Dijeron que fueron amenazados y golpeados por la policía. Un abogado de la Dirección de Derechos Humanos los representará ante la justicia. 
Los vecinos de la ex cerámica San José se reunieron ayer con el intendente Enrique Ponce para solicitarle protección legal luego de que un grupo de policías volviera a amenazarlos si no dejan de denunciar la represión que sufrieron el martes a la madrugada.
“’Por bocones ya van a ver los que les va a pasar’, nos dijeron desde un auto que sabemos que es de Investigaciones y después pasaron a los tiros en una camioneta. Por eso vinimos a ver al intendente que es el único que nos atendió y se comprometió en ponernos abogados y recibir asesoramiento para denunciar ante Fiscalía o donde haga falta las golpizas y los objetos robados”, contaron Cristina y David.
El Intendente además instruyó a las secretarías de Desarrollo Social y Derechos Humanos para que realicen un relevamiento en la planta abandonada para atender las necesidades más urgentes.
“Será un diagnóstico para encontrar soluciones de fondo integrales con el fin de sanear la precaria situación que atraviesas esas familias en virtud a una falta de trabajo y una vivienda digna”, comentó Carlos Jacomet, responsable de Desarrollo Social.
En tanto, para la semana que viene se realizará en el predio de la ex cerámica, ubicada entre las calles Mendoza, Belgrano, Rawson y el Corredor Vial, un operativo territorial articulado entre Anses, el Ministerio de Desarrollo de la Nación y la Municipalidad. “El operativo apunta a garantizar ciertos derechos como la Asignación Universal por Hijo y las pensiones no contributivas, principalmente”, añadió Jacomet.
“Es hora de enderezar el procedimiento penal y la actuación policial. Nadie se opone a la investigación de los delitos y sabemos que se pueden cometer errores; pero no puede pasar lo que ocurrió en la ex cerámica. Fueron con una orden a buscar a una persona, pero allanaron a 25 familias, detuvieron a un montón, las golpearon, rompieron objetos de valor y se perdieron cosas. Queda claro que hubo mucha negligencia”, contó José Olguín, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos Municipal que se pondrá a disposición de las familias que sufrieron la violenta represión.
El funcionario adelantó que está en marcha una acción de amparo para presentar en el Juzgado de Instrucción N°3. “Vamos a plantearle a la jueza lo que pasó y esperaremos la actitud que ella tenga. Para nosotros la negligencia surge de la misma misión de la orden de allanamiento, que debió ser específicamente para la persona que iban a buscar”, dijo Olguín.
