El Gobierno provincial adjudicó la obra de provisión de gas natural que beneficiará a más de 1.500 familias de los barrios 600, 74 y 900 Viviendas de la ciudad de La Punta. El proyecto incluye la instalación de una red de suministro y la construcción de una planta reguladora que abastecerá toda la zona.

El decreto de adjudicación fue firmado este viernes por el gobernador Claudio Poggi, en un acto realizado en el salón de usos múltiples de los barrios 600 y 900 Viviendas, con la presencia del intendente de La Punta, Luciano Ayala; el director de Infraestructura Hídrica y Energética, Rudy Comastri, y vecinos del lugar.

La obra contempla dos etapas. En la primera, se construirá una planta de regulación y medición junto con los ramales de alimentación y transporte que abastecerán a los barrios 600 y 74 Viviendas. También se realizará el tendido de cañerías de polietileno de alta densidad en veredas y calles municipales.

La segunda etapa se desarrollará en el barrio 900 Viviendas, donde se extenderá la red principal para completar el sistema de distribución en toda la zona. Una vez finalizados los trabajos, cada vecino podrá gestionar la conexión de su vivienda al tendido.

El plazo de ejecución estimado es de un año, con el objetivo de que las familias puedan contar con el servicio a fines de 2026.

El director de Infraestructura Hídrica y Energética, Rudy Comastri, informó que, una vez habilitada la red, los vecinos podrán acceder al plan provincial “Chau Garrafa”, que busca garantizar la conexión domiciliaria al gas natural mediante un préstamo destinado a financiar la instalación interna.

El programa está dirigido principalmente a viviendas sociales que ya cuentan con cocina, calefón y calefactor, y permite completar la conexión al medidor con los elementos de seguridad necesarios. “El objetivo es que ningún vecino quede excluido del servicio, sobre todo cuando la red ya pasa por el frente de sus casas”, explicó Comastri.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Fernando Gatica, respondió a las declaraciones del intendente Gastón Hissa, quien había cuestionado al gremio por “criticar todo”. El sindicalista acusó al jefe comunal de “estar desconectado de la realidad” y de haber hecho “un negocio con el Banco Supervielle” con el convenio de beneficios para empleados municipales.

Hissa había declarado públicamente este miércoles que “ATE critica todo” y que invitaría “a la gente de ATE a que se ponga a trabajar”, al ser consultado sobre las críticas del sindicato al convenio que el Municipio firmó con el Banco Supervielle, el cual otorga beneficios financieros y comerciales para empleados municipales, comercios y pymes locales. El acuerdo incluye un crédito a tasa cero exclusivo para el personal municipal, con la posibilidad de financiar hasta un sueldo (con tope de un millón de pesos) en 12 cuotas sin interés.

“El que tendría que trabajar es él, pero trabajar para la ciudad, para los trabajadores municipales que se levantan todos los días a las seis o siete de la mañana para cumplir orgullosos con su tarea”, afirmó el dirigente de ATE en una entrevista a Megacable.

El intendente defendió el convenio al asegurar que “no tiene letra chica” y que fue fruto de “una gestión personal” ante la entidad bancaria. “Le solicité a los directivos del banco beneficios para la familia municipal, me parecía necesario. Hacía falta un esfuerzo de la entidad financiera. Nosotros cumplimos con nuestra parte del contrato y pedimos propuestas para que el empleado municipal tenga descuentos en comercios adheridos, en combustible, en farmacias y en distintos lugares que utiliza”, sostuvo.

Por su parte, Gatica atacó nuevamente este convenio: “Es una barbaridad, es una vergüenza y es una desconexión total con la realidad, que pone y lo anuncia con bombos y platillos préstamos”.

El sindicalista sugirió que detrás del acuerdo hay “un negocio” con la entidad financiera. “A menos que el Supervielle haya abierto una sucursal de desarrollo social, no podemos pensar que va a dar créditos a tasa cero sin que alguien pague esa tasa. Yo quiero saber cuál es la tasa que va a pagar la Municipalidad y cómo la va a pagar”, cuestionó. “Esa plata que negoció con el banco debería ir al bolsillo de los trabajadores”, remarcó.

Gatica también ironizó sobre los beneficios del convenio: “¿Piensa realmente el intendente que los compañeros pueden ir a un restaurante o a una agencia de viajes a usar esos descuentos? Si dice eso, es porque no tiene la más pálida idea de lo que están pasando los trabajadores municipales”, lanzó.

Por último, respondió a las críticas de Hissa sobre el trabajo gremial: “Yo no tengo licencia gremial, trabajo viernes, sábado y domingo. Nosotros trabajamos todos. Lo que tiene que hacer él es ponerse a laburar, mejorar los servicios —que son un desastre— y dejar de estar pendiente de estas cuestiones”, concluyó.

Un motociclista de 42 años perdió la vida este jueves por la noche tras un accidente ocurrido alrededor de las 21:00 en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del ingreso al predio del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.

Según las primeras averiguaciones, la víctima conducía una moto Corven Touring en dirección oeste-este, acompañado por un joven de 25 años. Por motivos que aún se investigan, perdió el control del vehículo al ingresar al camino de acceso al hospital, lo que provocó que ambos salieran despedidos y cayeran al asfalto.

El conductor falleció en el lugar, hecho constatado por personal médico del Sempro. Su acompañante fue trasladado en ambulancia al Hospital Central con distintas lesiones, donde recibió atención médica de urgencia.

En el marco de una causa por lesiones y amenazas, la Policía de San Luis realizó una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantía N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de Juan Manuel Montiveros Chada. Las medidas se concretaron este jueves 16 de octubre en distintos domicilios de la capital provincial, ubicados en los barrios 292 Viviendas y José Hernández.

Durante los procedimientos, efectivos de la Comisaría 6ª obtuvieron resultados positivos en una vivienda de la manzana 3 del barrio 292 Viviendas, donde residía una pareja mayor de edad. Allí se secuestró una pistola de interés para la investigación, además de envoltorios con marihuana y cocaína.

Ante el hallazgo, intervino personal de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, que incautó marihuana suficiente para la elaboración de 1.146 dosis —valuadas en aproximadamente $3.400.000— y cocaína para 96 dosis, valuadas en unos $480.000. También se secuestraron dos balanzas digitales, cinco teléfonos celulares y $147.100 en efectivo.

En el mismo domicilio se constató además la presencia de aves canoras en cautiverio, por lo que intervino la Policía Ecológica y Ambiental.

El hombre, de 45 años, y la mujer, de 49, fueron detenidos e incomunicados. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía Federal de San Luis por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Según informaron fuentes policiales, la droga incautada guarda relación con una causa previa investigada por Gendarmería Nacional.

La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) convocó a una movilización para el miércoles 29 de octubre desde las 17.30 horas en la avenida Santos Ortiz, a la altura de la estación de servicio Bella Vista, para visibilizar el reclamo de mejoras laborales como las recategorizaciones y el pago de especialidades, entre otros puntos. APTS considera que se agotaron todas las vías administrativas para reclamarle a la gestión Poggi y considera que no hubo repuestas concretas.

La secretaria general de APTS, Miriam Porter, contó a La Gaceta Digital (LGD) que desde tiempo han realizado reuniones con funcionarios del Ministerio de Salud e incluso se pidió la intervención de Relaciones Laborales para poder avanzar en los reclamos de los trabajadores de la salud pública. “Evidentemente no hay respuestas concretas, no podemos avanzar, así que frente a eso vamos a hacer la movilización”, agregó la gremialista.

La secretaria reconoció que en algunos puntos que se le han reclamado al Ejecutivo hubo soluciones, pero que son provisorias.

Porter detalló que las recategorizaciones están congeladas hace dos años y medio y citó los casos de licenciados matriculados que tienen salarios al nivel de un técnico. Por otro lado, señaló que hay categorías como la de odontólogos y bioquímicos “que no han sido devueltas como corresponde”. Según la secretaria, la respuesta del Gobierno ante el reclamo de las recategorizaciones es la Ley de Emergencia Económica. “Es una emergencia sanitaria la que estamos atravesando, porque se van a quedar sin recursos y los hospitales y los centros de salud se van a ver afectados”, consideró la gremialista.

“En la provincia de San Luis cuenta con un decreto donde hay un pago de especialidades médicas para todas las profesiones, tanto médicos, bioquímicos, odontólogos, farmacéuticos, licenciados en enfermería, etcétera, y no están cumpliendo con eso. Muchas de las profesiones que tenían pago de las mismas se los han retirado, no sabemos cuál ha sido el motivo, y ellos explican que lo van a solucionar prontamente. Sin embargo, llevamos ya un tiempo de esto y todavía no se ha solucionado”, se quejó la secretaria.

Desde el Gobierno le habían manifestado al gremio que se iba a emitir un nuevo decreto detallando las especialidades, pero no se hizo ni “tampoco han restituido los pagos a las especialidades que en su mayoría son bioquímicas y se las han retirado”.

“En la Carrera Sanitaria, por ejemplo, hay dos o tres artículos en principio que son importantes, que son las promociones, las promociones horizontales y verticales de la carrera que no se están cumpliendo. Obviamente que lo único que se cumplen son los artículos que hablan de las 48 horas que son sí o sí laborables de lunes a lunes, o sea que todos los días son hábiles. Todo lo que habla la ley de carrera en cuanto a obligación del trabajador, eso lo tienen muy claro. Todo lo que son artículos de esa misma ley de carrera que habla de los derechos del trabajador, no los entienden, no están funcionando, no los han reglamentado”, criticó Porter.

Otro reclamo que recibió APTS de sus afiliados tiene que ver malas condiciones edilicias de algunos establecimientos de salud del interior de la provincia.

La recomposición salarial es otra arista de los reclamos que impulsa APTS. En este sentido se solicitaron audiencias ante el Ministerio de Hacienda y el Gobernador y no hubo respuesta.

La manifestación del próximo miércoles consistirá en la visibilización del reclamo con carteles y la reducción de un carril de la avenida Santos Ortiz.