El juez de Garantía N° 1, Alfredo Cuello, resolvió que las querellas continúen interviniendo en la causa conocida como El Caburé, en la que se investigan presuntos delitos cometidos en perjuicio de la administración pública. La decisión revocó el criterio adoptado por el Ministerio Público Fiscal, que había dispuesto apartarlas al considerar que los denunciantes, Enrique Vaira y Alejandro Ingaramo, no tenían legitimación para intervenir como víctimas en el proceso.
La querella es la parte que representa dentro de una causa penal a una persona o entidad que se considera víctima o damnificada por el delito investigado. Su participación le permite intervenir activamente en el proceso, realizar planteos y aportar evidencias, entre otras facultades. En este caso, Vaira e Ingaramo, quienes además fueron denunciantes en el inicio de la causa, se constituyeron como querellantes y son representados por los abogados Pascual Celdrán y Alejandro Viano.
Durante la audiencia realizada este viernes, Celdrán solicitó la revisión de la resolución de la Fiscalía y pidió que sus representados pudieran permanecer como querellantes para formular planteos y ofrecer pruebas, al considerar que su intervención no ocasionaría ningún perjuicio al desarrollo de la causa. Viano adhirió al pedido y también reclamó que sus representados conservaran ese carácter.
El Ministerio Público Fiscal, representado por Leandro Estrada y Alexis Chavero, defendió el apartamiento que había dispuesto previamente. Los fiscales argumentaron que los querellantes carecen de legitimación porque los hechos investigados tendrían como perjudicada a la administración pública y no a las firmas que representan. También sostuvieron que el planteo para revisar la decisión había sido realizado fuera de término.
La defensa del exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión Ricardo Bazla, ejercida por Bautista Rivadera, coincidió con la postura de la Fiscalía y pidió que se rechazara el planteo. Argumentó que había sido presentado de manera extemporánea y por una vía procesal incorrecta, además de señalar que las querellas representan intereses privados que, a su entender, no tienen relación con el perjuicio investigado contra la administración pública. La defensa del otro imputado, Darío Oviedo, a cargo de Gustavo Reviglio, decidió no fijar posición sobre la controversia.
Luego de escuchar a las partes, Cuello consideró que existe la posibilidad de que los querellantes hayan sido víctimas de algún delito y entendió que su intervención puede contribuir al esclarecimiento de los hechos. El magistrado remarcó la importancia de que puedan investigar y aportar evidencias para “enriquecer el debate y llegar a la verdad real”.
Por ese motivo, el juez rechazó la decisión adoptada por la Fiscalía y dispuso que Vaira e Ingaramo continúen participando de la investigación como querellantes. Tras conocerse la resolución, Rivadera, en representación de Bazla, presentó un recurso de apelación contra lo decidido por el magistrado.
La causa El Caburé se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 y tiene entre sus imputados a Bazla y Oviedo. El primero renunció a su cargo como secretario de Ética Pública y Control de Gestión luego de conocerse su imputación, mientras que posteriormente esa dependencia fue eliminada del organigrama del Gobierno provincial.
