La Fiscalía Federal de San Luis solicitó la pena de ocho años de prisión, multa y un decomiso millonario al ex piloto de TC Ariel Balmaceda acusado de ser el líder de una organización dedicada a la comercialización de facturas apócrifas emitidas por 65 usinas, y luego distribuirlas desde San Luis hacia otras ocho provincias a 2.700 contribuyentes para evadir impuestos. También se pidieron penas menores para los 24 numerosos implicados en la causa. Para 2021, cuando se pidió la fecha de juicio de la causa, el perjuicio estimado superaba los $1.000 millones.
“Acá se están juzgando a estafadores porque implica engañar al Estado a través de todo este ardid para evitar contribuir con el impuesto para los respectivos gastos del bien común. Más allá de la opinión sobre la forma de administrarlo, esto es una gran estafa a todo el país, es una privación de recursos para el Estado y a su vez genera grandes distorsiones en los mercados formales”, manifestó el fiscal federal subrogante, Cristian Rachid en declaraciones al programa radial Nada Secreto.
Los hechos por el que están en juicio Balmaceda y los otros acusados fueron detectados entre 2014 y 2018.
Para Balmaceda no solamente se pidió la pena de prisión, sino también multas y decomisos “de todo aquello que hemos detectado como comisiones efectivamente cobradas durante la asociación ilícita que asciende a más de $20 millones”, detalló Rachid. También se solicitó el secuestro de varios vehículos de alta gama.
Entre los otros acusados, se encuentran personas del entorno íntimo de Balmaceda como su ex pareja, madre, hermana y cuñado, entre otros.
En cuanto al juicio, ya finalizado el alegato de la Fiscalía, sigue el de la parte querellante que en esta causa es la AFIP. Luego, será el turno de alegato de la defensa.
La estructura detectada en la investigación
Según publicó en marzo de 2021, el sitio fiscales.gov.ar, para la acusación de la Fiscalía Federal, se necesitó de “una estructura y composición personal numerosa y organizada”. Para Rachid, Balmaceda aprovechó su faceta de corredor automovilístico y los “vínculos y contactos sociales propios de la actividad para conformar la asociación y extender su actuación interjurisdiccional”. Asimismo, indicó que “la administración de la asociación criminal se centralizaba, en lo esencial, en las oficinas del imputado”, ubicadas en la ciudad de San Luis. Allí se desempeñaban otras personas -también imputadas- en el “trabajo administrativo que implicaba la actividad criminal”, a saber: “la generación de contribuyentes apócrifos, confecciones de sus balances y declaraciones juradas y demás trámites pertinentes a la inscripción y existencia –meramente formal- de aquellos; así como la recepción cotidiana de innumerables pedidos de facturación apócrifa, ya sea de los numerosos intermediarios con los que contaba la organización o directamente de usuarios, y el subsiguiente circuito administrativo de generación de las facturas falsas solicitadas, su registro, remisión y seguimiento para la liquidación y cobro de las comisiones percibidas por el servicio ilegal”.
También se reparó en los aportes de un contador y una contadora por sus conocimientos especiales en la materia; de “prestanombres”, en muchos casos familiares y el entorno íntimo del principal acusado, como contribuyentes apócrifos y/o vinculados con sociedades también de esa calidad -al menos 22 SRL y SA- generadas al efecto. A su vez, a todas ellas se les endilga también la intermediación para la comercialización de la facturación falsa.
Para la Fiscalía, la organización contaba con otro nutrido grupo de intermediarios que actuaban “en distintas provincias (principalmente San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, Buenos Aires, Rio Negro y Neuquén), gracias a los cuales los servicios ilícitos mencionados se ofrecían y demandaban (…) a gran escala”. Entre esas personas se identificó a “actores de la actividad del automovilismo”, lo que daría cuenta de “un mutuo conocimiento y confianza que derivó en una actividad asociativa criminal” junto a Balmaceda.
Comisiones y el perjuicio fiscal total estimado
Tras detallar el “modus operandi”, Rachid explicó que por la venta de facturas apócrifas los miembros de la organización “habrían cobrado a los contribuyentes (usuarios) entre un 15% y un 35% del crédito fiscal espurio que con ellas se ‘generaba’”; mientras que los intermediarios que conseguían los “clientes” adquirentes percibirían entre el 4% y el 57,14%.
Por otro lado, el requerimiento de la fiscalía cita un informe de la División Investigación de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP, según el cual “a partir del listado de usinas relacionadas con la causa se verifica que, en su conjunto, han emitido facturas electrónicas por un total facturado de $2.181.745.623,21, con un IVA discriminado de $372.586.707,74, que sería el perjuicio fiscal en dicho impuesto”; en tanto que el daño en materia de Impuesto a las Ganancias “ascendería a la suma de $630.552.053,91 (35% del monto neto facturado de $1.801.577.296,90)”. Así, el perjuicio fiscal total estimado ascendería a $1.003.138.761,66 -$372.586.707,74 por el IVA + $630.552.053,91 del Impuesto a las Ganancias-, “sólo considerando la facturación electrónica”. “Atento a la cantidad de factureros manuales encontrados en los domicilios allanados, el perjuicio fiscal sería mayor”, añadió el Ministerio Público Fiscal.
