La Fiscalía de Género N° 2 de la Primera Circunscripción solicitó una pena de seis años de prisión para un hombre de 39 años, acusado de facilitar, distribuir y almacenar material de abuso sexual infantil. La acusación fue presentada este viernes tras una investigación que comenzó a partir de un reporte recibido el 21 de febrero por la Procuración General, el cual alertó sobre archivos digitales con contenido de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes vinculados a una cuenta registrada en San Luis.
Durante la audiencia de control de acusación, realizada ante el Juzgado de Garantía N° 2, la fiscal adjunta Mercedes García explicó que el informe del Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos del Poder Judicial permitió comprobar la existencia de más de 125 videos y 109 imágenes con contenido de abuso sexual infantil. El material se encontraba almacenado en teléfonos celulares, un pendrive y cuentas de Google Fotos y Telegram pertenecientes al imputado. Parte de los archivos se hallaron ocultos en una aplicación tipo “calculadora”, utilizada para disimular contenido multimedia.
“Además, se verificaron conversaciones en Telegram donde el hombre intercambiaba y solicitaba videos con otros usuarios, a quienes consultaba precios y ofrecía material similar”, indicó la fiscal.
Para el Ministerio Público, el acusado tuvo una participación activa en redes dedicadas al intercambio de este tipo de material, lo que agrava su responsabilidad penal. García sostuvo que el imputado no solo almacenaba los archivos, sino que también los distribuía y facilitaba su difusión, “perpetuando el daño de manera indefinida, ya que una vez difundido, el contenido se vuelve incontrolable”.
La Fiscalía formalizó la acusación por los delitos de facilitación y distribución de representaciones de partes genitales de menores de edad con fines sexuales, agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años, en concurso real (arts. 45, 51 y 128 del Código Penal).
Si bien se consideró como atenuante la falta de antecedentes condenatorios, se valoraron como agravantes la cantidad de archivos, el uso de herramientas para ocultarlos y la planificación demostrada.
La investigación se inició a partir de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos, organismo que recibe alertas de empresas como Meta, Google y TikTok cuando detectan material de abuso sexual infantil. El informe permitió rastrear las cuentas vinculadas al imputado, radicado en la provincia.
La Fiscalía recordó además que el acusado tiene otras causas en trámite por abuso sexual y subrayó que “la tenencia y difusión de material de explotación sexual infantil no es un delito sin víctima, ya que cada visualización implica una nueva forma de revictimización”. El imputado fue representado por la abogada Juliana Herrera.
La jueza ordenó mantener la prisión preventiva y elevar la causa a juicio
La fiscal Mercedes García solicitó la prórroga de la prisión preventiva por 60 días, argumentando que existe un grado de sospecha suficiente respaldado por la evidencia digital reunida y el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.
El Defensor adjunto de Niñez, Nahuel Lede, acompañó la postura de la Fiscalía. Señaló que la gravedad de los hechos, la existencia de otras causas en trámite y el riesgo procesal justifican la continuidad de la medida cautelar.
Recordó además que tanto el Tribunal de Impugnaciones como recientes resoluciones del Ministerio Público Fiscal han establecido que en casos de delitos sexuales contra menores debe considerarse un nivel de riesgo procesal más alto, lo que refuerza la necesidad de mantener la detención.
Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo Samper, hizo lugar al pedido de prórroga de la prisión preventiva y ordenó la elevación a juicio de la causa.


El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Fernando Gatica, respondió a las declaraciones del intendente Gastón Hissa, quien había cuestionado al gremio por “criticar todo”. El sindicalista acusó al jefe comunal de “estar desconectado de la realidad” y de haber hecho “un negocio con el Banco Supervielle” con el convenio de beneficios para empleados municipales.
Un motociclista de 42 años perdió la vida este jueves por la noche tras un accidente ocurrido alrededor de las 21:00 en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del ingreso al predio del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.
En el marco de una causa por lesiones y amenazas, la Policía de San Luis realizó una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantía N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de Juan Manuel Montiveros Chada. Las medidas se concretaron este jueves 16 de octubre en distintos domicilios de la capital provincial, ubicados en los barrios 292 Viviendas y José Hernández.
La Justicia provincial fijó para el 5 de noviembre la audiencia de imputación de cargos en lo que será el juicio penal relacionado a la causa Banco Macro y fueron citados el ex juez Agustín Ruta, su ex secretario Marcos Figueroa y el abogado Juan Cruz Domínguez. El juicio Codapri SA – Banco Macro fue una de las causales de la destitución de Ruta como juez y de Figueroa como secretario. Domínguez es uno de los imputados por la megacausa de la mafia de las escrituras.
La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) convocó a una movilización para el miércoles 29 de octubre desde las 17.30 horas en la avenida Santos Ortiz, a la altura de la estación de servicio Bella Vista, para visibilizar el reclamo de mejoras laborales como las recategorizaciones y el pago de especialidades, entre otros puntos. APTS considera que se agotaron todas las vías administrativas para reclamarle a la gestión Poggi y considera que no hubo repuestas concretas.
El Indec informó que los valores de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y adolescencia correspondientes a septiembre de 2025 oscilan entre $437.000 y $548.000, según el rango de edad. La suba interanual promedio de la canasta es cercana al 19%.
Poco más de dos horas de la sesión de hoy en el Concejo Deliberante se fueron en debate del veto que el intendente Gastón Hissa realizó de la ordenanza que actualizaba la regulación de los escaparates de diarios y revistas, vigente desde 1966. Esta normativa buscaba incorporar rubros adicionales para estos kioscos que se han visto afectados por la masiva desaparición de diarios y revistas en los últimos años, estableciendo además requisitos más estrictos para la instalación en la vía pública, regulando además las dimensiones y condiciones de los puestos. Fue impulsada por el oficialista Mario Silvestri, pero no lo acompañó su bloque, sino la oposición, logrando la aprobación del proyecto por 8 votos afirmativos a 7 negativos el pasado 25 de septiembre.
El lunes, la Municipalidad de San Luis anunció junto al banco Supervielle un convenio que ofrece beneficios financieros y comerciales para los empleados municipales, comercios y pymes locales. El acuerdo incluye un crédito a tasa cero exclusivo para el personal municipal, con la posibilidad de financiar hasta el equivalente a un sueldo —con tope de un millón de pesos— en 12 cuotas sin interés.
En apenas 26 días, las brigadas especializadas del área de Control de Vectores de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud realizaron un operativo masivo de relevamiento territorial, alcanzando más de 1.000 viviendas, industrias, comercios, fábricas y espacios públicos estratégicos que podrían funcionar como criaderos del mosquito Aedes aegypti. El objetivo: completar los formularios de inspección y geolocalizar los puntos con mayor riesgo (zonas rojas).