Este miércoles por la mañana, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis ofreció una conferencia de prensa para anunciar el impulso de más de 25 causas judiciales por ejercicio ilegal de la profesión. La presidenta de la institución, María Elena Tamayo, presentó al nuevo equipo legal del Colegio, conformado por los abogados Rafael Berruezo y Maximiliano del Signore, quienes brindaron detalles sobre las denuncias penales en curso.

“Desde que asumimos como abogados del Colegio, retomamos las causas que ya estaban iniciadas, las hemos impulsado y han avanzado. Ya han sido notificados los imputados”, explicó Berruezo, quien precisó que las acusaciones recaen sobre personas que ejercen como martilleros sin título habilitante o que, aun teniendo título, no están matriculadas.

Maximiliano del Signore fue quien brindó las declaraciones más contundentes de la jornada. “Tenemos más de 25 denuncias, 20 más por ingresar, y varios casos en donde ya hubo allanamientos, constataciones judiciales y audiencias de imputación”, sostuvo. Además, dio nombres concretos: “Entre los denunciados están Silvio Albarracín, Guillermo Miranda, Godoy Servicio Inmobiliario, Alberto Rodríguez y Héctor Maza. Queremos condenar a todos los que están realizando de manera ilegal el ejercicio de esta profesión”.

El abogado también mencionó imputaciones ya formalizadas: “Se le formuló cargos a Rosa Karina Soria, autora del delito de ejercicio ilegal de la profesión previsto y penado por el artículo 247 del Código Penal, para que sepan que todas estas consecuencias van a ir contra todos, contra todos los que denunciamos, a todos los vamos a llevar a los estratos judiciales y a todos les vamos a ir con una condena que va de 15 días a un año”.

Del Signore destacó que algunos de los denunciados se acercaron al Colegio para alcanzar acuerdos conciliatorios. “Logramos conciliar un acuerdo con más de uno y esperamos que más se puedan acercar”, señaló.

Las denuncias se distribuyen en toda la provincia. En San Luis capital, las causas están en manos de las fiscalías Nº 1, 2 y 3, mientras que en Villa Mercedes interviene la Fiscalía Nº 2. “De ahí en más queda en pos de la fiscalía avanzar hacia el debate oral para conseguir una condena”, agregó del Signore.

Por su parte, Tamayo remarcó que el accionar del Colegio busca proteger tanto a la profesión como a la ciudadanía. “Una persona no capacitada, que no conoce los términos legales ni el alcance de esta profesión, causa un perjuicio en la seguridad jurídica. Defendemos nuestra profesión y, sobre todo, buscamos brindarle seguridad jurídica a la sociedad”, concluyó.

Este miércoles por la mañana, el centro de San Luis fue escenario de una contundente protesta encabezada por instituciones, transportistas, prestadores de servicios y familias de personas con discapacidad. La movilización tuvo como eje el reclamo por el congelamiento del nomenclador nacional que regula los aranceles de las prestaciones, lo que genera una crítica situación financiera en los centros que brindan asistencia diaria.

Marcos Barzola, propietario del Centro de Día Colibríes, explicó que “todos dependemos de los mismos aranceles que no aumentan desde el año pasado. Y los últimos meses del año pasado fueron aumentos insignificantes realmente”. Según detalló, en septiembre fue del 1%, en octubre otro 1%, en noviembre del 0,8% y en diciembre apenas del 0,5%. “Este año directamente no hubo aumento. Nos pone en una situación crítica”, sostuvo. En su centro, que actualmente recibe a 30 personas con discapacidad, llevan tres meses generando deudas en cargas sociales. “Eso es lo primero que dejamos de pagar cuando enfrentamos una situación financiera complicada”, advirtió.

Barzola también se refirió a los costos de funcionamiento. Señaló que “el servicio hoy en día está en unos 700 mil pesos cuando la persona requiere mayor asistencia y 500 y algo cuando requiere menor asistencia”. Ese monto, explicó, cubre todas las prestaciones durante el mes, como alimentación, materiales y actividades. En Colibríes trabajan actualmente 20 personas, entre empleados en relación de dependencia y profesionales que facturan sus servicios.

Barzola también señaló que el Estado provincial, que cuenta con una Secretaría de Personas con Discapacidad, no hace ningún aporte en particular para mejorar la situación, más allá del pago de aranceles que se realiza a través de Dosep. “El Estado Provincial hace un pago de aranceles de las prestaciones que cubre DOSEP, como puede ser transporte o kinesiología o fonoaudiología, o, en nuestro caso, la prestación que es el Centro de Día. Estos aranceles de DOSEP históricamente siempre han estado por debajo de los aranceles nacionales. Hoy, increíblemente, se acercan mucho los aranceles de DOSEP a los nacionales porque DOSEP ha subido algunos porcentajes y los nacionales nada”, explicó Barzola.

Daniela Pappa, psicóloga del Centro de Día La Esperanza, también participó de la movilización. “Estamos todos reunidos acá para reclamar sobre todo los derechos de los chicos y las chicas que concurren al centro de día y de la gente que también trabaja en la institución”, afirmó. Contó que los recortes han sido fuertes y que “los salarios están bastante atrasados”, lo que impacta directamente en el funcionamiento de los servicios.

Pappa aseguró que “cada vez son más recortadas” las prestaciones para personas con discapacidad, lo que perjudica su calidad de vida. “Sabemos que el dinero es importante para que esos derechos se sigan manteniendo”, expresó. También indicó que, si bien se trata de servicios financiados principalmente por Nación a través de la ley de discapacidad, el impacto se siente “en todo, en mayor o menor medida”.

La jueza de Garantía N° 4 de la ciudad de San Luis, Luciana Banó, ordenó este jueves la apertura a juicio de una causa por presuntos delitos contra la administración pública y que tiene a la ex funcionaria provincial en la gestión de Alberto Rodríguez Saá, Cintia Ramírez, como acusada y con un pedido de condena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El fiscal de Instrucción N° 1 de la Primera Circunscripción, Francisco Assat Alí, describió que Ramírez fue simultáneamente secretaria de Deportes, presidenta del Ente Deporte San Luis y también presidió el San Luis Fútbol Club y que, desde estos roles, realizó maniobras irregulares con fondos del Estado. Entre las acusaciones figura la compra de un colectivo con presunto sobreprecio, caso que fue revelado por La Gaceta Digital el 14 diciembre de 2023.

Según el relato fiscal en la audiencia de control de acusación, la imputada asumió el cargo el 16 de marzo de 2022 y, en menos de un mes, promovió la creación del Ente de Deporte San Luis, que recibió un aporte no reintegrable de 280 millones de pesos. Seis meses después, el 6 de octubre de 2022, fundó la asociación civil San Luis FC, presidida por ella misma, con su pareja como vicepresidente y un socio fundador que, a la vez, dirigía el ente público mencionado.

“Es desde este momento que entendemos que comienzan a darse acciones o conductas que entendemos que constituyen delitos”, narró Assat y explicó que entre 2022 y 2023, se realizaron 188 transferencias desde el Ente de Deporte al club privado por un total de más de 166 millones de pesos, para cubrir gastos como transporte, viandas, electrodomésticos y regalos empresariales.

“En definitiva, cualquier gasto que tuviera El San Luis de FC, propiedad de Ramírez, era cubierto por fondos públicos gestionados por la Secretaría de Deportes, dirigida por Ramírez y canalizado por el ente de deporte presidido también por Naturalmente y a tenor de los reglamentados por el decreto y normativa aplicable, estas acciones tenían una apariencia legal en lo formal, pero siempre estuvieron encubriendo un ardid destinado a privilegiar intereses particulares”, cuestionó el fiscal.

La compra de un colectivo

En su acusación, Assat dijo que, a días de dejar su cargo, en diciembre de 2023, Ramírez gestionó la compra de un colectivo usado por casi 290 millones de pesos, con un sobreprecio estimado en 175 millones según la tasación oficial.

“Se trató de un colectivo marca Volvo, modelo 2018 en deplorable estado de conservación con casi un millón de kilómetros. La cuantiosa erogación se materializó en un expediente administrativo que se inició el 1° de diciembre del 2023, es decir, 9 días antes de que Ramírez dejara el cargo de funcionaria pública”, comentó el titular de la Fiscalía 1.

De qué se la acusa

La fiscalía calificó los hechos en dos bloques. Respecto a las transferencias, Assat dijo que se la acusa de negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265 del Código Penal). Inicialmente se había planteado la figura de malversación de caudales públicos, y la querella, representada por el jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, había solicitado sumar el delito de peculado (artículo 261).

Para unificar la acusación y evitar superposición de figuras legales, se convocó a una audiencia con el Procurador General de la Provincia de San Luis, quien resolvió que el tipo penal aplicable es el de peculado. En consecuencia, el Ministerio Público desistió de la imputación por malversación.

Además, tanto este hecho como otros vinculados a la compra de un colectivo —presuntamente adquirido con sobreprecio— fueron encuadrados también como fraude a la administración pública (artículo 174, inciso 5°), negociaciones incompatibles con la función pública y incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248). Los delitos se consideran en concurso ideal y real.

El Ministerio Público, integrado además por los fiscales adjuntos Roxana Alcaraz y Juan Pablo Estopiñán, destacó, además, el impacto institucional negativo que estos hechos habrían tenido para la provincia de San Luis y argumentó que la sanción busca restaurar la vigencia del orden legal y resarcir, en parte, el daño ocasionado al erario público.

Calderón Salomón adhirió a la acusación fiscal como así también a la prueba testimonial, documental y pericial ofrecida por la Fiscalía.

La defensa planteó una nulidad, pero fue rechazada

Marcos Juárez y Ramiro Rubio, abogados defensores de la ex funcionaria, plantearon la nulidad de la acusación formal por considerar que vulnera principios procesales fundamentales como el derecho de defensa y el principio de congruencia.

Según explicó, la acusación presenta deficiencias en dos aspectos clave: la relación precisa y circunstanciada de los hechos atribuidos (inciso B del art. 166 del Código Procesal) y la calificación legal de esos hechos (inciso C).

En este sentido, denunció que las 188 órdenes de pago incluidas en la acusación no todas corresponden al San Luis Fútbol Club, como se sostiene, sino a otras disciplinas y beneficiarios. Esto, advirtió, desvía el objeto del proceso y rompe la congruencia entre el hecho imputado y las pruebas ofrecidas.

Además, el defensor hizo foco en una modificación sustancial de la calificación legal: se sustituyó el delito de malversación de caudales públicos por el de peculado, sin que se convocara nuevamente a la imputada a ejercer su defensa.

“No es lo mismo que a mí me acusen de haber sacado plata de un lugar y destinado a otro, que es la malversación de caudales públicos, que me acusen de sustraer dinero de las arcas del Estado, que es el peculado. Entonces, la acusación es nula, de nulidad absoluta. Hay que traer a Ramírez para que se defiendan del peculado”, reclamó el abogado. Luego de escuchar a la defensa, la jueza Banó solicitó un cuarto intermedio para resolver finalmente el rechazo al planteo de nulidad presentado por la defensa.

Fuente: Prensa Poder Judicial

En una conferencia de prensa realizada este martes en la ciudad de San Luis, el abogado Martín Villegas anunció que presentó una denuncia penal por el delito de envenenamiento (artículo 200 del Código Penal) y por incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248). La denuncia fue presentada luego de que un excombatiente de Malvinas, Víctor Vital, advirtiera formalmente al Ministerio de Salud provincial sobre supuesta contaminación en vacunas (tanto de Covid como de calendario), sin recibir respuesta; sumado al caso de Luis Bolocco, quien asegura que sufrió 2 infartos a causa de las vacunas contra el Covid.

Villegas contó que la denuncia fue radicada ayer y quedó registrada bajo el número de expediente 458575, a cargo del fiscal Francisco Assat. El letrado afirmó que se trata de una causa penal con base en San Luis, ya que “se analizaron vacunas compradas en las farmacias de San Luis” y que esos viales fueron examinados por dos científicas del CONICET durante un congreso realizado en Potrero de los Funes en marzo.

Villegas sostuvo que los estudios detectaron “material particulado, nanopartículas metálicas, un material no biológico que no tiene por qué estar en una vacuna que se inyecta en vena”. Afirmó además que esa contaminación fue constatada “bajo actas notariales” por el escribano Juan Cruz Bertín. “El lugar del hecho es San Luis”, subrayó el abogado.

La denuncia no apunta a funcionarios específicos, sino que, según palabras del propio Villegas, “apunta a lo que el fiscal o el juez investigue quién puede estar envenenando a la población con las llamadas vacunas, bajo el paradigma que creemos que las vacunas salvan vidas”. Agregó que, a su entender, “las vacunas, la finalidad es dañar para después venderte el medicamento”.

Críticas a organismos de control
El abogado criticó duramente el rol de la ANMAT y del Ministerio de Salud. Afirmó que “no hay ninguna transparencia”, ya que que “la ANMAT controla documentación, declaraciones juradas. La ANMAT, como entidad de control, no analiza los viales. Esto es gravísimo”. Aseguró también que “hay juicios en Mar del Plata, en Comodoro Py, donde se le pide a la ANMAT que analice físicamente los viales” y que el organismo respondió que “sólo analizan declaraciones juradas de la farmacéutica”.

Sobre la denuncia, remarcó que se presentaron “los estudios científicos del CONICET” y que todo el material probatorio fue entregado al fiscal de turno. “Todas tienen la misma materia prima que es óxido de grafeno y sus derivados, más 62 nanometales que están en la denuncia y hemos acompañado los estudios pertinentes”, dijo Villegas, quien afirmó también que no obtuvieron respuestas por parte de las autoridades provinciales ni del Círculo Médico ni de otras instituciones.

El testimonio de Luis Bolocco
Durante la conferencia también tomó la palabra Luis Bolocco, quien contó que, tras recibir cuatro dosis de vacunas contra el Covid-19, sufrió dos infartos. “Yo hasta hace un par de años atrás fui el más sano de la familia. Desde chiquito hasta grande no sabía lo que era un resfrio o nada. Era muy saludable. Tuve dos episodios, uno que fue un infarto y después otro más grave que requirió cateterismo y stent. A partir de ahí mi vida cambió completamente”, relató Luis, señalando que se agita al atarse los cordones, que le ha mermado la voz y que ha sufrido otras “afecciones que son más íntimas”.

Consultado sobre la relación entre su cuadro clínico y las vacunas de Covid, de las cuales recibió 4 dosis, respondió: “Y porque toda esta investigación que está saliendo, todo este tema y están dando las pautas de todos estos problemas cardíacos que se están generando en las personas, porque es notable, es muy curioso. Personas jóvenes están sufriendo problemas. Hemos, incluso hemos visto jugadores de fútbol caer redondos en la cancha con un infarto. Gente joven infartada, es una cosa notable”.

“A los niños desde que nacen los están envenenando”
Por su parte, Víctor Vital aseguró que notificó el año pasado a la entonces ministra de Salud, Claudia Spagnuolo, sobre el contenido de los viales y pidió la suspensión de las inoculaciones y que “no tuvo respuesta”. Luego agregó que invitaron a la actual ministra, Teresa Nigra, a participar del congreso de Potrero de los Funes, o enviar un representante, “y no lo hicieron”.

“En ese congreso fue importantísimo, como dice el doctor, vinieron científicos del sur, de Santa Fe, de Bolivia y demostramos la contaminación de todas las clases de inóculos. Como dice el doctor, lo compramos en una farmacia de San Luis y la llevamos al predio del Potrero, donde toda la gente presente pudo ver la contaminación, ante escribano público. No hay ninguna duda”, dijo Vital.

“Nadie se hace eco de esta gravísima situación, porque a los niños desde que nacen les están poniendo veneno, porque las 55 sustancias encontradas, que no están declaradas en los prospectos de los viales, están metiendo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esto es gravísimo y en el Círculo Médico tampoco tuvimos respuesta. Ahora vamos a volver a invitar a todos, porque esto excede todo. Ellos ya están sabiendo, porque son la primera línea de esto. ¿Por qué hay tanto cáncer en la provincia? ¿De dónde viene ese cáncer? ¿Por qué hay niños que tienen cáncer, ‘turbo cáncer’ a edad temprana? Nos tienen que dar una respuesta”, continuó. “Yo les pido a los padres que no inoculen más a sus hijos hasta que no se aclare esto. Nos tienen que decir qué es esto, este contenido de los inóculos. A los niños, cuando recién nacen, se ponen muchísimas vacunas. Se lo están envenenando desde que nacen”, comentó después.

Convocatoria a las autoridades sanitarias
En el tramo final de la conferencia, Villegas invitó a las autoridades del Hospital Ramón Carrillo a que analicen con sus propios equipos el contenido de los viales que poseen. “Tienen el microscopio y las vacunas ahí, tanto de COVID como del calendario. Que coloquen uno de los viales al microscopio y vean lo que hay”, dijo.

Según el abogado, el tamaño de las partículas encontradas en los análisis excede ampliamente lo autorizado. “Hemos detectado, mil, mil quinientos micrones. Es un elemento particular que no puede estar de ninguna manera en un vial”, expresó, señalando que las vacunas “tienen que tener entre 25” micrones.

Finalmente, planteó que la presencia de estas sustancias no se debe a una falla de calidad, sino a un supuesto “plan deliberado para disminuir el sistema inmune y enfermar a las personas”. “Esto de la teoría del virus atenuado, todo eso, conforme a lo que nosotros hemos estudiado, es todo falso, es una falsedad”, concluyó.

La Vicejefatura de Gabinete del Interior, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper), implementará —a partir del 2 de junio de 2025— un nuevo procedimiento para autorizar la salida del país de menores de 18 años que viajen solo con pasaporte.

Desde esa fecha, ambos progenitores, o uno solo en caso de fallecimiento o vínculo filial único, podrán realizar la solicitud de autorización ante el Renaper de forma presencial, en cualquier Centro de Atención, Oficina Seccional o Consular habilitada.

Este nuevo trámite permitirá, en una primera etapa, autorizar viajes sobre pasaportes ya emitidos. En una segunda etapa, se habilitará la posibilidad de tramitar conjuntamente el pasaporte y la autorización.

Aunque la gestión requiere la presencia física de los progenitores, el procedimiento es digitalizado y simplificado: la identidad se verifica mediante biometría facial, el vínculo con el menor se constata automáticamente a partir de los registros existentes, y la autorización queda registrada digitalmente y se notifica a la Dirección Nacional de Migraciones. La constancia del trámite será enviada por medios digitales a los progenitores.

El trámite puede realizarse con la presencia conjunta o separada de los adultos, en distintos momentos e incluso en diferentes lugares habilitados del país o del exterior.

En esta etapa inicial, el servicio se aplicará exclusivamente a menores argentinos (nativos o por opción) con pasaporte vigente o que lo tramiten en simultáneo.

La autorización será válida para que el menor viaje solo a cualquier país del mundo, con vigencia hasta su mayoría de edad o el vencimiento del pasaporte (lo que ocurra primero), siempre que sea otorgada por ambos progenitores argentinos o residentes en el país.

Cabe destacar que esta autorización podrá ser revocada en cualquier momento por cualquiera de los progenitores que la haya otorgado, mediante una solicitud presencial en los centros habilitados del Renaper. Esto no implicará en ningún caso la revocación de otras autorizaciones de viaje otorgadas con antelación o posteriormente, a través de las formas previstas.

Con esta medida, la Vicejefatura de Gabinete del Interior —a través de Renaper y Migraciones— busca optimizar los controles migratorios, garantizar la seguridad de los menores y facilitar a las familias un procedimiento más ágil, seguro y eficiente.

La agenda del gobernador Claudio Poggi comenzó temprano este jueves con su participación en una nueva reunión de la Comisión de Control y Seguimiento de Recursos Federales y Provinciales, creada al inicio de su gestión. En el encuentro, el primer mandatario dio una directiva clave: que los administradores del presupuesto y los fondos públicos obren con máxima austeridad.

“Todos los meses realizamos reuniones donde participan todos los ministerios, secretarías y también los entes y empresas del Estado. Nos reunimos y evaluamos la evolución, cómo están creciendo los recursos o no, qué gestiones podemos hacer y la cobrabilidad y gestión de cobranzas. En esta ocasión, el Gobernador nos acompañó y presidió la reunión. Estuvimos evaluando y analizando cada uno de estos ingresos que tiene la provincia”, comentó Eugenia Sosa Herrera, a cargo de la Dirección de Finanzas y Recursos del Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública.

“El pedido del Gobernador tiene dos direcciones. Por un lado, la gestión. Insiste con la gestión de los recursos, tanto los provinciales como los nacionales. Que cada ministerio, cada secretaría se comunique con Nación y gestionemos para percibir realmente, o sea, que los recursos que están regulados por normativa provincial se efectivice su depósito en las cuentas bancarias para poder afectarlos a los fines que están atados, digamos, en el presupuesto. Por otro lado, también hizo hincapié en el concepto de austeridad del gasto. Si bien estos recursos son súper importantes, tenemos que gastarlos con eficiencia, de saber a dónde van direccionados en cuanto a las políticas provinciales. El concepto de austeridad es el que nos rige en esta gestión”, replicó la funcionaria.

Fuente: ANSL

Desde la Comisaría Seccional 37° informaron que este miércoles por la noche, alrededor de las 21:30, se tomó conocimiento de que una mujer había sido herida con un arma blanca en la vía pública, específicamente en la manzana 178 del barrio 900 Viviendas de la ciudad de La Punta, por lo que inmediatamente se solicitó una ambulancia.
Los policías se dirigieron hacia el lugar y observaron a una mujer recostada en la calle, siendo asistida por un hombre.

Los uniformados se entrevistaron con la mujer -de 36 años de edad-, quien manifestó que su expareja (un sujeto de 39 años de edad) había quedado al cuidado de sus dos hijos menores de edad en su domicilio mientras ella estaba trabajando. La víctima indicó que cuando regresaba a su casa en una motocicleta Motomel Skua, el individuo la abordó unos metros antes de llegar y la hirió en la zona de la espalda con un arma blanca, lo que provocó su caída de la moto.

Tras el hecho, el agresor se dio a la fuga.

La mujer fue asistida por personal médico en el lugar y luego fue trasladada hacia el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo” donde luego quedó internada, debido a las lesiones que presentaba en la espalda.

Tomó intervención la Fiscalía de Instrucción Penal en Género, Diversidad Sexual y Adultos Mayores N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de Antonella Córdoba, desde donde se ordenó la detención del sujeto de 39 años de edad. En ese sentido, la Policía lleva adelante las tareas correspondientes para dar con el agresor.

Fuente: Prensa Ministerio de Seguridad

Un grupo de productores agropecuarios de la zona de Eleodoro Lobos, en el departamento Pringles, decidió afrontar por cuenta propia la reparación de un tramo de 1.500 metros de la Ruta Provincial 30, ante la supuesta inacción de Vialidad Provincial, a la que le reclamaron en múltiples oportunidades sin obtener soluciones concretas. La inversión, aseguraron, demandará más de $11 millones costeados directamente por los productores, mientras que el resto corresponde a donaciones de material y maquinaria por parte de algunos vecinos.

Federico Horas, productor de la zona, explicó a este medio que la situación se agravó luego de una gran lluvia ocurrida el año pasado. “Se hizo una barranca gigante en donde el camino estuvo intransitable más de 20 días, sin poder pasar nada, ni una moto. Entonces, en ese momento, un vecino nos dio paso a través del campo de él, todo campo privado”, relató. “Después un día vino Vialidad, nos arregló el camino, pero lo parchó, se lo arregló así nomás. Vino otra lluvia, se llevó el camino de vuelta, 10 días más sin camino. Vino Vialidad, lo arregló así nomás otra vez, y no vino nunca más”, agregó.

Horas detalló que hace dos meses fue la última vez que personal de Vialidad trabajó en el lugar, pero que lo hizo de forma deficiente: “Pasaron la motoniveladora, hicieron un trabajo mediano, porque no sirve lo que hicieron. Ahí están mal hechos los trabajos, entonces cualquier lluviecita que viene, rompe el camino”.

El productor explicó que el terreno es particularmente problemático porque la tierra es muy blanda. “Se hace guadal ahí nomás, rápido. Entonces empiezan a patinar los camiones, y se empiezan a quedar, y ya no pueden pasar. Tiene que venir un tractor, engancharle una linga, sacarlo y ese movimiento se rompe aún más el camino. Y bueno, así el productor decide no cargar más camiones y pierde parte de la cosecha”, indicó.

Uno de los reclamos sostenidos de los productores a Vialidad fue la necesidad de que al menos enviaran un camión regador o una motoniveladora con frecuencia para el mantenimiento del camino, algo que no ocurrió. Según Horas, además de las pérdidas económicas y logísticas, la situación implica una seria dificultad para la vida cotidiana de quienes habitan y trabajan en la zona. “Tenés toda la gente que vive en los campos, que labura en el campo, que no puede salir, que tiene que pedirte a vos una camioneta porque en su auto no pueden salir por el campo, porque se les queda empantanado”, expresó.

Los productores también señalaron que pagan un impuesto provincial específico, el DO.PRO, que incluye el pago de la guía, el certificado de venta y un pago a cuenta de Ingresos Brutos, sin recibir contraprestaciones. “Pagamos un impuesto provincial que se llama el DOPRO. Por cada camión que sale pagás alrededor de 25 mil pesos. Por ese camino salen camiones todos los días y salen 40 camiones por día en plena campaña como la que va a empezar ahora”, explicó Horas.

A pesar de las gestiones realizadas, que incluyeron la presentación de notas formales y comunicaciones directas con funcionarios de Vialidad Provincial, no hubo respuestas satisfactorias. “Todos los productores han llamado, hemos ido a Vialidad, hemos presentado papeles. ¿Cuál es la respuesta de Vialidad? Bueno, formen un consorcio y después les podemos llegar a dar algo. Esa fue la respuesta hace 10 días”, contó.

Ante la inminente llegada de la cosecha de maíz, los productores decidieron avanzar con recursos propios. Según explicó Horas, contrataron maquinaria pesada, camiones batea, una pala cargadora, una motoniveladora y un camión regador para realizar las tareas necesarias. “Ahora, por estos 2 días de trabajo que vamos a hacer, que es para la parte crítica, tenemos estimado entre 11 y 12 millones de pesos, más o menos”, dijo Federico, remarcando que los productores aportan todo tipo de recursos, sin los cuales el costo de la obra rondaría los 15 millones.

Horas también comentó que su padre, Guillermo Horas, ofreció a Vialidad material de ripio y granza sin costo, desde su campo sobre la Ruta 3, pero tampoco hubo respuesta. “Vialidad no hizo nada, entonces ahora en esta situación que estamos inminente a la cosecha, decidimos entre todos los productores unir fuerzas y contratar todo lo que se requiere para poder consolidar una parte del camino, que son sólo 1.500 metros”, dijo.

Finalmente, Horas remarcó que la solución que están llevando adelante es sólo transitoria y que el problema estructural persiste. “Nosotros pedimos, por favor, que se arregle todo el camino, que serán unos 20 kilómetros. No en todas las secciones está igual, pero acá se formó una cárcava, entonces quedó todo el material suelto y es imposible mantenerlo sin los recursos. O sea, pasan 10 camiones y se rompe el camino. Hace falta una obra urgente”, concluyó.

Cabe señalar que Federico Horas envió a este medio copias de las notas dirigidas a Vialidad Provincial, al igual que fotografías y videos que evidencian tanto el mal estado del camino como las tareas que los productores están realizando por cuenta propia.