La Cámara de Diputados dio este miércoles sanción definitiva al proyecto que modifica la Ley VI-0167-2004 de la Defensoría del Pueblo para ampliar de uno a dos años la duración del mandato del defensor del pueblo y del defensor adjunto. La iniciativa fue aprobada por 25 votos a favor y 12 en contra y mantiene la posibilidad de una única reelección. En el debate, el oficialismo defendió la extensión del mandato, mientras el peronismo la cuestionó y pidió una reforma integral.
El proyecto había sido impulsado con el argumento de que el actual mandato anual es el más corto del país y dificulta el desarrollo de investigaciones complejas y el seguimiento de problemáticas estructurales.
Durante el debate, el miembro informante del proyecto, el diputado oficialista Ariel Gurruchaga, sostuvo que la modificación busca “garantizar la mayor continuidad de los procesos de investigación y de control” que lleva adelante la Defensoría del Pueblo.
“El mandato de apenas un año, en la práctica, genera dificultades para el desarrollo de actuaciones complejas y el seguimiento de problemáticas estructurales. No permite siquiera que el defensor tome conocimiento de las causas, aplique su criterio y avance en los expedientes antes de que pueda ser reemplazado”, argumentó.
Asimismo, señaló que la reforma acerca la legislación provincial a la de la mayoría de las jurisdicciones del país. Recordó que la Defensoría del Pueblo de la Nación y provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe establecen mandatos de cinco años, mientras que Chaco y Santiago del Estero prevén cuatro años y Catamarca contempla 12.
Según explicó, la propuesta de San Luis “se ubica en un punto medio” y constituye “una ampliación lógica y razonable” para fortalecer el funcionamiento del organismo.
Críticas y defensas al proyecto en el debate
Desde el bloque Unidad Justicialista, el diputado Lucas Caymes adelantó el rechazo de su bancada y cuestionó los fundamentos de la reforma.
“Nosotros no estamos en contra de las modificaciones cuando realmente tienen un sustento importante y son en beneficio de la población. En este caso no lo vemos así”, sostuvo.
El legislador consideró que un año resulta suficiente para evaluar el desempeño del titular de la Defensoría y afirmó que extender el mandato implicaría “darle más tiempo para hacer la plancha dentro de un nombramiento”.
En respaldo de la iniciativa, la presidenta del bloque Unión por San Luis, Eugenia Gallardo, rechazó esa postura y sostuvo que la modificación apunta a fortalecer la institucionalidad.
“No entiendo la objeción sobre ‘hacer la plancha’, ya que la designación y renovación del actual defensor fue unánime y su labor es activa e imparcial”, expresó.
Las críticas de Caymes fueron respondidas por el diputado oficialista Bruno Mini, quien consideró que cuestionar la ampliación del mandato demuestra un desconocimiento del rol que cumple la Defensoría del Pueblo.
“Con tanta liviandad decir que el defensor del pueblo viene a hacer la plancha, que en 12 meses le tiene que alcanzar para demostrar su trabajo, es una muestra del absoluto desconocimiento de la figura y del trabajo que tiene que hacer”, expresó.
Además, cuestionó la postura del bloque opositor al recordar que durante sus años de gestión la Defensoría permaneció vacante. “Viene un bloque que, cuando gobernó, ni siquiera lo nombraba, no le interesaba mucho la defensa de este tipo de derechos, que ahora se acuerdan que existen”, afirmó.
Mini sostuvo que incluso un mandato de dos años podría resultar insuficiente para el tipo de investigaciones que desarrolla el organismo.
“Creo que 12 meses es poco, creo que hasta 24 meses también puede llegar a ser poco, pero es un paso más y nos va a dar la oportunidad de revisarlo”, señaló.
El legislador explicó que el principal objetivo del defensor del pueblo es proteger los derechos colectivos o difusos y llevar adelante investigaciones que pueden derivar en denuncias tanto contra el Estado como contra particulares cuando se ven afectados derechos de la comunidad.
“Fíjense si no es poco importante esta figura”, remarcó.
Asimismo, indicó que en temas como los ambientales muchas veces los efectos se observan a largo plazo, por lo que las investigaciones requieren tiempos prolongados. En ese sentido, celebró la aprobación de la reforma.
“Celebro que hoy estemos ampliando el plazo, celebro que además exista la posibilidad de una reelección por única vez, que también es un principio republicano, pero espero que entendamos la verdadera importancia que tiene esta figura y que estemos ayudando a defender un poquito más los derechos de los ciudadanos”, concluyó.
La diputada peronista Silvia Sosa Araujo cuestionó que la reforma se limite únicamente a extender la duración del mandato y sostuvo que la Defensoría del Pueblo necesita una modificación integral de su marco normativo.
“Si queremos hablar de una reforma de la ley, hagamos una reforma integral que corresponda. Acá de lo único que se habla es del plazo de duración del defensor del pueblo”, afirmó.
La legisladora recordó que el actual defensor ya transita su segundo mandato anual, previsto por la normativa vigente, y sostuvo que el debate no debería centrarse exclusivamente en la extensión del período de funciones.
Además, cuestionó la forma en que el proyecto llegó al recinto. “Nos enteramos esta mañana que íbamos a tratar esta reforma. No estaba en el sumario que recibimos”, aseguró.
Sosa Araujo también citó expresiones formuladas durante el tratamiento en el Senado por el legislador Diego Olguín, quien había advertido que la iniciativa podía interpretarse como “un simple ensayo de reforma constitucional trazado a conveniencia” y que abría la puerta a “la especulación política en función de los calendarios electorales y las conveniencias del momento”.
En su intervención, la diputada sostuvo que la ley vigente limita las facultades de la Defensoría del Pueblo y remarcó que el organismo carece de autonomía suficiente para cumplir plenamente sus funciones.
Al respecto, señaló que la legislación solo le permite formular recomendaciones a la administración pública, depende presupuestariamente del Poder Legislativo y que incluso el personal continúa bajo la órbita administrativa de ambas cámaras.
“¿De qué estamos hablando si toda la función la tiene la Cámara? Hagamos una reforma integral donde le demos el presupuesto que corresponde y las facultades que necesita”, planteó.
Asimismo, indicó que durante el debate se comparó a San Luis con otras provincias únicamente en cuanto a la duración de los mandatos, pero no respecto de la autarquía y las atribuciones con las que cuentan otras defensorías del país.
Cómo queda el nuevo régimen
Con la modificación aprobada, el defensor del pueblo y el defensor adjunto ejercerán mandatos de dos años, con posibilidad de una única reelección, que podrá ser consecutiva o alternada. De esta manera, una misma persona podrá permanecer en el cargo por un máximo de cuatro años.
La ley incorpora además una cláusula transitoria que establece que, si Guillermo Belgrano Rawson y el actual defensor adjunto son nuevamente designados, el período que ya llevan cumplido será considerado como el primer mandato previsto por el nuevo régimen.
La modificación se produce mientras se aproxima el vencimiento del mandato del actual defensor del pueblo.
La Defensoría del Pueblo de San Luis permaneció vacante durante 19 años hasta agosto de 2023, cuando la Asamblea Legislativa designó a Enrique Ponce. Tras el cambio de gestión provincial, en agosto de 2024 fue elegido por unanimidad Guillermo Belgrano Rawson, quien un año después fue reelecto también por unanimidad conforme al régimen vigente.
La Defensoría del Pueblo funciona en el ámbito del Poder Legislativo y tiene como misión proteger los derechos e intereses de los ciudadanos frente a actos u omisiones de la administración pública provincial, además de intervenir en la defensa de los derechos colectivos o difusos mediante actuaciones gratuitas para la comunidad.
