Mientras en el Poder Ejecutivo a los funcionarios se les avisa cuando será el narcotest, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Allende, confirmó que en el Poder Judicial los exámenes serán aleatorios, tal cual lo establece la ley provincial recientemente aprobada, y también que los resultados sean considerados “datos sensibles” en los términos de la Ley Nacional Nº 25.326, la que será aplicable en todo cuanto sea compatible con la presente norma.
En este sentido, el presidente del STJ remarcó que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a la adicción como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación”. Muestra de esta concepción sobre las adicciones, es el proyecto de la Organización Panamericana de la Salud que propone un “Abordaje Integral de la Concurrencia entre Trastornos por Uso de Sustancias y otros Trastornos Mentales y de la Conducta, en países de América Latina”, el que se enmarca en los acuerdos desarrollados en materia de salud pública, entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Gobierno de España y el Instituto Nacional de Psiquiatría (Centro Colaborador OMS), para fortalecer el enfoque de la salud pública en el abordaje de los problemas relacionados con el uso de sustancias en los países de las Américas. Como así también, tener presente la vigencia de la legislación nacional sobre salud mental.
En este mismo orden, consultado por el gasto presupuestario que implicará llevar adelante los referidos análisis, Allende informó que esta semana ha remitido nota al Ministro de Gobierno y Justicia, Facundo Endeiza, para solicitar un refuerzo de la partida presupuestaria, toda vez que el importe que fuera aprobado en el presupuesto 2024 y 2025 del Poder Judicial, no contempla el monto correspondiente para afrontar los gastos que demande la Ley mencionada, que, una vez reglamentada la misma, se informará la cuantía del refuerzo. “El costo de cada estudio está valuado en 100 mil pesos aproximadamente, en el Poder Judicial somos 300 funcionarios, lo que implicaría un gasto total de 30 millones de pesos”, explicó el magistrado.
Los números que mencionó Allende son inclusive superiores a los que informó el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, el pasado 14 de noviembre, cuando dio a conocer que por 22 exámenes el Gobierno pagará 2 millones de pesos. En base a estas cifras, se estima que testear a las 10.000 personas que comprende esta ley estará entre los 900 y los mil millones de pesos. Aun así, Bazla sostiene que este no será necesariamente el costo final de los tests.
