La semana pasada, el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Nº 1 rechazó el pedido de “HAP” (por sus iniciales) y de su pareja, quienes solicitaron que su hijo recién nacido sea inscripto con el apellido de ambos. El fallo, dictado por la jueza Natalia Giunta, en base al dictamen del defensor de la Niñez Sebastián Privitera, dispone que el niño figure legalmente como hijo de la pareja de HAP y de la mujer que lo gestó, dejando fuera al padre que convive y cría al menor desde su nacimiento.

En diálogo con La Gaceta Digital, HAP contó que él y su pareja buscaron durante años la forma de concretar el deseo de tener un hijo. “Nosotros siempre tuvimos el deseo consensuado entre los dos de ser papás, y se nos complicaba porque habíamos pensado en la adopción, revisamos algunas cuestiones, que era un trámite muy largo, y decidimos por hacerlo biológicamente”, contó HAP.

En este caso, el embarazo se logró mediante ovodonación y con la participación voluntaria de una amiga de ambos como gestante. Por ello es que la Justicia pretende que el niño sea inscripto como hijo de la pareja de HAP y de la mujer gestante, en base a la documentación firmada en la clínica mendocina donde se realizó la fertilización.

“Empezamos el trámite legal una vez que ya el embarazo estaba en curso, en febrero, pidiendo por favor que el niño por nacer se inscribiera como hijo de ambos”, relató HAP, quien contó además que el proceso legal incluyó pericias socioambientales y psicológicas, verificación de propiedades y entrevistas presenciales. Fue un proceso “largo y tedioso” que fue superado gracias a que ambos son personas de formación universitaria, con estabilidad económica y emocional.

En abril, la pareja tuvo una audiencia presencial con la jueza y el defensor. “Nos trataron con amabilidad y nos dieron una total certeza de que esto se iba a resolver y se iba a resolver bien. Nosotros nos fuimos muy tranquilos de esa audiencia”, recordó.

Sin embargo, en mayo llegó el dictamen negativo del defensor Privitera, que, según HAP, se basó únicamente en un fallo de la Corte Suprema de octubre pasado. “Ni siquiera se trata de un caso igual que el nuestro. En nuestro fallo ni las pruebas que dimos, como pruebas fotográficas que brindaron testigos de ambas partes y con audiencias presenciales, se tuvieron en cuenta”, afirmó.

“Todas esas pruebas que ofrecimos no se mencionaron. Solo fue letra del fallo de la Corte Suprema, sin mencionar además que otras jurisdicciones, después de ese fallo del 24 de octubre, han tomado otros caminos. ¿Cómo cambian las leyes si no es con el movimiento social? Tienen que acomodarse, porque hay una ley de matrimonio igualitario, hay una ley de tratamiento de reproducción asistida, pero nosotros los varones homosexuales quedamos en el medio porque la ley de reproducción asistida dice que madre es la que da a luz. Con el matrimonio igualitario vos podés formar una familia, ¿pero cómo voy a formar una familia si no puedo dar a luz?”, comentó.

Sobre el fallo de la Corte Suprema, HAP explicó que el mismo se aplicó a un caso en que una pareja gay quiso, al igual que ellos, modificar el acta de nacimiento para que se suprima a la gestante y se inscriba al menor como hijo de ambos. La principal diferencia es que HAP y su pareja iniciaron el trámite legal con el embarazo en curso, antes de que naciera el niño; mientras que, en el caso que llegó a la Corte, el pedido se realizó luego del nacimiento.

Además, para HAP, la sentencia local ignora por completo el interés superior del niño. “A mí particularmente me están anulando el derecho de ser padre. Yo soy con quien duerme el niño, quien le da de comer, quien lo viste, quien vive con él desde las primeras ecografías, desde el inicio de todo. Y a mí se me anula totalmente”, expresó.

HAP también considera que el fallo también “deja” al menor sin documento de identidad a dos meses de su nacimiento, lo que impide su acceso a derechos básicos como la salud. “Aquí nadie sale favorecido con esa sentencia negativa. De hecho, al contrario, todos somos perjudicados porque la mujer gestante, nuestra amiga, se niega a las responsabilidades que implica ser madre. Así lo alegó, lo demostró con testigos y está firmado en la Justicia. Además, se demostró la voluntad procreacional de los dos padres varones con los que vive el niño hoy”, aseguró.

HAP considera que la decisión judicial es “homofóbica y discriminatoria” y que no reconoce los vacíos legales en la legislación actual. Al respecto, volvió a señalar que otras jurisdicciones se han apartado de la doctrina de la Corte Suprema para proteger el bienestar de los menores en casos similares.

También cuestionó la desigualdad de trato frente a parejas heterosexuales que recurren a la subrogación de vientres. “¿Por qué la justicia dictamina a favor en esos casos? Lo más importante es el interés superior del niño, que nunca se menciona”, dijo.

El contraste entre la audiencia con Giunta y Privitera y la sentencia fue uno de los puntos que más molestó a HAP. “Nos dijeron que se iba a resolver, que no nos preocupemos, que todos los caminos conducen a Roma, así de esa manera, que nos fuéramos tranquilos, que ellos querían sacarse fotos con el bebé, que en estos casos de juicios de familia que son bonitos, ellos nunca terminan de ver el proceso porque siempre se termina todo bien, y al final ellos no hacen nada”, recordó.

“Mañana mi hijo puede tener un DNI donde yo no aparezco. Y si mañana mi pareja y la mujer que le dio a luz al niño les pasa algo, ni que Dios quiera, ¿qué reclamo yo legalmente? Él es mi hijo sin duda, pero legalmente no existo. Duele un montón saber que va a tener un DNI donde yo no voy a figurar”, cerró HAP.

Este martes al mediodía, Víctor Manuel Endeiza asumió como ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y Eduardo Sebastián Cadelago Filippi juró como procurador general de la Provincia de San Luis.

Las designaciones fueron oficializadas por el Poder Ejecutivo Provincial mediante los decretos N° 16043-MG-2025 y N° 16044-MG-2025, respectivamente.

La ceremonia se realizó en el Salón Blanco, que estuvo colmado por autoridades judiciales, gubernamentales, legislativas, municipales, eclesiásticas y académicas, además de integrantes de fuerzas de seguridad, Colegios de Magistrados y de Abogados, representantes del Sindicato Judiciales Puntanos, familiares, colegas y amigos de los flamantes funcionarios.

El acto fue encabezado por el presidente del STJ, Jorge Levingston, y contó con la presencia de la ministra Carolina Monte Riso y los ministros Eduardo Allende y José Guillermo L’Huillier. La secretaria administrativa del Superior Tribunal, Ivanna Vanessa Albarado Magallanes, dio fe de la realización del acto.

Tras prestar juramento, tanto Cadelago Filippi como Endeiza dirigieron unas palabras al público presente.

Discurso de Endeiza

Discurso Cadelago Filippi

Fuente: Prensa Poder Judicial

Este lunes al mediodía comenzó el juicio por el asesinato de Sergio Alexis Zavala, ocurrido la mañana del 25 de diciembre de 2023 en la Manzana 304 del Barrio 100 Viviendas de la ciudad de San Luis. Por este hecho, nueve personas llegan a debate oral acusadas de homicidio doblemente calificado por la alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas; todas enfrentan un pedido de pena de prisión perpetua. Además, del total de imputados, siete también tienen cargos por lesiones leves en perjuicio de Ángel Lastra, hermano de la víctima.

El juicio se desarrolla en la Sala Oral N° 1 de tribunales y se prevé que se extienda hasta el 20 de agosto. Durante la primera audiencia solo se realizaron los alegatos de apertura. En su presentación de la teoría del caso, el Ministerio Público Fiscal, integrado para este debate por la Fiscalía de Instrucción N° 1 que impulsó la investigación y la Fiscalía de Juicio N° 2, dijo que hubo un plan para atacar y matar, y que actuaron de forma coordinada, con roles definidos.

Los acusados

Rodrigo Valentín Garro, Brayan Aitor Funes, Rodrigo Martín Funes, Michell Brandon Pizarro, Tania Macarena Ávila, Juan Nicolás Marín y Alexander Fabricio Velázquez están acusados de homicidio doblemente calificado por la alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con el delito de lesiones leves. A los otros dos jóvenes, Lautaro Ismael Velázquez y Jorge Martín Garro, se les imputa el homicidio doblemente calificado, aunque no se les atribuyen las lesiones sufridas por Lastra.

El tribunal a cargo del debate está integrado por Gustavo Ariel Parrillis, Hugo Saa Petrino y María Eugenia Zabala Chacur.

El crimen

Ese 25 de diciembre, la víctima asistió a un boliche de la Avenida España junto a su novia, su hermano, Ángel Lastra, y su cuñada para celebrar la Navidad. Regresaron en el Fiat Uno blanco de Zavala a la casa de su hermano a las 6:50. Permanecieron unos minutos en la vereda hasta que las chicas volvieran del baño. En ese momento llegó un menor de edad, quien les contó que había tenido un altercado con Rodrigo Funes y que lo habían intentado agredir. Lastra le aconsejó retirarse para evitar problemas. Sin embargo, pocos minutos después, un grupo de personas atacó a Zavala y a su hermano, según consta en la acusación fiscal.

Alexis recibió un golpe con una piedra que lo derribó y lo dejó semi inconsciente. Su hermano intentó defenderlo, pero fue herido con un cuchillo a la altura de un ojo. Zavala fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo, donde falleció horas después, el 26 de diciembre, por un traumatismo craneoencefálico grave. La autopsia confirmó múltiples lesiones en la cabeza y en distintas partes del cuerp

El fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat, explicó que en este caso se configura la alevosía en su modalidad de “por desvalimiento”, ya que “la víctima se encontraba indefensa y dicha circunstancia fue aprovechada por los sujetos activos para asegurar el resultado sin correr riesgos”.

Indicó que Alexis Zavala “murió como consecuencia de brutales golpes recibidos durante el breve ataque propinado por múltiples agresores, luego de haber quedado inmovilizado y semi inconsciente tras los primeros golpes”.

Desde ese momento, “se encontró en absoluto estado de indefensión, lo que obturaba cualquier posibilidad de resistencia. El resultado fue trágico y devastador”, expresó el fiscal.

El ataque terminó con la llegada de la policía. No obstante, los agresores lanzaron piedras contra la ambulancia para entorpecer la labor de los médicos y rompieron uno de los cristales de la puerta derecha.

“Existió una convergencia de voluntades por parte de los acusados, quienes, aprovechando el estado de indefensión en el que luego de los primeros golpes quedó la víctima, continuaron agrediéndolo brutalmente, principalmente mediante violentas patadas dirigidas esencialmente a la cabeza y otras al cuerpo, como así también arrojándole piedras, causándole lesiones de tal entidad que le provocaron la muerte”, dijo Assat.

Y concluyó: “Lejos estuvo la presencia de los acusados de conformar una mera reunión casual; la pluralidad de intervinientes logró la disminución de actos de defensa en favor de la víctima”.

Fuente: ANSL

Óscar Sebastián Garay fue imputado este lunes por los delitos de defraudación y estafa en el marco de una causa que investiga una serie de intercambios y retenciones de vehículos ocurridos en la ciudad de San Luis entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

La audiencia de formulación de cargos se realizó en el juzgado de Garantía Nº 3, a cargo de Natalia Lazarte Otero, con la participación de la fiscal Linda Maluf (Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 6) y de la defensora oficial Stefanía Cifuentes (Defensoría en lo Penal Nº 3). Mientras dure la investigación, Garay deberá firmar periódicamente un libro en la fiscalía y no podrá salir del país durante 60 días.

La secuencia de los hechos
De acuerdo a la acusación fiscal, el 15 de diciembre de 2022 Garay habría retirado un Renault Logan perteneciente a una familiar con el argumento de llevarlo a reparar, pero nunca lo devolvió. Según la investigación, ese vehículo fue entregado, junto con dinero, a cambio de un Volkswagen Bora en un taller de chapa y pintura. Allí, Garay habría dicho que había comprado el Logan recientemente, que no tenía la documentación porque el vendedor estaba en Chile y que entregaría el formulario 08 y el título días después.

Poco después, la dueña del Renault Logan se presentó en el taller reclamando el auto como suyo. El comprador se negó a devolverlo y anunció que denunciaría una estafa.

A fines de enero de 2023, Garay llevó el Volkswagen Bora a otro taller mecánico y lo ofreció a cambio de un Volkswagen Golf Country modelo 2000. Según la fiscalía, indicó que solo tenía un boleto de compraventa y que debía viajar a Buena Esperanza para que el titular firmara el formulario 08. Tras concretar el intercambio, el mecánico intentó transferir el Bora y descubrió que tenía pedido de secuestro por una denuncia de su verdadero dueño.

En febrero de 2023, Garay habría intercambiado el Volkswagen Golf Country por un Suzuki Fun que contaba con un equipo de audio valuado en unos 300 mil pesos. La operación fue verbal, sin boleto de compraventa. Garay entregó la tarjeta verde y un formulario 08, mientras que el dueño del Suzuki Fun presentó copia de título digital y tarjeta verde a su nombre.

El 15 de marzo de 2023, el Golf fue secuestrado por pedido de la Unidad de Abordaje Fiscal, tras la denuncia de su propietario. Garay devolvió el Suzuki, pero sin el equipo de audio. Finalmente, en junio de 2023, el Departamento de Investigaciones secuestró el Suzuki Fun al determinar que también estaba vinculado a las maniobras denunciadas.

Situación procesal
La fiscalía calificó provisoriamente los hechos como defraudación en perjuicio de una mujer y estafas en perjuicio de dos hombres, en concurso real. La jueza hizo lugar a la formulación de cargos y dispuso que Garay firme el libro en la fiscalía entre el 1 y el 10 de cada mes y no salga del país durante 60 días, salvo autorización judicial.

La defensa no se opuso a estas medidas y dejó planteada la reserva de interponer excepciones según lo previsto por la ley procesal.