Este lunes, el gobernador Claudio Poggi firmó un decreto clave para combatir el bullying, acoso, extorsión, amenazas o cualquier forma de violencia física, sexual, psicológica o verbal, incluyendo el ciberacoso, en las escuelas de San Luis. Puntualmente, la nueva normativa establece que quienes incurran en esas actitudes podrán perder beneficios dentro del programa ‘Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro’.

Este martes, en conferencia de prensa, el ministro de Educación, Guillermo Araujo, aclaró que “esto no es solamente para acciones que realicen los alumnos entre pares, sino también hacia docentes y directivos de las instituciones. Aquel estudiante que realice una acción de este tipo puede perder las estampillas que corresponden a ese año, y si comete hasta tres acciones relacionadas con estos temas, puede llegar a perder las estampillas acumuladas hasta el momento”.

La nueva normativa pretende ser “una herramienta más de uno de los ejes que ha pedido el Gobernador, que es la reconstrucción del tejido social. En este caso con una medida que busca directamente disminuir las acciones de bullying o violencia en la escuela”, comentó el Ministro. A la par, Claudio Vázquez, subdirector Bienestar Escolar, informó que respecto a 2024, este año los casos denunciados aumentaron un 40%.

“No hay escuelas en ninguna parte del país que no tengan este tipo de situaciones lamentablemente. Una manera es primero visibilizarlo y luego hacernos cargo para poder llevar adelante las acciones que teníamos que llevar, como dijo el Ministro, adelante, y a partir de ahí, por supuesto, nos fuimos dando cuenta que año tras año hay un aumento de estos casos, sobre todo de violencia en general, que son significativos y que llaman a la reflexión”, comentó el funcionario.

Cabe destacar que el aumento de las exposiciones que las instituciones educativas hicieron ante el ministerio de Educación responde a “dos años de trabajo, de pulir todos los procedimientos internos. Una acción de este tipo quizás al comienzo no sé si era lo correcto, sin tener todo el procedimiento interno de cómo llega esa denuncia o cómo llega ese caso hasta el Ministerio”, mencionó Araujo en mención a la Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar (Guiarse), elaborada por el ministerio de Educación y que contiene 72 protocolos de acción ante distintas situaciones dentro de la escuela y que sirve, a su vez, de marco normativo para catalogar cada acción y exponerla ante las autoridades.
“Estamos hablando de un tema realmente muy serio que no podemos dejar de ver”, sostuvo Vázquez. “Atañe a personas que sufren y que tienen consecuencias a corto, mediano y largo plazo, a veces realmente muy graves. Está muy asociado a las tasas altas de inasistencias, intermitencia, abandono escolar y por supuesto también está muy relacionado con casos de intentos de suicidio”, agregó.

“Para identificar una situación hemos tenido una tarea ardua de capacitación a los equipos directivos y docentes en el manejo de los protocolos vigentes en este momento. Esa intensidad de capacitación habla de que hemos capacitado a 400 escuelas de las 650 en seis meses, con lo cual hemos llegado casi al 60% de las escuelas de la provincia. En ese sentido, todos los equipos directivos y docentes saben exactamente cómo manejar el protocolo, qué son las acciones que debe llevar adelante la escuela y cuáles son las acciones que debemos llevar nosotros como funcionarios del ministerio de Educación”, detalló.

Denuncia, análisis y sanción

La posible quita parcial o total de estampillas escolares será un procedimiento de sanción interno que atañe únicamente al ministerio de Educación, sin dejar de lado que los actores (víctimas o autoridades escolares) puedan también denunciar el hecho por vía policial y/o judicial.

“Quien determina la sanción es el Ministerio de Educación y esto no se ha puesto por casualidad, sino también para proteger a los docentes y a los directivos de tener que tomar esta decisión. Porque si no, el directivo quizá queda expuesto ante los padres porque dispuso la quita de la estampilla”, detalló Araujo.

Ante la comunicación del hecho, las autoridades del Ministerio de Educación recabarán “información objetiva y fehaciente de la situación. No es por el solo hecho de que alguien lo denuncie en la red, sino que implicará ver las actas que ha labrado el directivo con casos anteriores, implicará reuniones con los padres y con los chicos involucrados, entrevistas con los compañeros, implicará un trabajo de investigación para definitivamente ver si el hecho ha ocurrido efectivamente”.

Candela Escudero, directora Beneficios Estudiantiles, detalló que “si el alumno incurre en alguno de los actos que están tipificados en el nuevo inciso, se le quitará las estampillas correspondientes al año en curso en donde comete el acto. Si lo comete hasta tres veces, la quita de estampillas será total, pierde totalmente el beneficio”.

Por último, el ministro expresó que “también tenemos que involucrar a los tutores en la resolución de estos problemas. Y, por supuesto, se toman medidas sancionatorias en base a los acuerdos de convivencia que tenga cada institución educativa, que son particulares. Pero nunca el espíritu es sancionar por la sanción misma, ni castigar, ni excluir. Muy por el contrario: es que logremos tener espacios educativos más saludables”.

Por ende, la nueva norma prevé sumar herramientas: “No son acciones aisladas, es un poco lo que también queremos transmitir. Son conjuntos de herramientas, algunas legales, otras sancionatorias, otras de formación, de concientización, que van dirigidas a los distintos actores, a los chicos, a los docentes, a las familias, y que justamente buscan fortalecer el tejido social, en este caso, el educativo”.

Fuente: ANSL

El Gobierno de San Luis realizó este fin de semana el cuarto y último remate de vehículos en desuso pertenecientes al Parque Automotor provincial, cerrando un ciclo que permitió recuperar en total casi $2.800 millones para las arcas del Estado. La jornada se llevó a cabo en el predio del Parque Automotor, con una gran convocatoria.

El subdirector del Parque Automotor, Franco Sánchez, informó en conferencia de prensa este martes que el sábado se remataron “216 vehículos, de los cuales solo siete quedaron desiertos”. Destacó que el resultado superó ampliamente las expectativas porque “se juntaron alrededor de $919 millones, 200 más de lo esperado. En total, la suma de los cuatro remates son más o menos dos millones de dólares”.

El director del Parque, Horacio del Percio, subrayó el rol clave que tuvo el Colegio de Martilleros en la organización “porque sin ellos no hubiésemos podido lograr ninguno de los cuatro remates y el éxito que hemos tenido”.

En total, desde marzo de 2024 hasta la fecha, se subastaron 762 vehículos. Del Percio precisó que “el 95% de todos estos remates son vehículos que estaban tirados en distintas partes de la provincia. Aquel que pudo repararse para volver a circular se lo ha hecho; de lo contrario, la subasta pública es la única forma de deshacerse de esos bienes”.

El funcionario explicó además los pasos siguientes del proceso administrativo: “Estamos completando los legajos con los datos de los compradores para llevarlos a la dirección Provincial de Rentas y realizar el cesado de los remates”. Aseguró que la entrega será inminente: “Calculamos que mediados de la próxima semana ya estarían en condiciones. Desde la dirección del Parque Automotor nos vamos a comunicar con cada comprador”.

Los fondos recuperados ya se tradujeron en nuevas inversiones para el Estado con la compra de “30 ambulancias, más de 100 patrulleros entre autos y camionetas, y ahora se están adquiriendo alrededor de 70 motos para el sistema de seguridad”, concluyó Del Percio.

Fuente: ANSL

El Consejo Directivo Provincial de ATE San Luis expresó su repudio al pago desdoblado de los salarios correspondiente al mes de noviembre en la Municipalidad de La Punta. La medida había sido confirmada días atrás por la gestión del intendente Luciano Ayala, que abonó solo una parte de los sueldos a funcionarios y no liquidó en su totalidad las sumas no remunerativas de los trabajadores, con la promesa de completar el pago el 10 de diciembre.

En su comunicado, el gremio manifestó su “repudio por el pago del salario en cuotas” y sostuvo que la Municipalidad “incumple con la Ley de Seguridad e Higiene, violenta y despide a quienes reclaman sus derechos, y ahora también paga los salarios en cuotas”. ATE exigió que se realice de manera urgente “el pago de la totalidad del salario” a los trabajadores y trabajadoras del municipio.

Tal como publicó La Gaceta Digital el viernes pasado, la gestión municipal atribuyó el desdoblamiento salarial a una caída de aproximadamente $80 millones en los envíos de coparticipación de noviembre respecto del mes anterior. Es la primera vez que la administración Ayala aplica un desdoblamiento que afecta a empleados, aunque en meses previos ya se habían registrado pagos escalonados para el sector de funcionarios.

El Municipio, pese a estas dificultades en la liquidación de haberes, mantiene la realización del Festival de los Vientos, previsto para el 10 y 11 de enero de 2026.

El gobernador Poggi firmó el decreto para modificar la Ley N°VIII-0752-2011 que regula el Estímulo Educativo y la Concientización del Ahorro a través del programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro”. Se verán afectados aquellos alumnos que hayan incurrido en prácticas de bullying, acoso, extorsión, amenazas o cualquier forma de violencia física, sexual, psicológica o verbal, incluyendo el ciberacoso.

La nueva normativa establece que los estudiantes deberán acreditar una conducta escolar basada en el respeto y la convivencia, pudiendo verse afectado el beneficio de aquellos que hayan incurrido en prácticas de bullying, acoso, extorsión, amenazas o cualquier forma de violencia física, sexual, psicológica o verbal, incluyendo el ciberacoso. Además, se fija un plazo máximo de doce meses desde el egreso para efectuar reclamos vinculados al programa. Y se incorporan dos incisos adicionales que refuerzan la claridad normativa y el orden administrativo en la entrega del estímulo.

Las consecuencias para quienes no cumplan con los requisitos son claras: los alumnos con antecedentes de violencia o acoso se verán afectados en el acceso al beneficio económico de las estampillas escolares; la falta de cumplimiento de los criterios de convivencia implicará la pérdida total o parcial del estímulo educativo y los reclamos presentados fuera del plazo de doce meses no serán admitidos, cerrando toda posibilidad de revisión posterior.

Con estas medidas, el ministerio de Educación busca que el programa no solo fomente el ahorro escolar, sino que también se convierta en un instrumento de promoción de la convivencia pacífica y el respeto dentro de las instituciones educativas.

Estos dos nuevos incisos del Artículo 3° fueron modificados con el fin de garantizar entornos escolares respetuosos, reforzar la transparencia y el orden administrativo.

Inciso H. Acreditar una conducta escolar basada en el respeto y la convivencia, no habiendo incurrido en acciones tales como bullying, acoso, extorsión, amenazas o cualquier forma de violencia física, sexual, psicológica o verbal, ya sea de manera personal o virtual (ciberacoso). Igual consideración se aplicará respecto del trato hacia docentes, directivos, preceptores, personal administrativo y/o de maestranza, así como del comportamiento que garantice el normal funcionamiento del establecimiento educativo.

Los alumnos que incurran en alguna de las conductas mencionadas serán pasibles del descuento del equivalente en estampillas correspondiente al año en curso al momento de producirse el hecho. En caso de verificarse la reiteración de la conducta en tres (3) oportunidades, en el mismo ciclo lectivo o en años continuos o discontinuos, se procederá al descuento total de las estampillas acumuladas hasta la fecha. El esquema sancionatorio expuesto entrará en vigencia a partir del ciclo lectivo 2026, no afectando derechos devengados en periodos anteriores.

La determinación de la reducción o pérdida del beneficio será dispuesta por el ministerio de Educación, sobre la base de la información fehaciente y objetiva proporcionada por la institución educativa.

Inciso I. Establecer que los alumnos, una vez que finalizaron de cursar el nivel de Educación Secundaria, tendrán un plazo máximo de doce (12) meses para realizar reclamos correspondientes al Estímulo Educativo y Concientización del Ahorro ‘Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro’; caso contrario perderán el derecho al canje de las mismas.

Luego de las entregas del viernes en Potrerillo, San Martín y Arizona, el Gobierno provincial entregó, ese mismo día, 28 viviendas en Tilisarao y, el sábado por la mañana, 70 en Juana Koslay.

El gobernador Claudio Poggi finalizó su gira institucional en Tilisarao donde le entregó las llaves de sus casas propias a 28 familias beneficiarias de la terminalidad de los planes ‘Progreso’ y ‘Sueños’, una política pública lanzada en 2011 que estaba orientada a garantizar el derecho a la casa propia y fortalecer el arraigo en cada comunidad de toda la provincial.

La actividad se desarrolló sobre avenida San Luis, entre las calles Hermanos Orosco y San Pablo, justo donde se emplaza el nuevo barrio donde nacen miles de sueños. Durante el acto se proyectó un video institucional que repasó el alcance del programa y el proceso de construcción de las viviendas.

Por otro lado, Poggi ratificó el compromiso del Estado provincial de seguir ampliando el acceso a soluciones habitacionales en todo el territorio, luego del lanzamiento del nuevo plan Tenemos Futuro. “Vamos a completar las 1.500 viviendas de los inscritos pendientes como ustedes. Luego vamos a comenzar con un nuevo plan habitacional donde hay miles de familias inscritas en toda la provincia y de Tilisarao también”, aseguró.

Luego, el sábado en Juana Koslay, 70 familias festejaron una Navidad adelantada. Es que después de 14 años de espera, reclamos y trámites interrumpidos, recibieron finalmente las llaves de su vivienda, construidas dentro del barrio Malvinas Argentinas, a la vera de la autopista de los Puquios.

El gobernador Claudio Poggi encabezó el acto acompañado por el intendente Jorge “Toti” Videla; el intendente electo, Alejandro Tagliente, y legisladores del departamento Pueyrredón. “Hoy vivimos todos juntos un día de enorme alegría y enorme emoción”, expresó Poggi frente a los adjudicatarios. “Ustedes ven concretado el sueño de la casa propia, y de nuestra parte, el honor y el orgullo de haber cumplido con la palabra empeñada”, agregó.

El Mandatario recordó que las 70 familias se inscribieron en diciembre de 2011 en el plan ‘Progreso y Sueños’, durante su primera gobernación. Las cuotas (de $350 y $500) comenzaron a pagarse en 2012, y los avances iniciales se frenaron tras el cambio de gestión en 2015. “El Estado no cumplió. Estas viviendas debían entregarse para la Navidad de 2016. Por eso quiero pedir disculpas en nombre del Estado provincial”, expresó Poggi.

Según explicó, los adjudicatarios dieron pelea durante años: consultas, reclamos, expedientes detenidos y hasta la suspensión del cobro de cuotas en 2017. “Se les apagó la luz de la esperanza”, dijo Poggi. “Yo les prometí que, si volvía a gobernar, las primeras casas que íbamos a hacer iban a ser las de ustedes. Y hoy estamos cumpliendo”, celebró el Gobernador.

Las viviendas se suman a las 274 ya existentes en el barrio Malvinas Argentinas, conformando un conjunto habitacional de 344 casas. Además, este nuevo sector se entregó con red de gas natural lista para conectar. Poggi anunció que los beneficiarios podrán acceder al plan Chau Garrafa, que financia la conexión interna en 10 cuotas.

El Gobernador también remarcó que este es un paso dentro de una política habitacional que vuelve a tener centralidad: “La vivienda en San Luis volvió para quedarse”. Y para concluir, recordó que la Ley de Emergencia Habitacional establece que la mitad del presupuesto anual de obra pública se destinará exclusivamente a viviendas, además del carácter solidario del sistema: “El pago en tiempo y forma de sus cuotas permitirá que sus hijos, sus nietos y otras familias puedan acceder a su propia casa”.