La Policía de San Luis detuvo a dos hombres acusados de estar vinculados al homicidio de Valentín Sosa, el trabajador escolar de 64 años que fue hallado muerto el 5 de agosto en su vivienda del barrio Malvinas Argentinas, en Juana Koslay.

Según informó la fuerza, uno de los detenidos sería el autor material del crimen y el otro está acusado de ser partícipe necesario. Ambos eran conocidos de la víctima. Uno fue aprehendido este jueves por la noche y el segundo, durante la mañana de este viernes, en el barrio República, donde personal de la División Homicidios y del COAR llevó adelante un procedimiento en la vivienda del implicado.

La principal hipótesis de la investigación es que los sospechosos sabían que Sosa tenía dinero en su casa y aprovecharon esa información para robarle.

El caso conmocionó a la comunidad educativa donde trabajaba la víctima, ya que Sosa se desempeñaba como ordenanza en la Escuela N° 264 Juan Martín de Pueyrredón. Vivía solo, no tenía hijos y hacía algunos meses había enviudado.

El cuerpo fue encontrado el 5 de agosto por la tarde por vecinos del barrio, en su domicilio ubicado en la manzana L, en una zona poco transitada y próxima a un descampado. La autopsia determinó que llevaba entre 24 y 30 horas sin vida y que había recibido tres golpes en la cabeza. Llamó la atención de los investigadores que la vivienda estaba intacta, sin señales de violencia ni desorden.

La investigación está a cargo del fiscal Ricardo Barbeito, junto con personal de la División Homicidios de la Policía provincial.

La imputación
Este viernes, en audiencia celebrada ante el Juzgado de Garantía N° 4, la Fiscalía de Instrucción N° 2, representada por el fiscal Ricardo Barbeito y la fiscal adjunta Ornella Costa, imputó a Kevin Ortiz y a Marcos Videla por el homicidio de Valentín Manuel Sosa, ocurrido el 4 de agosto en el barrio 274 Viviendas de la ciudad de Juana Koslay.

“Entendemos que se trata de un homicidio agravado por haber sido cometido para facilitar, consumar u ocultar otro delito, procurando la impunidad para sí y para un tercero. Esto encuadra en el artículo 80, inciso 7, del Código Penal”, dijo el fiscal.

Fiscalía solicitó la prisión preventiva por 120 para los imputados porque existen riesgos procesales “de fuga, atendiendo a la gravedad de la pena en expectativa, y riesgo de entorpecimiento, dado que aún resta tomar declaraciones a testigos claves del barrio que podrían ser influenciados”, sostuvo Barbeito.

Las defensas, representadas por el defensor oficial Carlos Salazar y la defensora oficial Stefanía Cifuentes, solicitaron la prórroga de detención de ocho días para los hombres de 23 y 36 años, pedidos que fueron concedidos por la jueza Luciana Banó.

Ambos imputados continuarán detenidos en sede policial y una vez cumplidos los días de la prórroga, o si la defensa solicita la interrupción, la magistrada reanudará la audiencia y resolverá la situación procesal de ambos imputados.

La teoría del caso de la Fiscalía
Según relató el representante del Ministerio Público, “ese día, alrededor de las 18:30, Ortiz ingresó en compañía de Marcos Gastón Videla a la vivienda de Sosa y lo golpeó tres veces en la cabeza con un elemento contundente, provocándole la muerte, con el objetivo de sustraerle dinero”. El fiscal explicó que Ortiz tenía conocimiento de que la víctima estaba ahorrando para escriturar su vivienda y que incluso vecinos y familiares le habían confiado sumas de dinero para guardar.

En su exposición, Barbeito detalló que Ortiz primero intentó convencer a otra persona de participar en el plan. “Le dijo que había que ir a la casa de un viejito del barrio, encañonarlo y sacarle una mochila llena de plata”, afirmó. Como el primer compañero rechazó la propuesta, Ortiz buscó a Videla, quien actuó, según la teoría del caso de la Fiscalía, de campana en el exterior de la vivienda mientras se cometía el hecho.

Asimismo, advirtió que todavía deben producirse numerosas evidencias, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y nuevas entrevistas a personal policial que participó en la investigación.

El Ministerio Público sostiene la imputación en base a diversas entrevistas testimoniales. También se incorporaron declaraciones de familiares, allegados y de la persona a quien Ortiz inicialmente le ofreció participar.

A ello se suman el informe de necropsia elaborado por el cuerpo forense, actas de secuestro de prendas y objetos, el relevamiento realizado por el Departamento Canes, croquis y fotografías del lugar del crimen.

La palabra de Videla
Marcos Videla declaró ante la jueza y dijo que ese día acompañó a Ortiz a la casa porque le había dicho que tenía que ir a cobrar un dinero. “Estaba con unos amigos en el Barrio Eva Perón y Kevin me pidió que lo acompañara, que era un conocido y nada más. Yo no sabía lo que iba hacer, soy completamente inocente. Tampoco entré a la casa, solo lo esperé al frente, nunca pensé que iba hacer lo que hizo”, dijo el imputado.

También mencionó que, en el camino de vuelta, Ortiz quemó unos guantes de latex. “Volvió con un bolsito con dinero y nos fuimos corriendo. Le pregunté si se había mandado alguna y me dijo que no. No entré a la casa porque Kevin me dijo que el hombre es desconfiado y no dejaba entrar a desconocidos, por eso me quedé al frente, junto a un barranco que hay”.

Este jueves por la tarde, un tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, integrado por Ariel Parrillis (presidente), Eugenia Zabala Chacur y Hugo Saa Petrino (vocales), condenó a Rodrigo Valentín Garro, Brayan Ayrton Funes, Rodrigo Martín Funes, Michell Brandon Pizarro, Juan Nicolás Marín y Alexander Velázquez a la pena de seis años de prisión por considerarlos penalmente responsables del delito de homicidio en riña. En tanto, Tania Ávila, Lautaro Velázquez y Jorge Garro fueron absueltos por el beneficio de la duda.

El veredicto fue dado a conocer tras escuchar los alegatos finales de las partes.

Fiscalía pidió perpetua para cinco acusados y 12 años para los otros cuatro

En los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal describió el hecho como uno de los actos de violencia más brutales y cobardes que ha visto esta provincia, y solicitó prisión perpetua para cinco acusados y 12 años para los otros cuatro.

El Fiscal de Instrucción, Francisco Assat Alí, abrió su exposición y dijo que el caso representó “una de las expresiones más brutales y cobardes de la violencia. No fue un simple altercado, fue un ataque grupal, salvaje y cobarde en manos de los nueve acusados”.

Según la acusación, todo se originó en una pelea entre Tomás Pader (fallecido en febrero de 2024) y Rodrigo Martín Funes. La agresión llamó la atención de Alexis Zabala y de su hermano Ángel Lastra, quienes se acercaron a ver qué ocurría. Fue entonces, aseguró Assat Alí, cuando se desplegó “una estrategia de aniquilación”:

“Primero separaron a los hermanos. A Ángel lo neutralizaron Nicolás Marín y Brandon Pizarro, mientras Alexander Velázquez le clavó un cuchillo en el pómulo. Alexis ya estaba siendo ejecutado”. El fiscal subrayó que Zavala no tuvo posibilidad de defenderse.

El fiscal adjunto, Juan Pablo Díaz Estopiñán, detalló la secuencia de la agresión:

“Alexis recibió un piedrazo en la cabeza desde atrás que lo dejó inconsciente. Brayan Aitor Funes lo pateó reiteradamente, apuñaló por la espalda a Ángel Lastra y regresó para arrojarle otra piedra en el cráneo. Rodrigo Garro y Brayan lo pisaron y golpearon con tal violencia que, según un testigo, saltaba sangre del rostro. Brandon Pizarro, de gran contextura física, lo pateaba con tal fuerza que levantaba el cuerpo de Alexis del suelo”.

Y añadió: “Tania Ávila lo golpeó con una botella en la cabeza, lo que —según la forense Patricia Gallardo— fue compatible con las fracturas craneanas detectadas. Lautaro Velázquez y Jorge Garro se sumaron hacia el final”.

La Fiscalía recordó que los acusados apedrearon la ambulancia cuando llegó al lugar, para retrasar la asistencia médica.

La Fiscalía calificó el hecho como homicidio doblemente calificado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas. “La alevosía se configura porque los ataques finales ocurrieron cuando Alexis estaba en el piso, inconsciente e indefenso. Y la premeditación surge de la convergencia de voluntades: se distribuyeron roles y actuaron con un propósito común”, explicó Assat.

Y agregó: “Alexis tenía una hija y un futuro. Actuaron como una jauría. No pedimos condenas ejemplares, pedimos justicia para Alexis, para su familia y para una sociedad que no puede tolerar este nivel de violencia”.

El Fiscal de Juicio, Fernando Rodríguez, formalizó los requerimientos de condena:
– Brayan Ayrton Funes: prisión perpetua (autor).
– Rodrigo Valentín Garro: prisión perpetua (coautor).
– Rodrigo Martín Funes: prisión perpetua (coautor).
– Brandon Pizarro: prisión perpetua (coautor).
– Juan Nicolás Marín: prisión perpetua (coautor).
– Alexander Velázquez: 12 años (partícipe secundario).
– Tania Ávila: 12 años (partícipe secundaria).
– Jorge Garro: 12 años (partícipe secundario).
– Lautaro Velázquez: 12 años (partícipe secundario).

La querella pidió prisión perpetua para los nueve imputados

La querella, a cargo de Santiago Calderón Salomón, pidió prisión perpetua para los nueve imputados. Afirmó que todos actuaron con un mismo fin, con roles diferenciados pero coordinados, y que el mecanismo de agresión fue acumulativo para asegurar la muerte de Zabala: “Cada patada, cada piedrazo, cada golpe lo que iba provocando en Alexis era corromper su resistencia física”.

“Todos lo golpearon a Alexis Zabala. Después tenían sus roles específicos: algunos fueron ideólogos, otros ayudaron a impedir la asistencia médica, otros bloquearon que terceros pudieran auxiliarlo. Pero todos querían figurar y ser victoriosos del premio de asesinar a este joven”, añadió.

El abogado Héctor Zabala Agüero pidió la absolución de sus defendidos

Zabala Agüero organizó su alegato en orden cronológico y remarcó que en el inicio de la pelea —según los propios testigos— no aparecen mencionados sus defendidos, Brayan Funes, Rodrigo Garro y Jorge Garro. Señaló que la investigación no profundizó en la existencia de otras personas heridas con armas blancas, lo que abre dudas sobre el contexto en que se produjo la muerte.

Destacó que las cámaras de seguridad y pericias de teléfonos ubican a sus defendidos en otro lugar al momento del ataque. “Hubo dos personas heridas de arma blanca, los dos en la espalda. Y sola no se va a apuñalar, menos en la espalda, salvo que tenga un instrumento bastante complejo. Eso no se investigó”, cuestionó.

El defensor de Velázquez cuestionó la calificación legal

José Luis Guiñazú, Defensor de Juicio, también reclamó la absolución. Señaló que su cliente “no hizo nada”, cuestionó la figura de alevosía porque Zabala y Lastra tenían cuchillos, y advirtió que el concurso premeditado no puede aplicarse a un partícipe secundario.

Subsidiariamente, pidió que se considere homicidio simple por ser partícipe secundario y se le aplique la pena mínima de cinco años y seis meses de prisión. “Lo que sí podemos saber es que, a estas alturas, Alex Velázquez no hizo nada. Estaba ahí, sí, claro que estaba ahí, vive ahí, estaban todos ahí. Un testigo dijo que eran como 15 personas las que estaban. ¿Dónde están esos otros? Nadie sabe”, expresó.

Abogados de Funes plantearon absolución o condena menor por homicidio en ocasión de riña

La defensa de Rodrigo Funes, representada por Cristóbal Ibáñez y Nedo Gómez, sostuvo que la Fiscalía recortó los hechos. Plantearon que no fue un ataque unilateral, sino una riña en la que participaron varias personas, algunas también heridas. “Contaron la mitad de una película, mostraron solo la parte que les interesaba para sostener la acusación de homicidio agravado”, afirmaron.

Asimismo, criticaron la falta de medidas básicas de investigación: “No hubo croquis, ni relevamiento de cámaras de seguridad, ni secuestro de armas blancas, a pesar de que varios testigos hablaron de cuchillos. Solo secuestraron tres piedras más chicas que un huevo. No hubo análisis de sangre ni cotejos de ADN en las prendas de vestir. La investigación fue incompleta y deficiente”.

La abogada de dos acusados pidió su absolución por falta de pruebas

La abogada Adriana Gargiulo, representante de Tania Ávila y Juan Nicolás Marín, solicitó la absolución de ambos imputados al considerar que la Fiscalía y la querella no lograron acreditar su participación concreta.

Fundamentó que ambos ya no residían en el barrio donde ocurrieron los hechos y que, de manera consciente, se habían distanciado de los conflictos barriales. Señaló que hacía al menos cuatro años que no pasaban las fiestas de fin de año en el domicilio familiar para evitar situaciones hostiles.

Subrayó que, a diferencia de otros imputados y de lo que habrían demostrado testimonios vecinales y familiares, sus defendidos no tenían historial de enfrentamientos con la víctima. En el caso de Tania Ávila, afirmó que ni siquiera lo conocía.

La abogada de Lautaro Velázquez pidió la absolución

Soledad Poma sostuvo que su defendido “no estuvo en el lugar de los hechos, no se lo puede acusar por haber estado en las inmediaciones” y que no hay testigos que lo vinculen con agresiones hacia la víctima. Destacó que lleva detenido un año y cuatro meses “sin que exista una sola persona que lo haya visto golpear o participar de lo que se lo acusa”.

Finalmente, la defensa adhirió a lo planteado por otros colegas y reiteró que corresponde únicamente la absolución.

La defensa de Pizarro pidió la absolución o, subsidiariamente, que se lo juzgue por homicidio en riña:

El último en alegar fue el abogado Federico Farías, quien sostuvo que su cliente Michell Brandon Pizarro “participó en la primera parte del hecho, pero la conducta desplegada no tiene nexo causal con el desenlace fatal”.

Solicitó la absolución y agregó: “Subsidiariamente, si así lo entiende este tribunal, que se lo absuelva por el beneficio de la duda”. Farías planteó además que, en caso de que los jueces consideren que la conducta de su defendido tuvo relación con el hecho, correspondería encuadrarla en el artículo 95 del Código Penal, que tipifica el delito de homicidio en riña. “Vean el video crudo, ahí está todo”, enfatizó.

Finalmente, la defensa dejó introducidas reservas constitucionales y procesales, señalando que se habían visto afectadas garantías fundamentales: “Encontrándose afectadas garantías constitucionales que no fueron respetadas, se compromete seriamente la supremacía de la Carta Magna”.

Fuente: Prensa Poder Judicial