Mi CasaBlanca, un nuevo concepto en residencias para adultos mayores: “El objetivo es trabajar sobre la salud física, mental y social”


Mi CasaBlanca
, la nueva residencia para adultos mayores ubicada en el histórico hotel Casablanca de Villa de Merlo, propone un concepto diferente al de una residencia tradicional. Con atención médica y enfermería permanente, suites individuales y compartidas, actividades recreativas y un entorno pensado para preservar la autonomía y los vínculos sociales, se trata de un proyecto que apunta a residentes de San Luis y de otras provincias con un servicio verdaderamente diferencial.

Lucas Dobal, uno de los responsables de Mi CasaBlanca, explicó a La Gaceta Digital cómo funciona la propuesta, qué servicios ofrece, cuáles son sus principales diferencias y por qué el proyecto busca que los adultos mayores no sientan que abandonan su hogar, sino que comienzan una nueva etapa en un lugar elegido para vivir.

¿Qué es Mi CasaBlanca?
Mi CasaBlanca es una residencia para adultos mayores, pero con un enfoque diferente al de la geriatría tradicional. Funciona en el histórico hotel Casa Blanca de Merlo, uno de los primeros grandes hoteles de la ciudad. La idea es crear un lugar donde una persona pueda elegir vivir y donde sus familiares también puedan sentirse tranquilos.

Nuestra misión primordial es brindar un espacio de respeto, dignidad y cariño, para nuestros adultos mayores porque estamos convencidos de que ellos merecen lo mejor. Queremos que sea un espacio donde pueda residir, recibir a sus familiares y amigos, compartir momentos y mantener, dentro de sus posibilidades, la mayor autonomía posible. Es una combinación de servicios de residencia, atención profesional y confort, con una filosofía más cercana a la de un hotel, pero con una atención médica personalizada y continúa.

Sin lugar a dudas se trata de un servicio diferente, que no se ofrece en la provincia de San Luis. Es como vivir en un ‘all inclusive’ que además tiene un acompañamiento médico profesional acorde a cada necesidad particular.

 ¿De dónde surge esta propuesta?
Surge porque vimos que en San Luis existe una necesidad concreta y, al mismo tiempo, un segmento que prácticamente no está desarrollado. Este tipo de residencias, vinculadas al concepto de micro housing, ya funciona en grandes ciudades de Argentina y del mundo con gran éxito.

La diferencia está en pensar al adulto mayor como una persona que sigue teniendo deseos, vínculos, actividades y capacidad de decidir. No queremos reproducir el concepto de una institución donde la persona simplemente permanece. Queremos que pueda elegir vivir acá, ya sea por decisión propia o junto con su familia.

¿Qué servicios ofrece Mi CasaBlanca?
Contamos con atención médica y enfermería permanente y personalizada
, además de un equipo profesional que incluye director médico, psicólogo, psiquiatra y nutricionista, de acuerdo con los requerimientos establecidos por las autoridades sanitarias. Es un equipo altamente capacitado y con profunda vocación de servicio, preparados para ofrecer una asistencia integral, tanto médica cómo humana.

También tenemos suites individuales y compartidas, con aire acondicionado y servicio diario, además de espacios comunes adaptados para facilitar la movilidad. Hay habitaciones y baños con muy poca intervención y otras que están especialmente adaptadas para personas con distintos niveles de dependencia.

A esto se suman talleres de lectura, yoga, actividades con profesores de educación física y la posibilidad de tener una huerta al aire libre. El objetivo es trabajar sobre la salud física, mental y social. No se trata solamente de atender una cuestión médica, sino de que la persona pueda mantenerse activa, vinculada y disfrutando de su vida.

Fomentar la socialización y actividades recreativas es un aspecto clave para nosotros.

¿La idea es que los residentes puedan seguir haciendo su vida cotidiana?Exactamente. Ese es uno de los puntos centrales del proyecto. Cuando una persona deja su casa para mudarse a una residencia, muchas veces siente que deja atrás una parte importante de su vida. Nosotros queremos que eso no suceda.

Por eso, quienes tengan movilidad y cuenten con la autorización de sus familiares podrán salir a caminar, ir a una confitería, hacer compras o simplemente recorrer Merlo. Y en el caso de una persona que haya elegido por sí misma residir acá, podrá mantener esa autonomía plena. Inclusive contamos con cocheras para aquellas personas que todavía utilizan su vehículo.

La ubicación ayuda muchísimo para que puedan disfrutar de su movilidad. Estamos en avenida del Sol 50, en pleno centro de Villa de Merlo, cerca de comercios y lugares gastronómicos. También tenemos un parque enorme, con un hermoso arbolado para salir a caminar. Y además, al estar ubicados al pie de las sierras, Mi CasaBlanca cuenta con una vista increíble que permite disfrutar del paisaje natural de la zona en todo momento.


¿Qué importancia tiene la vida social dentro de la residencia?
Es fundamental. Queremos que sea un lugar al que también dé gusto ir a visitar a un familiar o a un amigo. Que una persona pueda recibir a sus hijos, sus nietos, sus amigos, compartir un té por la tarde o simplemente sentarse a conversar.

Por eso decidimos no utilizar toda la capacidad que tiene el edificio. Queremos preservar justamente esa experiencia y mantener un servicio diferenciado y de calidad.

¿A quiénes está dirigido el proyecto?
No pensamos solamente en Merlo. El objetivo es llegar a toda la provincia de San Luis y también a personas de otras partes del país. Ya recibimos consultas de lugares tan distantes como Santa Cruz, Chubut, Misiones y Buenos Aires.

Merlo tiene además una ventaja muy importante por su entorno, su tranquilidad y su accesibilidad. Desde Buenos Aires, por ejemplo, el vuelo hasta el aeropuerto cercano dura aproximadamente una hora y cuarto. Para una familia que vive en otra provincia, eso permite mantener una relación cercana con la persona que reside acá. Y para quienes son de San Luis y otras ciudades de la provincia, se puede llegar rápidamente por autopista.

¿Qué requisitos y adaptaciones tiene el edificio?
Mi CasaBlanca cumple con todas las normas y requerimientos que exigen las autoridades sanitarias para este tipo de establecimientos y cuenta con la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud de la Provincia de San Luis.

El edificio fue adaptado para recibir a personas con distintos niveles de autonomía: desde quienes son completamente autoválidos hasta quienes necesitan asistencia o presentan dependencia moderada. Los espacios comunes están preparados para que puedan desplazarse con facilidad, pero procurando mantener el confort y las características originales del histórico hotel.

Esto es clave, porque además de garantizar que el establecimiento cumple con todas las condiciones requeridas, la habilitación con la que cuenta Mi CasaBlanca permite gestionar reintegros de obras sociales y empresas de medicina prepaga. Esto es algo que muchas otras residencias no tienen y claramente hace una gran diferencia a la hora de optar por un servicio distinto, de mayor jerarquía, como el de Mi CasaBlanca.

Además, para los primeros 15 ingresos tenemos una tarifa promocional mientras las familias realizan los trámites necesarios para el reintegro de su obra social o prepaga.

¿Cómo pueden hacer las familias interesadas para conocer el lugar?
Estamos en Avenida del Sol 50, Villa de Merlo, San Luis, y quienes quieran comunicarse pueden hacerlo al 266-4777621, también disponible vía WhatsApp. Por mail, puede escribir a info@micasablancavm.com.ar o conocernos a través de nuestras redes sociales.

Sabemos que estas decisiones son muy importantes para cada familia. Por eso uno de nuestros representantes estará en San Luis para conocer cada situación, explicar cómo funciona Mi CasaBlanca, responder dudas y, si la familia está interesada, coordinar una visita a la residencia en Merlo para que puedan conocer personalmente las instalaciones y el entorno.

La intención es que cada familia pueda conocer la propuesta de primera mano y descubrir que Mi CasaBlanca no busca ser simplemente un lugar donde vivir, sino un espacio donde los adultos mayores puedan sentirse en casa, mantener sus vínculos, desarrollar actividades y continuar disfrutando de una vida activa y acompañada.


Un joven de 23 años murió tras chocar en motocicleta contra un automóvil en la ruta nacional 79


Este domingo 30 de agosto por la mañana, alrededor de las 7:30, se produjo un accidente de tránsito fatal en el cruce de la ruta nacional 79 y calle Teodoro Llanos, en la localidad de Quines.

En ese sitio por razones que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Tornado 250 que era conducida por un joven de 23 años de edad (con domicilio en Quines) y un automóvil Peugeot 208 que era conducido por un hombre de 39 años, quien iba en compañía de tres mujeres de 32, 34 y 41 años de edad (todos con domicilio en Quines).

De acuerdo a las averiguaciones policiales, el auto circulaba por la ruta nacional 79, mientras que la motocicleta circulaba por calle Teodoro Llanos.

A raíz del impacto, el conductor de la moto perdió la vida en el lugar, lo que fue constatado por personal médico que acudió a ese sitio.

Por otro lado, cabe señalar que se le realizó el alcotest al conductor del automóvil, y el mismo arrojó resultado negativo de 0,00 g/l de alcohol en sangre.

En el lugar del siniestro vial trabajaron efectivos de distintas dependencias de la Policía de la Provincia, quienes realizaron las tareas correspondientes con respecto a las circunstancias del hecho.

Le robaron sus equipos de trabajo al fotógrafo Adrián Marcoletta: “Estamos en manos de los delincuentes”


El reconocido fotógrafo de eventos Adrián Marcoletta sufrió el robo de una importante cantidad de equipos profesionales de su estudio, ubicado en calle Las Heras 1231, en la ciudad de San Luis. El hecho ocurrió el viernes 28 de agosto, cuando ni él ni su familia se encontraban en el lugar. El autor quedó registrado parcialmente por una cámara de seguridad instalada en el patio y el damnificado difundió imágenes y un detallado listado de los elementos sustraídos para solicitar colaboración a la comunidad.

“Es necesario que nuestra gente que estima mi trabajo, que me conoce, que conoce a Camila, sepa de un hecho de inseguridad que hemos sufrido. Aquí, en nuestro domicilio, donde tenemos el estudio, ingresó un ladrón y se llevó nuestros equipos de trabajo”, relató Marcoletta en un video publicado en sus redes sociales. El fotógrafo describió la “impotencia” y la “desazón” provocadas por el robo, especialmente porque los elementos sustraídos constituyen las herramientas con las que desarrolla su actividad profesional.

Según explicó, una cámara ubicada en el patio alcanzó a registrar el ingreso del autor, aunque este advirtió su presencia y la torció. A partir de la imagen obtenida, uno de sus vecinos realizó un trabajo para mejorarla y tratar de obtener una vista más clara de la persona. “Gracias a la solidaridad de los vecinos, uno de ellos pudo mejorar en minutos el aspecto que la cámara tomó del ladrón y aportarnos la imagen que ustedes van a ver”, contó.

Marcoletta cuestionó con dureza la situación de seguridad en la provincia y reclamó una respuesta de las autoridades. “El modo en el que estamos viviendo revela una enorme inseguridad. Para los que trabajamos, estamos vulnerables, estamos expuestos al delito. Los que trabajamos, estamos en manos de los delincuentes”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que su prioridad es recuperar las herramientas sustraídas y pidió que se utilicen los registros de las cámaras de seguridad existentes en la zona para identificar al autor. “No quiero ningún llamado, no quiero nada más que mis elementos de trabajo con los que me gano honradamente la vida”, expresó. Más adelante reiteró: “No preciso ningún llamado de las máximas autoridades, preciso mis elementos de trabajo de inmediato”.

Cámaras, lentes, micrófonos y equipos de iluminación
El volumen del robo puede dimensionarse a partir del inventario que el propio fotógrafo difundió. Entre los elementos sustraídos se encuentran tres cámaras Sony, modelos A7S III, A7 IV y A7 III, junto con sus baterías y memorias. También fueron robados un lente Sony 24-70 GM II F2.8 con filtro polarizador, un Viltrox 55 mm F1.8 y un Tamron 28-75 mm F2.8 Di III con filtro.

La lista incluye además un soporte estabilizador Fotga JLwin para cámara Sony, un monitor Feelworld, un micrófono inalámbrico Hollyland Lark M2, un micrófono exterior Rode, un grabador externo, baterías recargables Bevigor AA, un cargador Godox VC-18 VB18 y dos disparadores Godox Xpro-S TTL Flash Trigger.

Los ladrones también se llevaron tres luces LED de video a batería —dos pequeñas RGB y una estándar— y un sistema de iluminación MagMod con mascarillas y geles. Parte del equipamiento estaba guardado en una mochila Sony y el resto en una mochila rígida Case Logic.

Ante la cantidad y las características específicas de los equipos, Marcoletta pidió especialmente estar atentos a posibles intentos de comercializarlos. “Por favor, si alguien sabe de equipos a la venta, no duden en avisarme. Seguramente vamos a tener una respuesta más rápida. La solidaridad de los vecinos es muy importante”, manifestó.

El robo también le genera un problema inmediato para cumplir con los compromisos laborales que ya tenía asumidos, por lo que anticipó que probablemente necesitará la colaboración de otros profesionales. “Seguramente vamos a necesitar la solidaridad de los colegas porque tenemos trabajos para los cuales hay que brindar nuestro esfuerzo y nuestro profesionalismo”, explicó.

Marcoletta difundió los teléfonos 266 4617028 y 266 4585598 para quienes puedan aportar información sobre los equipos o tengan conocimiento de que alguno de ellos está siendo ofrecido para la venta.

Préstamos personales: la importancia de comparar el Costo Financiero Total antes de sacar un crédito

El Banco Central publicó este jueves una serie de recomendaciones para quienes estén por solicitar un préstamo personal y remarcó la importancia de comparar las distintas alternativas disponibles antes de asumir una deuda. Entre los principales aspectos a tener en cuenta mencionó la tasa de interés, el Costo Financiero Total (CFT), el plazo, la cantidad de cuotas, las comisiones y las condiciones establecidas en el contrato.

Uno de los puntos centrales de la guía es el Costo Financiero Total (CFT), un indicador que permite conocer cuánto se terminará pagando realmente por un préstamo. El BCRA explicó que el CFT contempla no solamente los intereses, sino también comisiones, seguros y otros cargos asociados al financiamiento.

Por eso, a la hora de comparar préstamos, no alcanza con mirar cuál ofrece el menor porcentaje de tasa de interés. Una alternativa puede mostrar una tasa más baja, pero tener comisiones, seguros u otros costos que hagan que el monto final a devolver sea mayor. En ese sentido, el CFT permite realizar una comparación más completa entre las distintas opciones.

El organismo recomendó analizar también el plazo y la cantidad de cuotas, ya que estos factores determinan cómo se distribuirá el pago del préstamo y cuánto tiempo se mantendrá la obligación financiera.

Qué diferencia hay entre la tasa y el CFT

La tasa de interés es uno de los componentes del costo de un préstamo. Puede ser fija, cuando no cambia durante todo el plazo, o variable, cuando puede subir o bajar de acuerdo con la referencia establecida en el contrato.

El CFT, en cambio, incorpora otros costos además de los intereses. Por eso, para quien necesita saber cuánto le costará realmente el crédito, el CFT es un dato más completo que la tasa de interés por sí sola.

La recomendación adquiere especial importancia cuando se comparan préstamos ofrecidos por distintas entidades. Antes de elegir, conviene observar el CFT de cada alternativa junto con el plazo y las condiciones de pago, en lugar de tomar la decisión únicamente a partir del porcentaje de la tasa.

Leer el contrato antes de firmar

El BCRA también aconsejó leer detenidamente el contrato antes de aceptar un préstamo, ya que la firma implica asumir las obligaciones y derechos establecidos en sus cláusulas.

Entre otros aspectos, recomendó verificar que el documento detalle las condiciones del préstamo, las tasas y comisiones, las formas de pago y las consecuencias ante una demora en el pago de las cuotas.

Además, aconsejó conservar una copia del contrato una vez firmado.

El organismo también señaló que existen cargos que no pueden ser cobrados, entre ellos determinadas comisiones vinculadas con la cancelación anticipada de un crédito.

Qué hacer si rechazan una solicitud

El BCRA indicó que un préstamo puede ser rechazado por distintos motivos, entre ellos que la entidad considere insuficientes los ingresos del solicitante, que exista falta o inconsistencia en la documentación presentada o que la persona registre una determinada situación en la Central de Deudores del sistema financiero.

Para conocer la situación crediticia, se puede consultar la Central de Deudores del BCRA ingresando el CUIT o CUIL. Allí es posible verificar si existen deudas, con qué entidades fueron registradas, cuál es el monto y qué situación crediticia fue asignada.

Si la información publicada fuera incorrecta, el BCRA indicó que el reclamo debe realizarse ante la entidad que informó la deuda para solicitar su actualización. ¿Qué puedo hacer si mi información en la Central de Deudores no está actualizada?”.  

Causa Molino Fénix: ingresó a la Cámara de Diputados el pedido judicial de desafuero de Joaquín Beltrán

Foto: Prensa Poder Judicial.

En la tarde de este jueves ingresó a la Cámara de Diputados el pedido de la Justicia para el desafuero del legislador del bloque Frente Unidad Justicialista, Joaquín Beltrán, uno de los imputados en la causa del Molino Fénix. Beltrán está acusado como presunto jefe de una asociación ilícita junto a la exdiputada Anabela Lucero, quien permanece en prisión preventiva desde este lunes por 60 días.

Según confirmaron fuentes legislativas a La Gaceta Digital, el pedido de desafuero que ingresó a la Legislatura sería voluminoso y los diputados tendrían acceso al expediente el próximo lunes. La solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 3 ingresaría al sumario en la sesión del próximo miércoles y sería girada a la comisión correspondiente. Por lo tanto, el desafuero no sería tratado en la sesión del miércoles 2 de septiembre. De hecho, el principal tema a tratar en la próxima sesión sería el proyecto para declarar la necesidad de la reforma de la Constitución Provincial que tiene media sanción del Senado

Una vez que la comisión emita despacho sobre el pedido de desafuero, será tratado en sesión. Deberá ser aprobado por los “dos tercios de los diputados presentes”, según establece el artículo 108 de la Constitución de la Provincia. Una vez aprobado el desafuero, la Fiscalía podrá avanzar con el pedido de prisión preventiva para Beltrán y el juez de Garantía N° 4, Santiago Ortiz, deberá resolver si la impone o no.

Según la teoría del caso expuesta por el fiscal de Instrucción N° 3, José Olguín, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2020 y 2023 y habrían provocado un perjuicio estimado en $900 millones a la Administración Pública.

La Fiscalía sostuvo que los imputados habrían aprovechado las funciones que cumplían en el Molino Fénix para disponer de fondos públicos en beneficio propio o de terceros mediante distintos mecanismos irregulares, entre ellos, la utilización de facturas falsas.

Uno de los mecanismos señalados fueron las contrataciones directas con empresas radicadas en otra provincia que no eran proveedoras del Estado provincial. También se investigan contrataciones de empresas cuyos bienes o servicios no estaban vinculados con la actividad del Molino Fénix. Según lo expuesto en la audiencia, de los 116 cheques relevados durante la investigación, solamente cuatro estaban en orden.

En relación con la asociación ilícita, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que habría existido un acuerdo entre los imputados entre 2020 y 2023, con división de funciones. También señaló que se habrían utilizado servicios y vehículos para la campaña electoral de Anabela Lucero y que habría funcionado una red de pagos. Entre los hechos investigados se encuentra el presunto vaciamiento de la Casa de la Música del Molino Fénix, ocurrido el 9 de diciembre de 2023.

Otro de los delitos atribuidos es el ocultamiento y la destrucción de evidencia. De acuerdo con la acusación fiscal, a mediados de 2023, ante el próximo cambio de gestión, los imputados habrían sustraído y destruido elementos que podían vincularlos con los hechos investigados.

Entre las situaciones mencionadas se encuentra la presunta destrucción de registros contables en un horno de barro y el borrado de evidencia digital de teléfonos celulares que, según la Fiscalía, habría sido realizado por Beltrán y Anabela Lucero.

La Municipalidad avanza con el plan de recategorización de sus trabajadores


El intendente Gastón Hissa destacó la política de reconocimiento de la carrera administrativa y entregó los decretos personales a trabajadores municipales que accedieron a una nueva categoría. El proceso ya alcanzó al 95% de los empleados que se encontraban en condiciones de ser recategorizados.

La Municipalidad de San Luis continúa con el plan de recategorización de sus trabajadores, una política de recursos humanos que busca ordenar y transparentar la carrera administrativa, reconocer la trayectoria laboral y garantizar que cada empleado municipal acceda a la categoría que le corresponde de acuerdo con la normativa vigente.

Durante el acto de entrega de los decretos personales, el intendente Gastón Hissa puso en valor el trabajo de quienes integran la familia municipal y señaló que la inversión en recursos humanos constituye una parte fundamental del crecimiento de la ciudad.

“Cuando uno habla de capitalizar nuestro Municipio, siempre hablamos de comprar camiones, de comprar colectivos, pero también es muy importante invertir en el recurso humano, que son ustedes. Los camiones pueden funcionar porque ustedes trabajan, los servicios se pueden prestar porque están atrás ustedes y el vecino se puede ir bien atendido porque ustedes lo atienden bien”, expresó Hissa.

El jefe comunal recordó que el año pasado, durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, anunció la decisión de retomar la carrera administrativa y avanzar con el cumplimiento de la ordenanza vigente. En ese sentido, cuestionó las situaciones de desigualdad que se habían producido entre trabajadores con distinta antigüedad y categorías.

“Al que le toca, le toca. Al que está hace mucho tiempo en la función pública como servidor público y le corresponde la categoría, no importa si vota a uno, vota a otro, le gusta o no le gusta. Le corresponde”, sostuvo.

El proceso permitió hasta el momento recategorizar a 1.212 trabajadores de un universo de más de 1.300 que se encontraban en condiciones de acceder al beneficio, lo que representa aproximadamente el 95% del total. La tanda correspondiente al acto alcanzó a unos 70 empleados, varios de los cuales recibieron por segunda vez una recategorización.

La medida también contempla a trabajadores de planta contratada. El Municipio cuenta con alrededor de 2.300 trabajadores, además de unos 300 empleados contratados, y la recategorización no quedó limitada exclusivamente a quienes integran la planta permanente.

El reconocimiento de la trayectoria puede representar el ascenso de varias categorías cuando así corresponda. En algunos casos, los trabajadores accedieron a dos, tres, cuatro o hasta cinco categorías, de acuerdo con su antigüedad y las condiciones establecidas por la ordenanza. Esto también tiene impacto sobre el salario básico, los adicionales y los aportes previsionales.

“Hay muchos compañeros que estaban cerca de los cinco años de jubilarse, tenían los 20 años de servicio en el Municipio y ya tienen la categoría 24. Porque la ordenanza establece que, con 20 años de servicio y cinco años o menos para jubilarse, corresponde esa categoría”, explicó el intendente.

Hissa remarcó además que el programa tendrá continuidad. “Esto llegó para quedarse. No es que lo hicimos en un año electoral. Lo empezamos el año pasado, lo seguimos este año, lo vamos a seguir el año que viene y vamos a tratar de hacer varias recategorizaciones más hasta dejar a nuestros trabajadores en la categoría que realmente les corresponde”, manifestó.

El intendente también agradeció especialmente el trabajo de las áreas de Recursos Humanos, Liquidaciones y la Secretaría de Hacienda, que llevaron adelante el proceso administrativo para concretar las recategorizaciones.

La política forma parte de una mirada integral sobre los recursos humanos municipales, que incluye mejoras salariales sostenibles, provisión de indumentaria, condiciones laborales y reconocimiento de la trayectoria de cada trabajador.

“Yo soy un intendente que me considero un trabajador más como ustedes y realmente quiero que ustedes estén mejor. Así como trabajo todos los días para mejorar la calidad de vida de los vecinos, también quiero que ustedes estén mejor. Eso siempre está en nuestra agenda”, afirmó Hissa.

Finalmente, el intendente destacó el rol que cumplen los trabajadores municipales como representantes de la ciudad ante los vecinos, tanto en las dependencias municipales como en los Centros de Atención al Vecino, Rentas, SerBa, La Muni Más Cerca y cada uno de los espacios donde se brinda atención y servicios.

“Ustedes son la vidriera del Municipio, son los representantes de la Municipalidad”, señaló Hissa, antes de agradecer el compromiso y la responsabilidad de los trabajadores y ratificar la continuidad del plan de recategorizaciones.

Fuente: Prensa Municipalidad de San Luis

Lanzan una nueva edición de Activá tu Huerta, con kits de semillas y capacitaciones en toda la provincia


El Gobierno de San Luis, a través del ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable, pondrá en marcha la quinta edición del programa Activá tu Huerta, una iniciativa que busca acompañar a familias y pequeños productores en el desarrollo de huertas durante la temporada primavera-verano. En paralelo, comenzará por primera vez un programa de capacitaciones y entrega de frutales que se extenderá por distintos puntos de la provincia.

La presentación estuvo a cargo de la subdirectora de Producción Frutihortícola, Gissella Ibarra, y el director de la Estación Experimental del INTA, Hugo Bernasconi, quienes explicaron los alcances de ambas propuestas y el cronograma inicial de actividades.

Ibarra detalló que las iniciativas son impulsadas por el Gobierno provincial junto con el INTA y cuentan con la participación de los municipios para facilitar su llegada a los distintos puntos de la provincia.

Respecto a las capacitaciones, explicó que constituyen el requisito para acceder tanto al kit de semillas de primavera-verano como a los frutales. No es necesario realizar una inscripción previa, ya que los interesados deben concurrir directamente a los lugares y horarios establecidos. Al inicio de cada encuentro se realizará la inscripción y, una vez completada la capacitación, se concretará la entrega de los kits y los frutales correspondientes.

El calendario será difundido todos los lunes a través de Agencia de Noticias San Luis y de las redes sociales del ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable, tanto Facebook como Instagram.

La primera semana de actividades tendrá encuentros el martes 1° de septiembre y el jueves 3, tanto en Villa Mercedes como en San Luis. En Villa Mercedes las capacitaciones se realizarán en la ex fábrica Lanín, mientras que en San Luis tendrán lugar en la ex Colonia Hogar. El martes comenzarán a las 10:00 y el jueves, a las 15:00.

Bernasconi, por su parte, explicó que el INTA tendrá a su cargo principalmente el asesoramiento técnico y las capacitaciones, especialmente en lo referido al armado y manejo de huertas familiares, aunque “también en esta edición vamos a sumar algunas capacitaciones referidas al tema de frutales”.

El kit de semillas estará compuesto por nueve especies correspondientes a la temporada primavera-verano y estará destinado principalmente a la producción de huertas familiares. Entre las especies se encuentran lechuga, acelga, cebolla de verdeo, tomate perita, zapallo redondo, berenjena, pimiento, albahaca y caléndula.

El director de la Estación Experimental del INTA aclaró además que los productores que busquen desarrollar una producción de mayor escala deberán vincularse con el ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable para acceder al asesoramiento y a los recursos correspondientes.

Primera edición del programa de frutales
Como novedad, esta edición incorporará por primera vez capacitaciones y entrega de frutales. Ibarra explicó que la propuesta surgió a partir de la participación del gobernador Claudio Poggi en la segunda Mesa Frutihortícola realizada en San Francisco del Monte de Oro y busca acompañar tanto a familias como a pequeños productores.

En el caso de las familias, los frutales podrán incorporarse para autoconsumo. Para los pequeños productores, en cambio, la iniciativa apunta a que puedan sumar progresivamente distintas especies y avanzar hacia producciones con agregado de valor.

Las consultas pueden realizarse ante la Dirección de Producción Familiar a través del interno 3228 o mediante el correo produccionfamiliar.mdp.sl@gmail.com

Crearán un cuerpo de peritos médicos para agilizar las causas por accidentes y enfermedades laborales


El Gobierno de San Luis, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) firmaron este viernes un convenio para crear un área de peritos médicos especializada en accidentes laborales y enfermedades profesionales. El acuerdo contempla financiamiento de hasta $150 millones por parte del organismo nacional durante el primer año, capacitaciones para los profesionales y un sistema de intercambio de información que busca reducir los tiempos de las causas que llegan a la Justicia.

El convenio fue firmado en Casa de Gobierno por el gobernador Claudio Poggi; el presidente del STJ, Jorge Levingston; y el gerente general de la SRT, Fernando Gabriel Pérez. La medida forma parte de la implementación en San Luis del sistema previsto por las leyes nacionales Nº27.348 y Nº27.802 y se suma a las comisiones médicas que ya funcionan en las tres circunscripciones judiciales de la provincia.

Uno de los principales puntos será la creación, dentro del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial, de un Área Especializada en Riesgos de Trabajo, integrada por médicos que tendrán a su cargo las pericias relacionadas con demandas por accidentes y enfermedades laborales. Para determinar los porcentajes de incapacidad deberán utilizar los baremos establecidos por la normativa nacional, con el objetivo de unificar los criterios técnicos empleados en las evaluaciones.

Durante el primer año, la SRT aportará financiamiento, reconocerá determinados gastos y podrá ceder bienes para el funcionamiento del área. El esquema contempla el pago de pericias que superen un piso de 160 evaluaciones mensuales, con una meta de hasta 2.000 anuales y un límite de $150 millones o 2.000 pericias. A partir de septiembre de 2027, el financiamiento quedará a cargo de la Provincia.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, con renovación automática, y también prevé la conformación de un Comité de Control y Seguimiento integrado por representantes de la Provincia y del STJ. Además, integrantes del Poder Judicial tendrán acceso a la plataforma de la SRT para consultar información relacionada con las causas.

Acceso directo a información de la SRT
El ministro del STJ Eduardo Allende explicó que este último punto permitirá evitar algunos trámites que actualmente demoran los expedientes. “Hoy en un juicio muchas veces los jueces o los abogados, cuando quieren información, hay que librar un oficio con un pedido de informe formal”, señaló.

Con el nuevo sistema, indicó, “el juez, por vía informática y en el momento, accederá a la información que requiera para resolver un caso”. La SRT también brindará capacitaciones para los peritos médicos laborales, que se complementarán con las actividades de formación organizadas por el propio Poder Judicial.

Allende sostuvo que el convenio “puede acelerar mucho los procesos laborales”, tanto por el acceso a los archivos del organismo nacional como por la especialización de los profesionales encargados de realizar las pericias.

Aseguran que nueve de cada diez casos se resuelven en las comisiones médicas
Durante la presentación, tanto funcionarios provinciales como integrantes del STJ destacaron los resultados obtenidos desde la puesta en funcionamiento de las comisiones médicas. Según los datos expuestos durante la conferencia, alrededor del 90% de los casos sometidos a esa instancia fueron resueltos allí mediante un acuerdo, sin avanzar posteriormente hacia un proceso judicial.

“Tenemos el informe de que el 90% de los casos que se sometieron a las comisiones fueron cerrados en ese ámbito, donde se llegó a un acuerdo indemnizatorio”, afirmó Allende. Según el integrante del STJ, esto permite que quienes sufrieron una enfermedad profesional o un accidente laboral puedan resolver el reclamo “en muy poco tiempo” y “sin llegar a la Justicia”.

El ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, citó cifras similares y sostuvo que más del 90% de los acuerdos alcanzados por enfermedades profesionales y accidentes laborales son homologados en las comisiones médicas. “Esto nos potencia como provincia porque nos pone por encima de la media nacional y, por supuesto, descomprime la Justicia”, aseguró.

El Gobierno apunta a reducir la litigiosidad laboral
La implementación del sistema también fue vinculada por el Ejecutivo con los reclamos que el sector industrial viene realizando respecto de la cantidad de litigios laborales y los costos asociados a los accidentes de trabajo.

“Desde un primer momento, el Gobernador está a la par de las industrias y uno de los reclamos más persistentes desde ese sector era la litigiosidad que había en San Luis y los números de siniestralidad”, expresó Amondarain. Para el funcionario, “si tenemos menos siniestralidad y menos litigiosidad en la provincia de San Luis, los costos de las aseguradoras de riesgo de trabajo bajan enormemente”.

El ministro también destacó la intervención de los distintos poderes provinciales en la implementación del esquema. “Hoy se materializa que, en esta temática, en San Luis los tres poderes del Estado están pateando para el mismo arco”, afirmó, en referencia a la adhesión aprobada anteriormente por la Legislatura, las acciones desarrolladas por el Ejecutivo y la incorporación ahora del Poder Judicial.

Por su parte, el gerente general de la SRT, Fernando Pérez, señaló que el convenio da continuidad al acuerdo marco firmado en noviembre y planteó que uno de los objetivos es “combatir la litigiosidad del sistema, que hoy es bastante alta”. El funcionario nacional consideró que, a partir del trabajo conjunto, San Luis puede convertirse en “una de las provincias que sean destacadas como modelo a seguir en lo que es el sistema de riesgos de trabajo en la Argentina”.

El Gobierno y la Municipalidad de Villa Mercedes realizarán 100 casas bajo la modalidad de “autoconstrucción asistida”


La política habitacional ejecutada por el Gobierno de San Luis sumará en Villa Mercedes una nueva modalidad de acceso a la vivienda, tal como es la Autoconstrucción Asistida. En una primera etapa, la iniciativa alcanzará a 100 familias de la ciudad que hayan sido sorteadas, cumplan con los requisitos y hayan declarado contar con un terreno donde construir. Para conocer en detalle estas viviendas, hacé click acá. 

En un acto realizado en la sede central de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), el gobernador Claudio Poggi destacó que la iniciativa busca ampliar las alternativas para las familias que no tienen vivienda propia y explicó que esta modalidad contempla tanto la entrega de materiales como la mano de obra para concretar la construcción. En ese sentido, el Gobernador fue categórico y aseguró: “Soy un fanático de la vivienda, de facilitar el acceso a la vivienda a quienes no pueden”.

Poggi también recordó que el programa Tenemos Futuro fue puesto en marcha a partir de una inscripción provincial y que actualmente las viviendas ya se construyen en distintos puntos de San Luis. En ese sentido, reiteró que el objetivo es “hacer todas las viviendas hasta agotar la cantidad de inscriptos que cumplan los requisitos”.

La modalidad de autoconstrucción asistida está destinada las familias que cuentan con terreno propio, entre otros requisitos como no poseer vivienda y tener 10 años de residencia en la provincia. El Estado provincial aporta el 100% de los materiales, mientras que junto con el Municipio articularán para garantizar la mano de obra.

Poggi remarcó que la modalidad contempla situaciones familiares en las que los beneficiarios pueden tener dificultades para realizar por sus propios medios la construcción y valoró esta propuesta “porque a lo mejor es una mamá sola, con dos chicos, con tres chicos y trabaja todo el día, o los padres trabajan todo el día y les queda muy poco margen para hacerse su casa en un tiempo lo más rápido posible”.

El convenio fue firmado por el secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres, y el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, en representación del Gobierno provincial, junto con intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera.

A partir de este acuerdo, la Provincia y el Municipio aportarán los recursos necesarios para que las familias beneficiarias puedan avanzar con la construcción y mudarse en el menor tiempo posible. “Es un cupo de 100 viviendas en una primera etapa y va a haber muchas más”, anticipó Poggi.

Para concluir, el Mandatario volvió a remarcar que “la vivienda ha vuelto a San Luis y ha vuelto para quedarse”.

Fuente: ANSL

El Colegio de Jueces declaró nula la prórroga de las medidas de coerción a los exfuncionarios de Rodríguez Saá

El Colegio de Jueces en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial declaró la nulidad de la resolución mediante la cual la jueza de Garantías Luciana Banó había prorrogado por 30 días las medidas de coerción que pesaban sobre los exfuncionarios Luciano Anastasi, Claudio Latini, Ernesto Alí (diputado nacional), Jeremías Vivas y Mario Canali.

Las medidas que quedaron sin efecto eran la prohibición de salir de la provincia, la obligación de firmar periódicamente el libro de imputados y la inhibición general de bienes. El tribunal ordenó el cese inmediato de esas restricciones al considerar que el plazo legal de vigencia de las medidas originales había vencido.

La decisión fue adoptada por mayoría por el Tribunal N° 3 del Colegio de Jueces, que hizo lugar a los recursos de apelación presentados por los defensores Cristóbal Ibáñez, en representación de Latini, y Alejandro Cordido, por Jeremías Vivas. El tribunal consideró que la jueza había actuado de oficio al introducir el tratamiento de las medidas de coerción en una audiencia que había sido convocada para discutir los pedidos de sobreseimiento y un planteo de incompetencia.

La resolución ordenó el cese inmediato de las medidas de coerción personal y patrimonial, al considerar que el plazo legal de vigencia de las medidas originales ya había vencido. Entre las restricciones que quedaron sin efecto se encontraban la prohibición de salir de la provincia, la obligación de firmar el libro de imputados y la inhibición general de bienes.

El planteo de las defensas había apuntado principalmente a la forma en que se produjo la prórroga. Según sostuvieron los abogados, la audiencia del 29 de julio había sido convocada exclusivamente para tratar los pedidos de sobreseimiento de los imputados y el planteo de incompetencia, por lo que la discusión sobre la continuidad de las cautelares fue incorporada de manera sorpresiva.

En particular, la defensa de Latini sostuvo que fue la propia jueza Banó quien, durante la audiencia, advirtió que las medidas estaban próximas a vencer y consultó a la Fiscalía si iba a solicitar su renovación. Para los defensores, de esa manera la magistrada habría suplido la falta de un pedido previo del Ministerio Público Fiscal y habría alterado el objeto de la audiencia.

La defensa de Vivas adhirió a esos argumentos y señaló además que, pocos días antes, el juez subrogante Juan Montiveros Chada había prorrogado las medidas solamente hasta el 29 de julio, precisamente la fecha fijada para analizar los pedidos de sobreseimiento. Según el planteo, no se habían producido nuevos hechos que justificaran extender las restricciones durante otros 30 días.

La Fiscalía, en cambio, había pedido que los recursos fueran rechazados. La fiscal de Instrucción N° 6, Linda Yanina Maluf Martínez, sostuvo que la jueza no había dispuesto las medidas de manera unilateral, sino que había consultado a las partes sobre su vencimiento y que, a partir de esa intervención, el Ministerio Público Fiscal había solicitado expresamente la prórroga por 30 días. También argumentó que el avance de la causa hacia la etapa intermedia incrementaba el peligro procesal y justificaba mantener las restricciones.

Sin embargo, el Colegio de Jueces consideró que la intervención de la magistrada había excedido su función dentro del sistema acusatorio. La jueza Laura B. Molino, cuyo voto fue acompañado por los magistrados Jorge Sabaini Zapata y Yanina Del Viso, sostuvo que el juez de garantías debe mantener una posición de tercero imparcial y que el artículo 6 del Código Procesal Penal le impide suplir las omisiones o inacciones de los órganos encargados de la acusación.

Para el tribunal, en este caso no existía un pedido escrito previo de la Fiscalía para prorrogar las medidas. Por el contrario, de los registros de la audiencia surgía que fue Banó quien consultó al Ministerio Público Fiscal si solicitaría la prórroga debido al vencimiento de las cautelares.

“En este contexto, la intervención de la Jueza de Garantías requiriendo a la Fiscalía un pronunciamiento sobre las medidas de coerción próximas a vencer constituye una grave desnaturalización de su rol”, sostuvo la jueza Molino en su voto. El tribunal entendió que esa intervención implicó que la magistrada supliera la carga procesal de la acusación y que el posterior pedido fiscal fue consecuencia de esa intervención.

Por ese motivo, el Colegio de Jueces concluyó que la actuación de la magistrada vulneró el principio acusatorio y la garantía de imparcialidad judicial, y declaró la nulidad absoluta de la resolución que había extendido las medidas. La decisión dispone que los cinco imputados queden sin esas restricciones mientras continúa la investigación.

La Fiscalía volvió a pedir medidas

Tras conocerse la resolución del Colegio de Jueces, la Fiscalía de Instrucción N° 6 presentó este jueves un escrito ante el Juzgado de Garantías N° 4 en el que solicitó que la audiencia que ya estaba fijada para tratar la prórroga de las medidas fuera reconvertida en una audiencia multipropósito.

La fiscal Linda Maluf explicó que, como el tribunal había dispuesto el cese inmediato de las medidas anteriores por haber vencido su plazo legal, ya no correspondía discutir técnicamente su prórroga. Por eso solicitó que se analizara nuevamente la procedencia, necesidad, proporcionalidad y duración de nuevas medidas de coerción.

La presentación fue realizada con habilitación de día y hora y buscó que la audiencia pudiera continuar con el debate sobre las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, con intervención de las defensas y pleno ejercicio del contradictorio.

De acuerdo con el escrito presentado por la defensa, la Fiscalía realizó el pedido poco después de que se conociera la decisión del Colegio de Jueces. Las defensas cuestionaron que se modificara el objeto de la audiencia que ya había sido convocada y plantearon que las nuevas medidas no podían ser introducidas de esa manera.

La causa investiga desde 2023 presuntas maniobras vinculadas con convenios celebrados durante la gestión de exfuncionarios de Alberto Rodríguez Saá para la realización de obras en dependencias policiales y de bomberos. Anastasi y Latini fueron imputados por presunto fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que Alí, Vivas y Canali fueron acusados en relación con los mismos hechos bajo otra modalidad de participación.