San Luis quedó fuera del régimen de Zona Fría tras la sanción de la reforma aprobada este jueves por el Senado de la Nación. El gobernador Claudio Poggi ratificó su rechazo a la medida y se comprometió a buscar mecanismos alternativos para reducir el impacto de la quita del subsidio en el bolsillo de las familias sanluiseñas.
“Como Gobernador de San Luis RATIFICO mi postura en contra de la Ley sancionada en el día de la fecha y me COMPROMETO ante los Sanluiseños a encontrar mecanismos alternativos para que el impacto de esta quita del subsidio nacional en el bolsillo familiar, sea el menor posible”, expresó Poggi a través de su cuenta de X.
La iniciativa fue aprobada por 38 votos a favor y 8 en contra y quedó convertida en ley. La reforma modifica el régimen de subsidios al consumo residencial de gas y reduce el alcance territorial del beneficio, que se mantendrá para la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna.
Cómo impacta en San Luis
La principal consecuencia para los usuarios sanluiseños es que dejarán de recibir automáticamente el descuento asociado al régimen de Zona Fría por el solo hecho de residir en una de las regiones incorporadas en 2021.
Ese año, la ampliación del régimen había incorporado a más de 3 millones de hogares de diez provincias, entre ellas San Luis, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, San Juan, Salta, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. Los usuarios incorporados accedieron a descuentos de entre el 30% y el 50% sobre el consumo de gas.
Con la nueva ley, el criterio territorial se reduce y se reemplaza por un esquema que prioriza la situación socioeconómica de los hogares a través del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
De esta manera, los usuarios de San Luis que pierdan el beneficio por Zona Fría podrán acceder a una bonificación si cumplen con los criterios establecidos por el nuevo régimen. Entre ellos se encuentra el requisito de no superar ingresos equivalentes a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, un monto que actualmente ronda los $4,8 millones.
También se mantienen beneficios para determinados sectores considerados vulnerables, entre ellos hogares registrados en el ReNaBap, veteranos de Malvinas y familias con integrantes que tengan Certificado Único de Discapacidad.
Otro cambio relevante es que el descuento se aplicará sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura. Por lo tanto, otros componentes de la boleta, como cargos fijos, transporte y distribución, no estarán alcanzados por la bonificación.
Desde San Luis se había advertido que la eliminación del beneficio podía generar un impacto significativo en las economías familiares. La Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica (CREE) había estimado aumentos de entre $10.000 y $40.000 mensuales en las facturas residenciales, antes de impuestos y dependiendo del nivel de consumo.
La presidenta de la CREE, Laura Giumelli, había advertido además sobre el riesgo de que la eliminación del beneficio genere situaciones de “pobreza energética”, especialmente en hogares que destinan una parte importante de sus ingresos al pago de los servicios.
El planteo provincial también se centró en las condiciones climáticas de San Luis y en el mayor consumo energético que se registra durante los meses de invierno. Desde la CREE se cuestionó que el nuevo esquema tome principalmente los ingresos como criterio de acceso al subsidio y no contemple las particularidades climáticas de cada región.
Qué pasó con los senadores por San Luis
Al momento de la votación, la sesión estuvo presidida por el senador sanluiseño Bartolomé Abdala, quien votó a favor de la reforma. También acompañó la iniciativa la otra representante de San Luis de La Libertad Avanza, Ivanna Arrascaeta.
El senador peronista Fernando Salino no participó de la votación. El bloque peronista se retiró del recinto antes del tratamiento del proyecto y no participó de la votación que terminó con 38 votos afirmativos y 8 negativos.
El nuevo esquema nacional
La reforma establece que el Fondo de Zona Fría pasará a financiar una bonificación sobre el precio del gas natural y del gas propano por redes. También incorpora una bonificación adicional para determinados usuarios residenciales incluidos en el régimen de subsidios focalizados, de acuerdo con su ubicación y situación socioeconómica.
El Gobierno nacional sostuvo que el nuevo esquema permitirá un ahorro de alrededor de US$400 millones anuales. Según las estimaciones oficiales difundidas durante el tratamiento del proyecto, aproximadamente 1,6 millones de hogares dejarían de recibir subsidios, mientras que desde la oposición se calculó que el impacto podría alcanzar a 2,5 millones de hogares.
Parte de esos recursos serían destinados a cancelar deudas que las distribuidoras mantienen con CAMMESA por la compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista. La iniciativa también establece que las empresas que reciban esos pagos deberán renunciar a eventuales reclamos judiciales o administrativos contra el Estado nacional vinculados con la emergencia energética.
