Vanesa Lucero denunció penalmente por estafa a Rocío Nieto y Darío Micarelli, luego de invertir $40 millones para la apertura de una sucursal del gimnasio Megaforce sobre calle San Martín. Según relató a La Gaceta Digital, desde que el establecimiento comenzó a funcionar fue apartada de las decisiones, perdió acceso a las cuentas y a las redes sociales y nunca recibió utilidades por su participación en el emprendimiento.
Lucero contó que conoció a Micarelli a comienzos de este año, cuando comenzó a concurrir a la sede que Megaforce ya tenía sobre calle Junín. Allí, según su relato, él comentaba que pretendía abrir una segunda sucursal pero que no conseguía el préstamo bancario necesario. “Un día me propuso tomar un café y me propuso ser socia de la otra sucursal de la calle San Martín”, recordó.
Finalmente, el acuerdo societario se formalizó con Nieto, pareja de Micarelli. “El contrato dice que yo pongo $40.000.000, ella pone $40.000.000 y las dos somos socias y las dos somos dueñas de la mitad del gimnasio, pero ella nunca hace rendimiento de su plata. O sea, que el gimnasio se abre con mi plata”, afirmó Lucero.
La sede de San Martín abrió el 4 de junio y, de acuerdo con la denunciante, los problemas comenzaron prácticamente desde la primera semana. Uno de los primeros puntos de conflicto fue el manejo de los pagos de los clientes. “Se acercaba gente a entrenar a la calle San Martín diciendo que ya habían hecho sus pagos. Yo les pedía que me mostraran el comprobante y era el alias del gimnasio de la Junín”, señaló Vanesa.
La mujer contó además que algunos clientes le indicaban que se habían comunicado mediante el Instagram o el WhatsApp de la marca y luego habían abonado en la otra sucursal, de la cual ella no formaba parte ni percibía ganancias.
De este modo, La denunciante sostuvo además que, con el paso de las semanas, fue perdiendo todo tipo de control sobre la operatoria cotidiana. “A la semana yo ya no podía manejar las redes, incluso me bloquearon de las redes sociales, bloquearon a mi hijo y a todos los amigos de mi hijo”, aseguró.
También afirmó que, casi inmediatamente, ya no pudo intervenir en la caja ni en las decisiones relacionadas con el personal. “Ya prácticamente estaba desplazada de todas mis decisiones y como socia ya no tenía ningún poder”, describió. Según su versión, parte de las transferencias que recibía el gimnasio eran derivadas a una cuenta vinculada a otro comercio.
A partir de esos reclamos, afirmó, comenzó un progresivo apartamiento de la administración. “En muchas circunstancias yo le dije a ella que me rindiera cuentas, que me hiciera un balance”, relató. Más adelante, al considerar que ya no podía participar normalmente del negocio, planteó retirarse de la sociedad si le devolvían su inversión: “Le dije que me devolvieran el dinero y yo me retiraba, y mi socia me contesta que no había dinero”.
“Nunca me hicieron parte ni me ha llegado ninguna ganancia”
Lucero explicó que la denuncia penal fue presentada hace aproximadamente dos meses y que decidió hacerla pública ahora ante la falta de respuestas de parte de la Justicia. También aseguró que previamente remitió una carta documento solicitando el balance correspondiente a su inversión. “No respondieron nada, no respondieron la carta documento cuando le pedí el balance de los $40.000.000 y tampoco respondieron la denuncia penal”, afirmó.
Según Lucero, la sede de San Martín tiene actualmente alrededor de 800 clientes fijos, aunque en el sistema figuraban aproximadamente 1.000 personas. “Pueden ser alumnos del otro gimnasio de la Junín, que mi socia los dejaba entrar”, aclaró.
La mujer rechazó además una comunicación difundida por la contraparte en la que, según señaló, se informó que había sido desvinculada del emprendimiento. “Yo no he sido desvinculada, yo sigo siendo socia. Y estaré desvinculada cuando ellos me paguen”, respondió.
La denuncia apunta a reconstruir el recorrido del dinero
El abogado de Lucero, Santiago Calderón Salomón, explicó a La Gaceta Digital que la presentación tramita ante la Unidad de Abordaje Fiscal y fue formulada bajo la figura de estafa prevista en el artículo 172 del Código Penal. “Nuestra posición es que el caso debe investigarse íntegramente y seguir el recorrido del dinero. ¿A dónde fue a parar esa plata y esa falta de rendición que se hizo del capital de mi cliente?”, planteó.
Calderón Salomón indicó que la denuncia fue acompañada por documentación que, según sostuvo, acredita tanto el aporte patrimonial de Lucero como su condición de socia. También incorporaron mensajes, conversaciones, audios y grabaciones que, para la querella, muestran que desde el inicio se le impidió controlar la caja y los movimientos económicos.
La presentación solicita además una pericia contable, financiera y patrimonial. El objetivo, explicó el abogado, es determinar “cuánto se ha recaudado, cuáles han sido los gastos, las erogaciones, qué pasó con ese capital base” y reconstruir quién administra los registros de socios y dónde se reciben los pagos de los clientes.
Uno de los aspectos que buscan esclarecer es precisamente la relación económica entre las dos sucursales: si las cuotas correspondientes a San Martín fueron cobradas allí o terminaron ingresando a la sede de Junín, donde Lucero no tiene participación societaria. “Básicamente, conocer el circuito económico es un poco lo que hemos planteado”, concluyó Calderón Salomón.
