En un fallo de trascendencia institucional, la jueza María Eugenia Bona, a cargo del Juzgado Laboral N° 2, resolvió hacer lugar al amparo colectivo presentado por el Colegio de Abogados de Villa Mercedes (CAVM), a través de su presidenta, Mariela Blengino; contra el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de San Luis. El amparo había sido iniciado a raíz de la crisis judicial denunciada por la entidad, que incluyó la mora estructural en la 1ra y 2da circunscripción judicial.
El Colegio de Abogados argumentó que la demora en los procesos judiciales afecta gravemente a los justiciables y a los profesionales del derecho, al punto de vulnerar derechos constitucionales como el acceso a la justicia y el derecho al trabajo. La jueza Bona reconoció la legitimación del CAVM al considerar que representa no solo a los abogados, sino también a la comunidad jurídica y a los ciudadanos que sufren las consecuencias de un sistema judicial colapsado con una mora estructural “en todas las instancias”.
“Están legitimados también para promover esta acción los abogados, ya que son operadores del sistema de justicia y la mora afecta directamente su derecho de trabajar, protegido por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Sus honorarios son de carácter alimentario, y la situación que se detalla incide en su derecho a percibirlos y en sus tiempos de regulación y ejecución”, señala la magistrada.
En su resolución, la magistrada exhortó al Superior Tribunal a convocar “en el más breve lapso” a un foro de debate con abogados, magistrados y representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo. El objetivo es analizar en conjunto la crisis judicial y evaluar posibles reformas a la Ley Orgánica de Administración de Justicia y sus reglamentaciones. “Esa Ley Orgánica que viene del país del COVID y es anterior a los principios del estado de la Ley Bases no ha sido exitosa, y ya no se ajusta a las necesidades de la realidad de hoy”, sostiene Bona.
Asimismo, la jueza solicitó que se remita copia de la sentencia al vicegobernador, al ministro de Gobierno y al gobernador de la provincia, para que arbitren las medidas necesarias y estudien posibles reformas legislativas que permitan optimizar el servicio judicial. Bona subrayó que las soluciones deben centrarse en el “factor humano”, incluyendo la formación profesional y la responsabilidad ética de todos los operadores jurídicos.
Durante el proceso, la jueza destacó la gravedad de las pruebas aportadas, que incluyeron testimonios de abogados y justiciables afectados por las demoras judiciales. Además, mencionó que el problema persiste pese a la implementación de reformas recientes, como las Oficinas de Gestión Unificada (OGU), las cuales, según el fallo, no han logrado resolver la mora estructural.
“La justicia debe dar respuesta, y sin justicia no hay paz social”, expresó la jueza Bona en uno de los fundamentos de su sentencia. También remarcó que, si bien no puede ordenar reformas específicas, su fallo busca visibilizar una situación crítica y propiciar un espacio de diálogo entre los distintos actores involucrados.
Cerca del final de su fallo, la jueza advirtió “que no solo el CAVM cuestiona esta situación”, y apuntó al amparo presentado por tres jueces en septiembre de este año también contra el STJ, “por la designación de un coordinador de las OGU por acordada que modifica la Ley Orgánica y el CPC”.
Finalmente, la sentencia aclara que el fallo no adjudica responsabilidades individuales y dispone que las costas del proceso sean por su orden.
