Gabriela García, presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Luis, advirtió que la provincia atraviesa una de las peores temporadas invernales que se recuerden. En diálogo con Radio Nacional, García afirmó que “prácticamente no estamos teniendo temporada de invierno” y denunció la falta de políticas públicas y de promoción por parte del Gobierno provincial.

“La verdad que es un poco triste el panorama. Toda la hotelería y la gastronomía está pasando una situación muy difícil. No hay turismo, no hay plata en la calle”, señaló la representante del sector.

García remarcó que la caída de la actividad se da en toda la provincia y no solo en los destinos turísticos tradicionales. “Hoy el que más tiene, tiene un 20% de ocupación hotelera, lo cual es algo nunca visto en la provincia de San Luis”, indicó.

Además de la baja demanda, aseguró que los precios actuales están por debajo de los de temporada. “Nos estamos manteniendo con los valores de marzo, abril, mayo, inclusive hasta nos estamos bajando y haciendo promociones. Pensión completa casi al precio de un hospedaje. Los precios son muy, muy competitivos, por debajo de lo que deberían ser realmente”, detalló.

García también criticó la falta de políticas públicas provinciales orientadas a promover la actividad. “Faltan muchas políticas de Estado, muchas políticas de turismo de parte de la provincia. Estamos peticionando más publicidad, que San Luis esté más visibilizada en el país”, expresó.

Si bien reconoció que hay diálogo con las actuales autoridades del ministerio de Turismo, fue tajante al afirmar que “lo que no hay es gestión”. “La provincia necesita recursos para poder hacer publicidad. No es barata la publicidad, pero si no estamos en el radar de toda la Argentina, haciendo publicidad en televisión, en radio, en streaming, en vía pública, lamentablemente no vamos a salir de esta situación. La provincia dice que no tiene recursos”, agregó García.

Una de las críticas más duras apuntó contra la estrategia de “Conexión San Luis”, la marca oficial que el Gobierno promociona en ferias nacionales. “Estamos pidiendo una reunión con el gobernador, que no la hemos podido lograr, para plantearle la situación de cómo está planteada la marca de Conexión San Luis, donde se quiere destacar más ‘Conexión’ que la provincia de San Luis”, dijo.

Según relató, en la última edición de Caminos y Sabores y de la Feria Internacional de Turismo, “la gente nos buscó por horas” y muchos decían “pero esto no es San Luis”. “No se entiende la palabra San Luis, no podemos estar promocionando un stand donde la palabra dice Conexión y San Luis no se entiende. O sea, lamentablemente estamos tirando la plata”, sentenció García.

Consultada por la situación laboral, García reconoció que “ya han cerrado muchos establecimientos” y que se sigue viendo “mucha informalidad”. También alertó sobre despidos: “Si (un propietario) venía aguantando de no despedir gente, de no despedir empleados, porque llegaba la temporada, hoy se da cuenta que no los puede seguir manteniendo. Hay hoteles que han cerrado pisos completo.”.

El efecto de la no circulación de dinero, señaló García, también se ve de manera muy marcada en el sector gastronómico. “Antes la gente salía y merendaba o desayunaba. Primero tuvimos hace años un turismo donde había un poder adquisitivo que vos la confitería la tenías llena todo el día. La gente desayunaba, almorzaba, tomaba a la media tarde, cenaba. Hoy la gente elige una comida al día. Y la gente de San Luis ya directamente, si salía todos los fines de semana, hoy sale un fin de semana al mes y el que puede”, contó Gargía.

Por último, la presidenta de la Asociación Hotelera y Gastronómica se refirió a la propuesta impulsada a nivel nacional para reducir la carga impositiva del sector. “La federación Hotelera y Gastronómica presentó un proyecto para que la hotelería y la gastronomía pueda tener un arancel del 10%, como tiene el resto del mundo”, explicó. Actualmente, según detalló, “Argentina está al 28% con todo concepto de impuestos”.

“No reclamo que sea solo en San Luis. ¿Creemos que tenemos que tener más publicidad? Sí. ¿Creemos que hay cosas por mejorar? Sí. Pero no pasa solo acá. El panorama económico, nacional, la verdad que no es el mejor tampoco. No hay perspectiva de que vaya a ingresar recursos a la gente para que pueda movilizar el país. Eso no se ve. No se ven políticas que vayan a ayudar a eso, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional”, concluyó la presidenta de la Asociación Hotelera y Gastronómica.

Este viernes por la mañana, a partir de las 11 horas, trabajadores de Vialidad Nacional encabezaron una marcha por las calles céntricas de la ciudad de San Luis para manifestarse contra la disolución del organismo y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía, anunciado por el Gobierno Nacional el pasado lunes. La movilización contó con el respaldo de otros gremios y sindicatos, como ATE y la CGT, de agrupaciones como Libres del Sur y del diputado nacional Ernesto Alí.

Al finalizar la protesta, Darío Lucero, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales en San Luis, destacó el acompañamiento de empleados públicos y estatales, y subrayó que “en estos momentos límites en los que estamos pasando, la única forma es la unidad”.

Lucero afirmó que el objetivo de la marcha fue visibilizar la situación que atraviesa el sector y que no se trata de un caso aislado. “Es para viralizarle a la gente la problemática nuestra, que no es menor. No deja de ser una más, ¿no? Todas las reparticiones que están pasando por lo mismo”, dijo.

El dirigente también apuntó contra el discurso del Gobierno nacional. “Este gobierno tiene un aparato muy grande que ha hecho hincapié, sobre todo, en lo que es los trolls, los medios de comunicación, donde repercute cualquier información malintencionada. En el decreto sale que nosotros, más del 70% de gente es administrativa, cuando es al revés. El 70% y más es operativa y un 30% es administrativa”.

Por su parte, Mauro Visco, secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional, explicó que, a cinco días del anuncio, no hay información oficial concreta sobre cómo será el traspaso. “Ayer habló el administrador para todos los distritos del país, dio como una conferencia por Zoom para hablar con la gente, pero algunos decidieron escucharlo y otros no porque sabíamos que lo que nos iba a transmitir no era ninguna garantía de nada”.

“Nos pidió que sigamos trabajando como veníamos hasta ahora, eso significa seguir trabajando sin financiamiento, sin artículos necesarios para trabajar en la ruta. Quien nos pida seguir trabajando como hasta ahora es pedirnos que sigamos trabajando mal”, continuó Visco, quien agregó que no les dio “ninguna garantía de seguir conservando los puestos de trabajo”.

Los gremios también pidieron a los legisladores nacionales que reviertan la situación. Visco señaló que se viene “un proyecto que se va a presentar en la Cámara de Diputados, que es para derogar este decreto”. Por eso, adelantó que buscarán dialogar con los diputados de San Luis: “Vamos a pedir reuniones y entregar un petitorio al Gobierno. Más allá de que hasta ahora no nos han atendido, nosotros estamos abiertos al diálogo y vamos a seguir intentando hablar con ellos”.

Los dirigentes también se refirieron a las declaraciones del gobernador Claudio Poggi, quien, al ser consultado sobre el tema, evitó expresar apoyo a los trabajadores y se limitó a decir: “Yo lo único que me preocupa, con Vialidad Nacional o sin Vialidad Nacional, es que las rutas nacionales tengan mantenimiento”. A esto, Lucero respondió: “Lo tomamos medio con un poco de dolor, angustia, de la forma que se expresó. Queremos creer que ha sido de una forma errónea y apurada. Al hacer hincapié en la repartición y no pensar en las 120 familias que trabajan acá, la verdad que preocupa”.

El dirigente agregó que la semana próxima presentarán un petitorio al gobernador. “Él, como autoridad máxima de la provincia, tiene que pedir por la nulidad de este decreto porque creemos que es fundamental. Es inviable que la provincia tome todas las rutas nuestras a su cargo. Tenemos la gente, tenemos los equipos, la gente trabajadora está dispuesta”.

Finalmente, Visco confirmó que seguirán en estado de asamblea permanente. “No nos vamos a quedar quietos trabajando como si nada. Vamos a estar tomando medidas seguramente”.

El gobernador Claudio Poggi propondrá a María Fabiana Zarate para ocupar el cargo de fiscal de Estado de la provincia. Actualmente, Zarate se desempeña como secretaria de Estado Legal y Técnica y aceptó la propuesta del mandatario provincial durante una reunión mantenida este viernes por la mañana.

La designación se formalizará una vez que concluya el proceso constitucional vinculado al pliego del actual fiscal de Estado (y primo del vicegobernador), Víctor Endeiza, quien fue propuesto como ministro del Superior Tribunal de Justicia y cuyo nombramiento se encuentra en análisis en la Cámara de Senadores.

Fabiana Zarate es abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, con formación de posgrado en diversas áreas del derecho. Actualmente cursa la etapa final de la especialización en Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Universidad Nacional de San Luis.

Entre 1992 y diciembre de 2023 ejerció la profesión en el ámbito privado. En la función pública ha ocupado cargos como asesora legal del Tribunal de Cuentas, jefa del Programa de Control y Gestión Legal, y encargada de la Oficina de Sumarios Administrativos del Poder Ejecutivo. Además, fue secretaria Legal y Técnica entre 2013 y 2015, diputada provincial entre 2019 y 2021 y, desde diciembre de 2023, volvió a asumir la conducción de esa secretaría. Representa al Poder Ejecutivo ante el Consejo Federal de la Transparencia y el Consejo de la Magistratura provincial.

El pliego con su postulación será remitido al Senado provincial una vez finalizado el trámite correspondiente al actual fiscal de Estado.

Una niña de 6 años y un niño de 2 permanecen internados en grave estado tras sufrir quemaduras severas en un incendio ocurrido este miércoles por la mañana en una vivienda de la ciudad de Justo Daract.

El siniestro se desató alrededor de las 11:40 en un domicilio ubicado en calle Esteban Agüero al 500. Según informó la Policía, fue una tía de los menores quien escuchó los gritos provenientes del fondo del terreno, donde reside su hermana junto a los niños. La mujer ingresó al lugar junto a su madre y ambas lograron rescatarlos a través de la ventana de una habitación. Los menores presentaban quemaduras visibles, rostros enrojecidos y ropa ennegrecida. Un automovilista particular los trasladó de inmediato al hospital local.

Minutos más tarde llegó al domicilio la madre de los niños, quien contó que había salido al kiosco, ubicado a menos de una cuadra, dejando a sus hijos dentro del departamento mirando televisión. Al regresar, observó humo saliendo del interior y fue informada por una de sus hermanas que los niños ya habían sido auxiliados.

Los menores fueron atendidos en primera instancia en el hospital de Justo Daract y luego derivados en ambulancia al Policlínico Regional de Villa Mercedes. Allí, los profesionales constataron quemaduras graves que comprometían más del 20% de la superficie corporal de ambos y se realizaron las primeras intervenciones quirúrgicas de urgencia.

La madre declaró que desconocía las causas del incendio y señaló que la salamandra estaba apagada al momento del hecho. Agregó que en la casa había un televisor y una cocina a garrafa, y mencionó que su hija tiene diagnóstico de retraso madurativo y antecedentes de jugar con encendedores. Las causas del siniestro continúan bajo investigación.

El jueves por la tarde, el Ministerio de Salud emitió un parte médico con el estado actual de los menores. La niña de 6 años fue trasladada al Hospital Pediátrico de la ciudad de San Luis, donde permanece en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y fármacos vasopresores. Presenta quemaduras en el 24% del cuerpo y será sometida a una nueva cirugía este viernes.

El niño de 2 años, con quemaduras en el 43% de la superficie corporal, fue estabilizado en el hospital de Villa Mercedes y luego derivado al Centro del Quemado del Hospital Pediátrico Humberto Notti, en Mendoza, para continuar con su tratamiento especializado.

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno de San Luis firmaron una ampliación del convenio vigente, que permitirá poner a disposición del sector privado líneas de financiamiento por un total de $750.000.000. Los créditos estarán destinados a micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia.

El acuerdo prevé que los fondos se canalicen a través de un fideicomiso de financiamiento productivo, con el objetivo de fortalecer cadenas de valor en sectores como el agropecuario, industrial, tecnológico, turístico y de servicios vinculados.

Según lo informado, el convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año o hasta que se agote el cupo disponible.

El Fondo Federal de Inversiones, lanzado en 2023, es una herramienta que permite al CFI otorgar créditos de manera directa, con el propósito de impulsar la actividad productiva, la diversificación económica y el desarrollo de emprendimientos en distintas regiones del país.

Santiago Aurand, ingeniero agrónomo y trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante más de dos décadas, fue despedido hace 15 días mientras se encontraba con una licencia psiquiátrica por largo tratamiento. Además, el organismo le exige ahora el pago de una supuesta multa de 55 millones de pesos por haber seguido trabajando como docente durante ese período. Este jueves, en una conferencia de prensa brindada en ATE San Luis, denunció una maniobra perversa impulsada por autoridades provinciales del INTA y vinculó su situación con una política sistemática de vaciamiento y persecución en el Estado nacional.

“Fui despedido por una supuesta incompatibilidad laboral, por una licencia de largo tratamiento que yo tenía en el INTA, me hicieron un sumario con el cual me despiden y me quieren hacer pagar una multa de 55 millones de pesos”, denunció Aurand, destacando “toda una mala intención por parte de las autoridades provinciales del INTA, que es el director en este momento, Hugo Bernasconi”. “Yo a esta persona que me urdió un sumario por mis espaldas lo conocí cuando tenía un Renault 5 y nos íbamos al campo a trabajar juntos”, añadió.

Según relató Aurand, la acusación se basa en un decreto de 1979 que prohíbe a un trabajador con licencia seguir prestando servicios en otro empleo. “Yo estaba con una licencia psiquiátrica reactiva. Significa que vos tenés un problema psicológico en tu lugar de trabajo por la toxicidad laboral que implicaba mi trabajo en el INTA. Los certificados eran aprobados en el INTA”.

Durante ese período, de aproximadamente un año, continuó con su trabajo como docente en una escuela de San Francisco del Monte de Oro, localidad donde vive. “Mi psiquiatra me dice que es reactivo ese tipo de licencias, donde vos tenés un problema puntual en una cosa. Ella me dice: en el colegio todo bien, mis directores están al tanto de todo. Todos saben en San Francisco quién soy yo, y estos personajes también saben quién soy yo. Y quizás por eso pasó lo que pasó. Cuando empiezan estos movimientos de lucha, te sacás de encima a un tipo que no se te va a quedar callado”.

Sobre la cifra millonaria que le exigen devolver, aseguró: “Se supone que si yo trabajé ese año en la escuela, pero en el INTA no, desfalco al Estado. Pero 55 millones de pesos yo no los gano ni en 4 años de trabajo. Agarran todo. Hablan con el Tesoro Nacional y sacan esta cifra sideral que no la puede explicar nadie”.

Aurand también apuntó contra otro de sus superiores: “El Coordinador de Área, Guillermo López, es una persona que ya tiene 70 años y no se jubila porque no lo quieren hacer jubilar porque no le dan los años de aporte. Esa persona es la que coordina las agencias de extensión rural del INTA. No sale nunca a terreno. Entonces tenemos un área de extensión del INTA que abarca 5 agencias completamente desarticuladas”.

Denunció que el hostigamiento laboral comenzó tras el cambio de autoridades: “Yo fui durante 5 años jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA y soy extensionista. Los extensionistas somos las personas que trabajamos en el campo con los productores. Durante 9 años me saqué en el INTA un ‘superó’ como clasificación. A partir de la entrada de estos muchachos, empiezo a sacarme ‘alcanzó’. Yo nunca me calló las cosas, entonces han hecho una serie de cosas incoherentes”.

También cuestionó duramente la gestión de las capacitaciones del organismo. “Yo, aparte de ser ingeniero agrónomo, tengo una maestría en sociología agraria. El INTA gastó, porque es así, gastó en mí un montón de plata para que yo me especializara. Por 3 años me fui de San Francisco del Monte de Oro, en micro, a la ciudad de Neuquén a hacer la maestría. Estas dos personas arrancaron haciendo una maestría y no la terminaron nunca. Entonces, si yo tengo que devolver 55 palos, que devuelvan ellos los pasajes. Porque ellos se iban en avión. Y ellos hoy son jefes. Son jefes y no terminaron sus estudios, y el INTA se los bancó”.

Aurand explicó además que la Oficina de Medicina Laboral del INTA lo convocó a reuniones virtuales para evaluar su situación médica, pero lo hicieron a su correo institucional, al que no accedía mientras estaba de licencia. “Me mandaban un correo electrónico a mí, con copia a López, a Bernasconi, a la asistente de Recursos Humanos”, contó el ingeniero despedido, señalando que en esos mails pedían que le avisaran de las reuniones, cosa que Bernasconi y López nunca habrían hecho. “No me avisaban. Entonces estaban en Buenos Aires tres personas, en Villa Mercedes dos personas, y Santiago no estaba. Pero Santiago no estaba porque no quería estar. Santiago no estaba porque no se enteraba”, comentó.

“Todas esas cosas las toman para urdirme un sumario que tuve que contratar a abogados privados, que me dijeron que es ilegal. Porque los sumarios se hacen en el lugar del hecho y no a 900 kilómetros. Esas abogadas (del INTA) estaban tomando mate muy tranquilas en Buenos Aires. Ahora tenemos abogados y médicos, pero ingenieros agrónomos tenemos menos en el INTA”, concluyó.

Aurand cerró su testimonio con una fuerte reivindicación del rol del INTA y de los trabajadores del Estado: “La cabra no elige de lunes a viernes para parir. El maíz no elige el día que tiene que regarse. Los técnicos que trabajamos o que trabajábamos en el INTA no tenemos sábado ni domingo. Para el vulgo de la gente somos una manga de ñoquis. Pero no entienden cuál es la situación y por qué nos llevan a donde nos llevan”.

Este jueves, en una conferencia de prensa realizada en la sede de ATE San Luis, el ingeniero industrial Facundo Monti, trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), advirtió sobre las consecuencias del decreto del Gobierno Nacional que transforma al organismo en un ente centralizado bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio. Según denunció, la medida implica la pérdida de su autonomía, un posible vaciamiento financiero y pone en riesgo cientos de puestos de trabajo en todo el país, incluidos 21 en San Luis.

Monti explicó que, con el nuevo decreto impulsado por el Ministerio de Desregulación, el INTI “pasa de ser un organismo autárquico, descentralizado, a las antípodas, ser un organismo centralizado dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio”. Y advirtió: “Va a perder su federalidad y su soberanía tecnológica. Esto tiene un impacto gravísimo en la sociedad y, más que nada, teniendo en cuenta el entramado productivo industrial de Argentina”.

En ese marco, afirmó que “están en riesgo, inicialmente, más de 700 puestos de trabajo” debido a que “al centralizarse áreas de INTI, dependiendo del Ministerio de Economía, van a considerar que va a haber varios puestos de trabajo que son redundantes y los van a quitar de la órbita de la Administración Pública Nacional”.

El ingeniero también denunció que “al INTI lo están vaciando” y que “van a quitarle su fuente de ingresos. Todo servicio que facture el INTI va a pasar a la órbita del Tesoro Nacional, lo cual implica que paulatinamente van a ir quitándole las fuentes de financiamiento”.

Además, destacó que el organismo “es superavitario”, y que históricamente tuvo “prácticamente autonomía para operar”. Por eso, consideró que “esta quita de la autonomía financiera económica es una maniobra obviamente para captar fondos y desviarlos a razones o utilizaciones que ya más de uno de nosotros va a imaginar”.

Monti cuestionó el silencio del Ejecutivo provincial ante esta situación: “Desde que surgió este acontecimiento no ha habido ninguna expedición por parte del Ejecutivo Provincial respecto a la preocupación del cierre del INTI”.

En San Luis, el INTI tiene una sede en el campus de la Universidad Nacional de San Luis, donde trabajan 21 personas. “Tenemos un promedio de antigüedad de prestación de servicios en INTI de más de 10 años”, señaló. “Tenemos laboratorios de servicios de análisis físico-químicos microbiológicos, tenemos prestaciones de servicios de meteorología, calibramos balanzas industriales”, explicó Monti, quien también subrayó que “cada vez que van a cargar combustible a la estación de servicio, los surtidores están calibrados por el INTI de tal manera que garantizan que si ustedes cargan un litro de nafta no les vendan 0,8 litros”.

Respecto a la situación institucional interna, afirmó que “por parte de la cúpula directiva del INTI hay una gran negligencia”, y apuntó contra el presidente del organismo: “La mayoría siguen los lineamientos del presidente político puesto por el Gobierno de turno, que es Daniel Afione”. Según explicó, esta semana convocarán a la cúpula directiva del INTI a la Secretaría de Industria y Comercio “para que les notifiquen cómo va a ser la nueva estructura de INTI. Todo a espalda de los trabajadores”.

Finalmente, anticipó que desde ATE Nacional se está evaluando una estrategia judicial para revertir lo dispuesto por el decreto, y llamó a visibilizar el impacto de esta decisión: “Concientizar a la sociedad de todo lo que está en riesgo. Los invito a que googleen todos los servicios que presta el INTI a la industria que garantizan la calidad de vida de los argentinos”.

El gobernador Claudio Poggi e integrantes de su equipo mantuvieron una reunión de trabajo con representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la que se abordaron los avances del Plan Maestro de Energía 2025–2035. En ese marco, se definió la convocatoria a un encuentro con instituciones y actores relevantes de la comunidad, donde se presentará el diagnóstico provincial realizado por especialistas y se promoverá el intercambio y el debate en torno al tema.

La reunión tuvo lugar este martes en el despacho del Gobernador, luego del acto de presentación del Plan Maestro del Agua. Participaron Laura Giumelli, presidenta de la Comisión Reguladora de Energía de San Luis, y Carlos Coire, ingeniero del CFI, junto a sus respectivos equipos técnicos.

Ambos planes comenzaron a desarrollarse en forma simultánea el 9 de diciembre de 2024, con un trabajo de diagnóstico en distintas regiones de la provincia a cargo de especialistas provinciales y del ente federal.

“El equipo ha desarrollado gran parte del diagnóstico y la idea es darlo a conocer a instituciones importantes para poder tener un intercambio y debatir con los actores relevantes de la comunidad”, indicó Giumelli. La fecha dispuesta para ese encuentro será el 2 de agosto.

Por su parte, Carlos Coire expresó: “La idea es que todo el público que tiene injerencia en la parte energética pueda estar presente, conozca los avances que se han realizado y tener una introducción general de qué es a lo que estamos buscando llegar”. Y añadió: “En estos trabajos que vamos a hacer junto con todos los que tienen injerencia en la parte energética, vamos a definir cuáles son los caminos y las estrategias que conviene que la provincia siga, para que podamos hacer que San Luis sea más grande”.

A modo de cierre, Giumelli reflexionó: “No estamos buscando mirar lo que tenemos, sino cómo nos vamos a desarrollar y lo que vamos a necesitar para mejorar las funciones de desarrollo y productivo en toda la provincia”.