El diputado Carlos “Charly” Pereira mantuvo una reunión con el licenciado Santiago Farenga, kinesiólogo y vicerrector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, para trabajar en una iniciativa legislativa que apunta a modificar de manera sustancial el ejercicio de la kinesiología en San Luis.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el ámbito de la Comisión de Legislación General, que preside el propio Pereira, se discutió un anteproyecto de ley que busca declarar a la kinesiología como “profesión de primer contacto”. Según explicó el legislador, eso implica “la posibilidad del abordaje directo con el paciente, y la posibilidad también de realizar prescripciones de orden médico en orden a las rehabilitaciones que establezca el profesional a cargo del paciente”.

La propuesta apunta a evitar derivaciones médicas innecesarias y estudios costosos, especialmente en el sistema público de salud. “Esto significaría evitar las derivaciones y todo un esquema de abordaje en primera instancia de profesionales clínicos, que son quienes hoy derivan los pacientes a los kinesiólogos, lo cual aumenta el costo de las prestaciones por parte del Estado y por el particular”, afirmó Pereira, quien destacó que “a veces se juzgan necesarios estudios que se podrían evitar con un primer abordaje temprano y directo por parte del profesional kinesiólogo, como por ejemplo estudios de diagnóstico por imágenes”.

Farenga, autor del anteproyecto, explicó que “esta medida permite que los pacientes puedan consultar directamente con un kinesiólogo sin la necesidad de una derivación médica previa, lo que promueve una atención más rápida, reduce las listas de espera y descomprime el sistema de salud”.

Además, la propuesta incluye la posibilidad de que los kinesiólogos prescriban actividad física terapéutica, especialmente en el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles. “El proyecto fortalece el rol del kinesiólogo en la atención primaria, promoviendo intervenciones basadas en el movimiento y la actividad física adaptada, con impacto comprobado en la calidad de vida, la funcionalidad y la prevención de la discapacidad”, concluyó Pereira.

Durante la entrevista con este medio, el legislador también hizo una aclaración política: “Debo destacar que parte de mi posición política es no avanzar en una ley de colegiación, y que esto tendría también la adhesión del grueso de los profesionales a los efectos de evitar la construcción de estructuras, de entidades de derecho público como son los colegios, que hoy están siendo objeto de cuestionamiento por la dinámica de manejo presupuestario”.

En ese sentido, remarcó que el poder de control y matriculación seguiría en manos del Ejecutivo a través del Ministerio de Salud. “Incluso en el Congreso ya hay proyectos que prevén que en distintas colegiaturas la misma sea adoptativa y no obligatoria”, señaló Pereira. Según el legislador, este criterio también es compartido por el licenciado Farenga y por el diputado del PJ, Marcelo Páez Logioia, quien ha presentado proyectos similares en la Legislatura.

Finalmente, Pereira indicó que la propuesta cuenta con respaldo institucional y político. “Estoy compartiendo este proyecto con mis pares y principalmente con la presidenta del bloque, Eugenia Gallardo, y con la presidenta de la Comisión de Salud, Verónica Causi”, adelantó. También aseguró que tanto la Asociación Nacional de Kinesiólogos como la Federación están dispuestas a visitar San Luis para participar del debate legislativo.

Tras un debate de una hora y media, el oficialismo municipal finalmente aprobó el proyecto de ordenanza que prohíbe “toda actividad en relación al servicio de lavado, estacionamiento y/o cuidado de rodados en la vía publica, comúnmente conocido como “cuidadores de vehículos” o “trapitos” que impliquen una retribución económica por el titular, poseedor, tenedor y/o guardián del automóvil”. Desde la oposición reconocieron que el bloque oficialista “mejoró” el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, pero aún así no lo quisieron acompañar, al punto de retirarse de la sesión. Al final de este artículo encontrarás el texto completo de la norma aprobada el día de hoy.

El tratamiento del proyecto comenzó con una larguísima discusión sobre qué despacho se debía votar, ya que había 3 por mayoría (2 de la comisión de Seguridad y 1 de Legislación). Esto se debe en parte a lo que ocurrió con el trabajo del oficialista Mario Silvestri y que este medio informó oportunamente.

El siempre verborrágico Alejandro Cordido estaba en medio de larguísima explicación sobre las implicancias legales de esta situación, cuando su compañero de bloque Andrés Russo lo interrumpió para hablar sobre el tema “lisa y llanamente” del tema.

“Lo que han hecho es un mamarracho. El intendente metió un expediente. Ustedes usan eso de mandarlo a dos comisiones, se embarullan ustedes mismos. El expediente pasa a una comisión, la de Seguridad, emite un despacho por mayoría ratificando lo que el intendente dijo, a ciegas. Se hace un despacho por minoría, de Paulina Calderón. Lo pasan a Legislación, porque ustedes le dieron dos pases. Ahí se decide agregarle información de un trabajo que hizo el concejal Silvestri, un trabajo enorme y extraordinario. Agrega todo eso y modifica. En ese momento, salió el intendente y los cagó a pedo. ‘Tiene que salir como yo digo’, ¿se acuerdan cuando dijo eso por los medios? Entonces vuelve el expediente, con los agregados que le hizo el colega Silvestri, a Seguridad. Seguridad sí recibió el mensaje de Hissa y entre medio hacen el mamarracho ese de la resolución de la presidencia, que dijo ‘ese despacho no es válido’. ¿Por qué? Porque los llamaron desde el ejecutivo para cagarlos a pedo. Ratifican, lo vuelven a Legislación, pero cuando ratifica por segunda vez la comisión de Seguridad, ratifican con una modificación, entre gallos y medianoche, porque dejaron afuera a una compañera. Sacaron un despacho cuando se fue. Esperaron que se fuera de la comisión para emitir un despacho. Son un papelón. Entre medio los vuelve a cagar a pedo el intendente, pero les manda la secretaria de Hacienda para retarlos mientras el intendente decía por los medios que ‘los concejales no trabajan por la gente’. Y lo mandan acá al recinto y no sabemos que tenemos que votar. Si el despacho de Silvestri, los 2 de Seguridad, el de la minoría. Nunca se vio esto”, dijo Russo.

Por el lado del oficialismo le respondió Diego Videla contó su versión del camino que hizo este proyecto, que ingresó por Seguridad, donde no se le hizo ninguna modificación y fue enviado a Legislación. De Legislación volvió con los aportes de Silvestri y Seguridad ratificó su despacho, sin generar ninguna modificación” y lo manda de nuevo a Legislación. Allí se consensuó, con la oposición, un despacho por mayoría que Videla consideró que es “superador”, por lo que pidió que se vote ese despacho y no el de Seguridad.

Esto es solo un simple resumen de todo lo que se dijo en relación al camino de este expediente y que generó varios minutos de caos en un determinado punto de la sesión, ya que la presidenta del Concejo, Laura Sánchez, no sabía si someter a votación o a tratamiento el despacho que propuso Silvestri.

Cuando finalmente comenzó el tratamiento del proyecto en sí, Silvestri señaló que se trata de una actividad que “no corresponde” y que “tenemos que proteger al ciudadano que es agredido, como al que está en un lugar incorrecto y que tenemos que saber decirle dónde tiene que estar y ayudarlo si es necesario”. “Esa fue la idea e intención en mi caso, habiendo palpado la realidad que ocurre en San Luis”, dijo el oficialista, quien hizo un gran estudio, con fotografías número y geolocalización, el cual determinó que al menos unas 100 familias viven de esta actividad.

Luego reiteró que la actividad es “ilegal”, pero señaló que estas personas están tratando de “subsistir”. “No pueden estar entre medio de los autos y muchas veces, algunas personas con mala intención tienen ese tipo de extorsión, amenaza, violencia física, inclusive con algunos problemas suscitados entre ellos mismos”, continuó, refiriéndose a las disputas por territorios. También remarcó que esta actividad “no está avalada por ninguna norma” y que para el vecino supone un pago doble, porque además del trapito debe pagar el estacionamiento. También señaló como muchos cobran por adelantado para “cuidar el auto”, pero cuando uno vuelve ya no están.

También por el lado del oficialismo habló Lizbeth Huatay, defendiendo que este proyecto surge “del reclamo constante de los comerciantes y de los vecinos en general”; y que esta “inquietud” llegó al Ministerio de Seguridad, el cual se la transmitió a los municipios para que dicten ordenanzas afines.

Por el lado de la oposición, Alejandro Cordido dio, como no podía ser de otra forma, la alocución más larga, analizando en detalle a este proyecto, al cual calificó de “punitivista y sesgado”, remarcando que solo fortalece la idea que gran parte de la sociedad tiene de que “esas personas por estar haciendo esa actividad son delincuentes”.

“Va a ser tan difícil aplicar esta ordenanza”, dijo Cordido, quien por otro lado celebró algunos cambios introducidos al proyecto original del municipio, el cual establecía, por ejemplo, que la autoridad de aplicación iba a ser la Municipalidad “junto al organismo que designe el Ministerio de Seguridad”. Con las modificaciones que se introdujeron, no va a poder intervenir la policía. “Tiene que intervenir un inspector bajo la órbita de la Justicia de Falta”, explicó.

También destacó como una mejoría que se hayan incluido artículos como el 6, que establece que, “en caso de que el infractor se encuentre en situación de vulnerabilidad social o económica, deberá darse inmediata intervención a la Secretaría de Vinculación y Cercanía con el Vecino, o el organismo que la sustituya”.

Por otro lado, sostuvo que el texto tiene sigue teniendo una serie de “contradicciones y problemas que no van a poder resolverse porque el juez de Faltas no va a poder inventar el derecho y si a esto se lo pretende poner en la justicia contravencional, menos se va a poder inventar el derecho”. “Ninguna de estas personas, cuando sea sancionada por el juez Ferrari, va a poder cumplir una pena, porque va a estar pendiente su derecho a recurrir la sentencia de Ferrari porque no se puso en funcionamiento la Cámara de la Justicia de Faltas”, continuó el opositor, refiriéndose a la Cámara de apelaciones que jamás fue creada.

Cordido también criticó la redacción del artículo primero, el cual dice: “Queda prohibida en la Ciudad de San Luis toda actividad relacionada al servicio de lavado, estacionamiento y/o cuidado de rodados en la vía pública, comúnmente conocida como ‘cuidadores de vehículos’ o ‘trapitos’, que implique una retribución económica por parte del titular, poseedor, tenedor y/o guardián del automóvil”. De acuerdo al opositor, esto “hace parte del delito al dueño del auto”, y significa que “cada vez que el juez de Faltas tenga una denuncia, lo va a tener que llamar al titular del vehículo y le va a preguntar ‘¿usted pagó?’”.

También planteó que “si la persona hace lo mismo y no dice que te va a cobrar, no hay ni siquiera tentativa de delito”, por lo cual no debería poder ser retenida, como dice el artículo 2, “hasta su identificación y comunicación a las autoridades mencionadas”. Al respecto, pidió vigilar que se cumpla que, justamente, la persona solo puede ser retenida hasta su identificación.

Para finalizar, dijo que el proyecto está tan mal hecho, aunque señalando que es mejor que la iniciativa netamente punitivista de Hissa, que celebra que “las personas que van a empezar a ser perseguidas por esto van a tener herramientas para defenderse y que las personas que creen que yo resuelvo un problema social corriendo a la persona que está en evidente situación de vulnerabilidad va a ser parte de la infracción y entonces se va a tener que hacer cargo”.

Luego tomó la palabra Agustina Gatto, señalando como el proyecto dice que dice que los trapitos cometen “innumerables delitos”, pero no ofrece prueba alguna al respecto. “No podemos sancionar una norma que no va a poder ser aplicada”, dijo la opositora, quien dijo que este proyecto “busca criminalizar la vulnerabilidad” y pidió generar “espacios para que puedan ser contenidos” quienes ejercen esta actividad. Tras finalizar sus palabras pidió permiso y se retiró de la sesión, juntos con sus dos compañeros de bloque que todavía estaban presentes y aún no se habían retirado.

El tratamiento del tema concluyó con una crítica de Huatay hacia el bloque opositor. “De la propia boca del concejal Cordido escuchamos que se han tomado sus sugerencias, se ha trabajado al respecto, pero no alcanza para que puedan acompañar”, dijo la oficialista.

Para finalizar, y antes de que el proyecto fuera aprobado por la unanimidad de los presentes, la presidenta dijo que va a “rever” la situación y ver si corresponde aplicar el artículo 83, el cual establece un descuento del 2% de la dieta a todos los concejales que se retiraron sin pedir permiso, que serían todos los opositores menos Gatto.

El articulado:

Artículo 1º
Queda prohibida en la Ciudad de San Luis toda actividad relacionada al servicio de lavado, estacionamiento y/o cuidado de rodados en la vía pública, comúnmente conocida como “cuidadores de vehículos” o “trapitos”, que implique una retribución económica por parte del titular, poseedor, tenedor y/o guardián del automóvil.

Entiéndese por cuidadores de vehículos o trapitos a toda persona que ofrece servicios de vigilancia, lavado y/o cuidado de vehículos en la vía pública a cambio de una retribución económica, como así también actividades similares relacionadas con las tareas mencionadas anteriormente.

Artículo 2º
En caso de detectarse violaciones a la presente ordenanza, tanto por el titular del rodado como por quien ofrece el servicio, se comunicará la situación a la justicia contravencional, al Juez de Faltas Municipal y a las personas intervinientes, quienes podrán ser retenidas hasta su identificación y comunicación a las autoridades mencionadas, las que dispondrán las medidas que legalmente correspondan.

Quien infrinja lo dispuesto en el artículo 1 será sancionado por la justicia de faltas municipal con la aplicación de una multa de doscientas (200) a quinientas (500) unidades monetarias municipales, sin perjuicio de las sanciones que pudiera determinar la justicia contravencional u ordinaria, si correspondiere. Si el participe fuera una persona menor de edad, la multa recaerá sobre sus padres o tutores.

Cuando el infractor sea reincidente, las sanciones se duplicarán y se aplicarán las normas previstas en el ordenamiento procesal vigente.

Artículo 3º
El Poder Ejecutivo Municipal dispondrá del número telefónico “147 – Sistema Único de Reclamos” para la recepción de denuncias anónimas sobre la presencia de cuidadores de vehículos denominados “trapitos”. Dichas denuncias deberán ser gestionadas de manera rápida y efectiva por la autoridad de aplicación y canalizadas mediante las áreas competentes, a los fines de que se ejerza el poder de policía municipal en el control del espacio público.

Artículo 4º
Ante la participación de menores de edad en estas actividades, se dará inmediata intervención a la Defensoría de Menores del Poder Judicial y a la Policía de la Provincia de San Luis, a fin de que se adopten las medidas necesarias para la protección y resguardo de los niños, niñas y adolescentes.

Artículo 5º
Autorízase al Poder Ejecutivo Municipal a celebrar convenios con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y de Menores, para disponer las medidas pertinentes y agilizar la presentación de denuncias vinculadas a estas actividades, garantizando la protección de la identidad de los denunciantes y la efectiva intervención judicial.

Artículo 6º
En caso de que el infractor se encuentre en situación de vulnerabilidad social o económica, deberá darse inmediata intervención a la Secretaría de Vinculación y Cercanía con el Vecino, o el organismo que la sustituya, facultando al Poder Ejecutivo Municipal a celebrar convenios de colaboración y/o cooperación con organismos del Estado provincial o nacional.

Artículo 7º
Ejecutase, a través de las áreas municipales competentes, un Programa de Capacitación para el cual se deberán suscribir convenios con universidades e institutos educativos públicos o privados, orientados a la formación en oficios y labores que puedan ser requeridos, acompañando a los infractores en procesos de finalización del nivel primario y secundario, así como en formación profesional.

Artículo 8º
Comuníquese, publíquese y oportunamente archívese.