Finalmente, el Mundial de Pelota Vasca 2026 tendrá sede en Venado Tuerto y no en San Luis

En agosto de 2023, durante la gobernación de Alberto Rodríguez Saá, el Gobierno de San Luis firmó un convenio con la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) para que la provincia fuera sede del Mundial de la disciplina en 2026. La decisión fue anunciada como parte de la política deportiva que buscaba posicionar a San Luis en el plano internacional.

Sin embargo, con la llegada de Claudio Poggi a la gobernación, la organización del evento fue desactivada. En abril de 2024, la provincia anunció oficialmente que se bajaba tanto de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2025 como del Mundial de Pelota Vasca 2026, argumentando que la prioridad estaba en otras áreas y no en la realización de competencias deportivas internacionales.

La situación se volvió confusa en junio de este año, cuando el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, anunció que el Mundial se iba a hacer en San Luis en octubre de 2026. Un día después, el Gobierno provincial salió a desmentirlo y reafirmó que el evento no se realizaría en la provincia.

Este sábado, el presidente de la FIPV, Xavier Cazaubon, anunció en sus redes sociales que el campeonato se disputará en la ciudad santafesina de Venado Tuerto, la cual, del 14 al 20 de septiembre, fue sede del Campeonato del Mundo Sub-23. “Contestando a la solicitud del intendente Chiarella y del Gobierno de la provincia de Santa Fe, la Junta Directiva de la FIPV le concedió por voto unánime con la presencia de todas las delegaciones la organización del XX Campeonato Mundial absoluto Argentina 2026 del 9 al 18 de octubre”, publicó Cazaubon en sus redes sociales.

El dirigente destacó que será la primera vez en 74 años que Argentina organice un Mundial Absoluto de Pelota Vasca y que en Venado Tuerto se pondrá en marcha una alianza público-privada para remodelar el trinquete del Jockey Club y construir nuevas canchas.

La policía recuperó las medallas robadas del “Puly” Villegas y secuestró un arma de fuego

En los últimos días, efectivos del Departamento de Investigaciones San Luis realizaron distintos procedimientos en la ciudad capital, en el marco de una causa caratulada “Averiguación robo calificado por escalamiento”, que lleva adelante la Unidad de Abordaje Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la fiscal Alejandra Quiroga Nassivera.

El martes 16 de septiembre, Guillermina Pellegrini denunció que delincuentes habían ingresado a su domicilio en calle Pringles, actualmente en refacción, tras trepar una medianera y forzar la puerta de un depósito. Del lugar sustrajeron prendas de vestir, calzado, herramientas y otros elementos de valor, entre ellos dos medallas doradas que pertenecen a su marido, el pelotari Alfredo “Puly” Villegas: una obtenida en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y otra en un torneo panamericano disputado en Lima en 2023.

Durante las tareas investigativas, la Policía estableció que las medallas se encontraban en una recicladora de calle Santa Fe al 300. Allí fueron secuestradas y posteriormente restituidas a la damnificada tras su reconocimiento.

La investigación continuó y este viernes se concretaron dos allanamientos, ordenados por el Juzgado de Garantía N° 1, en un domicilio del pasaje San Cristóbal al 2000 y en una vivienda del barrio 1° de Mayo. En los operativos se recuperaron cuatro pares de zapatillas de distintas marcas, una máquina soldadora, un teléfono celular y otros objetos, los cuales fueron reconocidos y devueltos a la víctima.

Además, en uno de los domicilios allanados se secuestró un arma de fuego tipo rifle, por lo que se iniciaron actuaciones separadas por “Tenencia ilegal de arma de fuego”.

Jueces, secretarios y abogados piden cobertura de vacantes para “evitar un colapso funcional” de la Justicia provincial

Un grupo de 80 jueces, secretarios, agentes judiciales y abogados del fuero civil de San Luis presentó este viernes una nota al Superior Tribunal de Justicia en la que reclama la cobertura urgente de vacantes con el objetivo de “evitar un colapso funcional y garantizar un servicio de justicia eficaz y oportuno”. Un de ellas es en el Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 1 de la capital que consideran termina afectando los otros juzgados civiles. La otra vacante que no se cubre es en una de las mesas de entradas.

El planteo surge tras el retiro jubilatorio de una prosecretaria, ocurrido el 28 de agosto pasado, y apunta a que la falta de designación de un reemplazo “afecta gravemente el normal desenvolvimiento de las causas” y genera demoras que repercuten en todo el fuero civil, incluyendo a profesionales del foro. “La demora en tareas de comunicación, registro e ingreso de causas impacta negativamente en el normal desarrollo de los procesos judiciales”, dice la nota.

“Las subrogaciones dispuestas han demostrado ser insuficientes, porque generan retrasos en las tareas habituales y no cubren la totalidad de las responsabilidades asignadas legalmente a la Prosecretaría”, señala el escrito. Los firmantes recuerdan que no se trata de la creación de un nuevo cargo, sino de cubrir una vacante ya existente con partida presupuestaria.

La nota también alerta sobre la vacante en Mesa de Entradas, tras el traslado de una empleada a otra dependencia, lo que, aseguran, agrava el riesgo de “colapso funcional” en el servicio de justicia.

En paralelo, el Superior Tribunal había respondido el 3 de septiembre, ante el pedido del juez Fernando Spagnuolo, que la designación de nuevo personal “no resulta factible” y recordó los principios de flexibilidad y trabajo en equipo previstos en la Ley Orgánica y en acuerdos previos. Sin embargo, los firmantes de la nota insistieron en que la cobertura de vacantes es indispensable para garantizar un servicio ágil y eficiente a los justiciables.

La nota presentada este viernes lleva de firma de jueces civiles como Valeria Benavidez, Fernando Spagnuolo, Geraldina Ibañez y Gabriela Ramosca como también de secretarios judiciales y abogados litigantes.

A pesar de que muchos jóvenes están en El Trapiche desde el lunes, hoy se puso en marcha el operativo de seguridad por el Día del Estudiante

Si bien muchos alumnos, especialmente las promos, están desde el lunes en El Trapiche, el Ministerio de Seguridad comunicó que recién hoy viernes por la mañana “se puso en marcha el operativo policial en el puesto N°1, ubicado sobre la ruta provincial N°9, entre El Volcán y Estancia Grande, con la presencia de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; el jefe de la Policía de la Provincia, comisario general (RV) Pablo Vieytes, autoridades de la institución policial y ministerial”.

Según comunicaron desde Seguridad, Vieytes destacó la importancia del operativo y la necesidad de cuidar a los jóvenes que participan de los festejos, al tiempo que remarcó el acompañamiento pleno a los agentes que cumplen funciones en estos días.

Un oficial de policía consultado por este medio con respecto al tardío inicio del operativo de este año comentó que es debido a que es “mucha plata mover tantos efectivos tantos días”.

Además de la Policía de la Provincia, el operativo cuenta con la participación de preventores de la dirección de Prevención Ciudadana, quienes recorrerán las calles de El Trapiche, y de agentes viales de la dirección de Seguridad Vial, encargados de los controles vehiculares y del cumplimiento de la normativa  alcohol cero al volante.

Los puestos de control estarán activos las 24 horas y se encuentran desplegados sobre la ruta N°9 y en la Autopista Los Puquios, tanto en los accesos a El Trapiche como en el regreso hacia la ciudad de San Luis y localidades cercanas.

El 13 de octubre dará inicio el juicio contra la ex policía acusada por el homicidio de sus hijos

La Oficina Judicial del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial estableció que el debate oral contra Marina Abigail Silva, acusada por el homicidio de sus dos hijos menores de edad, comenzará el 13 de octubre y se extenderá hasta el 21 del mismo mes.

El Tribunal estará integrado por Adriana Lucero Alfonso como presidenta y Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur como vocales. En representación del Ministerio Público Fiscal actuará el Fiscal de Juicio Nº 2, Fernando Rodríguez. Como querellante, intervendrá el abogado Diego Bustos, en nombre de la familia de las víctimas, mientras que la defensa de Silva estará a cargo del Defensor de Juicio Nº 2, José Luis Guiñazú.

Previo al inicio del juicio, el 22 de septiembre a las 08:30 horas se llevará a cabo la audiencia en la que se resolverá la prórroga de la prisión preventiva de la imputada. La misma será presidida de manera unipersonal por el juez del Colegio de Jueces, Hugo Saá Petrino.

El hecho que será juzgado ocurrió el 1º de octubre de 2024, entre las 5:00 y 6:00 de la mañana, cuando Silva —quien se desempeñaba como policía en la Comisaría Nº 34 de Juana Koslay— habría atacado a sus dos hijos mientras dormían en la misma cama, colocándoles almohadas sobre la cabeza y efectuando disparos de arma de fuego.

San Luis es la sexta provincia con mayor cantidad de empleados públicos cada 1.000 habitantes, según un informe

Argendata publicó un ranking de la cantidad de empleados cada 1.000 habitantes que tienen las provincias. San Luis tiene 80,6 empleados públicos cada 1.000 habitantes y está sexto en el ranking, según los datos publicados por la iniciativa del centro de investigación Fundar.

El ranking está encabezado por Santa Cruz (117,7 empleados), seguido por La Rioja (114,8), Catamarca (111,4), Tierra del Fuego (105,9) y Neuquén (88,6).

Para la elaboración del ranking se han usaron los datos de población de 2022. Tomando la población de San Luis y tasa que publicada se deduce que argendata.fundar ha partido de la base que la provincia tiene más de 43.700 empleados públicos.

De acuerdo al informe de Argendata, más del 50% de los empleados públicos están en la administración pública, menos de un 20% en salud y un 30% en educación.

La cantidad de empleados públicos, según datos oficiales de San Luis

Según los datos del presupuesto 2026 de la provincia de San Luis, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, hay 35.367 empleados en organismos públicos centralizados y descentralizados. Este número incluye a los empleados del Poder Legislativo, pero si se le suman los del Poder Judicial (1.407), la cantidad de trabajadores públicos queda en 36.774.

Teniendo en cuenta estos datos oficiales serían 67,8 empleados públicos cada 1.000 habitantes.

Sigue aumentando la desocupación en San Luis en 2025, según el Indec

Por segundo trimestre consecutivo, la desocupación subió en el Gran San Luis (ciudad capital, Juana Koslay, La Punta y alrededores), según surge de informes sobre el mercado de trabajo que publicó el Indec. La desocupación en el segundo trimestre de 2025 fue del 4,2% (5.000 personas), mientras que la tasa de empleó cayó al 44% (111.000 trabajadores), de acuerdo al ente nacional.

Para el cuatro trimestre de 2024, la tasa de desocupación pasó del 4,1% al 2,9%. Sin embargo en 2025, el desempleo comenzó a crecer. En el primer trimestre del año subió al 3,4% (3.400 personas), mientras que para el segundo escaló al 4,2%, y es casi la misma tasa del segundo trimestre de 2024. A pesar del incremento, San Luis está por debajo de la media nacional en desocupación que está en el 7,6%.

Por otro lado, hay que mencionar que el pico de desocupación en el Gran San Luis en los últimos años fue 4,9% en el cuarto trimestre de 2020.

Volviendo a los indicadores del segundo trimestre, la tasa de empleo bajó al 44% cuando en el trimestre anterior estaba en el 46,2 (116.000).

La subocupación (los que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y que están dispuestas a trabajar más horas” es del 5,5% (6.000 trabajadores), misma tasa del primer trimestre.

En cuanto a las tasas a nivel nacional, la de desocupación está en el 7,6% como se mencionó más arriba en el artículo mientras, la de empleo está en 44,5% y la de subocupación en el 11,6%.

Un adolescente fue expulsado del instituto San Marino tras sufrir la agresión de alumnos de 6to año. Su abogado logró su reincorporación

Este jueves, el abogado Lucas Sosa relató a este medio un episodio ocurrido en el Instituto Privado San Marino, donde un alumno de tercer año fue expulsado por un supuesto hecho de violencia que, según las imágenes revisadas por su representante, nunca ocurrió como se informó.

Sosa explicó que la familia del menor, de quince años, lo consultó preocupada después de recibir un acta de expulsión por un episodio que se atribuía a su hijo. “Se fundamentaba esa acta de expulsión por un episodio de violencia que se suponía que mi representado había ocasionado, agrediendo no solo a otro alumno, sino a una preceptora, y también fundado en una versión que crea una persona del instituto, donde dice que se lo ve sacando un objeto que pudo haber sido utilizado como un arma”, detalló.

“Estaba muy angustiado, muy triste, porque se lo estaba acusando de algo no solamente muy grave, sino que, además, su versión de los hechos era totalmente distinta a la que finalmente se había dejado plasmada en esa acta de expulsión”, dijo Sosa, quien contó que, tras analizar los hechos y hablar con su cliente, comenzó una investigación propia que incluyó vecinos y participantes del episodio, hasta que logró acceder a las imágenes de una cámara ubicada frente al colegio, ya que el hecho ocurrió en la vereda del mismo. “El único damnificado por el hecho había sido mi representado. Mientras él hablaba con unos compañeros, repentinamente lo agrede un alumno de sexto año, por detrás, se arma todo un episodio, un forcejeo, y en un momento se desprende de su mochila. Esa mochila la toma otro alumno, se lleva 40 mil pesos y la descarta debajo de un auto”, afirmó Sosa.

El abogado también cuestionó la versión de una mujer vinculada al hecho, que según él “crea la versión de que había intentado sacar un arma” y que incluso inventó que chocó su camioneta contra una reja por culpa del alumno, cuando las imágenes muestran que ocurrió un minuto cuarenta antes.

Sosa calificó la actuación del colegio como “mala” y aseguró que no se respetó el protocolo de violencia establecido por el Ministerio de Educación. Además, denunció que la institución podría haber aplicado un trato diferenciado: el alumno expulsado era nuevo, mientras que los agresores, todos de sexto año, tenían mayor antigüedad en la escuela.

El abogado mostró el video de los hechos a este medio, aunque no puede ser reproducido por tratarse de menores de edad. Sosa explicó que revisó la filmación segundo por segundo y detectó detalles que habían pasado desapercibidos, incluyendo quién sustrajo la mochila y los momentos exactos del ataque. También remarcó que los directivos de la institución tuvieron acceso este video inclusive antes que él.

El abogado consideró además que el Ministerio de Educación tuvo una actuación “lamentable” ante este episodio. “Advertidos de este episodio, no tomaron ninguna medida para cumplir con el protocolo de actuación. Lo único que se limitó a hacer el Ministerio fue decirle a la madre que su hijo no iba a conseguir banco en ningún otro colegio y que buscara rápidamente una escuela generativa porque iba a perder el año”, relató el letrado.

Tras presentar una acción de amparo, la jueza Viviana Oste ordenó la inmediata reincorporación del menor y la adecuación de todos los contenidos que se había perdido durante casi tres semanas. Además, se pidió que los docentes reorganizaran los exámenes para que el alumno tuviera acceso a todo el material pendiente.

En este sentido, Sosa remarcó que la prioridad fue garantizar los derechos del menor a asistir a clases y aprender, y aclaró que las acciones por daños morales o económicos podrían evaluarse más adelante en otra instancia. Asimismo, confirmó que continúa la denuncia penal por hurto calificado y agresión contra los estudiantes responsables.

Finalmente, este jueves por la mañana, el abogado acompañó al alumno en su reingreso al colegio, donde destacó la bienvenida de sus compañeros. Además, mantuvo una reunión con las autoridades para asegurar que se tomen medidas de convivencia y se prevengan nuevos incidentes. “La verdad que fue muy lindo ver cómo los compañeros y amigos lo saludaban y se pusieron muy contentos de que él estuviera de vuelta, porque sabían de la injusticia que se había dado con esa con su expulsión”, concluyó.

Poggi entregó las últimas TuBi 2025 para los chicos de Villa Mercedes

Este jueves por la mañana, el gobernador Claudio Poggi visitó a la comunidad educativa del Instituto San Buenaventura, ubicado en calle 9 de Julio 1719 de Villa Mercedes, para concretar una nueva entrega de bicicletas como parte del programa ‘TUBI, Mi Provincia en Bicicleta – 2025’.

En el encuentro, los alumnos de la institución recibieron sus rodados, que serán utilizados como medio de transporte sustentable para asistir diariamente a clases. El programa busca promover la movilidad saludable y amigable con el ambiente, al tiempo que facilita la asistencia escolar y contribuye a la actividad física de los jóvenes.

La directora de la escuela, René Iturrioz, agradeció al mandatario y expresó: “Sabemos lo que para el Gobernador significa profundizar, avanzar y acompañar la educación, y nosotros compartimos absolutamente esas convicciones. Este hecho de que la juventud, nuestros alumnos y alumnas de quinto año, se puedan ver beneficiados con estas bicicletas nos llena de alegría. Tenemos un segundo edificio al que llamamos El Rincón, que está a unos tres o cuatro kilómetros, y necesariamente siempre los chicos usan la bici para trasladarse. Con la jornada extendida, nos viene de diez. Todo lo que nos brindan nos viene de diez. Muchas gracias, querido Gobernador”.

Por su parte, Poggi destacó que la de este jueves es la última entrega correspondiente a la ciudad de Villa Mercedes. Actualmente, el programa ya distribuyó 7.245 bicicletas a estudiantes de toda la provincia.

“Con esta escuela estamos cerrando la entrega de TuBi 2025 en Villa Mercedes. No es una simple entrega de una bici: se enmarca en un programa más amplio que promueve hábitos saludables de vida, la actividad física y el cuidado ambiental. Además, estas bicicletas son armadas por bicicleteros de la provincia, generando trabajo local. Con las de hoy ya hemos entregado 7.245 rodados a estudiantes de quinto año en toda San Luis. Nuestra meta es repetirlo cada año, consolidando la bicicleta como medio de transporte económico, ecológico y saludable”.

La jornada se vivió en un clima de entusiasmo, con la presencia de docentes, familias, autoridades provinciales y municipales. De esta manera, TuBi continúa consolidándose como una política pública que integra educación, salud y cuidado ambiental, llegando cada vez a más escuelas y beneficiando a miles de estudiantes de San Luis.

La jornada finalizó con la tradicional pedaleada que encabezó el Gobernador y los estudiantes por los alrededores del instituto privado.

Fuente: ANSL

Concejales del PJ respondieron a Poggi y le pidieron una audiencia: “La política se construye con diálogos, no con aprietes”

El bloque de concejales del PJ de la ciudad de San Luis brindó este jueves una conferencia de prensa en la que cuestionó las declaraciones que el gobernador Claudio Poggi realizó ayer en un acto municipal, donde responsabilizó a la oposición por no aprobar la ordenanza que habilitaría la donación de tierras para la escrituración de viviendas sociales, construidas en terrenos municipales ubicados en los barrios Padre Mujica, Plan Joven y Néstor Kirchner.

“Está clarito que los concejales de Rodríguez Saá quieren seguir teniéndolos de rehén a todos ustedes, con la patita acá arriba. ¿Y saben cuál es el riesgo? Gastón no lo va a hacer, porque uno lo conoce, pero ustedes son adjudicatarios con un decreto del intendente de aquel momento, y viene otro intendente y les saca la casa. Los desadjudica a ustedes, a sus hijos y a sus nietos. Si ustedes tienen la escritura, no se las saca nadie, porque ya es propiedad privada, se valoriza la casa”, fueron las palabras del Gobernador.

La respuesta del PJ
El presidente del bloque, Juan Martín Divizia, señaló que el proyecto “tiene muchísimas imprecisiones, con un profundo desconocimiento del tema y más aún sin conocer nuestra posición que es lo que nosotros hemos planteado en este Consejo Deliberante”.

“Lo primero que quiero decir es que la política se construye con diálogos, no con aprietes y consideramos que eso fue un apriete”, afirmó, y anunció que solicitarán una audiencia con Poggi para explicarle la postura del bloque. “No nos oponemos a la escrituración de viviendas, pero tenemos que hacerlo bien, hay un montón de imprecisiones que tiene este proyecto y necesitamos que sean subsanadas”, agregó.

Divizia también aclaró que “este proyecto ingresó en la primera sesión de este año, no ingresó hace un año”, y explicó que actualmente “está en la Comisión de Legislación y también en Interbloque, no tiene despacho en ninguna de las dos comisiones, pero sí tiene trabajo, tiene actas”.

Consultado sobre los votos necesarios para aprobar la iniciativa, señaló: “En la comisión, con simple mayoría. Pero como es una donación, en el recinto sí requiere dos tercios, requiere diálogo político, esto no es una escribanía”.

Desde la oposición remarcaron además que Poggi mencionó algunos barrios que no están en el proyecto enviado por el Hissa, el cual incluye a los siguientes: Franklin Lucero, Cooperativa Los Milagros, Néstor Kirchner, Padre Mujica, Las Cazorlas, Las Cazorlas Autoconstrucción y Felipe Vallese.

“Es un proyecto inconstitucional”
El concejal Alejandro Cordido apuntó contra la Intendencia y sostuvo que “la Ciudad de San Luis tiene una ordenanza específica que regula la cuestión habitacional, que evidentemente el Gobernador está en desconocimiento”. Para el edil, se trata de “un problema de comunicación desde la propia Intendencia”.

Cordido remarcó que esa normativa, la ordenanza 753 de 2016, “es de orden público, no puede dejarse de lado ni por el Intendente, ni por el Gobernador, ni por el Presidente de la Nación, debe cumplirse”. “Lo que ha mandado el Intendente es absolutamente contrario a las normas que está obligado a cumplir y que él mismo cuando va a sede judicial a rechazar pedido de los vecinos aplica. Evidentemente la conoce porque por lo menos la firma”, señaló.

Según explicó, la ordenanza establece requisitos para la adjudicación y escrituración de viviendas, como acreditar más de cinco años de residencia en la ciudad o haber habitado al menos 15 años la vivienda. “La ordenanza 753 de 2016 es muy clara, le impone obligaciones al Intendente que deberían estar hoy cumpliéndolas y con ese cumplimiento estaríamos escriturando”, insistió.

Cordido además advirtió que el proyecto no contempla situaciones como las de los barrios Vecindad, Granja La Amalia o República, y que podría incluso incluir espacios públicos como calles y plazas dentro de las tierras a donar. “Si hay una calle o un lote o un espacio verde, eso antes de ceder debe desafectarse porque es un bien público, no se puede ceder”, explicó.

Por último, el edil reiteró la necesidad de una reunión con Poggi: “Evidentemente le han hecho decir algo incorrecto, le han pasado una información errónea. Es importante que él mismo pueda ver cuál es la realidad que estamos viviendo en la ciudad, cuál es la realidad en el territorio y cuál es la realidad jurídica a la que estamos obligados y sometidos”.