El juez de Garantía N° 3 de la Primera Circuncripción Judicial, Marcos Flores Leyes, hizo lugar al pedido formulado por la fiscal de Instrucción en lo Penal N° 6, Linda Maluf, con la adhesión de la Fiscalía de Estado, y prorrogó por 120 días la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en la causa en la que se investiga a los ex funcionarios públicos Marcelo Enrique Balbo (exmiembro de la Plana Mayor policial), Sebastián Anzulovich (exsecretario de Transporte) y Luis Marcelo Amitrano (exministro de Producción) por los presuntos delitos de peculado y fraude contra la administración pública en perjuicio del Estado provincial. Asimismo, resolvió mantener las medidas de coerción vigentes sobre los imputados.
Los imputados fueron representados por sus abogados defensores Roberto Bracco (quien participó de la audiencia de manera remota), por Marcelo Enrique Balbo; Marcos Rubio, por Sebastián Anzulovich; y Carlos Bianchi Durán, por Luis Marcelo Amitrano. Fiscalía de Estado estuvo representada por la abogada Florencia Bustos Samperisi.
Durante la audiencia, la fiscal solicitó una prórroga de la investigación por el plazo de 120 días al sostener que aún restan producir diversas medidas probatorias, entre ellas requerimientos de información a distintos organismos públicos y entrevistas a personas de interés para la causa. Argumentó que se trata de una investigación compleja, con varios imputados y diligencias pendientes que podrían derivar en nuevas medidas de prueba.
Asimismo, pidió mantener las medidas de coerción vigentes, consistentes en la obligación de firmar periódicamente el libro de control, la prohibición de salir del país y las medidas patrimoniales de inhibición general de bienes y embargos preventivos sobre algunos de los imputados, al considerar que resultan necesarias para garantizar el desarrollo del proceso y resguardar un eventual recupero patrimonial.
Por su parte, las defensas no formularon oposición a la extensión del plazo de investigación, aunque solicitaron que se revisaran las medidas de coerción. Sostuvieron que sus asistidos han permanecido a derecho desde el inicio del proceso, cumplieron con todas las obligaciones impuestas y que, al encontrarse la mayor parte de la prueba pendiente en poder de organismos estatales, ya no existirían riesgos procesales que justificaran mantener las restricciones.
Tras escuchar a las partes, el juez Flores Leyes hizo lugar al pedido fiscal. Consideró que la complejidad de la causa y las medidas de prueba pendientes justifican la extensión de la Investigación Penal Preparatoria por otros 120 días.
Respecto de las medidas de coerción, entendió que continúan siendo razonables y proporcionales a la naturaleza de los hechos investigados y que resultan adecuadas para asegurar los fines del proceso, por lo que resolvió mantenerlas en los mismos términos en que habían sido impuestas.
Los hechos investigados
De acuerdo con la imputación formulada por la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre enero de 2022 y noviembre de 2023 en el ámbito del Ministerio de Producción de la Provincia de San Luis.
La investigación sostiene que durante ese período se registraron 356 cargas de combustible destinadas a una camioneta oficial Toyota Hilux asignada al Ministerio. Sin embargo, el vehículo fue hallado en diciembre de 2023 en el domicilio de Marcelo Enrique Balbo, en estado de abandono, con importantes daños y el motor desmontado, circunstancia que —según la acusación— evidenciaría que no se encontraba en funcionamiento mientras continuaban registrándose cargas de combustible.
Según los registros del sistema provincial de control de combustible, Balbo figuraba como chofer en todas las cargas efectuadas. Para la Fiscalía, el combustible no habría sido utilizado para el vehículo oficial, sino desviado hacia otros destinos no autorizados, lo que habría ocasionado un perjuicio económico superior a los 20 millones de pesos para el Estado provincial.
En cuanto a las responsabilidades atribuidas, la acusación sostiene que Luis Marcelo Amitrano, en su condición de ministro, tenía a su cargo la administración y el control de los recursos y vehículos oficiales; que Sebastián Anzulovich, como secretario de Transporte, ejercía competencia funcional directa sobre la flota vehicular; y que Marcelo Enrique Balbo habría intervenido directamente en la utilización del rodado y en las cargas de combustible investigadas.
