El bloque oficialista solicitó el 9 de febrero que se convoque a sesión especial en la Cámara de Diputados para que se renueven autoridades del órgano legislativo. La presidente del bloque, Eugenia Gallardo, advirtió que si no se convoca a la sesión, el martes 27 se autoconvocarán para sesionar. Además, Gallardo denuncia que la Comisión de Asuntos Constitucionales remitió en enero cuatro proyectos de informe que son ilegales a diversas instituciones.
Como publicó La Gaceta Digital, el 5 de diciembre la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados se quedó sin quórum, lo que impidió que se eligieran las nuevas autoridades como estaba estipulado. La falta de quórum se produjo porque el ex bloque opositor, ahora oficialista, no regresó al recinto finalizado un cuarto intermedio.
Hay que señalar que, a pesar la no renovación de autoridades, Silvia Sosa Araujo permanece como presidente de Diputados hasta el 1° de abril, ya que vence su mandato en el cargo, pero sigue como legisladora hasta el 2025. El 1° de abril es el día de inicio del periodo ordinario de sesiones que queda inaugurado tras el tradicional discurso del gobernador.
“Es necesario cambiar la mesa directiva y es esto lo que se va a poner en práctica. Si la presidenta no convoca, nos autoconvocaremos como mayoría legislativa y tendremos la sesión especial que estamos solicitando. Lo correcto sería que la presidenta convoque. Si ella no convoca, nos autoconvocaremos el día 27”, dijo Gallardo en declaraciones a La Gaceta Digital.
La legisladora argumentó que el pedido de sesión se hizo en base al artículo 87 del Reglamento Interno que establece que la Presidencia tiene un plazo “plazo que no exceda de 10 días” para fijar día y hora de la sesión especial y “no podrá tratarse otro asunto que aquél para el que se ha pedido la convocatoria”. Este plazo vence el lunes 26 de febrero.
Gallardo adelantó que el bloque que preside propondrá un presidente, vices, secretario y prosecretario.
Pedidos de informe ilegales
La legisladora del nuevo oficialismo reveló que en enero, la Comisión de Asuntos Constituciones remitió pedidos de informe al Gobierno, Banco Nación, Banco Central, y Tribunal de Cuentas. La polémica viene por dos cuestiones. Una de ellas es que los pedidos de informe se remiten tras la aprobación en sesión por mayoría de los diputados. Estos pedidos de informe se remitieron si la aprobación de la Cámara, según Gallardo. La otra cuestión es que la Comisión de Asuntos Constitucionales trabajó con cuatro (peronistas) de sus siete integrantes, ya que algunos tres finalizaron sus mandatos.
Para Gallado, la remisión de pedidos de informe sin la aprobación en sesión de los diputados es “absolutamente ilegal. Totalmente fuera de lo que debiera ser que una comisión no conformada por la totalidad, emita dictámenes sin la aprobación del cuerpo tengan validez, no tienen asidero. Por eso también los pedidos de informe no han sido respondidos”.
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