El presidente Javier Milei instruyó al equipo económico a poner en marcha el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, una iniciativa que apunta a simplificar el cumplimiento tributario, reducir la carga burocrática y eliminar regímenes de información que hasta ahora exigían a ciudadanos y empresas justificar el origen o destino de sus fondos.

El plan incluye dos etapas: una que se implementará por decreto presidencial, con medidas inmediatas que dependen del Poder Ejecutivo; y otra que requiere la aprobación de un proyecto de ley para blindar los cambios frente a futuras gestiones.

“La premisa es simple: lo tuyo es tuyo y podés usarlo como quieras”, sostuvo el Gobierno al presentar la medida.

Se eliminan regímenes de información considerados invasivos

Uno de los ejes centrales es la derogación de regímenes de información obligatorios que exigían a entidades privadas reportar a la Agencia Federal de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) datos de consumo o transacciones personales. Entre ellos:

• Compras con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales

• Informes de escribanos sobre operaciones inmobiliarias

• Compra y venta de vehículos usados

• Pagos de expensas superiores a $32.000

• Reportes de consumos de servicios públicos (luz, gas, agua, telefonía)

• Requisitos de COTI (Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles)

Además, los bancos ya no podrán exigir declaraciones juradas de impuestos nacionales a sus clientes, y quienes se vean obligados a presentarlas podrán denunciar el hecho ante Defensa del Consumidor.

Se elevan los montos mínimos para reportes financieros

La normativa también actualiza los umbrales mínimos de operaciones que deben ser informadas por bancos y billeteras virtuales. Algunos ejemplos:

Los nuevos montos buscan centrar los controles en operaciones de gran volumen y evitar que ciudadanos comunes queden sujetos a fiscalizaciones por gastos menores.

Nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias

La segunda parte del plan prevé un nuevo régimen de Ganancias, enfocado en la facturación y los gastos deducibles, pero sin tener en cuenta el consumo personal ni el patrimonio del contribuyente.

Desde el 1 de junio, quienes adhieran al nuevo esquema podrán aceptar, rechazar o modificar el monto sugerido por ARCA a través de su perfil online. Ya no será obligatorio cargar consumos ni declarar el patrimonio inicial y final del año.

“Hasta ahora, un ciudadano común debía completar la misma declaración jurada que una gran empresa. Eso se termina”, señalaron desde el Ministerio de Economía.

Sistema de Finanzas Abiertas: nueva etapa de digitalización

En paralelo, el Banco Central impulsará un Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), que permitirá a los usuarios visualizar toda su información financiera en una sola plataforma y decidir con quién compartir sus datos. Entre los beneficios destacan:

• Mejora en el acceso al crédito

• Ofertas personalizadas de productos financieros

• Mayor control sobre la información financiera

• Reducción de costos operativos para bancos y fintechs

El plan apunta a modernizar el sistema financiero argentino y generar mayor competencia, inclusión y acceso al crédito, especialmente en sectores históricamente excluidos.

Verónica Acosta, la mujer imputada por recibir por error más de 510 millones de pesos en una cuenta judicial y no devolver 44 millones, rompió el silencio en una entrevista radial con FM Latina de Villa Mercedes. Acompañada por su abogado defensor, Hernán Echeverría, Acosta contó con detalle cómo vivió el momento en que vio la cifra en su celular, en qué utilizó el dinero y cómo se enteró de la investigación judicial.

“Yo recibí el dinero, estaba esperando 8 mil pesos del padre de mi nene. Me encuentro con este dinero y con tanta necesidad me fui a hacer compras”, relató. Según sus palabras, creyó en un primer momento que se trataban de 500 mil pesos. “Después me di cuenta que eran millones”, agregó.

Sobre el origen de los fondos, afirmó: “Yo primero me fijo de dónde provenía y me decía ‘data’, no decía que venía de un gobierno, ni de un ministerio, ni de nada”.

Verónica contó también cómo se enteró de que estaba siendo investigada. “Eso quiero aclarar, a mí en ningún momento me llaman, yo no soy avisada. Yo recibo esa plata, la uso, al otro día se congela la cuenta y a la tarde me mandan la noticia. Mi ex cuñada me manda una noticia, me dice ‘estás en la noticia’. Estoy leyendo la noticia y me encuentro con la policía en mi casa. Estoy leyendo la noticia y la policía ya estaba afuera”, narró.

En cuanto a ese día en que pudo disponer del dinero, Acosta sostuvo que repartió parte del dinero entre sus familiares. “Transferí este dinero a varios de mis familiares, donde de esos varios solamente nos trajeron a seis”, indicó. Explicó también que realizó muchas transferencias porque cada una fue “de 500 mil pesos”. “No es que mando a muchas personas, hago varias transferencias a las mismas personas”, comentó.

Cabe señalar que junto a Acosta, fueron imputados Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil. La fiscalía les atribuye los delitos de defraudación mediante el uso indebido de tarjetas de débito o crédito, fraude a la administración pública y retención indebida.

La mujer también negó algunas de las versiones que circularon. “No es como se habla de que yo viajé, de que yo pasé mucha plata a Formosa. Pasé cincuenta mil pesos a mi hermana y nada más. Sushi ni sé lo que es. Nunca lo probé el sushi”, respondió, al ser consultada sobre supuestos gastos en comidas y viajes.

En cuanto a los productos que adquirió, dijo haber comprado “una heladera, dos teles una freidora, un microondas, cosas de la casa”. Y agregó: “Compré cerámicos porque no tengo piso en mi casa y una mochila de inodoro que justamente me mandaron a la asistente social a ver mi casa, que no tengo eso”. La mujer contó que además compró comida (pollo, carne, yerba y fideos) y un auto usado: un Ford Ka modelo 2014.

Aclaró también que las bicicletas que se mencionaron en la investigación son para niños y se las compró su cuñada con tarjeta Naranja. “Ella pagó sus cuentas, pero ella fue con la tarjeta Naranja a sacar en cuotas las bicicletas, y está en los comprobantes”, comentó.

Por su parte, el abogado Hernán Echeverría defendió la actuación de su clienta y cuestionó la gravedad de las medidas judiciales. “Ella nunca fue notificada por una devolución, por un error, por nada. Ellos literalmente se enteran de la situación cuando les realizan el allanamiento con las detenciones y el secuestro de todos los elementos que habían comprado, una cocina, una heladera y demás”, explicó.

Echeverría también cuestionó la fianza de 30 millones de pesos que se les impuso a los seis imputados para que pudieran mantener la libertad. “Tenemos una expresidente que está acusada de robarse más de un producto bruto interno del país, está condenada, está libre, y acá con esta gente, gente humilde, entendemos que son unos perejiles que les quieren aplicar todo el peso de la ley”, criticó.

El defensor presentó un recurso de apelación tanto por la imputación como por el monto de la fianza, mientras la causa continúa su curso en el juzgado de Garantía N° 3 de Villa Mercedes.

Esta semana, el gobernador Claudio Poggi se tomó un par de días para viajar a Buenos Aires y reunirse con los ministros de las carteras nacionales de Economía y Seguridad. Este jueves, el primer mandatario brindó una breve rueda de prensa en la que se refirió a los temas que abordó en cada encuentro.

“A Caputo la planteé la necesidad de reactivar y terminar algunas obras de infraestructura hídrica que estaban paralizadas antes del comienzo de mi mandato”, explicó Poggi, quien expresó que obtuvo una respuesta favorable del Ministro. “Vamos a seguir de cerca el tema”, señaló.

Respecto a su reunión con Bullrich, el Gobernador destacó que “estuvimos hablando de la cooperación que se está generando con Gendarmería y justo ayer realizaron todos los allanamientos”. Poggi se mostró satisfecho con los resultados obtenidos hasta el momento luego de la incorporación de la fuerza nacional a la red de trabajo en seguridad de San Luis. “Están haciendo un buen trabajo, estamos muy satisfechos”, cerró.

Fuente: ANSL

En respuesta al Decreto Nacional N° 196/2025, los municipios provinciales dejan de tener potestad para emitir este tipo de licencias. Los trámites podrán realizarse en los centros CIPE de San Luis capital y Villa Mercedes.

San Luis comenzó a aplicar las nuevas disposiciones nacionales establecidas por el Decreto N°196/2025, que modifica la forma de emisión de las licencias profesionales interjurisdiccionales.

En este sentido, la Provincia utilizará la infraestructura de CIPE para la emisión de estos permisos. No obstante, las emisiones de las licencias particulares no se verán afectadas: únicamente atañen a los profesionales que emprenden viajes fuera del territorio provincial.

Los requerimientos para obtener la licencia de conducir profesional se mantienen. Por un lado, los interjurisdiccionales que se tramitaban con el INTI serán gestionadas y controladas por la Cédula de Identidad Provincial Electrónica (CIPE). Por otro, las licencias profesionales jurisdiccionales tendrán la misma reglamentación, con la única restricción de que no podrán salir de la provincia.

“En una primera etapa, lo llevaremos a cabo en los centros CIPE de las ciudades de San Luis y Villa Mercedes. A medida que vayan pasando los días, iremos habilitando nuevos puestos para que la emisión sea mucho más ágil y eficiente”, indicó Pablo Guerreiro, titular de la Agencia de Ciencia y Tecnología San Luis.

El funcionario afirmó que la emisión del trámite es de carácter presencial. “Aunque el Decreto dice que puede ser online, y hay medios que lo difunden, no es factible llevarlo a la práctica. Entiendo que va a ser en algún momento, pero ninguna provincia lo está pudiendo realizar”, advirtió.

Otro aspecto que se modificó es la fiscalización: “El decreto consigna que la licencia principal se encuentra en la aplicación Mi Argentina. Esto quiere decir que es una licencia online. Como accesorio, está el cartón o la cédula, que es el típico carnet o licencia. Técnicamente, lo primero que se hace es validarlo con la aplicación o con QR. En caso de no poder validarlo, se usa el cartón”.

Por un tema de orden, se aconseja fuertemente emplear ambas licencias durante este tiempo de transición, debido a que no todos los órganos de control y fiscalización están preparados para trabajar online. “Lo mismo pasa si llegan a salir del país, a pesar que Mi Argentina está habilitado: pueden llegar a tener problemas”, comentó Guerreiro.

Además, el funcionario explicó que las licencias que están vigentes no se incluyen en este régimen, pero lo harán una vez que venzan. En cuanto a la renovación online, especificó que falta mucha información de Nación para implementarlo localmente: “Nosotros estamos preparados para hacerlo, pero Nación todavía no tiene los mecanismos para efectuarlo”.

Esta medida será implementada en las ciudad de San Luis y Villa Mercedes, a los fines de replicarlo posteriormente en el interior provincial. “Quien sabe, quizá en esta primera semana no lo logremos, pero la idea es que la renovación sea mucho más fácil y habrán más medios. Comprendan que el cambio es muy grande, somos la única provincia que ya tenía los centros de emisión homologados, que son 52. Hay provincias que no tienen”, precisó.

En suma, la fiscalización del trámite cambió porque será mayormente digital, en cambio la emisión es presencial y deberán asistir a los dos centros especificados para tramitar la nueva licencia.

Fuente: ANSL

Carlos “Chino” Peralta, secretario General del gremio docente UTEP, explicó los motivos que llevaron al sindicato a exigir con urgencia una recomposición salarial. En un video publicado en las redes del gremio, el dirigente denunció que una parte sustancial de los sueldos docentes está conformada por cifras no remunerativas, lo cual afecta directamente el cálculo jubilatorio y el acceso a prestaciones sociales.

“A todos nos pagan básico, antigüedad, zona y el adicional, que se separa del adicional del 33%, esas son cifras remunerativas. Podemos decir cifras en blanco. Esas cifras remunerativas son lo que te sirve para donde vos aportás para la jubilación y para la obra social”, explicó Peralta.

Según detalló el titular de UTEP, además de estas cifras, los docentes reciben una serie de montos no remunerativos. Entre ellos, mencionó una “suma no remunerativa de 70.000 pesos” y un complemento que actualmente representa “un 118%”, aunque aclaró que el año pasado ese porcentaje era del 145%.

“Cuando vos vas al neto, yo hoy docente cobré el 30 de abril, bueno, el 40% de mi sueldo, de mi salario, es en cifras no remunerativas. Y eso lo tienen tanto los cargos como los profesores”, denunció.

Peralta remarcó que esta situación no solo perjudica a quienes están en actividad, sino que genera consecuencias aún más graves al momento de la jubilación. “Hoy los profesores tienen también un 40% en negro. Ya vemos el perjuicio”, afirmó.

El dirigente ejemplificó con el caso de un afiliado que se desempeñaba como profesor con 40 horas cátedra y terminó jubilándose con el 82% de su haber, pero únicamente sobre las cifras remunerativas. “Eso significó que su jubilación fue el 50% menos de lo que él cobraba en la actividad. Por darte un ejemplo, el profe cobraba un millón y tenía el 40% en cifra no remunerativa. Se terminó jubilando con el 82% de 600.000, ¿se entiende?”, explicó.

“Y a la maestra le pasa lo mismo”, agregó. Según precisó, una docente con mayor antigüedad está cobrando 950.000 pesos, de los cuales aproximadamente 350.000 pesos son cifras no remunerativas. “Entonces, su jubilación, su cálculo de jubilación, son sobre esos 600.000 pesos”, concluyó.

Tras la reciente elevación a juicio de tres referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por su participación en una protesta frente a la Municipalidad de San Luis, el gremio emitió un duro comunicado en el que calificó el accionar judicial como una “manifestación clara de persecución política y sindical”.

La reacción de ATE se produjo luego de que el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada, hiciera lugar al pedido del fiscal Francisco Assat Alí, quien solicitó que Fernando Gatica, Florencia Mendoza y Walter Barroso sean juzgados por el delito de daños agravados contra bienes del Estado. En esa audiencia, también pidió dos años de prisión para los tres imputados.

“Queremos expresar nuestro más enérgico repudio a la actitud del fiscal Dr. Assat Ali, quien ha solicitado la elevación de una causa penal a juicio oral en la que se encuentran imputados nuestros representantes sindicales”, expresa el comunicado difundido por ATE San Luis, que agrega: “Esta acción no solo representa un uso indebido de los recursos del Estado, sino que también evidencia un claro intento de cumplir con mandatos políticos en detrimento de la justicia”.

El sindicato también cuestionó que el fiscal “se deje condicionar por intereses políticos que buscan deslegitimar la labor de quienes defendemos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”, y sostuvo que la causa “carece de elementos de prueba suficientes y relevantes”.

De acuerdo a la acusación fiscal, los tres dirigentes imputados habrían forzado una puerta histórica de la Municipalidad durante una manifestación realizada el 30 de enero de 2024 en rechazo al DNU presidencial y la ley Ómnibus. Según la investigación, este accionar habría facilitado el ingreso al edificio de unas cuarenta personas que permanecieron allí durante varias horas. La causa incluye imágenes de cámaras de seguridad y videos tomados por testigos.

Para ATE, se trata de un “montaje diseñado para satisfacer las intenciones del intendente y del gobierno de turno”. En el cierre del comunicado, el gremio reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales y afirmó: “No permitiremos que se utilice la justicia como herramienta de opresión a la clase trabajadora”.

Para finalizar, ATE advirtió que no se doblegará “ante una justicia que da lugar a denuncias que carecen de pruebas y que solo buscan amedrentar la lucha sindical”, y aseguró que “la lucha continúa”.