El Gobierno de San Luis, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) firmaron este viernes un convenio para crear un área de peritos médicos especializada en accidentes laborales y enfermedades profesionales. El acuerdo contempla financiamiento de hasta $150 millones por parte del organismo nacional durante el primer año, capacitaciones para los profesionales y un sistema de intercambio de información que busca reducir los tiempos de las causas que llegan a la Justicia.
El convenio fue firmado en Casa de Gobierno por el gobernador Claudio Poggi; el presidente del STJ, Jorge Levingston; y el gerente general de la SRT, Fernando Gabriel Pérez. La medida forma parte de la implementación en San Luis del sistema previsto por las leyes nacionales Nº27.348 y Nº27.802 y se suma a las comisiones médicas que ya funcionan en las tres circunscripciones judiciales de la provincia.
Uno de los principales puntos será la creación, dentro del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial, de un Área Especializada en Riesgos de Trabajo, integrada por médicos que tendrán a su cargo las pericias relacionadas con demandas por accidentes y enfermedades laborales. Para determinar los porcentajes de incapacidad deberán utilizar los baremos establecidos por la normativa nacional, con el objetivo de unificar los criterios técnicos empleados en las evaluaciones.
Durante el primer año, la SRT aportará financiamiento, reconocerá determinados gastos y podrá ceder bienes para el funcionamiento del área. El esquema contempla el pago de pericias que superen un piso de 160 evaluaciones mensuales, con una meta de hasta 2.000 anuales y un límite de $150 millones o 2.000 pericias. A partir de septiembre de 2027, el financiamiento quedará a cargo de la Provincia.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, con renovación automática, y también prevé la conformación de un Comité de Control y Seguimiento integrado por representantes de la Provincia y del STJ. Además, integrantes del Poder Judicial tendrán acceso a la plataforma de la SRT para consultar información relacionada con las causas.
Acceso directo a información de la SRT
El ministro del STJ Eduardo Allende explicó que este último punto permitirá evitar algunos trámites que actualmente demoran los expedientes. “Hoy en un juicio muchas veces los jueces o los abogados, cuando quieren información, hay que librar un oficio con un pedido de informe formal”, señaló.
Con el nuevo sistema, indicó, “el juez, por vía informática y en el momento, accederá a la información que requiera para resolver un caso”. La SRT también brindará capacitaciones para los peritos médicos laborales, que se complementarán con las actividades de formación organizadas por el propio Poder Judicial.
Allende sostuvo que el convenio “puede acelerar mucho los procesos laborales”, tanto por el acceso a los archivos del organismo nacional como por la especialización de los profesionales encargados de realizar las pericias.
Aseguran que nueve de cada diez casos se resuelven en las comisiones médicas
Durante la presentación, tanto funcionarios provinciales como integrantes del STJ destacaron los resultados obtenidos desde la puesta en funcionamiento de las comisiones médicas. Según los datos expuestos durante la conferencia, alrededor del 90% de los casos sometidos a esa instancia fueron resueltos allí mediante un acuerdo, sin avanzar posteriormente hacia un proceso judicial.
“Tenemos el informe de que el 90% de los casos que se sometieron a las comisiones fueron cerrados en ese ámbito, donde se llegó a un acuerdo indemnizatorio”, afirmó Allende. Según el integrante del STJ, esto permite que quienes sufrieron una enfermedad profesional o un accidente laboral puedan resolver el reclamo “en muy poco tiempo” y “sin llegar a la Justicia”.
El ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, citó cifras similares y sostuvo que más del 90% de los acuerdos alcanzados por enfermedades profesionales y accidentes laborales son homologados en las comisiones médicas. “Esto nos potencia como provincia porque nos pone por encima de la media nacional y, por supuesto, descomprime la Justicia”, aseguró.
El Gobierno apunta a reducir la litigiosidad laboral
La implementación del sistema también fue vinculada por el Ejecutivo con los reclamos que el sector industrial viene realizando respecto de la cantidad de litigios laborales y los costos asociados a los accidentes de trabajo.
“Desde un primer momento, el Gobernador está a la par de las industrias y uno de los reclamos más persistentes desde ese sector era la litigiosidad que había en San Luis y los números de siniestralidad”, expresó Amondarain. Para el funcionario, “si tenemos menos siniestralidad y menos litigiosidad en la provincia de San Luis, los costos de las aseguradoras de riesgo de trabajo bajan enormemente”.
El ministro también destacó la intervención de los distintos poderes provinciales en la implementación del esquema. “Hoy se materializa que, en esta temática, en San Luis los tres poderes del Estado están pateando para el mismo arco”, afirmó, en referencia a la adhesión aprobada anteriormente por la Legislatura, las acciones desarrolladas por el Ejecutivo y la incorporación ahora del Poder Judicial.
Por su parte, el gerente general de la SRT, Fernando Pérez, señaló que el convenio da continuidad al acuerdo marco firmado en noviembre y planteó que uno de los objetivos es “combatir la litigiosidad del sistema, que hoy es bastante alta”. El funcionario nacional consideró que, a partir del trabajo conjunto, San Luis puede convertirse en “una de las provincias que sean destacadas como modelo a seguir en lo que es el sistema de riesgos de trabajo en la Argentina”.
