La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Luis cuestionó la política salarial del Gobierno provincial y sostuvo que los datos del último Mapa Fiscal muestran que la Provincia cuenta con recursos suficientes para afrontar una recomposición de los haberes de los empleados públicos.
A través de un comunicado titulado “La pobreza planificada del Gobierno de Claudio Poggi”, el gremio puso el foco en la situación financiera de San Luis y tomó como referencia los datos de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación. Según esa información, al primer trimestre de 2026 la provincia no registraba deuda consolidada ni deuda en moneda extranjera.
ATE también destacó el nivel de depósitos provinciales en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que alcanzaban los $1.043.091 millones, de los cuales $812.430 millones correspondían al Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO). A esto se sumaban reservas por unos US$39 millones.
Para el sindicato, estos datos “confirman que San Luis cuenta con holgura fiscal y recursos disponibles”, pero cuestionó que, pese a esa situación, la administración de Poggi haya mantenido una política de contención del gasto que impacta particularmente sobre los salarios estatales.
En ese sentido, ATE comparó la evolución de los precios con los incrementos salariales acumulados desde diciembre de 2023 hasta julio de 2026. De acuerdo con los números difundidos por el gremio, la inflación acumulada en la provincia durante ese período fue del 239,62%, mientras que los aumentos salariales acumulados alcanzaron el 150,71%.
El comunicado también tomó como referencia distintos rubros del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional. Allí señaló que, entre diciembre de 2023 y julio de 2026, el nivel general de precios aumentó un 241,8%, mientras que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles acumuló una suba del 530,6%; Educación, del 420,8%; Bienes y servicios varios, del 283,9%; y Transporte, del 274%.
A partir de esa diferencia entre salarios e inflación, el sindicato afirmó que los trabajadores estatales sufrieron una pérdida significativa de poder adquisitivo y sostuvo que “los salarios no acompañan la inflación ni el aumento de los servicios esenciales”. Para ATE, la situación no responde a una falta de recursos sino a “una decisión política de ajustar y empobrecer”.
El gremio también vinculó la situación salarial con el nivel de ahorro que exhibe la Provincia y cuestionó que el superávit fiscal sea utilizado como criterio prioritario frente a las necesidades de los empleados públicos. “No se trata de falta de recursos. Se trata de una decisión política de ajusta y empobrecer”, señaló el comunicado.
ATE planteó además que el ajuste afecta a trabajadores de áreas como hospitales, escuelas, seguridad, administración y servicios públicos, y reclamó que la recomposición no se limite a acompañar los próximos índices de inflación, sino que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante los últimos años.
Finalmente, el sindicato exigió una “recomposición salarial inmediata”, aumentos que igualen o superen la inflación acumulada y que los recursos disponibles de la Provincia sean destinados a los trabajadores estatales. “La dignidad salarial de quienes sostenemos el Estado no puede esperar más”, concluyó el comunicado.
