente cuando fuimos gobierno hemos cometido infinidad de errores con las infancias, pero no podemos volver a encerrar a los chicos”, dijo el diputado, quien comparó el presupuesto de la cárcel, $1.200 millones, con el destinados al programa Primeras Infancias ($900 millones). Luego, el legislador señaló cuestiones como que “en todo el presupuesto no hay políticas destinadas a los chicos” y que “ni siquiera es legal hoy encerrar a los chicos”.
La oficialista Verónica Causi, además de aclarar lo que la gestión anterior hacía con el presupuesto del PIS, dijo que Rodríguez Saá siempre presentaba un “presupuesto subvaluado”, para que lo que ingresara fuera de lo presupuestado “quedara de libre disposición”. Luego, la diputada retomó el discurso del supuesto déficit del año pasado, con frases como “siempre se gastó más de lo que ingresaba” y “no dejaron nada”. Obviamente, la respuesta de la oposición fue que sí había plata, como quedó demostrado con los plazos fijos que la gestión Poggi hizo apenas asumió.
El resto del debate giró en torno a los ejes ya mencionados. Oficialistas como Mauro Chiatti destacaron que el proyecto no incluye gastos reservados, a lo que Gloria Petrino le contestó que sí figuran los polémicos “servicios no personales” de la Secretaría General de la Gobernación y que “hasta están confeccionados igual”. Luciana Perano sostuvo que las obras “son pocas, pero no obedecen a excentricidades y caprichos”, mientras de la oposición señalaron que “no hay una idea clara en cuanto a la obra pública” y que se perderán muchos puestos de trabajo.
Tras más de 4 horas de debate, el tema fue sometido a votación y aprobado, otorgándole media sanción, por 24 votos afirmativos, del oficialismo y sus aliados, contra los 16 votos que quedan del Partido Justicialista. Ahora resta su paso por el Senado para convertirse en ley.
