La sala N° 2 de la Cámara Civil de Apelaciones de San Luis revocó la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Natalia Giunta y ordenó inscribir al hijo de Héctor Acosta Pérez y su pareja como hijo de ambos padres. La decisión, firmada por las juezas Carina Pereira y María Celeste Rodríguez, representa un fallo histórico en materia de derechos familiares, ya que reconoce por primera vez en la provincia la filiación de un niño con dos padres varones sin imponer la figura de una madre.

La abogada de la pareja, Érica Pucciarelli, celebró el fallo y destacó que “es una sentencia con un tinte muy humano, con perspectiva de género y atravesada por los derechos humanos que fueron incorporados al derecho argentino a través de los tratados internacionales”. Subrayó que esta vez, a diferencia de lo ocurrido en primera instancia, “se nota que el expediente fue íntegramente leído por las juezas, que se analizaron las pruebas testimoniales, las periciales psicológicas, las socioambientales” y que se reconoció lo que ellos vienen sosteniendo desde el principio: “En materia de subrogación de vientre hay un vacío legal y que ese vacío tiene que encontrar su solución en la justicia hasta tanto los legisladores se ocupen del tema”.

La profesional sostuvo que el fallo “sienta un precedente social de gran relevancia no sólo en la provincia sino en el país, porque se aparta de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de octubre del año pasado, pero lo hace de manera fundada, en base al derecho constitucional según el cual todo lo que no está prohibido está permitido”. Añadió que también se basa en “la normativa de derecho internacional que prioriza el interés del menor, el derecho a la identidad, el derecho a formar una familia, el principio igualdante de la ley y garantiza que a la mujer gestante no se le van a imponer injustamente los derechos y obligaciones parentales que nunca quiso tener”.

Pucciarelli expresó además: “Si nos guiábamos por la sentencia de primera instancia, sólo pueden paternar y maternar las mujeres y las parejas heterosexuales. En cambio, mediante esta sentencia se abre la posibilidad para que las parejas homoparentales o aquellos hombres incluso que deseen ser padres sin estar en pareja puedan hacerlo recurriendo a la justicia argentina”.

Recordando que el fallo de la jueza Giunta obligaba a la mujer que prestó su vientre a figurar como madre del niño, la letrada también celebró que el fallo “garantiza que a la mujer gestante no se le van a imponer injustamente los derechos y obligaciones parentales que nunca quiso tener y que en este expediente demostró y quedó totalmente acreditado que nunca quiso tener”.

Para finalizar, la abogada remarcó que el próximo paso es esperar que la sentencia quede firme, para finalmente poder inscribir al bebé en el Registro Civil. “El bebé hoy en día tiene cuatro meses y medio y está viviendo con sus papás desde que nació. Sin embargo, ha estado indocumentado justamente a causa de la sentencia de primera instancia que recurrimos”, remarcó.

“Lo más importante hoy es la alegría que tenemos”
En diálogo con La Gaceta Digital, Héctor Acosta Pérez se mostró profundamente emocionado por la resolución: “Fue llanto, fue mucha alegría. Por el bebé, porque acá lo más importante es pensar en que él tuviera su identidad y su identidad real”.

“Lo que dictaminaron las juezas de la cámara fue tan excepcional que hace oda a la justicia realmente. Son excepcionales analizando cada uno de los puntos con argumentos sólidos en la legislación, cosa que anteriormente no fue”, expresó.

El padre del niño, que sigue a la espera de la inscripción formal, agradeció “a los medios, a todos los que nos apoyaron desde su posición, y que, de una forma u otra, forman parte de esto”.

Además, destacó el acompañamiento de las organizaciones que intervinieron en el proceso: “La Fundación Mesa de la Mujer, la Niñez y Diversidad de San Luis y la Fundación LGBTI+ de Buenos Aires hicieron su aporte ambas desinteresadamente y ayudaron en la decisión final o participaron indirectamente de este proceso”.

Héctor también diferenció el trabajo realizado en esta instancia respecto de la anterior. “Se hizo un análisis minucioso de todas las pruebas y argumentos, lo cual no se hizo en la primera instancia, por lo que es innegable la falta de voluntad y de capacidad en el trabajo que desempeñan la señora Natalia Giunta y del mal llamado defensor Sebastián Privitera”, afirmó.

“Lo más importante hoy es la alegría que tenemos, porque se hizo justicia. Ojalá que la sociedad y las personas entiendan que hay familias no convencionales, que hay personas que somos diferentes, pero que amamos y queremos armar familia a nuestra forma, y que eso es posible”, concluyó Héctor

La Gaceta Digital dio a conocer este caso el 12 de agosto, luego del fallo de primera instancia de la jueza Giunta. Meses después, el 7 de octubre, informamos que la pareja esperaba la resolución de la Cámara tras el fallo adverso de primera instancia. Desde entonces, el caso tuvo una gran repercusión y se transformó en un símbolo de la lucha por la igualdad de derechos familiares en San Luis.

Este sábado, en una audiencia celebrada en el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Natalia Lazarte Otero, la Fiscalía de Instrucción Penal en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 2 —representada por la fiscal Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García— formuló cargos contra un hombre por los presuntos delitos de corrupción de menores agravada por el vínculo, abuso simple agravado por la convivencia y producción de representaciones de menores con fines sexuales. Las víctimas serían su hija y la hermana de su pareja, ambas menores de edad.

Investigación iniciada en el Servicio Penitenciario Provincial
Según expuso la Fiscalía, la investigación comenzó tras una denuncia presentada por el subdirector general del Servicio Penitenciario Provincial, Juan Carlos Serrano. El 22 de octubre, personal penitenciario halló dos pendrives en las cocheras del Complejo Penitenciario Nº 1.

Los dispositivos fueron remitidos a la Unidad de Abordaje Fiscal ante la sospecha de una posible vulneración del sistema informático del Servicio Penitenciario. Tras el análisis realizado por el Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos, se detectó que contenían material de abuso sexual infantil de producción local, grabado con una cámara oculta en una vivienda. En los registros audiovisuales se identificaron nombres y se observó a un hombre cometiendo actos de abuso sexual contra dos niñas, lo que permitió establecer su identidad y disponer su inmediata detención.

El acusado se desempeña como agente penitenciario, motivo por el cual los dispositivos fueron hallados en ese establecimiento.

Pedido de prisión preventiva
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó diversas pruebas que sustentan la imputación provisoria y destacó la gravedad y particularidad del caso, al tratarse de material de producción local y con víctimas identificadas.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal indicaron que cuentan con prueba directa de una agresión sexual. En función de ello, solicitaron la prisión preventiva del acusado por 120 días, argumentando la gravedad de los hechos, el riesgo de entorpecimiento de la investigación y el peligro concreto para las víctimas.

También advirtieron que, en caso de permanecer en libertad, el imputado podría manipular o eliminar evidencia digital de forma remota, dado que los delitos se habrían cometido mediante sistemas informáticos y entornos virtuales. Por ese motivo, consideraron ineficaces medidas menos restrictivas, como la prisión domiciliaria o el monitoreo electrónico.

Intervención de la Defensoría de Niñez
La defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 3, Silvina García, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal y solicitó a los medios de prensa preservar la identidad tanto del acusado como de las víctimas, con el fin de resguardar la integridad de las niñas involucradas y evitar su revictimización.

Por su parte, el defensor del imputado, Héctor Zabala Agüero, manifestó que los hechos relatados por la Fiscalía serán materia de análisis a lo largo del proceso y pidió que su asistido cumpla la medida de coerción bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Sostuvo que no se encuentran acreditados riesgos procesales que justifiquen su detención en el Servicio Penitenciario.

Resolución judicial
Al resolver, la jueza Natalia Lazarte Otero tuvo por formulados los cargos en los términos solicitados por la Fiscalía, al considerar que la imputación se encuentra debidamente sustentada conforme al Código Procesal Penal.

Respecto de la medida de coerción, dispuso la prisión preventiva del acusado por 120 días, por entender que constituye la única medida eficaz para neutralizar los riesgos procesales y asegurar el avance de la investigación.

La magistrada valoró la gravedad de los hechos, la solidez de la imputación y la naturaleza digital de las pruebas, que podrían ser alteradas o difundidas desde cualquier dispositivo con acceso remoto. Además, destacó la doble situación de vulnerabilidad de las víctimas, por su edad y por el vínculo familiar con el acusado, y remarcó la necesidad de proteger su integridad y bienestar. Finalmente, ordenó que el imputado sea alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Este lunes, en una audiencia celebrada en el Juzgado de Garantía Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Luciana Banó, la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 5 —representada por la fiscal Débora Roy Gitto— solicitó la elevación a juicio de una causa en la que está imputado el médico cirujano Samir Nofal, acusado del delito de lesiones culposas agravadas por mala praxis en perjuicio de una mujer que era su paciente.

Según detalló la fiscal, la investigación estuvo inicialmente a cargo de la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 3, que formalizó la acusación tras una denuncia presentada luego de una cirugía estética de implante mamario realizada el 1 de diciembre de 2020. Tras esa intervención, la paciente sufrió graves complicaciones de salud que, de acuerdo con la acusación, habrían sido consecuencia de una impericia profesional.

El Ministerio Público Fiscal requirió una pena de dos años de prisión y tres años de inhabilitación especial para ejercer la medicina. Si bien el imputado no registra antecedentes penales, la fiscal consideró como agravante la magnitud del daño físico y psicológico ocasionado a la víctima.

Informe pericial y pruebas
Durante su exposición, Gitto resaltó la importancia del informe elaborado por la médica forense del Poder Judicial, considerado una de las principales pruebas de la acusación. Según esa pericia, la paciente presentaba lesiones compatibles con una infección grave posterior a la cirugía, entre ellas la pérdida de la glándula mamaria derecha, del pezón y del volumen del seno afectado, además de la imposibilidad de amamantar.

El estudio forense también determinó que, como consecuencia de un proceso infeccioso vinculado al rechazo de la prótesis, se produjo necrosis del tejido, lo que derivó en la extracción del implante y en la pérdida definitiva de la glándula mamaria. Estas secuelas fueron calificadas como daños irreversibles, con consecuencias físicas y psicológicas permanentes.

La fiscal ofreció además los testimonios de las médicas que intervinieron tras la operación —una cirujana y una infectóloga—, quienes podrán aportar información sobre el estado posoperatorio, las medidas adoptadas y las prácticas que podrían haberse evitado. Entre las demás evidencias figuran comprobantes de pago, presupuestos quirúrgicos, estudios prequirúrgicos, intercambios de mensajes entre paciente y médico, certificados médicos y fotografías de las lesiones.

Postura de la defensa
El abogado defensor, Juan Manuel Mercau, solicitó el sobreseimiento de su representado al considerar que la conducta atribuida no configura un delito penal y que el conflicto debería resolverse por la vía civil. Argumentó que las complicaciones derivaron de un rechazo biológico del implante y no de una acción negligente del profesional. También sostuvo que la paciente no habría cumplido con las indicaciones médicas del posoperatorio, como mantener una alimentación adecuada y respetar el tiempo de reposo.

De manera subsidiaria, la defensa propuso alternativas de resolución del conflicto: una reparación integral mediante el pago de siete cuotas de dos millones de pesos y una suspensión de juicio a prueba que contemple la entrega de dos cuotas adicionales, un año de tareas comunitarias y un año de inhabilitación profesional. Además, solicitó la conformación de una junta médica para evaluar el caso.

Oposición de la Fiscalía y la querella
La fiscal Gitto pidió rechazar tanto el sobreseimiento como las salidas alternativas planteadas. Explicó que la víctima fue consultada y manifestó su negativa a aceptar una reparación económica por considerarla insuficiente frente al costo de las cirugías reconstructivas que debe afrontar. En cuanto a la junta médica, no se opuso a su realización, aunque señaló que el pedido resultaba extemporáneo.

Por su parte, el abogado querellante, Carlos Pereyra Malatini, también se opuso al sobreseimiento y a las salidas alternativas, al considerar que la prueba reunida es suficiente para avanzar hacia el juicio. Describió que el tratamiento posoperatorio habría sido realizado sin las condiciones adecuadas, al punto de haberse retirado el implante en un consultorio sin anestesia ni las condiciones de higiene necesarias, y remarcó que la paciente continúa en proceso de reconstrucción corporal.

Resolución judicial
Tras un cuarto intermedio, la jueza Luciana Banó resolvió que, antes de disponer la elevación a juicio o definir una posible salida alternativa, deberán incorporarse nuevas medidas de prueba. Ordenó la realización de una junta médica, una evaluación psicológica y psiquiátrica, y la solicitud de informes a la Municipalidad de San Luis y al Ministerio de Salud provincial, con el objetivo de determinar si el lugar donde se efectuó la extracción del implante contaba con las habilitaciones necesarias para ese tipo de práctica médica.

El gobernador Claudio Poggi firmó este lunes, en su despacho de Casa de Gobierno, la nota de elevación del pliego de Marcela Luján Torres Cappiello para ocupar el cargo de defensora general provincial, una de las máximas responsabilidades dentro del Poder Judicial de San Luis. La propuesta será remitida al Senado provincial, que deberá convocar a la audiencia pública correspondiente antes de otorgar el acuerdo legislativo para su designación.

El Defensor General es el encargado de garantizar el derecho a la defensa en juicio y el acceso a la justicia de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad social. Además, es responsable de dictar las instrucciones generales que orientan el accionar de todos los defensores oficiales de la provincia.

La secretaria Legal y Técnica, Natalia Carranza, explicó el procedimiento establecido por la normativa vigente. “De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 615, que regula la selección de aspirantes a jueces y funcionarios del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura elevó una terna para cubrir el cargo de defensor general. A partir de esa terna, el Gobernador decidió remitir el pliego al Senado, para que, una vez realizada la audiencia pública, se otorgue o no la conformidad correspondiente”, señaló.

Cabe señalar que Torres Cappiello fue la primera persona en ocupar este cargo que forma parte del Ministerio Público, creado con lo reforma judicial aprobada en agosto de 2021 y puesta en marcha en febrero de 2022. La abogada ocupó el cargo de manera provisoria por el término de un año. 

Carranza destacó la relevancia institucional del puesto y los fundamentos que respaldaron la decisión del mandatario. “Es uno de los cargos más importantes del Poder Judicial, y el Gobernador ha enviado el pliego de Marcela Torres Cappiello en atención a que es una profesional con vasta experiencia. Luego del análisis integral de su currículum y de la terna enviada por el Consejo de la Magistratura, se valoró especialmente su mérito y su extensa trayectoria dentro del Poder Judicial”, precisó.

Marcela Luján Torres Cappiello es abogada egresada de la Universidad de Mendoza y posee una sólida formación académica y profesional. Cuenta con un posgrado en Derecho Procesal Acusatorio Adversarial y Técnicas de Litigación Oral; un programa de posgrado en Control de Convencionalidad y Tutela de Derechos Humanos y Sistemas Internacionales de Protección; y cursó la Maestría en Magistratura, cuya tesis se encuentra en proceso de finalización.

Además, realizó un curso de especialización en Mediación Familiar, está acreditada como mediadora, es diplomada en Investigación y Resolución de Homicidios, tiene un posgrado de profundización en Derecho Penal y Procesal Penal, y es especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, entre otros antecedentes académicos y laborales.