El Tribunal de Impugnaciones de la Primera Circunscripción rechazó el pedido de la defensa de Paola Valeria Tonelli y José Augusto Toledo de revocar la prórroga de sus prisiones preventivas y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía N° 2 durante la audiencia del 23 de diciembre. La pareja, acusada de asociación ilícita y defraudación en la administración pública, continuará detenida en el Servicio Penitenciario Provincial por 60 días mientras avanza la investigación.
La audiencia
Este lunes, el abogado defensor Federico Farías solicitó al tribunal que revoque la medida de coerción y argumentó que se busca una salida alternativa al juicio oral, por lo que consideró contradictoria la prisión preventiva.
En respuesta, la fiscal adjunta María Alejandra Quiroga Nassivera señaló que los imputados continuaron con las actividades delictivas tras la audiencia de formulación de cargos del 26 de septiembre. “En ese momento optamos por medidas menos gravosas, pero al persistir en su conducta delictiva, solicitamos la prisión preventiva para proteger la investigación”, explicó.
El fiscal de instrucción Esteban Roche pidió rechazar el planteo de la defensa, citando lo dispuesto por el mismo Tribunal de Impugnaciones el 9 de diciembre, cuando ya se había negado un pedido de prisión domiciliaria por riesgo de entorpecimiento procesal. Alfredo Martín Massara, en representación de Fiscalía de Estado, adhirió a esta postura.
La decisión del tribunal
Tras escuchar a las partes, el presidente del tribunal, Jorge Sabaini Zapata, acompañado por Laura Belén Molino y Marcelo Bustamante Marone, resolvió mantener la medida de coerción. “Es primordial cesar los efectos de este delito, ya que las medidas morigeradas no han sido suficientes”, fundamentó el tribunal.
La causa
El caso comenzó con la denuncia de un médico, quien informó que su sello y firma eran utilizados para emitir certificados médicos falsos, vendidos por internet. La investigación, conducida por el Departamento de Delitos Complejos y respaldada por un informe de Meta, permitió identificar a Tonelli y Toledo como los responsables.
El 6 de junio se realizó un allanamiento en el barrio San Luis 26, donde se secuestraron sellos falsos, documentos públicos, recetarios, formularios de ANSES y un teléfono que fue clave para avanzar en la causa. Las pericias caligráficas confirmaron la falsificación, y entre los archivos recuperados se hallaron certificados médicos, libretas sanitarias y carnets de conducir ofrecidos en redes sociales y estados de WhatsApp.
El 26 de septiembre, la fiscalía formuló cargos contra la pareja, imponiéndoles medidas como la firma de un libro de control y la prohibición de salir de la provincia. Sin embargo, la continuidad de las actividades delictivas derivó en nuevos allanamientos y la solicitud de prisión preventiva, que fue dictada el 26 de noviembre por 30 días.
El 23 de diciembre, la jueza Agustina Dopazo Samper prorrogó esta medida por 60 días, argumentando la existencia de riesgos procesales de fuga y obstrucción. Pese a la oposición de la defensa, que calificó la prisión preventiva como un “adelanto de condena”, el Tribunal de Impugnaciones ratificó la decisión.
Además de Tonelli y Toledo, también fue imputada Graciela Apaza Señani por falsificación de documentos y asociación ilícita. A ella se le impuso la firma de un libro de control por 90 días y la prohibición de salir de la provincia.
