La Cámara de Diputados de San Luis dio este miércoles por la tarde media sanción al proyecto de ley denominado “Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar”, impulsado por el Gobierno provincial. La iniciativa fue aprobada por 30 votos a favor y 9 en contra, luego de más de dos horas de debate en el recinto.
El proyecto establece un esquema de refinanciación de deudas para personas humanas domiciliadas en San Luis (deben tener al menos dos años de residencia) que tengan obligaciones en mora como consumidores finales, mediante la adhesión voluntaria de entidades financieras, proveedores no financieros de crédito, fintech y otras entidades autorizadas por el Banco Central. El texto también contempla beneficios fiscales para las entidades que adhieran al programa.
La iniciativa aprobada establece que las deudas deberán tener una mora superior a tres meses y que las refinanciaciones deberán contemplar un plazo mínimo de 24 meses, al menos dos meses de gracia y una cuota que no supere el 30% de los ingresos del grupo familiar. La tasa nominal anual tendrá como límite la TAMAR más 10 puntos porcentuales y no podrán cobrarse gastos administrativos, comisiones ni honorarios vinculados con el otorgamiento del plan.
Uno de los cambios incorporados durante el tratamiento legislativo fue la posibilidad de incluir en las refinanciaciones deudas provenientes de servicios públicos de competencia provincial que mantengan las personas humanas en carácter de consumidores. La modificación fue incorporada al artículo 6 por sugerencia de UPCN y, durante el debate, la presidente del bloque Ahora San Luis y miembro informante del proyecto, Eugenia Gallardo, mencionó como ejemplo las deudas con Edesal.
El oficialismo defendió el proyecto
Gallardo fue la miembro informante y explicó los principales aspectos de la iniciativa. Durante su intervención destacó la decisión del Gobierno provincial de avanzar con una herramienta destinada a las familias endeudadas.
“Quiero rescatar la dedicación del Gobierno de la Provincia al poder resolver y poder llevar un alivio a las familias”, sostuvo la diputada, quien remarcó que, según su planteo, se trata de una problemática que también está siendo abordada en otras jurisdicciones.
El proyecto contempla además un segundo eje destinado a incentivar el consumo familiar. Las entidades que adhieran al programa de desendeudamiento podrán presentar planes con descuentos, reintegros, vouchers, tarjetas prepagas y otras modalidades de beneficios para consumidores en comercios de la provincia.
A cambio, podrán acceder a un crédito fiscal equivalente al 25% del importe efectivamente otorgado en esos planes de estímulo al consumo, que será nominativo e intransferible y podrá utilizarse para cancelar obligaciones tributarias provinciales propias de la entidad.
El proyecto también establece que las entidades participantes deberán implementar programas gratuitos de capacitación en administración financiera, orientados a la planificación de las finanzas familiares y la prevención del sobreendeudamiento.
Las críticas del peronismo
Durante el debate, el diputado Lucas Caymes, del Frente Unidad Justicialista, cuestionó que el proyecto se concentre en la refinanciación de las deudas y sostuvo que el problema del endeudamiento también está relacionado con los ingresos de los trabajadores.
Caymes planteó que el desdoblamiento del pago de salarios y la pérdida del poder adquisitivo contribuyeron, según su interpretación, al crecimiento del endeudamiento de las familias.
El legislador sostuvo que entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumulada habría alcanzado el 239%, mientras que los aumentos salariales, según los datos que presentó durante su exposición, llegaron al 150%.
También cuestionó los parámetros de refinanciación previstos en el proyecto y señaló que, a su criterio, existe una diferencia entre las quitas de capital e intereses mencionadas en los fundamentos y lo establecido específicamente en el articulado.
Caymes sostuvo además que la propuesta del bloque Justicialista apunta a una “rehabilitación” financiera y no solamente a una refinanciación, acompañada por una política de recuperación de ingresos.
Por su parte, la diputada Silvia Sosa Araujo, del bloque Unidad Justicialista, cuestionó el nombre del programa y sostuvo que el proyecto no implica la eliminación de las deudas sino su refinanciación.
“Acá no se le quita la deuda a nadie, tienen que pagarla”, afirmó durante su intervención.
La legisladora también cuestionó que la adhesión de las entidades sea voluntaria y planteó interrogantes sobre el costo fiscal de los beneficios tributarios previstos para quienes participen del programa.
Cómo funcionará el programa
El proyecto aprobado contempla que las entidades que quieran adherir deberán presentar propuestas de refinanciación con condiciones más favorables que las vigentes en la propia institución y las disponibles en el mercado.
Entre las alternativas previstas se encuentran quitas de capital e intereses, reducción de tasas, extensión de plazos, períodos de gracia y bonificaciones por pago en término. También se permite consolidar deudas contraídas con distintas entidades alcanzadas por el programa.
Para acceder, el deudor deberá acreditar un domicilio ininterrumpido de al menos dos años en San Luis. Una vez formalizada la refinanciación, la entidad deberá gestionar la actualización de los registros de deudores morosos.
La Provincia podrá eximir a las entidades participantes del pago de Ingresos Brutos y del Impuesto a los Sellos sobre las operaciones vinculadas con los planes de refinanciación. La exención deberá ser otorgada mediante decreto y tendrá, en el caso de Ingresos Brutos, una duración de un año desde la suscripción del respectivo plan.
El Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública será la autoridad de aplicación. La ley tendrá una vigencia inicial de un año desde su publicación en el Boletín Oficial y Judicial de San Luis, con posibilidad de prórroga por parte del Poder Ejecutivo.
Quiénes votaron a favor y en contra
Según la votación nominal realizada en la Cámara de Diputados, los 30 votos afirmativos correspondieron a:
Votaron a favor
Verónica Teresa Causi; Marta Liliana Coniglio; Walter Luis Córdoba; Carlos Sergio Dacuña; Claudia Daniela Díaz; Marcos Gabriel Espósito; Regina Zulema Funes; María Eugenia Gallardo; Marina Betiana Garro; Marcos Matías Gatica; Ricardo Javier Giménez; Ana Doly Giellel; Carlos Alberto González D’Alessandro; Edgardo Nicolás González Ferro; Christian Ariel Gurruchaga; Ramón Alberto Leyes; Aída Beatriz López; Maia Macarena Loredo; Marisa Johana Lucero; Oscar César Macías; María Gabriela Mancilla; Bruno Mini; Víctor Aníbal Morínigo; Marisa Noemí Patafio; Carlos Roberto Pereira; Ivana Daniela Ricca; Miriam Alicia Serra; Mauricio Silvia Sosa; Raúl Maximiliano Valdeón; Jorge Pedro Donato Videla; María Fabiana Zárate.
Votaron en contra
Cristian Emiliano Alcaraz; Joaquín Raúl Beltrán; Lucas Agustín Caymes; Mayka Emmi Garoglio; Enzo Wilfredo Mirábile Ochoa; José Darío Neira; Walter Vicente Pollo; Silvia Sosa Araujo; María José Zanglá Urteaga.
Con la media sanción, el proyecto continuará ahora su tratamiento en la Cámara de Senadores, donde deberá ser considerado para completar el trámite legislativo.
