El gobernador Claudio Poggi compartió este viernes junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, una actividad en el barrio República, donde se desarrolló un abordaje territorial entre el entre Provincia y Nación. Luego mantuvieron una reunión institucional en Terrazas del Portezuelo.
La visita de la Ministra de Capital Humano se enmarca en el desarrollo del programa Ver para ser Libres, que comprende la atención oftalmológica en colectivos que recorren todo el país. Los micros cuentan con aparatología que les permite realizar los anteojos de modo gratuito y en el acto.
La actividad comenzó a las 14:30 en el barrio República, oportunidad en la que el gobernador Poggi visitó el colectivo oftalmológico y recorrió junto a la ministra Pettovello los stands del Gobierno de San Luis que se habían dispuesto en el lugar para la consulta de vecinos sobre diversas políticas de Gobierno.
El operativo de abordaje estuvo a cargo del ministerio de Desarrollo Humano, quien coordinó la logística y permanencia de los colectivos a la provincia y la asistencia a las familias.
Desde el Ministerio de Gobierno, se emplazaron centros de atención de las direcciones de Personas Jurídicas, Derechos y Garantías Constitucionales, Registro Civil y Defensa del Consumidor, quienes brindaron asesoramiento y la posibilidad de realizar trámites referidos a las áreas en las que intervienen. Finalmente, el ministerio de Salud desarrolló una actividad a cargo del Servicio de Inmunizaciones.
Antes de trasladarse a Casa de Gobierno, las comitivas visitaron el Salón de Usos Múltiples (SUM) que se construye en el barrio, espacio que funcionará como punto de encuentro barrial, con áreas destinadas a la práctica deportiva y la formación en oficios. La obra es una arista del plan de urbanización que beneficiará directamente a 1.748 familias.
La actividad finalizó con una reunión en Casa de Gobierno. Allí, el Primer Mandatario recibió a la titular del ministerio de Capital Humano de la Nación e integrantes de su equipo de trabajo, en compañía del ministro de Desarrollo Humano de San Luis, Gustavo Bertolini.
Un hombre de 63 años oriundo de Villa Mercedes falleció este jueves por la noche tras protagonizar un accidente en un camino interno del campo La Morena, ubicado sobre la ruta provincial 17, en cercanías de San José del Morro.
El siniestro ocurrió alrededor de las 20 horas, cuando la víctima conducía una camioneta Toyota Hilux y, por razones que aún se investigan, perdió el control del vehículo y volcó. Según el informe policial, el hombre salió despedido del habitáculo.
Personal médico del sistema de salud provincial acudió al lugar y le brindó las primeras asistencias, pero posteriormente debió ser trasladado en ambulancia al hospital de La Toma, donde se constató su fallecimiento.
En el hecho intervino la fiscal de turno de la Segunda Circunscripción Judicial, Gisela Milstein, quien ordenó las actuaciones de rigor.
La Policía de la Provincia de San Luis, a través de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, incautó en Villa Mercedes más de 60 kilos de droga por un valor estimado cercano a los $648 millones como resultado de dos allanamientos. Quedaron detenidas seis personas.
Desde el Ministerio de Seguridad detallaron que se incautaron 122 envoltorios con un peso total de 61,700 kilogramos en cogollos de marihuana, cantidad suficiente para la elaboración de aproximadamente 185.100 dosis, valuadas en $647.850.000.
En el operativo fueron detenidas seis personas, quedando a disposición de la Justicia Federal. Además, se secuestraron balanzas de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.
Las actuaciones se llevan adelante con intervención de la Fiscalía Federal Descentralizada de Villa Mercedes, a cargo de Danilo Miocevic, y del Juzgado Federal de Villa Mercedes, a cargo de Juan Carlos Nacul.
Una caravana de cientos de motociclistas partirá el próximo domingo desde el centro de la ciudad de San Luis hacia el Valle de Pancanta, cerca de La Carolina, en el marco de la Juntada Motera 2025. El recorrido será de 73 kilómetros y, con la participación confirmada de 800 inscriptos de San Luis, Mendoza, San Juan, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, el encuentro se perfila como uno de los más grandes que se hayan realizado en la provincia. Habrá música en vivo, propuestas gastronómicas y el sorteo de 150 premios.
El evento es organizado para conmemorar el quinto aniversario de Ali Bikers, comercio especializado en accesorios e indumentaria para motociclistas. “El año pasado hicimos una movida, nada más que la convocatoria fue de 125 motos, y este año esperábamos unas 300 y ya a la semana habíamos superado ampliamente ese número. Hoy, con cupos totalmente agotados e inscripciones cerradas, tenemos alrededor de unas 800 motos”, dijo Federico Zabala, dueño de Ali Bikers, en declaraciones a La Gaceta Digital.
La actividad comenzará este domingo a las 10 de la mañana con la concentración frente a Ali Bikers, en Colón 733, entre Pringles y Junín. Allí se realizará la acreditación y se entregarán los números para los sorteos. Los premios fueron aportados por distintos sponsors.
Se prevé que la caravana inicie cerca del mediodía, con acompañamiento de la Policía provincial y asistencia mecánica durante todo el trayecto. “La caravana va a ir con una velocidad promedio de 50, 60 kilómetros por hora, es un paseo, no es una carrera. Como regla principal no se puede tirar cortes, lo hemos establecido como un eslogan de la rodada. Vamos a ser muy estrictos con eso porque es un evento familiar. Tenemos un caso de un abuelo, de un papá y de un hijo que cada uno viene en su moto”, destacó Zabala.
El recorrido culminará en Posada Casa Blanca, en el Valle de Pancanta, a 8 kilómetros de La Carolina. Allí se montará un escenario con bandas en vivo y habrá diversas opciones gastronómicas. “Lo hemos preparado como para una capacidad máxima de 1.000 personas. Ahí va a haber gastronomía a cargo del Bodegón de Oro. Todo lo que es sanguchería de cordero, de bondiola, choripanes gourmet, hamburguesas. Va a haber cosas dulces para el café, para el té”, contó el organizador.
El evento se extenderá hasta las 18 horas aproximadamente.
Zabala consideró que esta es una de las juntadas más grandes del ambiente motero que se hayan realizado en San Luis y adelantó que planea organizar otra para fines de noviembre o principios de diciembre, esta vez de dos jornadas. “Lo que estamos pensando justamente es hacerlo más de un día para que la gente que viene de afuera le cierre el viaje y que no sea algo solamente por unas horas”, anticipó.
Este lunes, en el Juzgado de Garantía Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de Juan Manuel Montivero Chada, el juez dio por ampliada la imputación en contra de Diego Martín Becerra, de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.
La Fiscal Adjunta de Instrucción Penal Nº 2, Ornella Costa, explicó que el pedido se formalizó en los términos del artículo 121 del Código Procesal Penal, debido a que una de las víctimas —un hombre de 77 años— falleció el pasado 17 de septiembre como consecuencia de la fractura de cráneo sufrida durante el robo. Según precisó, el hombre nunca pudo recuperarse de sus heridas y permaneció internado desde el día del hecho hasta la fecha de su deceso.
A partir de este desenlace y con la necropsia que certifica que la muerte fue causada por las lesiones causadas, la fiscal reformuló la acusación inicial y solicitó que Becerra sea imputado por los delitos de homicidio en ocasión de robo en perjuicio del hombre y robo calificado por ser en despoblado y en banda en perjuicio de la mujer.
El caso
Según la acusación, el 2 de febrero de 2025, al mediodía, el imputado junto a otras dos personas se presentó en el domicilio rural de una pareja de adultos mayores en la localidad de Los Manantiales, departamento Belgrano. Alegaron que su vehículo, un Renault 12 rojo, había sufrido un desperfecto y solicitaron agua, retirándose luego del lugar.
Alrededor de las 13 horas, mientras la pareja descansaba, los mismos sujetos habrían regresado con fines de robo. Ataron a la mujer de pies y manos, le colocaron una bolsa en la cabeza y la golpearon. Luego, atacaron al hombre con un objeto contundente, exigiéndole la entrega de dinero. La mujer, tras ser liberada por su esposo, pidió ayuda y se dio intervención a la policía y al servicio de emergencias.
Los agresores sustrajeron alrededor de 2,5 millones de pesos, documentación y otros elementos de valor.
Qué se dijo en la audiencia
La querella, representada por el abogado Augusto Aguilera Marturano, acompañó parcialmente la postura de la Fiscalía, pero solicitó que se amplíe la calificación legal. Requirió que el hecho sea considerado como homicidio calificado por alevosía en perjuicio del hombre y homicidio en grado de tentativa respecto de la mujer. Argumentó que, por la edad y la contextura física de la víctima fallecida, era imposible que pudiera defenderse frente a tres atacantes, y que la mujer fue dejada en condiciones que pusieron en riesgo su vida.
La defensa del imputado, ejercida por la Defensora Oficial en lo Penal Nº 2, Nadia Agúndez, manifestó que no formularía objeciones formales a las calificaciones planteadas, aunque aclaró que no las compartía ni las convalidaba en cuanto al hecho atribuido.
Resolución del juez
El juez explicó que esta instancia tiene similitudes con la formulación de cargos, ya que permite poner en conocimiento las modificaciones introducidas por la Fiscalía y las discrepancias planteadas por la querella.
Sostuvo que la calificación propuesta por el Ministerio Público Fiscal —homicidio en ocasión de robo en concurso con robo calificado— se adecúa provisoriamente a los hechos relatados en la investigación. Aclaró que no se descarta que, en etapas posteriores, puedan surgir elementos que habiliten otras calificaciones, incluso las planteadas por la querella.
Este jueves, en el Juzgado Penal Juvenil y Contravencional de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la Jueza Daniela Benenatti, se realizó una audiencia de formulación de cargos contra dos adolescentes de 17 años. La intervención se dio tras una orden de detención inmediata en la vía pública dispuesta por la fiscal María del Valle Durán, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 4, luego de que los jóvenes no asistieran a las citaciones previas.
El Ministerio Público Fiscal había solicitado la audiencia en tres oportunidades anteriores —los días 10, 17 y 19 de septiembre—, pero los adolescentes no comparecieron pese a que sus progenitoras habían sido notificadas. Ante la reiterada inasistencia, se valoró la existencia de un riesgo procesal por posible obstaculización de la investigación y por antecedentes de reiterancia delictiva, lo que motivó la detención.
Durante la audiencia, la fiscal Adjunta Romagnoli formalizó cargos por encubrimiento simple (dos hechos), robo simple en grado de tentativa, robo calificado por escalamiento en grado de tentativa e incendio.
A la hora de resolver sobre las medidas de coerción se tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad de los adolescentes, vinculada a problemas de adicciones y antecedentes de reincidencia, la Fiscalía solicitó medidas alternativas a la privación de libertad. La Jueza Benenatti hizo lugar al planteo y ordenó que los imputados se presenten una vez por mes durante cuatro meses en la Fiscalía de Instrucción N° 4, la asistencia obligatoria a terapia psicológica ambulatoria en el Centro de Prevención de las Adicciones, terapia grupal destinada al grupo familiar y la finalización de los estudios secundarios y la adopción de un trabajo o empleo en caso de no contar con uno.
La Fiscalía fundamentó que estas medidas son esenciales para garantizar la sujeción al proceso y, al mismo tiempo, favorecer la educación y reinserción de los adolescentes, reduciendo el riesgo de reincidencia. Tanto la defensa técnica, a cargo de los abogados Belén y Guillermo Levingston, como la Defensoría de Niñez y Adolescencia N° 3, prestaron conformidad con lo solicitado.
Luego de la propuesta del gobernador Claudio Poggi para que Rafael Berruezo asuma en el cargo de Fiscal de Estado Adjutor, el Senado prestó acuerdo el martes 23 y este viernes fue puesto en funciones. Berruezo se desempeñaba hasta esta designación como director de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad y ahora acompañará en la tarea a la fiscal de Estado, Fabiana Zárate.
Consultado sobre los principales desafíos que asumirá, señaló que “en principio, me voy a hacer cargo de las causas penales en las que la Fiscalía de Estado es parte, para seguir apoyando a la sala penal, que ya ha hecho numerosas denuncias y viene obteniendo buenos resultados”. También se puso a disposición para “colaborar en las causas administrativas o civiles que la doctora Zárate considere”.
Berruezo remarcó, además, que la gestión provincial asumió el compromiso de impulsar denuncias de corrupción de la administración anterior, y que su trabajo inicial estará enfocado en que esos procesos “lleguen a buen puerto”.
Trayectoria académica y profesional
Berruezo es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma ‘Gabriel René Moreno’ (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) y profesor titular de Derecho Penal I en la carrera de Abogacía de la Universidad Católica de Cuyo. Además, dicta clases en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad Autónoma ‘Gabriel René Moreno’ y en el Máster Internacional en Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, Fraude Fiscal y Compliance de la Universidad de Santiago de Compostela, España.
Es presidente del Foro Latinoamericano de Delitos Económicos (FLADE), autor de varios libros e investigaciones y cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico. Entre 1997 y 2007 se desempeñó como secretario de la Fiscalía Federal de San Luis.
El Gobierno anunció ayer varios detalles del plan habitacional Tenemos Futuro y uno de los aspectos que generó controversia es que las cuotas de las viviendas se empezarán a pagar cuando se validen los datos del adjudicatario que salió sorteado, es decir, antes que la casa esté terminada. El gobernador Claudio Poggi agregó como dato que el pago comenzará una vez que la vivienda esté en construcción, meses antes de la entrega.
Lectores de La Gaceta Digital han cuestionado que la cuota no se empiece a pagar una vez que se entrega la vivienda como se anunció para los adjudicatarios del plan Progreso y Sueños que recibirán sus casas próximamente. Por lo tanto, pagar la cuota de $250.000 de una vivienda de Tenemos Futuro y un alquiler puede ser difícil para muchos.
“Luego del sorteo, se va a hacer en los 60 días siguientes, el socioambiental que es validar en el territorio, junto con el ciudadano, con la familia, los datos que informó. A partir de ese momento, sí (se empieza a pagar), pero su casa ya está en construcción. O sea que prácticamente comienza a pagar desde que le entregan la casa, meses antes, mientras está en construcción, no antes. Y el plan de autoconstrucción sería cuando concluyó la construcción de la casa”, dijo Poggi este viernes en declaraciones a los medios tras un acto en la escuela Bernardino Rivadavia.
Desde el Ejecutivo se anunció que las viviendas se pagarán 300 cuotas de $250.000, valor que será actualizado según variación del salario mínimo vital y móvil. Las primeras viviendas se entregarán antes de la Navidad del 2026. Las viviendas serán de 57 metros cuadrados de de una construcción antisísmica con techos de losa y un núcleo de tres ambientes, dos dormitorios, un baño completo y la cocina comedor. La casa tiene un diseño para que pueda ser ampliada en el lote de 312 metros cuadrados.
En la línea de “autoconstrucción asistida” se pagarán 300 cuotas de $60.000 (que serán actualizadas en función al salario mínimo). El Estado entregará un préstamo en materiales y un profesional que asistirá en el proceso de construcción. El beneficiario deberá tener un terreno o inmueble apto y contratar la mano de obra.
El sorteo se realizará en diciembre de acuerdo a cada tipo de plan de vivienda y por localidad. Personal de viviendas realizará el chequeo y validación de todos los datos a las personas que salieron sorteadas para concluir el ingreso definitivo al plan.
La ministra de Salud, Teresa Nigra, y la fiscal de Estado, Fabiana Zárate, brindaron una conferencia de prensa para dar detalles sobre la medida cautelar que dictó la Justicia provincial contra el Círculo Médico San Luis (CMSL) en el marco que la entidad mantiene con la obra social. Las funcionarias reafirmaron la postura del Gobierno en que el CMSL ha presionado y extorsionado a asociados y perjudicado la atención a los afiliados de la obra social. A pesar de las acusaciones cruzadas entre las partes, las negociaciones continúan.
La fiscal explicó que la medida cautelar ordenada por la jueza interviniente ordenó al CMSL que “se abstenga de dificultar obstruir o incurrir en conducta abusiva tendiente a impedir que los profesionales médicos, asociados atiendan a los afiliados de la obra social Dosep en forma directa”.
La funcionaria reveló que hubo casos de afiliados que concurrían a ser atendidos por prestadores con turno previo y no se les aceptó la orden para consultas o estudios, lo que produjo reclamos y quejas en la obra social. “Estaban sufriendo puntualmente esta situación ante la decisión del Círculo de presionar a sus asociados médicos para que no atendieran en forma directa a los afiliados habiéndoles indicado que debían que debían atender en forma particular”, apuntó la fiscal.
La ministra Nigra criticó con dureza la actual conducción del CMSL: “Particularmente esta comisión directiva del Círculo Médico venía ejerciendo muchas presiones, haciendo cortes de prestaciones justo los días viernes cada vez que solicitaban un aumento cortaron las prestaciones. Fue una relación bastante extorsiva que tuvo esta Comisión Directiva durante todo este tiempo”.
Zárate agregó que hay un acta que dice “hay un acta de asamblea que le da instrucciones a la Comisión Directiva de tratar con severidad a los asociados que atiendan de forma particular y facturen en forma directa”. Para la abogada, lo mencionado dificulta la negociación en el amaro tiene como finalidad “sacar de rehenes a los afiliados”.
Según Nigra, el CMSL no les comunicó a sus asociados que había una negociación en curso con una propuesta de aumento en las prestaciones. Remarcó que es la primera vez que hay problemas de esta magnitud con el CMSL teniendo en cuenta que ocupó el cargo años atrás, y que los otros círculos médicos de la provincia y prestadores particulares se brindan el servicio con normalidad.
Nigra confirmó que el director de Dosep reenvió la propuesta del nuevo convenio dando un plazo para responder hasta el próximo lunes a las 12 horas. Mientras tanto, en estos días, Dosep ha estado haciendo convenios particulares y ningún profesional se ha dado de baja como prestador, según la ministra.
La Gaceta Digital preguntó por qué siguen las negociaciones teniendo en cuenta que el Gobierno denuncia presiones y extorsiones por parte del CMSL: “Nuestra misión no es romper con los profesionales médicos. Ello nos necesitan a nosotros porque somos el gran financiador de la salud en San Luis, pero nosotros necesitamos los médicos para prestar los servicios. El problema es que esta Comisión Directiva es bastante intransigente y busca dentro del convenio marco que queremos firmar detalles pequeños y se ve dilatando la negociación”, respondió.
La Fiscal de Instrucción N° 6 de la Primera Circunscripción, Linda Maluf, formalizó este jueves la investigación penal preparatoria contra cinco ex funcionarios provinciales por presuntas irregularidades en el manejo de dineros públicos. En el desarrollo de su teoría del caso, la Fiscalía calificó los hechos como parte de un “modus operandi” reiterado: celebración de contratos, liberación de fondos millonarios y posterior rescisión sin rendiciones ni ejecución de tareas.
Por estas presuntas maniobras, el Ministerio Público Fiscal imputó a Luciano Anastasi y Claudio Latini, ambos ex ministros de Seguridad del gobierno provincial, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.
En tanto, el ex intendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto Alí, junto a los ex intendentes Jeremías Vivas (San Francisco del Monte de Oro) y Mario Canali (Cortaderas), fueron imputados como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.
Según la imputación, mientras ejercía como ministro de Seguridad, Anastasi suscribió convenios con intendentes locales que preveían millonarias refacciones en comisarías, cuarteles de bomberos y dependencias policiales. Los contratos fueron adjudicados de manera directa y establecían anticipos de hasta el 40% del monto total. Sin embargo, la fiscal sostuvo que se realizaron desembolsos que superaron ampliamente lo pactado, sin que existiera inicio, avance ni finalización de las obras comprometidas.
Posteriormente, bajo la gestión de Latini como ministro, los contratos fueron rescindidos “de común acuerdo” y bajo el argumento de la inestabilidad económica y crisis inflacionaria, pese a que ya se habían efectuado las transferencias millonarias. Informes técnicos y constataciones judiciales de 2023 y 2024 confirmaron presuntamente que los trabajos nunca se realizaron y que los sitios permanecían en estado de abandono.
Maluf, en compañía de la fiscal adjunta Roxana Alcaraz, solicitó a la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, como medidas de coerción la firma del libro en Fiscalía, del 1 al 10 de cada mes, la prohibición de salir de la provincia y la inhibición de bienes. La fiscalía de Estado, representada por Santiago Calderón Salomón y Juan Trusendi, adhirió a lo formulado por las fiscales.
La resolución de la jueza La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, tuvo por formulados los cargos presentados por el Ministerio Público Fiscal contra los ex ministros de Seguridad Luciano Anastasi y Claudio Latini; el ex intendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto Alí; y los ex intendentes Mario Canali (Cortaderas) y Jeremías Vivas (San Francisco del Monte de Oro), por presuntas maniobras de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Como medidas de coerción, dispuso que todos los imputados —excepto Alí, por su carácter de diputado nacional— deban:
Firmar el libro en Fiscalía del 1 al 10 de cada mes durante 120 días.
No salir de la provincia por cuatro meses.
Además, ordenó para todos la inhibición general de bienes y la prohibición de contratar con el Estado por el mismo plazo, al considerar que se trata de un delito penal económico con el Estado provincial como principal damnificado. Las medidas son por 120 días.
La magistrada aclaró que la calificación legal es provisoria y que, en esta etapa, solo se valoran evidencias que podrán convertirse en pruebas en un eventual juicio oral.
“Es una persecución política”
El ex ministro de Seguridad, Anastasi, cuestionó la causa en su contra y la calificó como una persecución política impulsada por el actual gobernador. Señaló que se trata de una investigación “sin fundamentos reales” y que su imputación responde únicamente a haber firmado contratos de obra pública en el marco de un plan para refaccionar comisarías en más de 50 localidades.
Anastasi sostuvo que los contratos y transferencias realizadas fueron legales y autorizadas por decreto, y que luego de cumplir con esas funciones se retiró del cargo. “Ni siquiera hay excusa para que yo esté acá. Solo buscan poner a ex funcionarios en el banquillo y sacar una foto”, afirmó.
En cuanto a las medidas cautelares, rechazó la inhibición general de bienes, argumentando que afecta de manera desproporcionada su actividad como empresario y la de sus empleados. También cuestionó la prohibición de salir de la provincia, ya que, según señaló, cumple con todas las citaciones judiciales y necesita viajar por motivos familiares.
Su defensa, representada por la defensora en lo Penal, Stefanía Cifuentes, recordó que la denuncia data de 2023 y que, en todo este tiempo, la fiscalía no había avanzado porque “no existían elementos suficientes”. La defensora también representa a Canali.
“Las obras fueron realizadas”
Por su parte, Ernesto Alí rechazó las acusaciones en su contra y calificó la causa como un “escándalo político”. Sostuvo que las obras cuestionadas fueron realizadas, con trabajadores locales y documentación respaldatoria de contratos y transferencias.
Alí aseguró que no existe delito alguno, ya que la rescisión y prórroga de contratos es una práctica habitual en la administración pública, y anunció que propondrá como testigo al gobernador Claudio Poggi, para que explique la legalidad de este tipo de procedimientos. “El objetivo es perseguir y acallar voces opositoras, pero no me van a callar ni me van a infundir miedo”, afirmó el legislador, quien además cuestionó la medida de inhibición general de bienes en su contra, considerándola desproporcionada.
Su abogado defensor, Nedo Gómez, cuestionó la imputación contra Ernesto Alí y afirmó que la imputación es “carente de sustento”. Además, señaló que el ex intendente actuó dentro de sus facultades legales, conforme a la normativa provincial y municipal; y planteó que la rescisión de los contratos se debió a la crisis económica del país y no a hechos ilícitos.
“No hay un modus operandi” El abogado Cristóbal Ibáñez, defensor de Claudio Latini, sostuvo que en la causa no se configuran los elementos necesarios para hablar de fraude contra la administración pública. Señaló que para ese delito deben existir ardid, engaño, error, disposición y perjuicio patrimonial, y que en este caso “faltan todos y no hubo un modus operandi como dice la Fiscal”.
Cuestionó además que la fiscalía haya elegido a quién imputar y a quién no, mencionando al funcionario Aponte, quien certificó avances de obra y fue denunciado en su momento, pero no está alcanzado por los cargos. Para Ibáñez, se trata de una cuestión administrativa y de obra pública, en la que las rescisiones de contratos obedecieron a la crisis económica y no a maniobras fraudulentas.
“No existió disposición irregular de fondos públicos ni enriquecimiento personal”
La defensora Estrella Marín, defensora de Vivas, sostuvo que en la causa no existió disposición irregular de fondos públicos ni enriquecimiento personal de los imputados. Afirmó que los contratos fueron celebrados válidamente, dentro de las facultades legales, con supervisión provincial y transparencia administrativa.
Destacó que la investigación fiscal confunde cuestiones contractuales y administrativas con supuestos delitos, cuando no hay pruebas de dolo ni perjuicio económico. Para Marín, se trata de un caso que “no debería estar en el fuero penal”.