El juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, procesó al ex rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), David Luciano Rivarola, al considerar que existen elementos suficientes para sostener que encabezó una maniobra destinada a beneficiar a su hija, Valentina Rivarola Miazzo, mediante un concurso que, según define la propia resolución judicial, fue “simulado” y cuyas bases habrían sido modificadas para favorecerla en una contratación financiada con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Además de Rivarola, fueron procesados la ex vicerrectora Graciela Balanza, el ex secretario general Gastón Gabriel Garialde, Claudia Grando, Eduardo Daniel Guerreiro, Jonathan Bosso y Valentina Rivarola Miazzo. En cambio, el juez dictó la falta de mérito para Claudio Daniel Denna al considerar que, por el momento, no existen elementos suficientes para procesarlo ni para sobreseerlo. Cabe recordar que Claudio Grando también fue procesada por otro delito en 2024, acusada de subir “100 veces” el sueldo al personal categoría 6.
La investigación gira en torno a una contratación realizada en 2023 para el Proyecto de Asistencia Estratégica a MiPyMEs de la UNViMe, mediante la cual Valentina Rivarola obtuvo un contrato por $916.666 como consultora. Para el magistrado, los funcionarios involucrados coordinaron sus acciones para interesarse en esa contratación y garantizar que la hija del entonces rector resultara seleccionada pese a que existían otros postulantes “objetivamente mejor calificados”.
Un “concurso simulado” para beneficiar a la hija del rector
En su resolución, Nacul hace propio el planteo del Ministerio Público Fiscal y sostiene que la convocatoria fue diseñada “como un traje a medida” para ocultar el verdadero objetivo de la maniobra: favorecer a Valentina Rivarola.
El fallo describe que las bases del concurso fueron modificadas durante el proceso, sin notificación a los postulantes, incorporando criterios que beneficiaban especialmente el perfil de la hija del rector. Entre ellos, la valoración de experiencia en community management, marketing digital y manejo de redes sociales, aspectos que coincidían con su actividad como cofundadora de una marca de ropa para mascotas denominada Wonder Dogs Clothing. También se modificó el sistema de puntajes y se otorgó una importancia desproporcionada a cursos complementarios, incluso por encima de antecedentes académicos de mayor jerarquía.
Según la resolución, estas modificaciones permitieron que Valentina Rivarola obtuviera el mayor puntaje frente a postulantes con mejores antecedentes objetivos. Incluso, el juez remarca que tres aspirantes quedaron excluidas luego de alterarse los requisitos iniciales de admisión.
La maniobra para ocultar la intervención de Rivarola
Uno de los aspectos que más destaca el magistrado es que David Rivarola evitó firmar la resolución que homologó el contrato de su hija, aunque ese mismo día rubricó otras cinco resoluciones idénticas correspondientes al mismo programa.
Lejos de interpretar esa omisión como un intento de apartarse por incompatibilidad, el juez sostiene que constituyó una “estratagema de distanciamiento formal” destinada a ocultar el conflicto de intereses y garantizar el éxito de la contratación. Además, recuerda que la resolución igualmente fue remitida al correo institucional del entonces rector el mismo día de su firma, por lo que tenía pleno conocimiento del acto administrativo.
Para Nacul, esa maniobra “funciona como un claro indicio inequívoco” del rol de dirección que habría desempeñado Rivarola dentro del esquema investigado.
“Al mutar los suscriptores y estampar su firma junto a la del Secretario General Gastón Garialde, se materializó la maniobra de ocultamiento orientada a que los apellidos ‘Rivarola’ del Rector y de la beneficiaria no coexistieran en el mismo instrumento público. Finalmente, este patrón de comportamiento corporativo y de favorecimiento familiar no se trató de un hecho aislado, sino de una práctica reiterada y sostenida en el tiempo por la imputada”, dice Nacul en su dictamen.
El rol atribuido al resto de los funcionarios
La resolución también asigna funciones específicas a cada uno de los imputados. Según el juez, la entonces vicerrectora Graciela Balanza firmó el contrato y la resolución de homologación para “solapar la intervención” del rector y ocultar el carácter ilícito de la maniobra. A su vez, Gastón Garialde refrendó la resolución como secretario general, aportando la apariencia de legalidad al procedimiento. Jonathan Bosso, Eduardo Guerreiro y Claudia Grando, integrantes de la comisión evaluadora, habrían participado en la modificación de las bases del concurso para favorecer a Valentina Rivarola.
Respecto de la beneficiaria, el magistrado sostiene que ocultó deliberadamente su vínculo familiar con el entonces rector y firmó una declaración jurada afirmando que no tenía relación de parentesco con ningún funcionario de la universidad, requisito exigido por las normas del BID para acceder a ese tipo de contrataciones.
El BID prohibía expresamente este tipo de contrataciones
Otro de los puntos desarrollados por el fallo es que el propio reglamento del Banco Interamericano de Desarrollo impedía contratar consultores con vínculos familiares con funcionarios involucrados en el proceso de selección.
La resolución cita expresamente las normas del organismo internacional y recuerda que los procesos debían desarrollarse bajo criterios de transparencia y competencia objetiva, principios que, según el juez, fueron vulnerados en este caso.
Procesamientos, embargos y nuevas investigaciones
Al dictar el procesamiento, Nacul también ordenó trabar embargos por distintos montos. En el caso de David Rivarola y Valentina Rivarola Miazzo, fijó embargos por $4.583.330 para cada uno; mientras que para Graciela Balanza, Eduardo Guerreiro, Gastón Garialde, Claudia Grando y Jonathan Bosso estableció embargos individuales de $1.833.332. Asimismo, dispuso que, si no cuentan con bienes suficientes, se dicte la inhibición general de bienes.
Además, el juez ordenó poner en conocimiento del Ministerio Público Fiscal otras irregularidades detectadas en expedientes vinculados al mismo Proyecto de Asistencia Estratégica a MiPyMEs para que sean investigadas por separado.
