La investigación por el manejo de los fondos del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de San Luis durante la presidencia de Hugo Saá Petrino dio un paso clave. El fiscal de Instrucción Nº3 de la Segunda Circunscripción Judicial, José Alberto Olguín, solicitó una audiencia para formular cargos contra el exjuez como presunto autor del delito de administración fraudulenta y también pidió imputar, en carácter de partícipes, a su cuñada María Fernanda Del Cerro y al esposo de esta, Marcelo José Senatore Pecchini.
El requerimiento fue presentado el 20 de agosto ante el Juzgado de Garantía Nº3, a cargo de Natalia Pereyra Cardini. La causa quedó en manos de Olguín, quien tiene asiento en Villa Mercedes, o sea en Segunda Circunscripción Judicial; luego de que se excusaran todos los jueces de la Primera Circunscripción por tratarse de una investigación que involucra a quien hasta hace pocos meses se desempeñaba como magistrado en San Luis.
El pedido de formulación de cargos se produce a partir de la investigación iniciada por la denuncia del propio Colegio de Magistrados y tiene entre sus principales elementos la auditoría externa realizada por el contador Fernando Moreno, cuyo contenido fue revelado por La Gaceta Digital en diciembre del año pasado. El trabajo reconstruyó los movimientos de las cuentas de la institución en los bancos Supervielle y Santander entre el 1º de noviembre de 2022 y el 31 de octubre de 2025 y detectó, entre numerosas irregularidades, $5.396.884,58 que quedaron sin justificar.
Los $5,3 millones que no pudieron justificarse
La auditoría estableció que durante el período analizado el Colegio contó con ingresos por $77.232.702,20 y egresos respaldados por resoluciones válidas por $70.901.630,39, incluidos los gastos bancarios. La diferencia era de $6.831.071,81, pero en las cuentas de la institución solamente se registraba un saldo de $934.187,23. De allí surgió el monto de $5.396.884,58 sin justificar, que ahora forma parte de los antecedentes de la investigación penal.
Ese faltante, sin embargo, era apenas uno de los puntos que había dejado expuestos la auditoría. Como informó este medio en diciembre, también existían gastos respaldados formalmente por resoluciones cuya efectiva realización las nuevas autoridades no podían asegurar, además de una enorme diferencia entre las sumas autorizadas para actividades que sí se habían realizado y las facturas que el Colegio había logrado reunir.
En este último grupo aparecían $55.653.440,08 autorizados mediante resoluciones para eventos que efectivamente existieron, frente a una base de facturas recibidas por $6.947.524,76. Si bien al momento de elaborarse el informe todavía había comprobantes pendientes de algunos proveedores, la diferencia superaba los $48 millones.
Más de $50 millones transferidos a la cuenta personal de Saá Petrino
El aspecto más llamativo del informe estaba relacionado con movimientos que el propio Saá Petrino reconoció en su descargo del 23 de octubre de 2025 que “no se corresponden con movimientos vinculados a la actividad de la Institución”.
Según la auditoría a la que accedió La Gaceta Digital, de las cuentas del Colegio en Supervielle y Santander surgían $180.309.647,84 en egresos no vinculados con la actividad institucional. Dentro de ese universo de movimientos, Saá Petrino transfirió $50.026.880 a su propia cuenta personal y otros $742.000 a la de su esposa, María Pilar del Cerro.
También aparecían retiros de efectivo, compras con tarjeta de débito —incluidas operaciones en supermercados—, débitos inmediatos y transferencias a otras personas. La reconstrucción de esos movimientos es uno de los elementos que permitió poner bajo la lupa la utilización de las cuentas de una institución integrada por jueces, fiscales y funcionarios judiciales.
Ahora, además de solicitar cargos contra Saá Petrino, Olguín pretende que la investigación avance formalmente sobre otras dos personas de su entorno familiar: María Fernanda Del Cerro y Marcelo José Senatore Pecchini. Del Cerro es cuñada del exjuez, mientras que Senatore es su esposo. En el informe contable ya aparecían movimientos relacionados con ese círculo familiar y con Maskotas SRL, firma vinculada a Senatore.
Más de $110 millones que volvieron desde la cuenta de Saá Petrino
La auditoría también reveló una operatoria en sentido inverso. Si bien Saá Petrino había comenzado a retirar fondos de las cuentas del Colegio desde noviembre de 2022, a partir del 25 de marzo de 2024 empezó a realizar transferencias desde su cuenta personal hacia la institución.
Entre marzo de 2024 y octubre de 2025 ingresaron de esa manera y desde otras personas o firmas vinculadas a su entorno $121.383.837,90. De ese total, $110.499.940,17 fueron transferidos directamente por Saá Petrino. Maskotas SRL, por su parte, transfirió $5.200.897,73, mientras que otros $3.900.000 provinieron del fideicomiso La Candela. El propio Saá Petrino reconoció en su descargo que esos ingresos tampoco estaban relacionados con la actividad de la institución.
El período en el que comenzaron esos depósitos coincidió además con la situación financiera personal que atravesaba el entonces magistrado. Saá Petrino había sido condenado en 2023 por una deuda de US$36.000 con un particular, a la que posteriormente se sumaron intereses. Ese expediente es independiente de la investigación por los fondos del Colegio de Magistrados.
Cheques rechazados y casi $3,7 millones en costos financieros
Otro capítulo de la auditoría estuvo relacionado con la utilización de cheques. Durante la presidencia de Saá Petrino fueron rechazados 58 cheques: 54 por falta de fondos, correspondientes a $48.087.671,96, y otros cuatro por problemas técnicos, por $3.181.477,27. Además, Santander pagó 22 cheques a pesar de que la cuenta no tenía fondos suficientes para afrontarlos, por otros $1.127.676,24. Toda esa operatoria tuvo un costo concreto para la institución: $3.687.311,41 en comisiones, intereses, multas, IVA y otros gastos bancarios.
Las irregularidades detectadas derivaron en una crisis dentro del Colegio. En septiembre de 2025, la comisión directiva decidió separar a Saá Petrino de la presidencia, realizar una auditoría externa y remitir los antecedentes a la Justicia penal. Posteriormente, el entonces presidente presentó su renuncia a la conducción de la entidad.
Saá Petrino también dejó de ser juez este año. Había presentado su renuncia irrevocable al Colegio de Jueces en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial, con vigencia a partir del 30 de abril de 2026.
Ahora, casi un año después de que el caso llegara a la Justicia y ocho meses después de que La Gaceta Digital revelara en detalle los resultados de la auditoría, la Fiscalía pidió avanzar con la formulación de cargos por administración fraudulenta contra Saá Petrino y sumar como partícipes a Del Cerro y Senatore. El próximo paso dependerá del Juzgado de Garantía Nº3, que deberá resolver sobre la audiencia solicitada por Olguín.
