Merlo: 8 años de prisión por abuso sexual a la nieta de su pareja

Este miércoles por la tarde, un Tribunal de la Sala Penal de la Tercera Circunscripción Judicial, integrado por el juez Daniel Sanchiño como presidente y las vocales Sandra Piguillem y María Claudia Uccello, condenó a un hombre a ocho años de prisión por abuso sexual simple en perjuicio de la nieta de su pareja. El Tribunal dispuso su inmediata detención y traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

En resguardo de la intimidad de la niña y para evitar su revictimización, no se difunde la identidad de las personas involucradas

El fallo fue dictado por unanimidad tras la jornada final del debate, que incluyó la reproducción del testimonio de la niña mediante Cámara Gesell y las declaraciones de los últimos testigos. Luego de un cuarto intermedio, las partes expusieron sus alegatos de cierre.

La fiscal Débora Roy Gitto, en representación del Ministerio Público Fiscal, solicitó una pena de ocho años de prisión, consideró como agravantes las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y el estado de vulnerabilidad de la víctima. Señaló como atenuante la ausencia de antecedentes penales.

La defensora de Niñez, Adolescencia e Incapacidad, Gabriela L´Huillier, adhirió a la Fiscal y planteó como agravante el daño psicológico a la víctima. La querella, representada por la abogada Antolina Ramallo Chaboux, acompañó ambas posturas. Por su parte, el Defensor Oficial Penal Nº 2, Francisco Pérez, solicitó la absolución del acusado.

Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2021, cuando la niña tenía siete años y quedaba al cuidado de su abuela y su pareja mientras sus padres trabajaban. Según la acusación, el imputado cometió actos de tocamientos y besos sin consentimiento.

Sobre el veredicto y la sentencia

La resolución se ajustó a lo establecido en el artículo 197 del Código Procesal Penal de San Luis, que prohíbe a los tribunales aplicar una calificación legal o una pena más gravosa que la solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Esta disposición, conocida en el ámbito jurídico como “principio de congruencia”, garantiza que el fallo se corresponda con lo debatido durante el juicio y resguarda el derecho de defensa del imputado.

Qué es el delito de abuso sexual simple

El abuso sexual simple está previsto en el artículo 119 del Código Penal Argentino. Se configura cuando una persona tiene contacto corporal con connotación sexual sin consentimiento, sin llegar al acceso carnal ni mediar violencia extrema. En casos donde la víctima es una niña, niño o adolescente, se considera agravado por el impacto en su desarrollo.

Este tipo de delito vulnera la libertad sexual y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. En el caso de niñas, niños y adolescentes, también afecta su desarrollo personal.

No es necesario que exista una lesión física o daño visible para que se considere delito: el consentimiento es clave. Si no lo hay, es abuso.

Fuente: Prensa Poder Judicial

La Municipalidad de San Luis implementa Coordinaciones Zonales para optimizar los servicios públicos

Por decisión del intendente Gastón Hissa, la Municipalidad de San Luis incorpora a su estructura orgánico-funcional cuatro Coordinaciones Zonales, dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos, Mantenimiento y Movilidad Urbana. Esta medida tiene como objetivo reforzar la gestión territorial de los servicios esenciales en distintos sectores de la ciudad.

Las nuevas Coordinaciones corresponden a las zonas Noroeste, Noreste, Centro-Oeste y Sur. Tendrán como función principal colaborar con la Coordinación General de Servicios Públicos para garantizar la prestación eficiente de servicios como agua potable, alumbrado público, recolección de residuos, mantenimiento vial, limpieza de espacios verdes y barrido de calles.

Los coordinadores son:

• Javier Montiveros – Zona Sur
• Mauro Herrera – Zonas Centro y Oeste
• Alberto Heredia – Zona Noroeste
• Mauro Oro – Zona Noreste

Cada uno de ellos deberá:

  • Supervisar y colaborar con las áreas operativas en la ejecución de los servicios.
  • Diseñar estrategias administrativas para responder a los requerimientos ciudadanos.
  • Informar periódicamente a la autoridad correspondiente sobre los proyectos y actividades ejecutadas.
  • Realizar supervisiones técnicas para evaluar la eficiencia y el cumplimiento de los servicios.

Esta reorganización busca descentralizar la gestión operativa y brindar una atención más ágil y cercana a las necesidades de cada zona.

Fuente: Prensa Municipalidad de San Luis

Mafia de las escrituras: imputarán a 12 personas y los abogados que revelaron el caso piden la intervención del Poder Judicial

Maximiliano y Sebastián Pipitone

A casi tres meses de que La Gaceta Digital diera a conocer el caso de una posible asociación ilícita que se habría apropiado de cientos de terrenos y propiedades en todo el territorio provincial, los abogados que destaparon esta olla, Maximiliano y Sebastián Pipitone, dieron a conocer que el fiscal de la causa, Francisco Assat, está listo para, en los próximos días, imputar penalmente a 12 personas.

Entre estas personas se encuentran los abogados Juan Cruz Domínguez y Pablo Herrera, Hugo Alberto Guzmán, Javier Alberto Ochoa, Juan Alberto Sosa, Mario Cristian Vega, María de los Ángeles Toscano y Walter Luis Tercero, entre otros. Los delitos por los cuales serán imputados son los siguientes: asociación ilícita, falsificación de documento público, uso de documento falso, falsedad ideológica, falsificación de sellos oficiales destinados al cobro de impuestos, estafa procesal, falso testimonio, encubrimiento, desobediencia a una orden judicial, retención indebida y puesta en circulación de bienes o activos provenientes de un ilícito penal. Para conocer en detalle cómo operaba esta posible asociación, hacé click acá.

“La Fiscalía ha entendido que ya tiene razones suficientes para imputar en una primera instancia a 12 personas, que han sido parte de maniobras asociativas y coordinadas durante un lapso de tiempo de 12 años”, comentó Maximiliano Pipitone, en declaraciones a La Gaceta Digital. “Esta posible asociación ilícita, formada por estos 12 primeros integrantes, tenían como una actividad de simulación judicial de roles, donde siempre obtenían una escritura y (ganaban) ese juicio de posesión. Había personas que contrataban los servicios de estos grandes simuladores. Entonces, esta persona que contrataba los servicios de esta gente, también participa en la maniobra, porque los necesitó para tener la sentencia y se prestó para firmar un documento falso”, comentó Maximiliano.

“En la actualidad, se ha pedido (la formulación de cargos) solo por 12 personas, lo que no implica que solamente la investigación se centre en 12 personas. Si vos me preguntás a mí, en la denuncia surgen mucho más de 40 personas mencionadas, entre documentación, referencias y testimonios que se pueden llegar a involucrar en estas maniobras”, agregó el abogado, quien aclaró que, por lo pronto, no sería imputada ninguna de las personas que habría “contratado” a esta posible asociación. También destacó que hay otras personas “que han estado involucradas en las maniobras judiciales”, pero que solo lo hicieron “por uno o dos expedientes”.

La renuncia de Cecilia Chada al Superior Tribunal
Este lunes se conoció la renuncia de Cecilia Chada como ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien aseguró que la misma se debía a la “proximidad de su edad jubilatoria”. Sin embargo, los Pipitone opinan que la dimisión está relacionada al principal denunciado, el abogado Juan Cruz Domínguez, quien es pareja de la hermana de Chada. “En mi opinión estrictamente personal, no tengo dudas, porque justamente fíjate que fue días previos al llamado a la formulación de cargos a quien es su cuñado (Juan Cruz Domínguez). No te olvides que en la maniobra que describimos, y la documentación que ya consta en el expediente, vincula que un inmueble de su propiedad ha sido utilizado para perpetrar estos engaños a la justicia. Entonces, no tengo duda de que seguramente se ha sentido incómoda con la investigación y puede haber acelerado o motivado la renuncia”, agregó Maximiliano.

En este contexto, Sebastián recordó que, justamente por esto último, solicitaron hace un mes la recusación de todos los miembros del STJ. “Una razón o una de las razones por las cuales se interpuso la recusación ha sido que no se puede asegurar la imparcialidad de los juzgadores, del Superior Tribunal y de allí para abajo. Entonces, en razón de eso, no solo han sido recusados, sino que existe la posibilidad de que sea solicitada una intervención del Poder Judicial. Nosotros creemos que la gravedad institucional es tal que estamos habilitados para hacerlo y los legisladores están habilitados para solicitarlo”, remarcó el letrado.

Cabe señalar que, si todo el STJ es recusado, se debe conformar un STJ subrogante para tratar esta causa, con integrantes prevenientes de las cámaras de segunda instancia de la provincia. Acá, uno de los problemas que se podría suscitar es que la pareja de Domínguez, y hermana de la exministra Chada, es María Nazarena Chada, juez de la Sala Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Laboral de la Segunda Circunscripción Judicial.

Pedido de intervención del Poder Judicial
“Entiendo que amerita una intervención de todo el Poder Judicial, porque todas las instancias se ven al menos comprometidas en lo que ha pasado. No hablemos de culpabilidad, hablemos objetivamente de responsabilidad o de los hechos que sucedieron. Es grave que un oficial notificador encontrara domicilios donde no existen. Es grave los domicilios que se utilizaron para notificar tantas demandas. Es grave que los testigos siempre fueran los mismos, es grave que las sentencias siempre fueron sobre la otra parte en rebeldía. Digamos, es grave explicarlo institucionalmente cuando la persona principalmente denunciada tiene por pareja a una juez camarista (Nazarena Chada) y por cuñada a una renunciante que miembro del Superior Tribunal de Justica (Cecilia Chada), el órgano máximo de justicia, que además se le utilizó uno de los domicilios para perpetrar los hechos”, remarcó Maximiliano.

Por su parte, Sebastián les recordó públicamente a todos los jueces “que llevan adelante causas de alguna de estas personas, donde se han presentado contratos de estas personas” que “tienen la obligación”, en caso de “advertir alguna irregularidad en la documentación o en las declaraciones testimoniales” de notificar al fiscal de la causa “para que continúe la línea investigativa que se viene realizando sobre esta asociación”.

“Si tenemos en cuenta esa cantidad de expedientes en donde estas personas habrían participado como actor, como testigo o como demandado, y que esos expedientes han tramitado en juzgados de primera instancia, pero que luego esas causas, muchas de ellas han llegado a la Cámara (de Apelaciones). Entonces esas Cámaras ya han participado de muchos de estos expedientes. Entonces estamos hablando de un inconveniente grave para poder garantizar la imparcialidad en la resolución de este caso”, añadió Sebastián, reafirmando su idea de que el Poder Judicial debería ser intervenido.

“La intervención del Poder Judicial tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Lo puede pedir el Presidente de la Nación o lo pueden pedir los legisladores nacionales, pero para que un legislador nacional lo pida, tiene que conocer el expediente que hoy la Justicia lo tiene reservado. Entonces nos queda solamente a nosotros pedir intervención. ¿Por qué? Porque creemos que no pueden garantizar el Poder Judicial la imparcialidad en esta causa tan compleja, donde hay tantas personas”, continuó Maximiliano.

En base a esto, Sebastián consideró que es clave que la Justicia haga público el expediente de la causa, “porque en definitiva la sociedad va a poder verificar la prueba, las acusaciones y las resoluciones, porque hay tanta gente implicada, hay tantas responsabilidades institucionales que el hecho de que haya muchos ojos posados en la causa va a dificultar de alguna manera que se tomen decisiones arbitrarias o en defensa y protección de los miembros de esta asociación”.

El viernes 30 habrá una nueva jornada de donación de sangre en el Hospital Ramón Carrillo

El servicio de Hemoterapia del Hospital Central ‘Doctor Ramón Carrillo’ convoca a la comunidad a unirse a una nueva jornada de donación de sangre, que se llevará a cabo el viernes 30, de 8:30 a 11:30, en el hall principal. Esta acción solidaria es muy importante para asegurar un suministro adecuado de sangre y derivados esenciales, que son vitales para la atención de pacientes en situaciones críticas y que transitan diversos tratamientos médicos.

Las jornadas de donación, que se realizan semanalmente, representan una valiosa oportunidad para contribuir a la salud pública. La donación de sangre es un acto fundamental no solo en procedimientos quirúrgicos y tratamientos oncológicos, sino también en transfusiones urgentes. Cada gota cuenta y puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, brindando esperanza a quienes más lo necesitan.

El hospital hace un llamado especial a todos los ciudadanos para que se sumen a esta noble causa. Para participar en la donación, se deben cumplir ciertos requisitos: ser mayor de 18 años y menor de 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y no padecer enfermedades infecciosas o crónicas. Además, se recomienda a los donantes que consuman una bebida azucarada y se mantengan bien hidratados antes de la donación.

El proceso de donación es rápido, seguro y eficiente, con una duración promedio de 15 a 20 minutos. Todo se realiza bajo la supervisión de personal médico capacitado, quien llevará a cabo una evaluación previa para garantizar la seguridad de todos los participantes. En caso de cumplir con los requisitos, la extracción de sangre se realizará en un entorno controlado, donde se seguirán estrictas medidas de higiene y seguridad.

Fuente: ANSL

Ya casi llegando a junio, finalmente se conformaron las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados

En su quinta sesión del año, ya casi llegando al mes de junio, finalmente quedaron conformadas las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados, lo que debería traducirse en una mayor actividad legislativa que este 2025, entre los habituales 4 meses de vacaciones y las sesiones sin quórum por la campaña electoral, ha sido inexistente.

Debido a esto, la sesión de este miércoles fue más que breve (menos de 40 minutos tras la lectura del orden del día), y lo más destacado fue la lectura de la conformación de las comisiones, las cuales serán de 7 miembros, a razón de 5 por el oficialismo y sus aliados y 2 por la oposición, salvo algunas donde serán 4 y 3.

Las comisiones quedaron conformadas de la siguiente manera:

Asuntos Constitucionales
Patafio, Marisa Noemí
Perano, Luciana María
Loredo, Maia Macarena
Giménez, Ricardo Javier
Gurruchaga, Christian Ariel
Berardo, Federico
Petrino, Gloria Isabel

Legislación General
Pereira, Carlos Roberto
Chiatti, Mauro Antonio
Loredo, Maia Macarena
Causi, Verónica Teresa
Muñoz, Graciela Edith
Pinelli, Claudia Mariela
Mirabile Ochoa, Enzo Wilfredo

Finanzas, Obras Públicas y Economía
Gallardo, María Eugenia
Perano, Luciana María
Mancilla, María Gabriela
González Ferro, Edgardo Nicolás
Ricca, Ivana Daniela
Beltrán, Joaquín Raúl
Sosa Araujo, Silvia

Seguridad Pública
Mancilla, María Gabriela
Patafio, Marisa Noemí
Albornoz, Nancy del Valle
Loredo, Maia Macarena
Farías, Humberto Ariel
Delarco, Sonia Edith
Gosteli, María del Carmen

Educación, Ciencia y Técnica
Dassa, Claudia Rosanna
Díaz, Claudia Daniela
Mancilla, María Gabriela
López, Aída Beatriz
Glellel, Ana Doly
Berardo, Federico
Cabaña, Rodrigo Emmanuel

Vivienda e Inclusión Social
Blumencweig, Ingrid Rosa
Coniglio, Marta Liliana
Funes, Regina Zulema
Serra, Miriam Alicia
Gatica, Marcos Matías
Gosteli, María del Carmen
Spinuzza, María Fernanda

Salud, Seguridad Social, Derechos Humanos y Familia
Mancilla, María Gabriela
Causi, Verónica Teresa
Ricca, Ivana Daniela
Funes, Regina Zulema
López, Aída Beatriz
Palacios, Florencia Anabel
Páez Logioia, Marcelo Horacio

Promoción de la Equidad de Género y las Juventudes
Garro, Marina Betiana
Coniglio, Marta Liliana
Díaz, Claudia Daniela
Serra, Miriam Alicia
Pinelli, Claudia Mariela
Muñoz, Carlos Tránsito
Spinuzza, María Fernanda

Deportes, Turismo y las Culturas
Ricca, Ivana Daniela
Serra, Miriam Alicia
Blumencweig, Ingrid Rosa
Coniglio, Marta Liliana
Beltrán, Joaquín Raúl
Cabaña, Rodrigo Emmanuel
Dacuña, Carlos Sergio

Transporte, Industria, Comercio y Mercosur
Chiatti, Mauro Antonio
Serra, Miriam Alicia
Dassa, Claudia Rosanna
Macías, César Oscar
Gatica, Marcos Matías
Delarco, Sonia Edith
Aguilar, Lino Walter

Minería, Agricultura, Ganadería y Pesca
Dassa, Claudia Rosanna
Leyes, Ramón Alberto
Funes, Regina Zulema
Causi, Verónica Teresa
Altamiranda, Carlos Oscar
Mirábile Ochoa, Enzo Wilfredo
Páez Logioia, Marcelo Horacio

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
Giménez, Ricardo Javier
Pereira, Carlos Roberto
Díaz, Claudia Daniela
Altamiranda, Carlos Oscar
Dacuña, Carlos Sergio
Palacios, Florencia Anabel
Petrino, Gloria Isabel

Control y Seguimiento Legislativo
Albornoz, Nancy del Valle
Díaz, Claudia Daniela
Patafio, Marisa Noemí
Gurruchaga, Christian Ariel
Muñoz, Graciela Edith
Berardo, Federico
Petrino, Gloria Isabel

Comisión Bicameral Permanente de Control de Legalidad de Ordenanzas Dictadas por Intendentes Comisionados Municipales
Miembros Titulares
Perano, Luciana María
Albornoz, Nancy del Valle
Loredo, Maia Macarena
Macías, Oscar César
Farías, Humberto Ariel
Sosa Araujo, Silvia
Aguilar, Lino Walter

Miembros Suplentes
Coniglio, Marta Liliana
Causi, Verónica Teresa
Garro, Marina Betiana
Gallardo, María Eugenia
Leyes, Ramón Alberto
Palacios, Florencia Anabel
Berardo, Federico

De igual manera, no faltaron los proyectos de la oposición expresando preocupación o repudio por temas como el PANE. “No van a ser muy originales los fundamentos que tengo para hablar de este proyecto”, dijo el opositor Federico Berardo, presentando un “proyecto de preocupación porqué el Poder Ejecutivo Provincial continúa sin dar a conocer el listado de proveedores del Plan Alimentario Nutricional Escolar”.

“La sociedad necesita por una cuestión de tranquilidad conocer quiénes son los proveedores, no es el bloque justicialista”, continuó Berardo, quien agregó que “las estrategias legales no pueden estar por encima de la transparencia que necesita la sociedad”. Esto último fue en referencia a las declaraciones de la secretaria del PANE, Eugenia Gallardo, quien expresó que el listado no se revela porque recomendación de los abogados del Ministerio de Educación.

La oposición también presentó un pedido de informe donde solicita que el “Ministerio de Seguridad informe sobre irregularidades administrativas y posibles delitos contra la administración pública en el ámbito de la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía de la Provincia”. Sobre este proyecto, Silvia Sosa Araujo se refirió a que habría denuncias sobre el “negociado” de un plus para efectivos policiales a punto de retirarse. Esto se debe a que la jubilación de un policía surge del último sueldo que haya cobrado y no de sus aportes de los últimos años. “Mientras unos roban en la policía, otros patrullan”, dijo la opositora, en el breve tiempo que tuvo para exponer sobre el tema.

De igual manera, estos proyectos fueron fácilmente rechazados, sin mediar palabra alguna, por el oficialismo provincial, dando así final a la sesión de hoy y a otro mes sin actividad legislativa destacable.

Continúa el Plan de Inserción Laboral y ya se insertaron más de 140 del Plan de Inclusión al sector privado

El Ministerio de Desarrollo Humano gestiona herramientas para incorporar a los beneficiarios del Plan de Inclusión Social en el sistema formal. En la actualidad, ya se han suscrito 82 convenios con empresas, que incluyeron a unos 140 trabajadores.

El programa de Inserción Laboral prevé la incorporación de las personas adheridas al Plan de Inclusión Social en empresas de San Luis. En este sentido, se propone que el Gobierno de la Provincia subsidie tal empleo.

Esto significa que cuando una empresa (un comercio, una carnicería, un almacén, una farmacia, una PyMEs o grandes empresas) deciden contratar a un beneficiario del Plan de Inclusión como empleado, la empresa se compromete mediante un convenio a registrarlo formalmente. Es decir, lo contratará en blanco de acuerdo al convenio que rige.

La Provincia le transferirá el monto que cobraría el beneficiario a la empresa, que serán $400 mil. De esta manera, se reduce sensiblemente el costo laboral para quien contrata a un beneficiario del Plan de Inclusión.

“Los beneficiarios adquieren la posibilidad de acceder a un trabajo formal, contar con aportes jubilatorios, tener obra social y desarrollar su vida dentro del sistema”, sostuvo el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini. No obstante, aclaró que el Plan de Inclusión se mantendrá como red de contención.

“El sistema está muy aceitado. Hemos firmado 82 convenios con diversas empresas y hay más de 140 beneficiarios trabajando en el sistema formal, de los cuales la gran mayoría ha manifestado satisfacción. Están muy contentos de haber dado este paso y queremos alentar que esto se siga generando. Como siempre dijimos, es el camino para encontrar un trabajo mejor”, afirmó.

El funcionario mencionó que el aporte a la empresa se realiza durante un año con el 100% del monto. El segundo año, durante el primer semestre, será el 75%. En tanto que durante el segundo semestre, será con el 50% del valor que cobren los beneficiarios del Plan de Inclusión Social en ese momento. “Es muy importante que los beneficiarios sepan que si su proyecto no funciona o no hay un buen vínculo, pueden volver al Plan porque su situación queda en un estado de suspensión, no de baja”, manifestó.

En adición, la iniciativa accionó para quitar la incompatibilidad con el monotributo, en cualquiera de sus modalidades: “Todos los beneficiarios que desarrollan una actividad en forma privada, fuera del horario en que realiza la contraprestación, pueden regularizar su actividad o comercio. Ya sea producción de bienes o servicios, se inscriben en el monotributo, habilitan un local comercial y esto no hace que pierda su condición de beneficiario del plan social”.

Esto traduce que, mientras el beneficiario cumpla con su horario laboral, puede realizar cualquier actividad formalmente. “El hecho de regularizar un comercio o la prestación de un servicio, abre nuevas posibilidades para que el emprendedor pueda crecer. No queremos de ninguna manera coartar estas posibilidades, sino al contrario: las alentamos“, subrayó el Ministro.

Como único requisito, se pide que se matriculen en el registro de emprendedores: “Pueden acceder a los programas de capacitación y de asistencia financiera del ministerio de Desarrollo Productivo (con Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento). Incluso, estamos generando nosotros un plan de asesoramiento y capacitación para aquellos que necesiten un acompañamiento en el desarrollo de su emprendimiento”, anticipó.

Quienes estén interesados en sumarse al programa, podrán acceder al portal de Autogestión de Beneficiarios del Plan de Inclusión o a la página del Gobierno. Allí ingresan con su DNI, generan un perfil personal y ponen de manifiesto su voluntad incorporarse. Deberán presentar su currículum, que será evaluado y caracterizado para las empresas.

A su vez, el ministro Bertolini informó la dirección de Inclusión Laboral se encuentra abocada a una labor muy intensa, visitando empresas y comercios para explicar este nuevo beneficio. “El beneficio es para ambas partes. La empresa adquiere un costo laboral muchísimo más bajo y, en algunos casos, subsidiamos casi el 40% de lo que cuesta contratar en blanco“, dijo.

“Hoy, el plan de Inclusión Social está cerrado a nuevos ingresos. Sin embargo, estamos dando oportunidades para aquellos que quieran insertarse en el sistema formal. Si algo no funciona, puede volver a su puesto, por lo cual no deberían tener temor. Es lo mismo que iniciar un emprendimiento. Si logran obtener un financiamiento en algún plan de asistencia a emprendedores, nos parece perfecto: sigue cumpliendo su horario, percibiendo el Plan y fuera de ese horario desarrolla su actividad. Si en algún momento considera que le sirve más dedicar el 100% del tiempo a su actividad, bueno, decidirá su camino a seguir”, expresó Bertolini.

“En el Plan hay alrededor de 20.000 beneficiarios, la misma cantidad de cuando asumimos la gestión. Esto se ha mantenido, salvo los movimientos habituales de altas o bajas. Tenemos la posibilidad de otorgar permisos de estudio para aquellos beneficiarios que deseen capacitarse. Hay distintos tipos de permisos: para terminar los estudios secundarios o primarios y para desarrollar capacitaciones en oficios o en alguna carrera de grado. Por supuesto, se ajusta al tiempo de la cursada: si las horas semanales superan un número, entonces el permiso es total y, sino, se le dan algunos días según el tipo de capacitación”, aclaró.

Fuente: ANSL

Poggi propondrá a Víctor Endeiza, primo del vicegobernador, para integrar el Superior Tribunal

El gobernador Claudio Poggi anunció que va a proponer a Víctor Endeiza, el actual Fiscal de Estado, para que asuma como miembro del Superior Tribunal de Justicia ante la renuncia de Cecilia Chada. El fiscal es primo hermano del vicegobernador Ricardo Endeiza. El nombramiento para que integre el Superior Tribunal requiere acuerdo del Senado provincial que preside el vicegobernador donde el oficialismo tiene mayoría.

“El Poder Ejecutivo va a proponer al nuevo Ministro del Superior Tribunal de Justicia, por supuesto siguiendo los pasos constitucionales previstos. Esto requiere el acuerdo del Senado y todos los pasos que tienen que darse. El Poder Ejecutivo va a proponer al doctor Víctor Endeiza para ocupar ese lugar”, anunció el Gobernador en un contacto con la prensa durante su visita a la escuela N° 175 ‘General José de San Martín’.

El fiscal de Estado asumió en el cargo el 12 de diciembre de 2023 en reemplazo de Roald Cattáneo.

“El doctor Endeiza es un profesional de derecho con casi 20 años en la Justicia, donde ocupó diferentes roles. Fue presidente del Colegio de Magistrados de Villa Mercedes, fue integrante del Consejo de la Magistratura, tiene una vasta experiencia en el tema judicial. Así que en los próximos días vamos a elevar, para consideración del Senado, la propuesta del Poder Ejecutivo”, agregó Poggi, quien destacó la “vasta experiencia judicial” del funcionario.

Víctor Endeiza fue secretario de la Sala Civil de la Cámara de Concarán (2003 a 2006), defensor de Cámara de Villa Mercedes (2006 a 2011), durante la primera gestión de Claudio Poggi al frente del Ejecutivo provincial fue secretario de Legal y Técnica (2011 a 2013) y secretario General (2013 a 2015), nuevamente defensor de Cámara de Villa Mercedes (2016 a 2023) y desde diciembre de ese año hasta la actualidad se desempeñó como Fiscal de Estado de la Provincia con una doble función: abogado de los tres poderes del Estado y a cargo del control de legalidad previo del acto administrativo.

Siendo defensor fue Presidente del Colegio de Magistrados de Villa Mercedes (entre 2009 y 2011), también elegido representante de los magistrados en el Consejo de la Magistratura en 2011 y 2017 (es el órgano que hace las ternas de jueces) y docente de Práctica Procesal Penal y Derecho Administrativo en la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis.

Fuente: ANSL

Prorrogan la preventiva de la policía que mató a sus hijos y se conoció el contenido de la carta que dejó a su familia

A casi ocho meses del doble filicidio que conmocionó a la provincia, la justicia decidió extender la prisión preventiva de Marina Silva, la mujer policía acusada de asesinar a sus dos hijos en su vivienda de Juana Koslay. En paralelo, salió a la luz el contenido completo de una de las cartas manuscritas que la imputada dejó sobre la mesa del comedor antes de abandonar la escena.

Este lunes, el Juzgado de Garantía N° 4 resolvió prorrogar por 120 días la detención de Silva, quien está imputada por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, agravado por el uso de arma de fuego. La decisión fue tomada por la jueza Luciana Banó, tras una audiencia en la que participaron la fiscal Antonella Córdoba, el defensor oficial Carlos Salazar y el abogado querellante Diego Bustos, en representación de la familia de las víctimas.

La fiscal fundamentó su pedido en que aún restan incorporar pruebas clave, como una pericia psicológica y psiquiátrica solicitada por la defensa, cuyos resultados todavía no están disponibles. También remarcó que persisten los riesgos procesales que justificaron la prisión desde el inicio de la investigación. Aunque la defensa pidió una prórroga menor, la jueza dio lugar al plazo propuesto por la fiscalía.

Entre las últimas medidas de prueba que se concretaron está la pericia caligráfica sobre tres escritos que fueron hallados en el domicilio donde ocurrió el crimen. Dos de ellos eran advertencias para que no ingresaran a la vivienda. Uno estaba pegado en la puerta principal y decía “no entres, llamá a la Policía”. El otro, en la puerta trasera, iba dirigido a su hermana: “no entres Melina”.

El tercero, escrito en una hoja de cuaderno y dejado sobre la mesa del comedor, fue analizado en profundidad por una licenciada en Criminalística del Departamento de Investigación de Delitos Complejos. El informe, dado a conocer por el portal El Chorrillero, determinó que todos los textos fueron escritos por Marina Silva y que la carta principal fue redactada en tres momentos distintos.

El primer tramo del mensaje, el más extenso y claro, decía: “Perdón, ya no pude más. No es culpa de nadie. Pero necesito paz. Pa y ma los amo. Hermanos gracias por todo. Y Jonathan perdón también, te amo. Perdón por no poder seguir más. Marina Silva”.

Según la perito, este fragmento fue escrito con calma, sin retoques ni vacilaciones, lo que le da un carácter de cierre y autenticidad. En una segunda parte, con la caligrafía más comprimida, escribió: “No quiero mis hijos sean una carga para nadie. Los amo tanto Bauti y Sofía, que necesito estemos juntos”.

Si bien la nota de la mujer policía transmite que Silva habría tenido intención de quitarse la vida, la mujer claramente no lo hizo y fue encontrada deambulando en estado de shock en la zona del dique Cruz de Piedra.

Finalmente, en un espacio aún más reducido, sumó una tercera reflexión: “Ni Jonathan, ni mamá me hicieron embargar el sueldo. Yo sola me llené de deudas y no supe manejarlo. Quise no le falte nada a los niños. Perdón”.

La pericia estableció que la nota fue redactada mientras Silva estaba sentada, debido a la forma y ritmo de escritura. En cambio, los papeles pegados en las puertas habrían sido escritos de pie, posiblemente en momentos posteriores.

Marina Silva permanece detenida en el Servicio Penitenciario Provincial. El próximo 1° de junio se cumplirán ocho meses del crimen de sus hijos, Sofía de 7 años y Bautista de 2, quienes fueron asesinados mientras dormían. La investigación, conducida por la fiscal Córdoba, se acerca a su etapa final.

Piden 3 años de prisión en suspenso para un hombre que atropelló y mató a un motociclista

El fiscal de Juicio N° 2 de la Primera Circunscripción, Fernando Rodríguez, presentó este martes una propuesta de juicio abreviado para que Felipe Iglesias, un automovilista de 67 años, sea condenado a tres años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para conducir. Al conductor se lo acusa de embestir con su Fiat Cronos y provocar la muerte de Pablo Ayala, de 37 años, que circulaba en su motocicleta Honda por la esquina de Caseros y 25 de Mayo, de la ciudad de San Luis. La víctima fatal viajaba con Florencia Arrieta, quién sufrió lesiones producto del impacto.

Rodríguez sostuvo que la calificación legal correcta es la de homicidio culposo y lesiones leves, en concurso ideal, tal como fue planteada inicialmente por la Fiscalía de Instrucción N° 3, que tuvo a cargo la investigación del hecho ocurrido la madrugada del 16 de diciembre de 2023. Iglesias llegó a debate acusado de homicidio simple con dolo eventual agravado por haberse dado a la fuga y no socorrer a la víctima en concurso real con lesiones graves con dolo eventual.

El representante del Ministerio Público argumentó que la figura del dolo eventual implica una interpretación en contra del imputado, lo cual contradice el principio de la duda a favor del imputado”, consagrado tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales con jerarquía constitucional y en el Código Penal argentino.

Como atenuantes, el fiscal mencionó la falta de antecedentes penales del imputado y descartó la existencia de agravantes. El acuerdo arribado entre la Fiscalía, la defensa y el imputado fue presentado ante un tribunal del Colegio de Jueces integrado por Ariel Parrillis, José Luis Flores y Adriana Lucero Alfonso.

Los jueces y la jueza, luego de escuchar a las partes, pasaron a resolver. Tienen hasta diez días hábiles para dar a conocer si homologan o rechazan el acuerdo presentado.

Durante la audiencia de juicio abreviado, Santiago Calderón Salomón, abogado defensor de Iglesias, dijo que la calificación de homicidio culposo es coherente y solicitó que se tengan en cuenta las condiciones personales y procesales del imputado al momento de dictar sentencia.

El defensor destacó que Iglesias padece enfermedades crónicas, entre ellas problemas cardíacos (dos stents coronarios) y diabetes tipo 2, las cuales fueron acreditadas durante el proceso. Además, recordó que el imputado estuvo más de cuatro meses en prisión domiciliaria, medida que fue revisada en función de su estado de salud.

El abogado remarcó que Iglesias colaboró activamente con la investigación y que, tras el siniestro vial en el que resultó fallecido un joven, se presentó voluntariamente ante la Policía, realizó el examen de alcoholemia (que dio negativo) y permitió las pericias del vehículo. Afirmó que no intentó ocultar pruebas ni evadir la acción de la justicia, y que su salida momentánea del lugar del hecho respondió a una descompensación de salud, también documentada.

“Pido disculpas a la familia”

Iglesias reconoció el hecho por el que se lo culpa, admitió su participación como así también la calificación legal acordada. “Le pido disculpas a la familia de las víctimas, nunca quise atropellar a nadie ni que pasara lo que pasó”, dijo el acusado.

Rechazo a la propuesta

Los abogados de la querella, Guillermo Gatica y Jorge Sosa, en representación de la familia de Ayala, y Martín Ignacio Loayza Fernández, de Arrieta, rechazaron la propuesta de la Fiscalía y cuestionaron el cambio de la calificación. “Creemos que hay mucho para debatir y saber que pasó esa noche. Creemos que la pena es más un premio que una condena”, expresó Sosa.

La palabra del padre de Pablo Ayala

Por pedido de su abogado, Carlos Ayala habló ante los jueces y también rechazó el acuerdo de juicio abreviado. “Llegué aquí con una expectativa y me voy con otra. Solo quiero justicia para mi hijo, no pido una cadena perpetua, solo justicia. Pablo era una hermosa persona y nosotros nos enteramos por los medios lo que había. No sabíamos que este señor lo había atropellado y que se bajó del auto, vio lo que había pasado, se agarró la cabeza y se lo abandonó”, dijo.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Amondarain recibió a intendentes de la Costa de los Comechingones para trabajar en conjunto

El ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, se reunió este martes con los intendentes de Villa Larca (Mateo Vilchez), Cortaderas (Macarena Benítez) y Los Molles (Marcelo Sánchez), para continuar articulando obras y acciones en pos de los vecinos de Chacabuco y Junín.

En la ocasión, el funcionario destacó que hace bastante que se viene trabajando de manera coordinada, visitando estas localidades para conocer sus realidades, necesidades y proyectos de la Costa de los Comechingones.

“Muy agradecidos porque el Ministro nos recibe como siempre: en pos de diálogo y buscando gestiones para nuestro pueblo. Estuvimos tratando un montón de temas como obras del ‘Construyendo con Tu Pueblo’, TuBi, entre otras cuestiones”, resumió Benítez.

El intendente Vilchez contó que concurrieron con algunos planteos y necesidades de sus localidades: “Siempre trabajamos en conjunto con todos los municipios de la zona, creo que es la idea: tratar de construir algo en el Corredor de los Comechingones que nunca se ha hecho e impulsarlo. Si trabajamos juntos y de manera coordinada ayudamos al Gobierno y el Gobierno nos ayuda a nosotros”.

Por su parte, Marcelo Sánchez dijo: “Estuvimos articulando el inicio, en mi caso, del ‘Construyendo Con Tu Pueblo 2’. También hablamos de una ampliación para nuestro Centro de Salud, que fue un compromiso del gobernador Poggi cuando nos visitó, así que nos vamos muy contentos. El Ministro siempre nos recibe, incluso a veces sin audiencia. Está muy cerca de los municipios y eso nos permite ir cubriendo las necesidades de cada lugar”.

Fuente: ANSL