El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso la cesantía del psiquiatra Franco Mastronardi, quien se desempeñaba en el Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial, por haber ejercido su profesión en el ámbito privado en violación a las incompatibilidades establecidas por la ley. La medida fue formalizada mediante el Auto Interlocutorio Nº 31-STJSL-SA-2025 hace un par de días por un sumario que se le inició en septiembre 2024.
Según el auto interlocutorio del STJ, la decisión de la cesantía de Mastronardi, se tomó luego de un sumario administrativo iniciado a partir de la denuncia de un médico de Edesal que informó la existencia de certificados médicos firmados por Mastronardi a favor de un empleado de esa firma. El diagnóstico en los certificados fue “F42.9” (trastorno obsesivo compulsivo no especificado) y autorizaban licencias laborales por 30 días. La pericia caligráfica confirmó que tanto el contenido como la firma eran del médico forense.
A lo largo de la investigación, también se acreditó que Mastronardi se encontraba activo como monotributista e inscripto en ingresos brutos en la categoría “servicios relacionados con la salud humana”, lo cual violaba la Ley Orgánica de Administración de Justicia, que prohíbe a empleados judiciales ejercer profesiones liberales y percibir ingresos por actividades privadas, especialmente cuando perciben el ítem de dedicación exclusiva, como era su caso.
Además, el profesional había sido sancionado disciplinariamente en dos oportunidades previas por hechos similares: en 2021 con una multa del 40% de su sueldo, y en 2022 con una suspensión sin goce de haberes por 30 días, por extender certificados médicos de manera indebida.
En su defensa, Mastronardi sostuvo que las leyes que prohíben el ejercicio de la práctica médica en simultáneo con funciones judiciales eran “injustas” y no generaban obligación moral de cumplimiento, lo que el Superior Tribunal consideró como una “actitud desaprensiva con la ley” y una justificación que “hace prever que continuará con la práctica reprochada”.
En consecuencia, el STJ concluyó que se encontraban acreditadas las faltas imputadas y aplicó la cesantía por considerar que la sanción era “razonable y proporcionada” a los hechos investigados. El acuerdo fue firmado digitalmente por los ministros Jorge Levingston, José L’Huillier, Andrea Monte Riso y Eduardo Allende.
La primera actividad del gobernador Claudio Poggi este viernes en Quines fue la visita a las obras de 14 viviendas que se construyen en la localidad. Las unidades forman parte de la culminación de los programas habitacionales ‘Progreso’ y ‘Sueños’, cuyas adjudicaciones estaban pendientes desde hace años.
Durante la recorrida por el predio ubicado en la esquina de Rivadavia y 25 de Mayo, Poggi informó a los beneficiarios que las casas serán entregadas el próximo 1° de agosto. Hasta ahora, la fecha prevista era “antes de Navidad de 2025”.
En el lugar, el gobernador dialogó con familias que esperan la entrega desde hace más de una década. Muchas de ellas se habían inscripto en 2011 y relataron años de gestiones y reclamos sin respuesta.
“Para nosotros representa una mejora notable en nuestra calidad de vida poder tener nuestra casa propia”, expresó Patricia Machuca, una de las preadjudicatarias. “Es increíble, la verdad es que todavía no caigo. Estoy súper emocionada y ansiosa por ya ocupar la casa”, agregó.
Machuca recordó que pasó años “reclamando de manera individual y de manera conjunta, golpeando puertas, haciendo surcos, yendo y volviendo de la dirección de Vivienda sin una respuesta favorable”.
Durante la visita, el gobernador ingresó a una de las viviendas para observar el avance de obra. Allí fue recibido por Eliana Agüero y su hija Pilar, estudiante de quinto año del secundario.
Desde la Comisaría Seccional 23° informaron que este miércoles, el Juzgado de Garantía N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza subrogante Luciana Banó, ordenó la prisión preventiva por 120 días para un joven de 22 años acusado de múltiples y graves delitos cometidos contra integrantes de su familia, entre ellos una menor de edad. En la causa interviene la Fiscalía de Instrucción Penal en Género N° 2, a cargo de la Dra. Mercedes García.
El acusado había sido detenido el pasado martes 24 de junio por efectivos de la sección motorizada del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Seccional 23°, luego de un violento episodio ocurrido en una vivienda del barrio Solidaridad, frente al barrio Juan Domingo Perón, en la ciudad de San Luis.
Los efectivos llegaron al lugar tras ser alertados de la situación y se entrevistaron con una mujer de 43 años, quien manifestó que su hijo, el joven de 22 años, había agredido físicamente a su pareja, una adolescente de 16 años, y que se encontraba dentro de la vivienda en estado de alteración, portando armas y amenazando a otros integrantes de la familia.
Con la autorización de la denunciante, los policías ingresaron al domicilio y lograron reducir al agresor, a quien le secuestraron un cuchillo de 25 centímetros, un machete de 60 centímetros y un arma de fuego de fabricación casera, comúnmente denominada “tumbera”.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía le imputó tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género; tentativa de homicidio simple contra varios familiares; privación ilegítima de la libertad agravada; amenazas agravadas por el uso de armas; lesiones leves agravadas y resistencia a la autoridad, todos en concurso real.
Entre las pruebas reunidas en la investigación se cuentan declaraciones testimoniales, pericias médicas, registros audiovisuales, un inventario de las armas secuestradas y otros elementos incorporados a la causa. Además, la jueza dispuso medidas de protección para las víctimas, incluyendo la prohibición de acercamiento y la declaración por Cámara Gesell para resguardar a las personas menores de edad.
Finalizada la audiencia, el acusado fue trasladado por personal de la Comisaría Seccional 23° al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá cumplir los 120 días de prisión preventiva.
La ministra de Salud, Teresa Nigra, junto a su equipo administrativo y técnico, y con la participación de bioingenieros, realizó una visita al concesionario del proveedor adjudicado para inspeccionar la primera unidad sanitaria correspondiente al proceso de adquisición de 26 ambulancias, destinadas a fortalecer el sistema de emergencias de la provincia.
La inspección se hizo para verificar la calidad, el equipamiento y las especificaciones técnicas de la unidad, en el marco del control previo a la recepción oficial de los vehículos. Esta instancia forma parte del proceso de auditoría técnica que permitirá avanzar con el cronograma de entrega estipulado en la licitación.
Se trata de la primera de las 26 ambulancias cero kilómetro que serán distribuidas en los nueve departamentos de la provincia, beneficiando a hospitales de referencia, centros de salud, localidades del interior y bases operativas del Sistema de Emergencias Médicas Provincial (SEMPro).
Con esta incorporación, el ministerio de Salud avanza en el fortalecimiento de la red provincial de traslados y emergencias, dotando a los equipos sanitarios de herramientas clave para mejorar la atención y el acceso a los servicios en todo el territorio.
La investigación por el crimen de Zoe Pérez, ocurrido en la localidad de La Toma en febrero de 2024, concluyó su etapa de instrucción y tiene como imputados a Leandro Oses y Adrián Rodríguez, acusados del delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte. Este viernes se llevó a cabo una audiencia en la que estaba previsto que la querella solicitara la elevación a juicio, pero fue pospuesta para la semana que viene debido a que Rodríguez cuenta con nueva defensa.
Esteban Bustos, abogado de la familia de la víctima, manifestó estar conforme con el avance de la causa. Explicó que el juez reprogramó la audiencia para que la nueva defensa de Rodríguez tenga tiempo de interiorizarse en el expediente. “Es inminente la realización de esta audiencia, en la cual vamos a solicitar la elevación a juicio y donde se va a exponer nuestra teoría del caso”, adelantó.
“Mi teoría del caso es muy clara y está alineada con la del Ministerio Público Fiscal. La víctima llegó con los dos imputados al lugar del hecho, y nunca salió de allí. Entendemos que el motivo, el detonante de todo esto, fueron cuestiones de índole sexual que terminaron con la vida de la víctima de la forma más cruel e inhumana. Nadie merece que le roben la vida de esta manera; solo era una joven de 17 años, con una proyección de vida tremenda”, expresó Bustos.
Oses y Rodríguez se encuentran con prisión preventiva y enfrentan una posible condena de prisión perpetua. Bustos destacó el desarrollo de la investigación y el “trabajo incansable del Ministerio Público Fiscal”.
Cuando se realice la audiencia de la semana que viene es muy probable que la causa se eleve a juicio para determinar la responsabilidad de los acusados por el crimen de la joven.
El oficialismo declaró el interés por la independencia de Eslovenia.
Al igual que en la Cámara de Diputados, la actividad legislativa brilló por su ausencia en el Concejo Deliberante este jueves. El grueso de la sesión de hoy, de casi 4 horas, se fueron en debatir la remoción de la presidenta, Laura Sánchez, luego de que, la semana pasada, tratara a Julieta Ponce como malvada, burlista y ridícula. Fuera de ello, se declararon de interés legislativo municipal el Día Nacional de las Altas Capacidades, las actividades de la asociación “Abrazo de Madre” y un par de proyectos por las independencias de Eslovenia y Venezuela.
El debate por la remoción de Sánchez empezó con una cuestión de privilegio planteada por Ponce, quien también citó a Juan Domingo Perón, como hizo Sánchez la semana pasada. “El general lo que decía era ‘el bruto siempre es peor que un malo, porque el malo puede volverse bueno’. En ese caso yo podría volverme buena si fuese la mala, pero un bruto no se puede volver inteligente”, dijo la concejal opositora. “A vos lo que te identifica es que representás intereses personales. Representás toda la mugre que hay que sacar de la política”, agregó Ponce, refiriéndose al hecho de que Sánchez fue electa por la lista de Sergio Tamayo y al momento de asumir se cambió a las filas de Gastón Hissa.
A esto, Agustina Gatto le agregó un pedido de que “no crucemos ciertos límites”, ya que la presidenta del Concejo la sesión pasada habló sobre la familia de Ponce. “Creo que los hijos están fuera de esto, que la familia está fuera de esto y que los padres están fuera de esto”, añadió.
La respuesta de Sánchez fue, lisa y llanamente: “No voy a rectificarme por los dichos”. Acto seguido, se votó la cuestión de privilegio, la cual fue rechazada por la mayoría oficialista.
Acto seguido, Alejandro Cordido pidió el tratamiento sobre tablas del proyecto que presentaron para remover de su cargo a Sánchez, alegando una “gravedad institucional inusitada, evidente y jocosamente vivenciada por el oficialismo que responde al intendente”. Además de los dichos de Sánchez sobre Ponce, señaló que la Presidenta le mintió “en la cara a todos los legisladores de este Concejo Deliberante” cuando dijo que tenía las rendiciones trimestrales del Ejecutivo municipal, las cuales ingresaron al cuerpo semanas después.
De igual manera, el grueso del debate giró en torno a una resolución de Presidencia donde deja “sin efecto” un despacho de la comisión de Legislación e Interpretación. Este “despacho” trataba sobre el polémico proyecto que busca la prohibición de los trapitos y cuidacoches en la ciudad, e “incluía” una serie de modificaciones que el oficialista Mario Silvestri le quiere hacer al texto enviado por el Poder Ejecutivo.
Según la resolución de Sánchez, este “despacho” fue firmado “unilateralmente” por Silvestri, como presidente de dicha comisión, y “emitido en contravención a lo dispuesto por el artículo 54 del Reglamento Interno” del Concejo. Por ello, lo deja sin efecto y ordena que sea devuelto a Legislación e Interpretación y emita un despacho legal.
Sin embargo, Cordido señaló, y este medio pudo comprobar, que al expediente no se le dio despacho, sino que se trató de un pase para que regrese a la comisión de Seguridad. Además, Cordido señaló que al pase lo firmaron él y Silvestri, y no solo el oficialista como dice la resolución de Presidencia. Lo extraño fue que Silvestri no incorporó sus modificaciones al proyecto, sino que lo dejó como estaba y envió a la comisión de Seguridad una suerte de “borrador” con sus propuestas.
En este sentido, cabe señalar que esta devolución, acompañada de un borrador, que hizo la comisión de Legislación e Interpretación a la de Seguridad es tan poco habitual como la resolución de presidencia dejando sin efecto el despacho.
Cordido también señaló que, en los considerandos de la resolución, se manifiesta que el despacho de la Comisión no incluye, en el libro de actas, “las opiniones vertidas” de todos los integrantes de la comisión, algo que en la práctica nunca se realiza. Por ende, comentó que si se aplica ese criterio a todos los despachos de todas las comisiones “todos los expedientes serían inválidos”.
Más allá de estos tecnicismos, Cordido alabó el trabajo de Silvestri, señalando que incluye datos, información y relevamientos de otras provincias y ciudades donde se han aplicado medidas similares y las consecuencias, tanto positivas como negativas, que han tenido. Concretamente, dijo que es un “trabajo pocas veces visto en un expediente de esta gestión” y que convierte a la iniciativa del Ejecutivo en “un proyecto superador”.
Por otro lado, le dijo a Sánchez lo siguiente: “Si usted elaboró esto, presidente, no puede seguir un minuto más como presidenta”. Cordido continuó su alocución señalando que Sánchez, al emitir esa resolución, “inventa facultades que no tiene”. “Si usted considera que eso es un despacho, no puede tocarle ni una coma, será este cuerpo el que decida sobre ese despacho”, dijo el opositor, quien habló más de una hora de corrido.
Por su parte, el también opositor Andrés Russo sostuvo, lisa y llanamente, que la resolución busca “anular un trabajo en comisión en mayoría”. “¿Cómo los concejales se van a atrever a modificar un proyecto que mandó el monarca Hissa?”, planteó sarcásticamente Russo, asegurando que el intendente “quiere criminalizar una actividad y eso es de canalla”.
A esto, Agustina Gatto le sumó que desde el oficialismo municipal “le quieren cortar la cabeza a un concejal de su bloque” y que le parecía “tremendo el chicotazo que le acaban de pegar” a Silvestri.
Finalmente, Silvestri, sobre quien tanto se dijo hoy, tomó la palabra y realizó una serie de aclaraciones, explicando el camino del expediente y el trabajo de investigación que realizó para respaldar las modificaciones que propone. “He querido aportar cosas que sean beneficiosas”, dijo el oficialista. “Quiero dejar claro que en mi actuar no ha habido ningún tipo de mala intención y que jamás me he tomado atribuciones que no me correspondían”, añadió, señalando que simplemente quería que la comisión de Seguridad, por donde el proyecto del Ejecutivo ya había pasado, “se pusiera al día” con las modificaciones que él proponía.
Silvestri estuvo en el ojo de la tormenta este jueves.
Ya terminada la polémica por la resolución, y continuando con el pedido de remoción, Sánchez tomó la palabra y, como es habitual, disparó con munición gruesa y personal a la oposición, señalando exfuncionarios de la gestión de Sergio Tamayo y Alberto Rodríguez Saá que han sido denunciados, como Claudio Latini y Matías Follari, esposo de la concejal Paulina Calderón. “Todavía les duele que yo no haya pactado. Eso es traición, no lo que yo hice, traición es tener funcionarios denunciados por malversación de fondos”, dijo Sánchez.
En cuanto a sus palabras sobre Ponce, argumentó que las dijo como concejal y no como presidenta del Concejo, lo cual es cierto, ya que en ese momento había cedido la presidencia. “En ningún momento retomé la presidencia mientras hablaba”, remarcó.
Sánchez también respondió a otras críticas que se le hacen, como la no realización de las sesiones del Concejo en los barrios, manifestando que, “en ningún artículo” dice que es obligatorio llevarlas a cabo. También dijo que hacerlas implica traslado, sonido y otros gastos que no son necesarios porque las sesiones se transmiten en vivo y las puertas del Concejo están abiertas. “No puedo estar sacando plata para esto”, sostuvo.
También respondió sobre acusaciones con respecto a dos personas que tendrían un cargo en la Municipalidad y también en el Concejo. Sobre una de ellas dijo que renunció a la Municipalidad, mientras que sobre la otra manifestó que no la conoce y que no trabaja en el Concejo.
“Como ellos no están en el poder, no van a dejar gobernar. Y por eso fue mi voto, porque no iban a dejar gobernar lo que decidió el ciudadano en las urnas”, añadió minutos después, explicando por qué se pasó al oficialismo.
Sánchez luego cerró su alocución pidiendo disculpas a los ciudadanos porque están “perdiendo el tiempo” y porque no están “tratando lo que realmente ellos están necesitando”
Este cierre le dio un gran pie a la oposición, quienes inmediatamente se remitieron al orden del día de este jueves, el cual incluía cosas como “Declarar de Interés Legislativo Municipal la celebración y actividades a desarrollarse en el marco del Día de la Independencia de Venezuela el próximo 5 de julio” y “Declarar de Interés Legislativo Municipal el acto de conmemoración por el Día de la Independencia de Eslovenia a desarrollarse el de junio”.
“Yo me imagino a 3 eslovenos felices porque acá en la ciudad de San Luis estamos declarando de interés cultural la independencia de Eslovenia. Me quiero morir y le quiero decir por qué. Porque hemos presentado un proyecto para que digan qué pasa con las cloacas de San Luis, porque en todos los barrios hay olor a podrido. Porque usted, presidenta, corrieron con su gestión a 300 familias y me habla del hambre. Continúan diciendo que trabajan por los ciudadanos de San Luis y es mentira”, le dijo Agustina Gatto.
Por su parte, Russo, con respecto a los exfuncionarios denunciados, entre los cuales él mismo está incluido (fue secretario de Gobierno de Tamayo), manifestó lo siguiente: “Estoy simplemente denunciado, hace un año y medio la causa está frenada porque las personas que tienen que ir a declarar, funcionarios del municipio que me denunciaron por daños informáticos, todavía no van. Dos veces se las citó y todavía no van porque no pueden sostener la barrabasada que denunciaron”, dijo el opositor, señalando que “la Justicia deberá comprobar si hay culpabilidad o no”.
Además, remarcó que, si el simple hecho de haber sido denunciado es señal de culpabilidad, el mismo criterio se debería aplicar a dirigentes del oficialismo, como Alejandro Heredia, Agustina Arancibia Rodríguez o el mismísimo gobernador.
Russo también se refirió al orden del día de hoy, remarcando que “parece una joda” y recordándole a Sánchez que el oficialismo es mayoría y, si realmente lo quisiera, podría sacar proyectos a favor del vecino todas las semanas.
Eventualmente, tras casi dos horas y media de debate, se sometió a votación la moción de tratar sobre tablas el pedido de remoción de Sánchez, pero la misma no logró los votos necesarios y el proyecto fue enviado a una comisión de la que seguramente nunca saldrá.
Minutos después, queriendo aprovechar que hacía más de una hora Silvestri se había ido del recinto, e indignados porque no se envió a la Comisión Investigadora la resolución de Sánchez que dejó sin efecto un despacho, la oposición se retiró para dejar la sesión sin quórum. Sin embargo, como por arte de magia, Silvestri apareció por la otra puerta, y el oficialismo logró conservar el quórum.
¿Qué hizo con ese quórum? ¿Trabajó por el vecino? No. Solo sesionó por 5 minutos más y declaró de interés municipal la independencia de Eslovenia.
Este jueves, la Municipalidad de San Luis realizó una nueva edición del programa La Muni Más Cerca, esta vez en el barrio 70 Viviendas, ubicado en la zona norte de la ciudad. Con una importante participación de vecinos, incluidos varios de barrios cercanos, el operativo volvió a mostrar una gran demanda en servicios como castraciones, salud primaria y atención ambiental.
“Ya llevamos 27 operativos. Estamos en la zona norte, en el barrio 70 Viviendas, la verdad que con muy buen resultado, porque el vecino ha internalizado esto de que el municipio todos los jueves está en distintos lugares de la ciudad”, expresó el intendente Gastón Hissa, presente en el lugar durante la jornada.
El jefe comunal destacó la dinámica territorial que adquiere el programa: “El vecino ha avisado previamente para poder acercarse a realizar todo tipo de trámites, está Catastro, está Rentas, Medio Ambiente, está el tráiler de Zoonosis, el tráiler de Atención Primaria y de la Salud para realizar control del niño sano, vacunación, todas las oficinas que el municipio tiene están desplegadas en los barrios los días jueves”.
Salud y zoonosis, los más buscados
Entre los servicios más requeridos volvieron a destacarse las castraciones gratuitas y las consultas médicas: “Lo más requerido es el tema de castraciones, nosotros hacemos castración, desparasitación y vacunación. Ya llevamos más de 10.000 castraciones realizadas”, indicó Hissa. “También es muy utilizado el tráiler de Atención Primaria y de la Salud respecto del control del niño sano, se realiza mucho ese tipo de consultas y también vacunación y consulta odontológica”.
Además, el intendente señaló que el trabajo se articula con los centros de salud provinciales: “Nosotros trabajamos en red también con los centros de atención primaria y de la salud de la zona, entonces todo lo que relevamos se comparte de alguna manera con el centro de salud del barrio”.
Si bien el programa está pensado para los vecinos del barrio donde se realiza, Hissa aclaró que no hay restricciones si se acercan personas de otras zonas: “No hay ningún problema porque es la municipalidad desplegada en los barrios”.
Coordinadores zonales y reclamos locales
A un mes de haber sido implementada, la figura de los coordinadores zonales también fue parte del balance. “El balance para mí es positivo porque en cada recorrida que hago siempre me acompaña el coordinador de la zona que corresponde en donde estoy y la verdad, el vecino ha empezado a identificarlo, los conoce y eso era el objetivo”, dijo Hissa. “No es lo mismo a veces esperar dos o tres días un reclamo, que tener a la mano a un delegado de la zona que quizás puede gestionar y solucionar el tema en mucho menos tiempo”.
Entre los problemas detectados este jueves, los vecinos hicieron hincapié en terrenos baldíos descuidados: “Reconocieron mucho el sistema de luminaria, cómo ha mejorado. Sí, un tema con algunos terrenos que se encuentran abandonados, que no tienen limpieza ni están cerrados ni alumbrados. Nos han pedido que arbitremos las medidas necesarias para que intimemos a los propietarios”.
Ante la consulta sobre el papel del Juzgado de Faltas, que es el que justamente debe luego sancionar a los vecinos, Hissa destacó el trabajo conjunto con respeto institucional: “Yo soy muy respetuoso de todos los poderes del Estado y está muy bien. Siempre en el marco de la institucionalidad hay una cordialidad, un respeto y estamos trabajando todos con un mismo objetivo que es trabajar para el vecino”.
“No voy a tener problema en conversarlo personalmente si llegara a pasar que notamos alguna cuestión, pero en estos momentos nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y ellos están haciendo el suyo”, concluyó el intendente.
A raíz del reclamo de vecinos del barrio Cerro de la Cruz, la Defensoría del Pueblo de San Luis emitió el pasado 24 de junio una resolución en la que recomienda al Ejecutivo municipal suspender el funcionamiento de una antena de telefonía celular montada en el corazón del barrio. El organismo también pidió la nulidad de las resoluciones municipales que autorizaron la obra y solicitó que se ordene el desmantelamiento inmediato de la estructura.
Hoy, jueves 26 de junio, el intendente Gastón Hissa anunció la suspensión de la obra. “No es la primera antena que se conecta en la ciudad, que se instala. Hay muchas de estas antenas. Así que hay que ver bien en qué está perjudicando a los vecinos y tomar una decisión en el marco de la ley objetiva y, por supuesto, tomando la sugerencia del Defensor del Pueblo. Por el momento la vamos a suspender (a la obra) y nos vamos a tomar el tiempo necesario para arribar a una conclusión”, dijo el intendente hoy, en declaraciones a la prensa.
El reclamo fue iniciado por los propios vecinos tras advertir la instalación de una torre de telecomunicaciones en el patio de una vivienda ubicada en manzana 273, casa 13. La estructura pertenece a la empresa Sitios Argentina S.A., y fue aprobada por el municipio a través de dos resoluciones dictadas este año. Sin embargo, la Defensoría advirtió múltiples irregularidades e incumplimientos normativos en todo el proceso.
Entre las principales observaciones, el organismo detectó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el municipio solo analiza la estructura física de la torre, omitiendo el impacto de las emisiones de radiaciones electromagnéticas, que constituyen el componente esencial de este tipo de proyectos. Además, no se realizó audiencia pública —un requisito obligatorio según la ley provincial de Evaluación de Impacto Ambiental— ni se garantizó la participación ciudadana de los vecinos directamente afectados.
El informe técnico también señala que el expediente municipal carece de elementos fundamentales, como la autorización del ENACOM sobre niveles de radiación no ionizante, un seguro de responsabilidad civil vigente, el estudio de suelos y la Declaración de Impacto Ambiental. A esto se suman errores metodológicos en la evaluación de impactos, la subestimación de los efectos negativos en la salud y en el ambiente, y la pérdida de valor inmobiliario en las propiedades linderas.
“La normativa nacional y provincial exige que estos proyectos se evalúen de forma integral y con participación ciudadana. En este caso se ha omitido deliberadamente tanto el análisis del impacto real de la actividad como los mecanismos de consulta pública, lo cual invalida todo el procedimiento”, concluye el informe.
En ese marco, la resolución también insta al Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis a adecuar la normativa municipal en materia ambiental para que esté en concordancia con las leyes provinciales y nacionales. Entre otras recomendaciones, propone establecer el procedimiento obligatorio de audiencia pública para estos casos, exigir la presentación de alternativas tecnológicas y de ubicación en los estudios de impacto ambiental, y contemplar de forma específica la actuación de los Operadores Independientes de Infraestructura Pasiva.
El intendente de San Luis, Gastón Hissa, recibió este miércoles en su despacho a directivos de Carrefour Argentina para dialogar sobre la apertura de una nueva sucursal en la ciudad capital. Será la tercera tienda de la cadena francesa en la provincia.
“El intendente se mostró muy comprometido con la creación de fuentes de trabajo y nos transmitió la importancia de que estos puestos se concreten lo antes posible. Fue muy buena la reunión, siempre es un placer anunciar una inversión con este tipo de apoyo institucional”, señaló Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de Carrefour Argentina.
Detalles del emprendimiento
En el encuentro, los directivos desarrollaron los aspectos técnicos del proyecto: la tienda funcionará bajo el formato Carrefour Maxi y estará ubicada sobre la Ruta 3, dentro del predio de la Zona de Actividad Comercial (ZAC). El emprendimiento será desarrollado en conjunto con la empresa local Coraza Hierros, con una inversión total de 15 millones de dólares.
La obra ya está en marcha y se prevé la creación de 100 puestos de trabajo, con inauguración programada para octubre. El formato Maxi combina propuestas mayoristas y minoristas, ofreciendo productos de almacén, limpieza, perfumería, frutas, verduras, carnes, electrodomésticos, artículos de bazar y textiles.
“Esta nueva sucursal permitirá a los clientes acceder a todo el surtido de productos que ofrece Carrefour a nivel nacional, pero con precios todavía más bajos”, explicó Zoroza durante la reunión.
Apoyo municipal y desarrollo del sector
Alejandro Gómez, director ejecutivo de Coraza Hierros y desarrollador del ZAC, quien también participó de la reunión, valoró la recepción municipal. “La actitud del intendente fue excelente. Se mostró comprometido con la generación de empleo y el impacto económico que este proyecto implica”, destacó.
Gómez explicó que este desarrollo es especialmente estratégico porque acompaña el crecimiento habitacional del sector sur, donde próximamente se entregarán alrededor de 800 viviendas construidas por el gobierno provincial.
La inversión se distribuye entre Carrefour, que aportará 10 millones de dólares, y Coraza Hierros, que invertirá los 5 millones restantes. El proyecto forma parte de un desarrollo más amplio del ZAC que contempla futuras etapas con supermercado, patio de comidas, farmacia y espacios recreativos.
Un abogado y un empresario fueron imputados de los presuntos delitos de delito de usurpación por abuso de confianza y el juez ordenó que el campo que fue adjudicado a la firma “El Caburé”, propiedad del Gobierno provincial, sea restituido.
El Ministerio Público Fiscal solicitó este jueves que se formulen cargos provisorios a dos hombres que, en marco de una constatación ordenada en otro proceso judicial, se constituyeron en un campo y permanecieron en el lugar sin poseer un título que acreditara esa acción.
El pedido de formulación de cargos se realizó en contra de Alejandro René Viano (abogado) y Alejandro Marcelo Ingaramo (empresario), quienes oportunamente presentaron una demanda civil para recuperar la posesión del inmueble objeto del conflicto, la cual tramita en el Juzgado Civil Nº 5 de la Primera Circunscripción Judicial.
El campo está ubicado en el Kilómetro 144, en la Ruta Provincial 27, posee 1997 hectáreas y es propiedad del Gobierno de la Provincia de San Luis, detalló Fiscalía. Oportunamente, había sido adjudicado a una firma “El Caburé” – de la cual Ingaramo es presidente – en marco de un proyecto agropecuario.
Según lo expresado por Fiscalía, el pasado 26 de diciembre, aproximadamente después de las 8 de la mañana, los dos imputados se constituyeron en el campo, en marco de una constatación que estaba ordenada en otro de los procesos judiciales vigentes. En esa circunstancia, colocaron un candado a la propiedad y comunicaron que llevarían una copia de la llave al Juzgado interviniente. Posteriormente, permanecieron en el establecimiento sin poseer un título legítimo y despojaron al Gobierno Provincial. Incluso, detalló el Ministerio Público Fiscal, ingresaron animales al establecimiento.
Esa acción constituyó el despojo y en consecuencia, Fiscalía solicitó que se formulen cargos provisorios a Viano e Ingaramo como autores del delito de usurpación por abuso de confianza, en los términos previstos en el Art. 181 inc. 1 del Código penal Argentino.
Asimismo, pidió como medida cautelar el lanzamiento del inmueble, es decir la restitución a su legítimo propietario. Aseguró que el hecho está acreditado, que las circunstancias y el perjuicio ocasionado están claros.
En el mismo sentido se expresó Flavio Avila – en representación de Fiscalía de Estado – quien aseguró que los imputados ingresaron y permanecieron en el inmueble sin poseer un título que legitimara esa acción. Aseguró que el lanzamiento es la medida cautelar idónea
Por su parte, Viano – en su propia representación y en la defensa de Ingaramo – enumeró la evidencia que incorporaría al legajo digital en relación al expediente existente en el fuero civil, entre otros elementos.
Luego de escuchar a las partes, el juez tuvo por formulados cargos provisorios en los términos solicitados por Fiscalía y ordenó – en un plazo de quince días hábiles – el lanzamiento del inmueble, el cual debe ser restituido provisoriamente, sin perjuicio de las medidas cautelares que se hayan adoptado en los demás expedientes que se tramitan.
Aclaró que su decisión fue en relación al hecho descripto por el Ministerio Público Fiscal – ocurrido el pasado 26 de diciembre – y atento la formulación de cargos resuelta en el día de hoy y de acuerdo a lo previsto en el Art. 211 – último párrafo – del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de San Luis.
Por último, el juez aclaró que la medida cautelar de lanzamiento deberá concretarse con la intervención de un Oficial de Justicia y previa notificación a las partes.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso la cesantía del psiquiatra Franco Mastronardi, quien se desempeñaba en el Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial, por haber ejercido su profesión en el ámbito privado en violación a las incompatibilidades establecidas por la ley. La medida fue formalizada mediante el Auto Interlocutorio Nº 31-STJSL-SA-2025 hace un par de días por un sumario que se le inició en septiembre 2024.
La primera actividad del gobernador Claudio Poggi este viernes en Quines fue la visita a las obras de 14 viviendas que se construyen en la localidad. Las unidades forman parte de la culminación de los programas habitacionales ‘Progreso’ y ‘Sueños’, cuyas adjudicaciones estaban pendientes desde hace años.
Desde la Comisaría Seccional 23° informaron que este miércoles, el Juzgado de Garantía N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza subrogante Luciana Banó, ordenó la prisión preventiva por 120 días para un joven de 22 años acusado de múltiples y graves delitos cometidos contra integrantes de su familia, entre ellos una menor de edad. En la causa interviene la Fiscalía de Instrucción Penal en Género N° 2, a cargo de la Dra. Mercedes García.
La ministra de Salud, Teresa Nigra, junto a su equipo administrativo y técnico, y con la participación de bioingenieros, realizó una visita al concesionario del proveedor adjudicado para inspeccionar la primera unidad sanitaria correspondiente al proceso de adquisición de 26 ambulancias, destinadas a fortalecer el sistema de emergencias de la provincia.
La investigación por el crimen de Zoe Pérez, ocurrido en la localidad de La Toma en febrero de 2024, concluyó su etapa de instrucción y tiene como imputados a Leandro Oses y Adrián Rodríguez, acusados del delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte. Este viernes se llevó a cabo una audiencia en la que estaba previsto que la querella solicitara la elevación a juicio, pero fue pospuesta para la semana que viene debido a que Rodríguez cuenta con nueva defensa.
Este jueves, la Municipalidad de San Luis realizó una nueva edición del programa La Muni Más Cerca, esta vez en el barrio 70 Viviendas, ubicado en la zona norte de la ciudad. Con una importante participación de vecinos, incluidos varios de barrios cercanos, el operativo volvió a mostrar una gran demanda en servicios como castraciones, salud primaria y atención ambiental.
A raíz del reclamo de vecinos del barrio Cerro de la Cruz, la Defensoría del Pueblo de San Luis emitió el pasado 24 de junio una resolución en la que recomienda al Ejecutivo municipal suspender el funcionamiento de una antena de telefonía celular montada en el corazón del barrio. El organismo también pidió la nulidad de las resoluciones municipales que autorizaron la obra y solicitó que se ordene el desmantelamiento inmediato de la estructura.
El intendente de San Luis, Gastón Hissa, recibió este miércoles en su despacho a directivos de Carrefour Argentina para dialogar sobre la apertura de una nueva sucursal en la ciudad capital. Será la tercera tienda de la cadena francesa en la provincia.
Un abogado y un empresario fueron imputados de los presuntos delitos de delito de usurpación por abuso de confianza y el juez ordenó que el campo que fue adjudicado a la firma “El Caburé”, propiedad del Gobierno provincial, sea restituido.