Una multitud que ocupó más de tres cuadras se movilizó este jueves por la tarde por el centro de la ciudad de San Luis para rechazar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que debatía el Senado de la Nación y que impulsa el Gobierno de Javier Milei.
De la marcha participaron gremios estatales como ATE, ADU y UPCN. También se sumaron organizaciones políticas como Libres del Sur, el Frente de Izquierda y el Frente Patria Grande, entre otras. La protesta contó con una importante presencia de estudiantes universitarios y de integrantes del grupo Jubilados Autoconvocados.
“Una gran convocatoria, dándole un mensaje desde San Luis también al Gobierno nacional de que no estamos para nada de acuerdo con las políticas de este Gobierno, con lo que tiene que ver con la registración de las tierras y este proyecto de ley que están tratando en este momento, que esperemos que haya la capacidad suficiente para bajarla”, expresó el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica.
El proyecto original incluía modificaciones a la Ley de Tierras Rurales. Entre otros cambios, proponía flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras, un punto que generó fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales y sectores de la oposición. Finalmente, el Gobierno resolvió retirar ese capítulo del proyecto antes de su tratamiento en el Senado.
“Creo que la movilización que se propuso en un momento llegó a que el Gobierno bajara ese capítulo, pero quedan tres más que son también tan nocivos como el de la extranjerización de la tierra”, señaló Gatica.
El dirigente sindical hizo referencia a las modificaciones vinculadas con los desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. La reforma de los procedimientos de desalojo tiene como objetivo agilizar la restitución de inmuebles ocupados ilegalmente o ante incumplimientos contractuales. La iniciativa acorta los plazos procesales, reduce instancias judiciales y diferencia el tratamiento de los ocupantes legítimos de quienes ingresaron sin autorización, con la intención de acelerar la recuperación de la posesión por parte de los propietarios.
En materia de expropiaciones, el proyecto endurece las condiciones para que el Estado expropie bienes privados. La propuesta modifica la Ley de Expropiaciones para establecer criterios más precisos sobre las indemnizaciones, fijar una tasa de interés específica y limitar el reconocimiento del lucro cesante, con el argumento de otorgar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a los propietarios. El oficialismo sostiene que estos cambios buscan reforzar el derecho constitucional a la propiedad privada y brindar mayor seguridad para las inversiones.
Otro de los ejes del proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa elimina o flexibiliza restricciones vigentes que actualmente impiden cambiar el uso de los terrenos afectados por incendios, especialmente en áreas no comprendidas por la Ley de Bosques Nativos. El Gobierno argumenta que las limitaciones vigentes desalientan inversiones y afectan actividades productivas, mientras que organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición advierten que los cambios podrían favorecer la especulación inmobiliaria o agropecuaria sobre superficies incendiadas.
