La Justicia provincial dispuso una medida cautelar de restricción de contacto y acercamiento por 180 días contra el concejal justicialista Andrés Russo, tras una denuncia presentada por la presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis, Laura Sánchez. La resolución fue dictada por el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del juez Marcos Flores Leyes, y prohíbe al edil acercarse a la denunciante a menos de 300 metros de determinados lugares y mantener cualquier tipo de contacto directo o indirecto con ella.
Días atrás, el Bloque Justicialista denunció penalmente a Sánchez por el presunto pago con fondos públicos de la energía eléctrica de un emprendimiento privado de canchas de fútbol vinculado a la presidente del cuerpo legislativo.
En el oficio remitido al Concejo Deliberante, el juez Marcos Flores Leyes dispuso una medida cautelar de restricción de contacto y acercamiento por 180 días a favor de Laura Sánchez. La protección comprende su domicilio particular, el edificio del Concejo Deliberante, ubicado en Colón 561, y la sede de la Liga Sanluiseña de Fútbol, en Bolívar 933.
Un dato a mencionar es que en la sesión de este jueves, Russo participó de manera virtual.
La resolución ordena que Russo se abstenga de acercarse a la denunciante en un radio de 300 metros de esos lugares, de proferir insultos, amenazas o agresiones físicas, verbales o gestuales, y de realizar cualquier acto que implique hostigamiento o menoscabo de su integridad física o psíquica. También le prohíbe mantener contacto directo o indirecto mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, WhatsApp o redes sociales.
Además, el juez advirtió que el incumplimiento de la medida podría configurar el delito de desobediencia a una orden judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal. También ordenó a la Policía brindar protección inmediata a la denunciante y proceder a la detención del denunciado si se constata el quebrantamiento de la restricción en flagrancia.
Cruces entre Russo y Sánchez
La decisión judicial se produce en medio de un prolongado enfrentamiento político entre ambos concejales, que comenzó en diciembre de 2023, cuando Sánchez dejó el bloque por el que había sido electa y conformó un bloque unipersonal para alinearse con el oficialismo. En la anterior conformación del Concejo, su voto resultó determinante para otorgarle la mayoría al bloque oficialista.
A partir de ese cambio, el bloque del Partido Justicialista calificó la decisión como una traición política. Russo reclamó públicamente que Sánchez devolviera la banca por la que había sido elegida, mientras que el concejal Gastón Témoli la definió como una “tránsfuga”. Desde entonces, los cruces entre ambos fueron frecuentes durante las sesiones del cuerpo.
Uno de los episodios de mayor tensión ocurrió el 30 de abril de este año, cuando Sánchez levantó la sesión al considerar que Russo le había faltado el respeto durante el debate.
El conflicto político y otro frente judicial
La medida judicial se conoce pocos días después de que el bloque del Partido Justicialista denunciara penalmente a Laura Sánchez por el presunto pago, con fondos municipales, del suministro eléctrico de un predio privado donde funcionan canchas de fútbol vinculadas a la presidenta del Concejo Deliberante.
Según explicó entonces Russo a La Gaceta Digital, la denuncia sostiene que las facturas del servicio figuran a nombre de la Municipalidad de San Luis, aunque el suministro correspondería a un emprendimiento privado. El bloque opositor solicitó a la Justicia que investigue el caso y disponga el corte del servicio para evitar que continúe el presunto perjuicio económico al Municipio.
La presentación fue realizada con el patrocinio del abogado y exconcejal Alejandro Cordido.
