La jueza de Garantía Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, Luciana Banó, resolvió este viernes hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y prorrogar por seis meses la investigación en la megacausa por estafas inmobiliarias, conocida como la “Mafia de las Escrituras”, en la que existen numerosos imputados y una importante cantidad de documentación bajo análisis.
La solicitud fue realizada por el Fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 1, Francisco Assat junto a la Fiscal Adjunta Ornella Costa, quien sostuvo que se trata de una causa compleja debido a la cantidad de imputados, el volumen de prueba documental y las medidas probatorias que aún restan producir.
Durante su exposición, detalló que desde el inicio de la investigación se tomaron entrevistas a damnificados y testigos, se solicitaron informes a organismos provinciales y nacionales y se realizaron pericias caligráficas, además de incorporarse expedientes judiciales y documentación secuestrada.
Según explicó, todavía restan nuevas pericias caligráficas sobre documentación ya incorporada a la causa, además de informes y actuaciones requeridas a distintos organismos y juzgados.
Asimismo, el fiscal informó el fallecimiento del imputado Pablo Héctor Herrera, ocurrido el 18 de enero de este año a raíz de una enfermedad terminal.
Medidas prorrogadas
La magistrada resolvió dar por extinguida la acción penal en contra de Herrera debido a su fallecimiento, también dispuso extender por seis meses las medidas coercitivas que ya pesaban sobre los imputados. Entre ellas, la obligación de firmar mensualmente el libro de imputados, la prohibición de salida de la provincia y la inhibición general de bienes.
Banó sostuvo que esta última medida resulta necesaria debido a la naturaleza económica de los hechos investigados y para resguardar eventuales responsabilidades civiles futuras, así como el patrimonio de los imputados.
Además, aclaró que la inhibición “no implica una prohibición de trabajar ni de contratar”, sino que busca impedir la transferencia de bienes registrables mientras avance la investigación.
Planteos de las defensas
Durante la audiencia, varios defensores cuestionaron la forma en que fueron incorporadas algunas medidas probatorias y denunciaron dificultades para acceder al contenido de los más de cien oficios relacionados incorporados al expediente.
Los abogados Hugo Scarzo, Gabriel Varela, Hernán Garoglio, Aldo Giuliani, Enrique Ponce y José Samper, junto a representantes de las Defensorías Oficiales Nº 1, 2 y 3 —el defensor oficial Carlos Salazar, la defensora adjunta Eva Morel y la defensora oficial Stefanía Cifuentes— formularon reservas de nulidad respecto de pericias caligráficas que, según sostuvieron, habrían sido realizadas sin notificación previa a las defensas.
También cuestionaron la falta de individualización clara de los oficios relacionados y señalaron que ello dificulta ejercer adecuadamente el derecho de defensa. En algunos casos, además, solicitaron que se revise la inhibición general de bienes al considerar que afecta directamente la actividad laboral y comercial de los imputados.
Entre esos planteos se destacaron los efectuados por las defensas de Mario Cristian Vega, Pedro Mazzoca Fernández y Carlos Peralta, quienes argumentaron que la medida perjudica el desarrollo de actividades comerciales y económicas.
Respuesta de la fiscalía
Assat rechazó los planteos de nulidad y sostuvo que las pericias mencionadas fueron realizadas en expedientes previos a la formulación de cargos y que algunas defensas incluso habían sido notificadas oportunamente.
Además, explicó que, en el sistema acusatorio vigente, las partes pueden producir medidas probatorias sin contenido jurisdiccional sin necesidad de autorización judicial previa. Respecto de los cuestionamientos sobre los oficios relacionados, aseguró que el Ministerio Público Fiscal ya cumplió con la recaratulación ordenada por el Tribunal de Impugnaciones.
Orden a la Fiscalía para recaratular los oficios relacionados
No obstante, la jueza Banó consideró que aún persisten inconsistencias en la identificación de la causa y ordenó al Ministerio Público Fiscal que, en un plazo de 72 horas, adecue la recaratulación de los oficios relacionados.
La magistrada dispuso que se consignen correctamente el nombre de los imputados, el delito investigado y el organismo destinatario de cada oficio, eliminando referencias genéricas que dificulten la identificación de las actuaciones.
Asimismo, exhortó a la Fiscalía a mejorar el sistema de notificaciones, especialmente respecto de las Defensorías Oficiales, cuyos representantes manifestaron no haber recibido algunas comunicaciones procesales.
Participación de la querella y fiscalía de estado
En la audiencia también estuvieron presentes los abogados querellantes Sebastián Pipitone y Maximiliano Pipitone, además de la representante de Fiscalía de Estado, Florencia Bustos Samperisi.
Todos adhirieron a los planteos formulados por el Ministerio Público Fiscal y solicitaron el rechazo de las nulidades planteadas por algunas defensas.
De qué se trata esta causa
Según explicó la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos, los quince imputados en la causa integrarían una asociación ilícita delictiva que habría intervenido en al menos veinte hechos de apropiación fraudulenta de inmuebles —entre predios, lotes, campos y viviendas— ubicados en distintas localidades de la provincia, como San Luis capital, El Volcán, El Chorrillo, Potrero de los Funes, Merlo, Luján, Los Vallecitos y Nogolí.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que el grupo actuaba de manera organizada, con división de roles y rotación de funciones, mediante un mecanismo sostenido en el tiempo. Las maniobras consistían en simular procesos sucesorios y cesiones de derechos basadas en documentación falsificada, con el fin de iniciar juicios de escrituración que derivaban en sentencias engañosas y en la transferencia irregular de la propiedad a favor de los integrantes del grupo.
Para concretar estas operaciones, se habrían confeccionado boletos de compraventa, denuncias policiales, certificaciones notariales, pagarés y comprobantes impositivos falsos, entre otros documentos.
Un elemento central, según la Fiscalía y la Querella, era el uso de “domicilios seguros” o “controlados”, que en realidad pertenecían a miembros de la propia organización. De este modo, se impedía que los verdaderos propietarios fueran notificados (es decir, se enteraran del proceso judicial iniciado) y se los declaraba en rebeldía, lo que permitía que los tribunales —actuando de buena fe pero bajo engaño— dictaran resoluciones favorables a los acusados.
El Fiscal Assat Alí destacó la magnitud del perjuicio patrimonial, que superaría los cuatro millones de dólares.
Fuente: Prensa Poder Judicial
