Diputados: el poggismo logró aprobar la prórroga de la emergencia económica

Foto: Prensa Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de prórroga parcial de la emergencia económica que contempla una duración de dos años prorrogable por igual período. La iniciativa incluye la creación de la reserva salarial social destinada al pago de dos salarios mensuales de: los empleados públicos de los tres poderes del Estado, beneficiarios del Plan de Inclusión y subvenciones a los establecimientos escolares privados, generativos y autogestionados.

La presidente del bloque oficialista, Eugenia Gallardo, fue la encargada de brindar en la sesión los argumentos y detalles del proyecto poggista. “Para diferenciar conceptualmente las causas que dieron origen a la emergencia presentada en el 2023 respecto de la actual. Creemos que en la emergencia del 2023, la Provincia tenía un problema radicado en el descontrol de gastos, en la cantidad de gastos y que en el 2025 esta emergencia está asociada directamente a la caída en la recaudación, a la caída en los recursos”, dijo.

Repitió el argumento del Ejecutivo al decir que los niveles de la coparticipación, que integra el 75,6% de los recursos, están por “debajo de los niveles que la provincia recibió en la última década, incluso por debajo del año 2020, año de pandemia, en donde también se había declarado una emergencia”.

Gallardo afirmó que el objetivo de esta prórroga de la emergencia económica es “proteger a los empleados de la administración pública y a los beneficiarios de los planes sociales garantizando la continuidad de sus ingresos en un período de alta volatilidad y merma de los recursos nacionales”.

Los principales puntos del proyecto son:
– La emergencia se prorroga por dos años, prorrogables parcial o totalmente por otros dos años.
– Reserva salarial social: tendrá una monto equivalente al pago de dos meses de salarios de: empleados públicos de los tres podes del Estado, beneficiarios del Plan de Inclusión y subvenciones a los establecimientos escolares privados, generativos y autogestionados. El monto de la reserva deberá ser actualizado, según la evolución de la nómina salarial y reintegrado cada vez que sea utilizado.
– Se prohíben contrataciones que superen la planta de personal al 30 de noviembre de 2023.
– Prohibición de reemplazar personal cuando se produzcan vacantes cuando las mismas no puedan ser cubiertas con reasignaciones o reasignaciones de personal.
– Prohibición de la incorporación de nuevos beneficiarios del Plan de Inclusión Social.

Las críticas de la oposición

“No podemos dejar de reconocer que este gobernador es el mejor alumno que tiene el Presidente Milei, el mejor alumno, sin dudas. Es de los pocos gobernadores y el único gobernador que cumple a rajatabla todas las indicaciones del Gobierno Nacional. Gobernar con decretos de necesidad de urgencia y en estado de emergencia permanente. No lo vamos a felicitar”, empezó diciendo en la sesión la peronista Silvia Sosa Araujo.

La ex ministra fue la primera opositora en cuestionar y criticar el proyecto de emergencia. Lo hizo desde el punto de vista legislativo y también desde lo económico. Señaló que el proyecto aprobado hoy nació de un decreto que fue ratificado y prorrogado por un año mediante el decreto 10443. “Esta prórroga es a partir del 18 de diciembre del año pasado hasta un año, o sea que vence el 18 de diciembre de este año. ¿Por qué tanta urgencia de tratar ya una ley de emergencia sin realmente juntarnos con todas las partes que debemos juntarnos para ver si corresponde o no, que por supuesto en este bloque decimos que no, porque el resultado está en la cuenta de inversión que vimos la semana pasada”.

La cuenta de inversión 2024 mostró un superávit de $190.000 millones. En la sesión en la que se aprobó la cuenta de inversión se reveló que había $93.500 millones al finalizar la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Por lo tanto, no era necesario realizar el pago desdoblado de salarios.

“El oficialismo pretende convertir la excepción en regla, gobernando con superpoderes que anulan el rol de esta Legislatura. Llevan más de un año y medio con estas facultades extraordinarias y los problemas que usaron como excusa no solo persisten, sino que, según sus propios informes, se agravan. Nos piden un cheque en blanco basado en el fracaso de su propia gestión de emergencia. No es una herramienta de gestión, es una confesión de incapacidad y un intento de concentrar el poder de forma antidemocrática. Rechazamos esta prórroga porque defendemos la institucionalidad, la transparencia y las soluciones reales, no los parches autoritarios”, criticó la diputada.

El presidente del bloque Unidad Justicialista, Federico Berardo, fue otro que atacó la prórroga de la emergencia económica y apuntó directamente contra la oficialista Gallardo. “Fíjese que curioso, omitió o no quiso mencionar esto que continúa la contratación directa a gusto y placer. No hacen referencia para qué quieren prorrogar esa parte de la ley. Yo me pregunto, ¿para qué es? Fíjese que aquí no me piden interrupciones, para qué es que se construyan viviendas con contrataciones directas. Además, para plantear una emergencia y una ley y un artículo de estas características que te permita por lo menos ser un poquito más transparente para dar este cheque en blanco”, disparó Berardo.

El proyecto de prórroga parcial de la emergencia económica se aprobó por 24 votos del oficialismo y bloques aliados contra 15 de la oposición. La iniciativa pasa al Senado para que sea sancionado.

Hissa presentó nuevos vehículos y destacó la inversión de $3.000 millones en el parque automotor 0 km

Este miércoles al mediodía, el intendente Gastón Hissa encabezó un acto en el Polideportivo Municipal para presentar formalmente nuevos vehículos incorporados por la Municipalidad de San Luis. En la ocasión se mostraron dos camiones compactadores 0km que ya comenzaron a prestar servicios, dos camiones adquiridos meses atrás equipados con cajas reutilizadas, además de tres camionetas: dos destinadas a Defensa Civil y una al área de Tránsito. Durante el acto, el jefe comunal destacó que se han invertido $3.000 millones en vehículos 0 km en un año y medio de gestión.

“Hoy pusimos ya en funcionamiento dos camiones cero kilómetro con cajas compactadoras y sumamos los dos camiones que ya habíamos presentado, pero ahora con las cajas compactadoras también”, explicó Hissa a la prensa.

El jefe comunal remarcó el crecimiento del sistema de recolección desde el inicio de su gestión: “Empezamos con tres camiones y medio y hoy en la calle ya el municipio tiene 20 camiones, muchos que fueron rectificados, cuatro que son cero kilómetro y también otros camiones que hemos adquirido, no solamente para recolección de residuos: un camión desobstructor, cuatro motocargas, aspiradoras de hojas”.

Durante el acto, el intendente también anunció próximas adquisiciones: “Estamos capitalizando el municipio. Ya incluso se abren las ofertas en estos días para la adquisición de dos retroexcavadoras, una hidrogrúa y cinco colectivos, que el municipio va a adquirir y ceder a la empresa Transpuntano”.

De los cinco colectivos, uno es de los adaptados para personas con discapacidad.

Según detalló, la inversión total en nuevas unidades para el parque automotor municipal asciende a $3.000 millones en apenas un año y medio: “Nosotros pudimos arrancar después de la catástrofe que enfrentamos los primeros meses de gestión. Una vez que ordenamos las cuentas, que las transparentamos, y que logramos administrar los recursos públicos con compromiso, en un año y un poco más hemos invertido $3.000 millones de pesos solamente en parque automotor 0 km”.

Finalmente, Hissa subrayó la decisión de jerarquizar la Dirección de Defensa Civil, que recibirá tanto las dos camionetas ya entregadas como una de las retroexcavadoras próximas a adquirirse. “Estamos viendo en el país los fenómenos climatológicos y hay que estar preparados. Es por eso que dos camionetas 0 km ya fueron destinadas al área de Defensa Civil. Una de las retroexcavadoras también tendrá como destino prioritario a Defensa Civil; la otra será para SerBa. Además, se sumará equipamiento como motosierras y todos los elementos necesarios para estar preparados ante cualquier contingencia como la que tuvimos en el mes de enero de este año”.

Tras la finalización del acto estaba pautado el inicio de una capacitación para los choferes sobre el uso responsable de los vehículos de la Municipalidad.

Abdala se distancia de Villarruel tras las críticas de Milei: “Con Victoria tenemos una relación institucional”

El senador nacional por San Luis y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, evitó respaldar a la vicepresidenta Victoria Villarruel luego de que el presidente Javier Milei la calificara de “bruta traidora” y la acusara, durante su discurso en la Rural, de usar viáticos del Congreso para viajes de paseo o rosca. Abdala, que siempre se mostró muy cercano a Villarruel, lo cual fue clave para convertirse en presidente provisional, limitó su vínculo actual con ella a lo “institucional”.

“Con Victoria tenemos una relación institucional. Hay que respetarla y mantener, digamos, este vínculo”, respondió el legislador puntano al ser consultado por su relación con la vicepresidenta, en una entrevista concedida el pasado sábado a medios porteños.

Consultado directamente sobre el insulto que Milei le dedicó a Villarruel, Abdala reaccionó con sorpresa: “Yo en realidad acompaño la fórmula presidencial, es una decisión de ellos. Me gustaría realmente, como hombre de La Libertad Avanza, que el país salga adelante y que, bueno, entre todos podamos en algún momento, de verdad, estar unidos”.

El distanciamiento resulta llamativo teniendo en cuenta la cercanía que el propio Abdala había exhibido con Villarruel en el pasado. En mayo de 2024, durante una visita de la vicepresidenta a San Luis, el senador publicó en su cuenta de Instagram una foto del encuentro junto al mensaje: “Gracias @victoria.villarruel por compartir una cena tan linda con familia y amigos en nuestra querida provincia de San Luis”.

Ahora, al ser consultado sobre la posibilidad de una reconciliación entre Milei y Villarruel, el presidente provisional del Senado respondió: “Desde lo institucional sería bueno y saludable que esto suceda”. Y agregó: “Ellos se conocen más de lo que yo los conozco personalmente a ellos para poder expedirme claramente al respecto”.

En contraste con la cautela frente a Villarruel, Abdala se mostró abiertamente alineado con el presidente y su hermana. “Los voy a acompañar siempre. Javier sabe que comparto plenamente su idea desde mi formación profesional en la ciencia económica. Lo banco a Javier a rajatabla”, expresó, y cerró con una arenga: “¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva Javier! ¡Adelante, Argentina!”.

Copa Argentina: 600 efectivos serán destinado al cruce entre Independiente Rivadavia y Central Córdoba (R)

San Luis será escenario de un nuevo cruce por la Copa Argentina. Este miércoles, desde las 15:30, Independiente Rivadavia de Mendoza y Central Córdoba de Rosario se enfrentarán en el Estadio Juan Gilberto Funes de la ciudad de La Punta, en uno de los partidos correspondientes a los octavos de final del torneo nacional.

Para garantizar la seguridad del evento, el gobierno provincial anunció un operativo que incluirá a 600 agentes policiales. Los controles comenzarán desde las primeras horas de la mañana, con especial atención en los puestos limítrofes por donde ingresarán las hinchadas de ambos clubes.

En cuanto al ingreso al estadio, la cabecera norte popular será destinada a los simpatizantes de Independiente Rivadavia, mientras que la parcialidad de Central Córdoba ocupará la cabecera sur. La apertura del estadio está prevista para las 13:30, y se recomienda asistir con anticipación, ya que se realizarán requisas en los accesos.

Las entradas se venderán únicamente de manera presencial, el mismo miércoles, entre las 10:00 y las 13:00, en el edificio de Turismo ubicado en avenida Illia y Junín, en la ciudad de San Luis.

El ingreso para los hinchas de Independiente Rivadavia será por ruta nacional 146 y luego por boulevard Las Cañadas, mientras que los simpatizantes de Central Córdoba deberán acceder por la Autopista 25 de Mayo y también por boulevard Las Cañadas.

Finalmente, la Policía de San Luis recordó que no se permitirá el ingreso con encendedores, cinturones, desodorantes, botellas, termos, equipos de mate ni objetos contundentes o punzocortantes.

Un bebé en grave estado tras ser atropellado por una camioneta que su madre intentaba arrancar

Un grave accidente ocurrió este martes 29 de julio por la noche en el barrio Kilómetro 4 de la ciudad de Villa Mercedes. Alrededor de las 21:30, personal de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 2 fue alertado por el Centro de Operaciones Policiales sobre un hecho en calle Domínguez al 1600.

Según informó la Policía, un hombre de 52 años contó que unas vecinas le habían pedido ayuda para empujar y arrancar una camioneta Toyota Hilux. Una de las mujeres, de 20 años y madre del menor, subió al vehículo para conducirlo, mientras que del lado del acompañante también subió su hijo, un bebé de 1 año y 7 meses.

De acuerdo a la Policía, la camioneta pasó por un montículo de tierra durante la maniobra, lo que provocó que la puerta del acompañante se abriera. El niño cayó al suelo y fue aplastado por la rueda trasera del vehículo.

El menor fue trasladado de urgencia al sector de pediatría del Policlínico Regional Juan Domingo Perón por un vecino, acompañado por su madre y su abuela. El parte policial indicó que el niño se encuentra en grave estado.

La Fiscalía de Instrucción N° 2 de la Segunda Circunscripción Judicial interviene en el caso y se investigan las circunstancias exactas del accidente.

Crimen de Paulo “Nino” Videla: condena de prisión perpetua para los acusados

Un Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial condenó este martes a Camila Soledad González y Carlos Franco Miranda a la pena de prisión perpetua por considerarlos coautores del delito de homicidio criminis causa de Paulo Daniel Videla, ocurrido el 28 de mayo de 2024.

El veredicto fue dictado de manera unánime por el tribunal integrado por María Eugenia Zabala Chacur (presidente), Hugo Guillermo Saa Petrino y Gustavo Ariel Parrillis (vocales), tras una extensa jornada en la que se escucharon los últimos testimonios, se cerró la etapa probatoria y las partes presentaron sus alegatos finales.

El alegato de la fiscalía

Durante su alegato, la fiscal de juicio Virginia Palacios sostuvo que la hipótesis acusatoria quedó plenamente demostrada a lo largo del debate. Detalló uno por uno los elementos probatorios, entre ellos, el vínculo previo entre Camila González y la víctima, que habría facilitado el acceso al domicilio de Videla, así como el robo de su teléfono celular, cuya venta permitió reconstruir el recorrido del aparato y vincular a los acusados con el hecho.

La fiscal también destacó el testimonio de un taxista, quien afirmó haber trasladado a González y Miranda desde la casa de la víctima hasta una vivienda del barrio Pucará, donde vendieron objetos robados, entre ellos el teléfono.

A partir de esta evidencia, Palacios sostuvo que se configuró la figura de homicidio criminis causa, un delito que contempla una única sanción: prisión perpetua.

La querella también pidió perpetua

La abogada Stefania Poma de Otaegui, representante de la familia Videla, adhirió al pedido del Ministerio Público Fiscal. En su intervención, expresó: “Soy una joven abogada que recién inicia su camino en materia penal. Creo firmemente en la justicia y transmito el pedido de justicia de toda la familia de la víctima”.

Las defensas pidieron la absolución

Los defensores José Luis Guiñazú (por González) y Federico Putelli (por Miranda) solicitaron la absolución de sus asistidos. Argumentaron que no se alcanzó el grado de certeza requerido para una condena, y pusieron en duda tanto la autoría como la calificación de criminis causa.

Guiñazú cuestionó la falta de pruebas científicas: “Estamos en el año 2025 y no se cotejó una sola muestra de ADN ni otro rastro genético”. Señaló además que gran parte de la acusación se basa en presunciones y conclusiones.

Putelli, por su parte, resaltó que no hay testigos que ubiquen a su defendido en el lugar del crimen. También señaló que el taxista que los habría trasladado no pudo identificar a Miranda en la rueda de reconocimiento.

En su alegato, Guiñazú describió a González como una persona que vive desde hace años en un “estado de vulnerabilidad estructural” a causa de su adicción a las drogas, y pidió que el tribunal lo tenga en cuenta al momento de dictar sentencia.

Además, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, citando jurisprudencia nacional e internacional que reconoce el “derecho a la esperanza”. Este concepto, reconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema, tribunales provinciales y organismos internacionales, establece que toda persona condenada debe tener una expectativa real de recuperar su libertad en algún momento, siempre que haya demostrado un proceso genuino de rehabilitación, en consonancia con la garantía constitucional que establece que una pena privativa de la libertad no debe tener un fin meramente punitivo, sino estar orientada a la rehabilitación y reinserción social.

Fuente: Prensa Poder Judicial

ATSA denunció que el Gobierno incumple el convenio colectivo de trabajo y no actualiza el básico desde marzo de 2024

En una conferencia de prensa brindada este martes, la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) denunció que el Gobierno de San Luis mantiene una deuda con los trabajadores del sector público al no aplicar correctamente la escala salarial establecida por el convenio colectivo de trabajo, incorporado por ley provincial. Además, acusaron al director del hospital Pediátrico de tener actitudes persecutorias hacia el personal y adelantaron que podrían tomar medidas de fuerza.

El secretario general del gremio, Gerónimo Ortiz, aseguró que la situación actual es de una “decadencia en el tema de la salud pública a lo largo y ancho de la provincia”. Señaló que esa decadencia afecta especialmente a los trabajadores estatales y mencionó atrasos salariales desde marzo de 2024. Asimismo, mencionó que miembros de la comisión directiva mantuvieron una reunión con la ministra de Salud, Mónica Nigra, para pedir que “que cese en su actitud persecutoria y hasta denigrante por parte del director del hospital San Luis, el médico Rodolfo Toloza”.

Por su parte, el prosecretario gremial, Ulises Monardez, explicó que, con el cambio de gobierno, el gremio viene reclamando actualizaciones salariales en función del convenio nacional y detalló que la actualización de los básicos comenzó a frenarse en marzo de 2024. “Logramos que este gobierno nos llevara el básico a (lo que el convenio estableció para) marzo de 2024, pero después quedó anclado ahí. Al día de la fecha tenemos ese básico”, explicó, al tiempo que mencionó reuniones con numerosos funcionarios de distintas áreas que no dieron solución.

Monardez aseguró que, mientras la escala salarial del convenio colectivo nacional tuvo un aumento acumulado del 94,6% entre 2024 y 2025, el Gobierno provincial solo alcanzó el 86%, sumando inclusive el “pobre aumento del 6% que nos va a otorgar ahora en julio”. Además, agregó que en ese mismo período “hemos tenido una inflación del 130%” y que “la pérdida del poder adquisitivo real que hemos tenido los trabajadores de la salud es del 54%”.

Consultado por el funcionamiento del sistema salarial, Monardez aclaró los afiliados de ATSA se rigen “por los aumentos de la provincia, que se complementan los porcentajes con los aumentos que da el convenio colectivo”. “Si el aumento de la provincia es del 10% y el convenio nacional del 12, tenemos una diferencia del 2% y se van complementando. No es que recibimos el 10 más el 12”, explicó.

A modo de ejemplo de este desfasaje, dijo: “Una mucama, por tomar como ejemplo, a julio de 2025 tendría que tener un básico de $850.000 y el básico que está teniendo es de $490.000. Estamos muy atrasados porque, como ustedes saben, todo esto influye en los adicionales, que se calculan en base al básico. Entonces, ya hace un año y meses que venimos atrasados con los adicionales”

El dirigente también explicó que los adicionales calculados sobre el básico están desactualizados desde hace más de un año. En cuanto al desfasaje general, indicó que ronda el 13%, “pero sin contar la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido con respecto a la inflación, que también hay que contarla para llegar a la pérdida real del salario que hemos tenido”.

Sobre la posible adhesión de ATSA a la medida de fuerza convocada por la Mesa Intersindical para este jueves 31 de julio, Monardez respondió que “cada sindicato tiene su manera de implementar el reclamo” y que si bien “nos parece muy válido lo que ellos hacen, cada uno con sus métodos”. En ese sentido, no descartó participar de la marcha prevista para el 31 de julio, aunque aclaró que la decisión aún está en evaluación.

También se le preguntó a la dirigencia sindical por las últimas reuniones mantenidas con el Ejecutivo. Ortiz explicó que el gremio presentó una convocatoria formal ante Relaciones Laborales para que el Ministerio de Hacienda fijara su posición, pero que no obtuvieron respuesta. “El ministerio hizo caso omiso a lo que la ley le demanda”, afirmó. Frente a esa situación, ATSA resolvió cerrar la instancia administrativa y avanzar por la vía judicial.

Por último, Ortiz confirmó que el gremio evalúa tomar medidas de fuerza si no hay una respuesta por parte del Ejecutivo provincial. “Estamos evaluando seriamente a partir de ahora y en adelante desembocar en una medida de acción directa, en tanto y en cuanto el gobierno no dé respuesta al reclamo que por ley nos corresponde”, declaró. En caso de concretarse, esa medida será un paro de actividades en todos los hospitales y centros de salud de la provincia. Aunque aún no tiene fecha definida, Ortiz señaló que no están lejos de adoptarla y que antes consultarán con los trabajadores del interior provincial.

El Senado terminó de aprobar las cuentas de inversión 2024 y se prepara para tratar la emergencia habitacional

Este martes, el Senado provincial terminó de aprobar las cuentas de inversión 2024, correspondientes al primer año de la gestión de Claudio Poggi, en una sesión marcada por un oficialismo repitió los mismos puntos que en la Cámara de Diputados y una oposición desganada, que simplemente se limitó a pedir que Secretaría Legislativa lea el despacho de una página y media que habían elaborado sobre el tema.

Este despacho fue por mayoría, ya que en la comisión de Presupuesto y Hacienda la oposición tiene mayoría, lo que significa que lo que hoy se aprobó fue el de minoría. Entre los puntos principales del despacho de la oposición, se destacan discrepancias entre los comentarios de la Contaduría General y la documentación respaldatoria, una subejecución de partidas sensibles a pesar del supuesto superávit, y contradicciones con el informe del Tribunal de Cuentas, que indicó un saldo positivo al 31 de diciembre de 2023, mientras que el Ejecutivo había informado un déficit. Además, se cuestionó la falta de justificación del desdoblamiento en el pago de haberes cuando los recursos disponibles parecían suficientes.

Otros aspectos observados fueron la drástica caída del poder adquisitivo de los salarios provinciales, la falta de acciones legales por parte del Ejecutivo ante la retención de fondos nacionales, y la omisión de información clave como la existencia de títulos públicos, la clasificación del gasto por objeto y los balances de entes descentralizados. También se señaló el incumplimiento de metas presupuestarias exigidas por la Ley de Contabilidad y la escasa ejecución de políticas públicas, lo que contrastaría con el saldo positivo declarado.

Por el lado del oficialismo, Sergio Guardia y Martín Olivero expusieron sobre el tema. “Se aprobó la cuenta de inversión en donde hubo, después de muchísimos años, un superávit fiscal de 189.000 millones de pesos. Así que, por supuesto, entendiendo que la situación de la provincia, en un contexto nacional muy complejo, sigue siendo difícil, pero es un primer paso tener superávit. Es decir, no gastar más de lo que te ingresa. Esto es lo que es el superávit y el déficit. No gastar más de lo que te ingresa y administrar como un buen padre de familia, administrar los recursos de una casa”, dijo Olivero, en declaraciones a este medio tras la sesión.

Por su parte, Guardia destacó profundizó en el complejo escenario nacional, con “una caída estrepitosa del consumo, pérdida del poder adquisitivo, paralización de la obra pública nacional y retracción de las transferencias a las provincias”. También destacó que el Gobierno Nacional suspendió el incentivo docente, subsidios al transporte y fondos para conectividad, de los cuales “la provincia se hizo cargo”. “San Luis no fue la excepción, pero San Luis fue sin duda la diferencia, porque mientras muchas provincias recurrieron al endeudamiento, aquí se actuó con prudencia, creatividad y compromiso social”, subrayó el senador oficialista, quien luego defendió la postura oficialista con respecto a las cuentas de inversión 2023, señalando que la situación era “crítica”.

Como ya informó este medio, las posturas del oficialismo y de la oposición sobre las cuentas de inversión 2023 son radicalmente diferentes. El albertismo habla de un superávit 93.000 millones, mientras que para el poggismo hubo un déficit de 93.000 millones. La realidad es que Rodríguez Saá dejó $5.510 millones de libre disponibilidad, luego de liquidarse el fondo anticrisis y los bonos de deuda.

De este modo, con el oficialismo repitiendo el mismo discurso de hace un año y medio y una oposición totalmente desganada, se le dio aprobación definitiva a las cuentas de inversión 2024.

Después, fue el turno de darle media sanción al proyecto para derogar la Ley de Desfederalización parcial de la Competencia Penal en materia de Estupefacientes. Esta iniciativa, más conocida como “Ley de Narcomenudeo”, establecía que los casos “menores” de droga sean juzgados en la Justicia local en vez de la Federal, algo que, finalmente, nunca se cumplió.

Esta Ley fue suspendida por un año el 30 de julio de 2024. Como se aproximaba el vencimiento de la suspensión, el Gobernador decidió directamente avanzar en la derogación, “teniendo en cuenta los notables avances y la eficacia lograda en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de San Luis, resultado del trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales con asiento en la jurisdicción”, según informaron desde el Gobierno.

El tratamiento de este tema tampoco tuvo ningún tipo de debate, con el oficialismo repitiendo los mismos puntos que el año pasado cuando se trató la suspensión, tanto en Senadores como en Diputados. Lo más destacable fueron las palabras de Adolfo Castro Luna, quien en 2022 acompañó la ley que hoy derogó. “Creímos en ese momento que había una buena fe de implementar esta medida, con el compromiso de los funcionarios del momento de trabajar en coordinación con las fuerzas federales para evitar conflicto. Sin embargo, después notamos que esa medida fue generando básicamente conflictos como por ejemplo la sobresaturación del ya sobresaturado sistema judicial”, dijo Castro Luna.

Tras menos de 10 minutos de debate, este proyecto obtuvo media sanción por unanimidad.

Por otro lado, Olivero pidió una preferencia para tratar el martes que viene el proyecto que busca declarar la emergencia habitacional, para, entre otras medidas, destinar el 50% de los fondos de la obra pública a la construcción de viviendas. Este tipo de proyecto que convierte una política en ley es algo que Claudio Poggi aprendió directamente de Alberto Rodríguez Saá y que continúa aplicando.

Como ya explicó este medio, convertir una política o programa de Gobierno en ley no cambia absolutamente nada; y la historia reciente de San Luis así lo ha demostrado, con Alberto Rodríguez Saá abandonando completamente políticas de Poggi convertidas en ley y viceversa. Nada le impide a Poggi destinar, durante lo que le quede como gobernador, el 50% de los fondos de la obra pública a viviendas, pero él quiere que esto sea ley y seguramente así será, ya que el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras.

No hubo impugnaciones a que Víctor Endeiza, primo del vicegobernador y funcionario de Poggi, integre el Superior Tribunal

El senador Martín Olivero confirmó a este medio que el próximo martes 5 de agosto, a las 10.30 horas, tendrán lugar las audiencias públicas en las que el Senado entrevistará y luego prestará acuerdo, o no, a las nominaciones de Víctor Endeiza como ministro del Superior Tribunal de Justicia (tras la renuncia de Cecilia Chada) y de Eduardo Cadelago Filippi como procurador General de la Provincia, en reemplazo de Luis Martínez.

A su vez, ayer finalizó el plazo de presentación de adhesiones e impugnaciones. Al respecto, Olivero comentó que se presentaron adhesiones a ambas candidaturas, tanto de abogados como magistrados, agentes del Poder Judicial y distintas asociaciones; pero ninguna impugnación. Esto último es más que peculiar, ya que Víctor Endeiza, que actualmente se desempeña como fiscal de Estado, es primo del actual vicegobernador y ha sido funcionario de Claudio Poggi por más de 5 años, sumando ambas gestiones.

Algunas voces del ámbito judicial también han señalado que Endeiza no tiene una carrera jurídica particularmente destacable, pero eso también es algo que puede decirse de la mayoría de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Lo llamativo es que su claro vínculo con el poder político, algo que fue sumamente criticado por el poggismo cuando Alberto Rodríguez Saá postuló a Eduardo Mones Ruiz para el STJ, no haya sido objeto de ninguna impugnación.

En particular, muchos recuerdan la impugnación de Ricardo Bazla, actual secretario de Ética Pública, y la de distintos legisladores que hoy son oficialistas pero por aquel entonces eran opositores, quienes ponían el foco en la “independencia de poderes”. 

Antecedentes de Víctor Endeiza
“El doctor Endeiza es un profesional de derecho con casi 20 años en la Justicia, donde ocupó diferentes roles. Fue presidente del Colegio de Magistrados de Villa Mercedes, fue integrante del Consejo de la Magistratura, tiene una vasta experiencia en el tema judicial. Así que en los próximos días vamos a elevar, para consideración del Senado, la propuesta del Poder Ejecutivo”, dijo Poggi cuando propuso a Endeiza, destacando la “vasta experiencia judicial” del funcionario.

Víctor Endeiza fue secretario de la Sala Civil de la Cámara de Concarán (2003 a 2006), defensor de Cámara de Villa Mercedes (2006 a 2011), durante la primera gestión de Claudio Poggi al frente del Ejecutivo provincial fue secretario de Legal y Técnica (2011 a 2013) y secretario General (2013 a 2015), nuevamente defensor de Cámara de Villa Mercedes (2016 a 2023) y desde diciembre de ese año hasta la actualidad se desempeñó como Fiscal de Estado de la Provincia con una doble función: abogado de los tres poderes del Estado y a cargo del control de legalidad previo del acto administrativo.

Siendo defensor fue Presidente del Colegio de Magistrados de Villa Mercedes (entre 2009 y 2011), también elegido representante de los magistrados en el Consejo de la Magistratura en 2011 y 2017 (es el órgano que hace las ternas de jueces) y docente de Práctica Procesal Penal y Derecho Administrativo en la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis.

Antecedentes de Eduardo Cadelago Filippi
Cadelago Filippi tiene una larga trayectoria judicial. Comenzó como escribiente auxiliar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación (1999/2000) y luego de unos años en la actividad privada fue auxiliar de tercera en la Cámara de Apelaciones en lo Penal N°1 de San Luis (2004/2007).

Fue nombrado defensor de pobres encausados y ausentes en lo penal interino (2007/2009), volvió a su cargo de auxiliar de tercera en la Cámara de Apelaciones en lo Penal N°1 (2009/2010) y pasó a ser secretario del Juzgado Civil, Comercial, Minas y Laboral de Concarán (2010/2013).

Dejó ese cargo para pasar a secretario del Juzgado Penal, Correccional y Contravencional de la 3ª. Circunscripción (2013/2014) y luego fue nombrado juez de instrucción en lo penal N°1 en la 1ª. Circunscripción Judicial (2014/2018).

De allí pasó a ser juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional de la 2ª. Circunscripción Judicial (actualmente Colegio de Jueces de la 2ª Circunscripción Judicial), un cargo que desempeña en la actualidad. Entre 2019 y 2021 fue miembro del Consejo de la Magistratura de la Provincia de San Luis y es actual miembro del Jurado de Enjuiciamiento.

En cuanto a su actividad docente, fue profesor adjunto interino de la cátedra de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis, (2007/2010), Capacitador del Plan de Capacitación Autogestionada en el Juzgado Civil de Concarán (2010), capacitador en plataforma virtual en el Instituto de Investigación ‘Tomás Jofré’ (2011/2012) y profesor de Derecho Penal en carácter de docente asociado (2017/2023) y en carácter de docente adjunto (2023/2025) en la sede San Luis de la Universidad Católica de Cuyo.

A dos días de la marcha de la Mesa Intersindical, UTEP reiteró el pedido de paritarias a Poggi

La Unión de Trabajadores de la Educación Provincial de San Luis (UTEP) envió este martes una nota al gobernador Claudio Poggi y otra al ministro de Educación, Guillermo Araujo, en la que reiteran el pedido de convocatoria a la Paritaria Provincial Docente, en el marco de la crisis económica y educativa que, afirman, atraviesa el sistema educativo provincial. El reclamo fue reiterado a dos días de la movilización convocada por la Mesa Intersindical, prevista para este jueves a las 17:30 en la esquina del Correo, en la ciudad de San Luis.

En la misiva, firmada por la secretaria adjunta María Luján Coronza y el secretario general Carlos “Chino” Peralta, UTEP detalla los puntos que solicitan discutir en el marco de una mesa paritaria:

– Recomposición salarial ante la pérdida del poder adquisitivo de los últimos años.
– Conversión de cifras no remunerativas en remunerativas.
– Posibilidad de acceder al doble cargo docente en las escuelas públicas.
– Mejoras contractuales para docentes de escuelas autogestionadas, generativas y digitales.
– Infraestructura escolar.
– Renovación de las Juntas de Clasificación Docente.
– Aulas accesibles e inclusivas.

El sindicato también exige el cumplimiento de la Ley XV-0388-2004 de Negociación Colectiva para los Trabajadores Docentes, y señala que San Luis sigue siendo “la única provincia del país que no tiene una negociación con su Estado provincial”.

Desde la UTEP indicaron que esperan una respuesta favorable en el corto plazo, y reiteraron que la convocatoria a paritarias “es urgente” en el contexto social y económico actual.