Este lunes 23 de septiembre, la jueza María Eugenia Bona dio lugar a una medida cautelar solicitada por los jueces Fernando Spagnuolo, Valeria Benavidez y Cynthia Fernández Paz, todos ellos del fuero Civil, Comercial y Ambiental; en contra del mismísimo Superior Tribunal de Justicia.
La abogada, y exjueza, Alejandra Martín, patrocina a estos jueces y explicó, en diálogo con La Gaceta Digital, que se trata de “una acción de amparo solicitando, además, la inconstitucionalidad de dos acuerdos dictados por el Superior Tribunal por entender que las medidas y acciones que se quieren implementar sobrepasan o extralimitan las facultades de superintendencia del Superior Tribunal y, como tales, son contrarias a la ley vigente, que son Código de Procedimiento Civil y Comercial y la Ley Orgánica de Administración de Justicia, y por supuesto contrarios a la Constitución Provincial y Nacional”.
Al respecto, Martín recordó que, recientemente, el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis (CAPSL), Gabriel Alessandro, dio una conferencia de prensa en la hizo un planteo muy similar, pidiéndole al STJ “que se dejara de legislar por acuerdos y que realmente se hiciera, en todo caso, una reforma integral” por ley, que es el proceso que corresponde para modificar, justamente, leyes como el Código de Procedimiento Civil y Comercial y la Ley Orgánica de Administración de Justicia.
El caso denunciado por estos jueces apunta a dos acuerdos en particular. El 201 que “dispone fijar para el 02/12/24 el inicio del funcionamiento del Sistema Unificado Judicial (SUJ) civil, Comercial y Ambiental de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial; y el Acuerdo 47/24 se refiere a los coordinadores ejecutivos de las Oficinas de Gestión Unificada (OGU), cuyas funciones están determinadas en el anexo, y que dependen jerárquicamente del STJ”.
Las OGU nacen de la modificación de la Ley Orgánica que se realizó en 2021. “Estas OGU iban a trabajar en forma conjunta con los jueces. Hasta allí todo bien. Se empezó a implementar este sistema donde se empezaron a formar mesas de trabajo y a distribuir empleados y funcionarios, por ejemplo, por procesos. Algunos se encargan de procesos ordinarios, otros de procesos ejecutivos”, dijo la abogada, quien señaló que “se designaron secretarios, otros secretarios y ayudantes o secretarios relatores para los jueces, para poder lograr esta cuestión de agilizar mayor cantidad de resoluciones en el menor tiempo posible”.
“Pero en el año 2023 y 2024 el Superior Tribunal dice, mediante un acuerdo, que va a reforzar este sistema de planificación y contrata dos gestores judiciales. Estos gestores son los que se han encargado de hacer distintos talleres y supuestamente auditorías. Pero te aclaro que estas auditorías nunca fueron in situ, o sea, nunca visitaron los juzgados de primera instancia, por lo que se entiende que han trabajado mirando el sistema, por así decirlo, y con algunas charlas con los magistrados”, continuó Martín, quien sostuvo que estos gestores han cometido “grandes errores”.
Uno de estos errores es la implementación del Sistema Único Judicial (SUJ) Sistema Unificado Judicial Civil, Comercial y Ambiental, que el STJ oficializó a través del acuerdo 201. “Este sistema dice que están las OGU y al lado los equipos de jueces. Hacen una cuestión como horizontal y dice que los jueces ya no van a estar jerárquicamente arriba en la dirección del proceso, que es lo que establece la ley. Han puesto un coordinador ejecutivo, a través del acuerdo 47 que lo dictaron en marzo. Van a tener el cargo de secretario, van a trabajar en los juzgados, van a tener la coordinación y dirección jerárquica de los funcionarios y de todos los empleados judiciales. Son designados por el Superior Tribunal y responden al Superior Tribunal y tienen amplísimas facultades”, explicó la abogada, quien agregó que “ya está avanzado el trámite de elección y ya está la lista de recomendables”.
“Si se ve el organigrama del Acuerdo 201, está toda la distribución de tareas, una línea, y ellos están arriba. Y ese organigrama no aparece el juez. No aparece el juez, porque ellos han puesto la OGU, el coordinador y un equipo de jueces. Ya ni siquiera se llama juzgado. O sea, la estructura judicial se está cambiando. Pero acá el problema mayor es que le sacan el imperium de la dirección del proceso que tiene el juez por ley, por el Código de Procedimientos, por la Ley Orgánica, y le dan muchas facultades de esas a este coordinador ejecutivo. Entonces, eso es realmente absoluta, abiertamente violatorio, abiertamente contrario al sistema judicial que tenemos implementado”, sostuvo la letrada, asegurando que, con todas estas medidas, el STJ “está creando un caos”.
Martín hizo hincapié también en que todas estas medidas del STJ van en contra de lo que se acordó con magistrados y profesionales del derecho cuando se trabajó la implementación de las OGU, como por ejemplo todo lo relativo al personal con el que debían contar. “Esa propuesta de funcionarios y de empleados fue homologada por acuerdo del Superior Tribunal. Y ahora, en forma absolutamente arbitraria y unilateral, decide sacar los empleados y sacar los secretarios y ponerles un jefe que responde al Superior Tribunal”, comentó la abogada.
Al igual que el presidente del CAPSL, Martín destacó que los cambios que busca el STJ “son necesarios” y que se deben crear “procesos más simples”. “Eso no lo discute nadie, ¿sí? Pero se tiene que hacer por los mecanismos legales que correspondan. Entonces, si se entiende que todo el sistema está mal, se modificará en su totalidad, pero a través de una ley, como corresponde, porque si no, todo lo demás es inconstitucional”, manifestó la abogada.
En cuanto a cómo puede continuar una causa como esta, que no se ha visto en la historia reciente de San Luis, Martín consideró que, como se trata de una cuestión de “gravedad institucional”, Fiscalía de Estado debe contestar el amparo en representación del STJ y probablemente interponga un recurso de apelación contra la medida cautelar. Además, extraordinariamente, podría implementar un “per saltum”, para que este amparo pase directamente al STJ. Y como ellos son justamente los demandados, sus 5 ministros tendrán que apartarse. “De plantear ese per saltum, van a tener que conformar un Superior Tribunal con, primero, camaristas, y en caso de que no puedan con los camaristas, después con abogados”, explicó la abogada.
“Son ellos quienes han dictado, han resuelto todos estos acuerdos y han tomado las acciones. Entonces tienen un interés absoluto en la causa. Son demandados, de tal forma que sí o sí se tienen que apartar. Entonces los cinco miembros del Superior Tribunal tendrían que ser reemplazados por camaristas”, concluyó Martín.
“Por el momento no hemos escuchado nada del Superior Tribunal. Así que vamos a esperar a ver qué actitud asumen, qué es lo que plantean procesalmente y a dónde nos lleva todo esto”, concluyó Alejandra Martín.
