La Justicia de San Luis ordenó a la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) rectificar en un plazo de 48 horas la autorización de las prótesis que necesita Zoe Ojeda, la niña de 10 años a la que le amputaron una pierna luego de que un automóvil se estrellara contra la carnicería El Caldén, donde ella y su madre estaban comprando. La obra social había autorizado una sola prótesis, pese a que su médica tratante había indicado dos dispositivos con funciones diferentes. La resolución de la jueza Belén Villegas también establece un plazo de diez días corridos para garantizar la provisión de los elementos y contempla la cobertura anticipada de los gastos necesarios para el tratamiento.


La novedad fue comunicada durante una conferencia de prensa por el padre de la niña, Edgardo Ojeda, junto a las abogadas Carolina Díaz Alba e Yna Suárez, integrantes de la Fundación Raíz, que asumió la representación de la familia de manera gratuita. Según explicaron, la orden de DOSEP consignaba una sola prótesis, aunque el monto autorizado, de $35 millones, correspondía al presupuesto presentado por los dos dispositivos. Uno está destinado al uso cotidiano y el otro permite realizar actividades en el agua, por lo que cumplen funciones distintas y no son intercambiables.

Ojeda relató que la familia lleva seis años enfrentando dificultades para acceder a las prestaciones que necesita su hija y que, en esta oportunidad, realizó numerosos reclamos administrativos sin obtener una solución. “Fueron días, meses de rogar en pasillos, dormir solo en bancos, como ustedes los han visto en las redes sociales”, recordó el padre, quien aseguró que las solicitudes formales tampoco recibieron respuesta. “Realicé formalmente las notas escritas, nunca me contestaron”, agregó.

El padre cuestionó especialmente que la obra social no hubiera podido corregir la cantidad de prótesis consignada en la autorización. “Me decía ahí el de DOSEP que el sistema no le dejaba colocar un número 2”, relató, y explicó que incluso había solicitado que se incorporara una salvedad para resolver el problema. Ante la continuidad de la negativa, la familia decidió recurrir nuevamente a la Justicia. Ojeda agradeció la intervención de la jueza Villegas y de las profesionales de la Fundación Raíz, que, según destacó, brindaron contención desde el primer momento.

La resolución judicial y los plazos para DOSEP
La abogada Carolina Díaz Alba aclaró que no se inició un nuevo recurso de amparo, sino que la presentación se realizó dentro de un expediente abierto en 2022, en el que ya existía una orden judicial para que DOSEP cubriera las prestaciones e insumos necesarios para Zoe. “Había ya una orden que fue desconocida por parte de DOSEP, en el cual ya se tenían que hacer cargo de todos los insumos y todo lo que correspondía sobre la menor”, explicó.

La letrada señaló que la Fundación Raíz puso en conocimiento del juzgado la necesidad de contar con las dos prótesis, que “no responden a una cuestión estética”, sino a garantizar el bienestar y la salud de la niña. A partir de esa presentación, la jueza dispuso que DOSEP rectifique la autorización, que actualmente consigna una sola unidad por un monto de $35 millones, y garantice la cobertura de los dispositivos indicados por la médica tratante.

La resolución también contempla que la obra social afronte anticipadamente los gastos de traslado, alojamiento y alimentación de Zoe y un acompañante, necesarios para realizar el tratamiento fuera de San Luis. Díaz Alba explicó que las abogadas habían solicitado que se incluyera a ambos padres, teniendo en cuenta la edad de la niña y la importancia del acompañamiento familiar durante el procedimiento.

Por su parte, Yna Suárez explicó que la decisión judicial prevé alternativas ante un eventual incumplimiento de DOSEP. La familia podrá utilizar la prótesis que actualmente se encuentra a disposición sin que eso signifique aceptar que la cobertura quede limitada a un solo dispositivo. Además, señaló que la obra social puede contratar a una ortopedia aunque no tenga convenio previo con ella. “Puede hacer un prestador sin convenio”, sostuvo, al rechazar que esa circunstancia sea un impedimento para cumplir con la indicación médica.

Los gastos que afrontó la familia
Suárez también cuestionó que la familia haya tenido que afrontar con sus propios recursos gastos que, según el reclamo judicial, correspondían a la obra social. “Los padres han vendido comida, ¿qué no hacen para que ellos después, a posterior, reintegren los gastos?”, expresó. La abogada sostuvo que esa modalidad de cobertura terminó generando un endeudamiento que los padres ya no pueden sostener: “Esto se ha hecho una bola de nieve”.

La letrada destacó que la Fundación Raíz decidió asumir el caso de manera gratuita luego de conocer la situación de Zoe y revisar el expediente judicial que permanecía abierto desde 2022. También resaltó la rapidez con la que intervino el juzgado tras la presentación realizada el viernes, ya que, según relató, la medida fue dictada ese mismo día.

Finalmente, Díaz Alba informó que el Gobierno provincial, a través de Fiscalía de Estado, tiene cinco días para responder al planteo sobre el incumplimiento de las obligaciones judiciales anteriores. “¿Qué pasó con una orden judicial que no fue cumplida ni tampoco acatada?”, planteó la abogada, al explicar que buscan una respuesta sobre las razones por las que la familia debió recurrir nuevamente a la Justicia para obtener las prestaciones necesarias.

Ojeda, por su parte, expresó su reconocimiento a la jueza Villegas y a las abogadas que asumieron la representación de su hija. También manifestó su deseo de que otras familias que atraviesan situaciones similares puedan sostener sus reclamos y acceder a las prestaciones que necesitan.