La 4ta Marcha Federal Universitaria, reclamando que el Gobierno Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, tuvo una convocatoria masiva en la ciudad de San Luis. Encabezada por autoridades de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), la marcha partió desde la avenida Ejército de los Andes luego de que concluyera el acto por un nuevo aniversario de la Alta Casa de Estudios.
De la manifestación participaron, además de autoridades de la UNSL y estudiantes pertenecientes a distintas agrupaciones, dirigentes políticos de diferentes partidos, como la concejal poggista Micaela Medina, los diputados provinciales Víctor Moriñigo (radical y ex rector de la UNSL) y Lucas Cayme (PJ), el diputado nacional Ernesto Alí y el ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, entre otros. También participaron sindicatos de empleados públicos provinciales y nacionales, bancarios, jubilados autoconvocados y grupos de personas con discapacidad, reclamando por la emergencia en este sector tan golpeado por la Gestión Milei.
Todos estos grupos llevaban distintos tipos de carteles con consignas en contra del Gobierno Nacional, que podrás ver en el video que acompaña esta nota. También se destacó la intervención de estudiantes de Teatro, que iban tirando de un león y parodiando las habituales consignas de los militantes libertarios, como “vayan a laburar, zurdos”, “nos van a pagar en dólares” o “se mantienen con la nuestra”.
La marcha partió de Ejército de los Andes y Rivadavia, pasadas las 12.15 horas. Por más de una hora avanzó por Rivadavia hasta 9 de Julio. Allí dobló, tomó San Martín y se dirigió hasta la esquina del Correo, donde sindicalistas universitarios, nodocentes y estudiantiles se turnaron para leer el comunicado oficial de la 4ta Marcha Federal Universitaria.
En el documento leído al cierre de la movilización, la comunidad universitaria advirtió que el sistema atraviesa una situación de financiamiento “crítica” y apuntó directamente contra el Gobierno nacional por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario.
Según señalaron, las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que representa “una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”.
Además, denunciaron un fuerte deterioro salarial entre docentes y nodocentes. “Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación ha sido del 293,3%, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,3%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13%”, expresaron durante la lectura del comunicado.
El documento también advirtió que esa pérdida equivale a “aproximadamente 10,9 salarios” en el período analizado, y aseguraron que los haberes universitarios se encuentran “en su nivel más bajo de los últimos 23 años”, además de ubicarse entre “los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina”.
Otro de los puntos destacados fue el deterioro de las partidas destinadas al funcionamiento cotidiano de las universidades. Según remarcaron, “el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los gastos de funcionamiento no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión del Gobierno, el 64% del que tenía en enero de 2023”.
También alertaron sobre el impacto que la crisis tiene sobre los estudiantes, al señalar que becas nacionales como Progresar permanecen congeladas frente a la inflación, mientras que las becas estratégicas Manuel Belgrano atraviesan “una situación de incertidumbre y desfinanciamiento”. Según indicaron, esto pone en riesgo la permanencia de miles de jóvenes en el sistema universitario.
Más allá de lo presupuestario, el comunicado incluyó una fuerte crítica institucional al Gobierno de Javier Milei, al que acusaron de quebrar el principio republicano de división de poderes por no acatar la ley sancionada por el Congreso ni los fallos judiciales que ordenan su cumplimiento.
“Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, afirmaron.
Finalmente, el documento cerró con un llamado a defender la universidad pública como “un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente” y pidió a la Corte Suprema de Justicia que intervenga para garantizar el cumplimiento de la ley. “Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora la universidad pública se defiende, por más y mejor educación pública y ciencia”, concluyó el comunicado.
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