Hoy, 7 de abril, nuestros senadores terminaron sus larguísimas vacaciones de 4 meses y, sin ningún tipo de sobresalto, dieron inicio a las sesiones ordinarias 2025, año que seguramente será más que tranquilo para el oficialismo, con sus tres legisladores propios más dos provenientes del albertismo que serán sus candidatos en las elecciones del próximo 11 de mayo.
Al tratarse de la primera sesión del año, la labor legislativa fue, obviamente, mínima en el recinto. Se trató un proyecto declarando el “beneplácito y reconocimiento a la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) por el egreso de la primera médica de la carrera de Medicina”, durante el cual el opositor Sergio Moreira introdujo algunas críticas con respecto a la salud en el interior de la provincia; y se fijó audiencia pública para el 29 de mayo para la designación de distintos candidatos a jueces que rindieron el año pasado y tuvieron que esperar los 4 meses de vacaciones de nuestros legisladores para que continúe el proceso.
Por otro lado, a través del senador oficialista Adolfo Castro Luna, se presentó un proyecto de ley que propone modificaciones al Código Procesal Penal con el objetivo de facilitar el uso de herramientas tecnológicas, como cámaras de seguridad, en los pedidos de allanamiento. Según el legislador, esta modificación brindara “la posibilidad de utilizar distintos elementos tecnológicos para que los jueces puedan emitir con mayor celeridad las órdenes de allanamiento y permitirles a las fuerzas de seguridad que actúen con más celeridad y dando la posibilidad al vecino de sentirse más protegido”.
“Muchas veces sabemos que suceden los ilícitos, son los mismos vecinos que dicen dónde está el botín sustraído, incluso a veces hasta aportan sus propias cámaras”, añadió el legislador, quien consideró que los actuales procedimientos judiciales son tan lentos que la Policía termina llegando cuando ya es demasiado tarde.
Aunque el proyecto no contempla modificaciones concretas de plazos, el objetivo es iniciar el debate en comisión para avanzar en mecanismos que permitan a los jueces resolver con mayor celeridad los pedidos de allanamiento. “No me preocupa en absoluto lo que pueda opinar el Poder Judicial al respecto”, expresó Castro Luna, quien remarcó que su iniciativa responde a una demanda social concreta, especialmente de vecinos y productores rurales, que con frecuencia saben dónde están los bienes robados pero no logran recuperarlos debido a la demora de la Justicia.
El legislador también aclaró que el proyecto fue presentado como un “puntapié inicial” para acompañar los lineamientos expresados por el gobernador Claudio Poggi en su discurso ante la Asamblea Legislativa, donde, como parte de su campaña en contra del Poder Judicial, reclamó mayor eficacia en los procedimientos judiciales vinculados a la seguridad, con una dura crítica hacia los fiscales que ordenan tarde los allanamientos. En ese marco, Castro Luna aseguró que el tratamiento se realizará con participación de los colegios de abogados, magistrados y representantes del Poder Judicial, aunque subrayó que “la situación que tenga el oficialismo con la justicia es muy menor frente a las necesidades que tiene la sociedad”.
