Santiago Aurand, ingeniero agrónomo y trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante más de dos décadas, fue despedido hace 15 días mientras se encontraba con una licencia psiquiátrica por largo tratamiento. Además, el organismo le exige ahora el pago de una supuesta multa de 55 millones de pesos por haber seguido trabajando como docente durante ese período. Este jueves, en una conferencia de prensa brindada en ATE San Luis, denunció una maniobra perversa impulsada por autoridades provinciales del INTA y vinculó su situación con una política sistemática de vaciamiento y persecución en el Estado nacional.
“Fui despedido por una supuesta incompatibilidad laboral, por una licencia de largo tratamiento que yo tenía en el INTA, me hicieron un sumario con el cual me despiden y me quieren hacer pagar una multa de 55 millones de pesos”, denunció Aurand, destacando “toda una mala intención por parte de las autoridades provinciales del INTA, que es el director en este momento, Hugo Bernasconi”. “Yo a esta persona que me urdió un sumario por mis espaldas lo conocí cuando tenía un Renault 5 y nos íbamos al campo a trabajar juntos”, añadió.
Según relató Aurand, la acusación se basa en un decreto de 1979 que prohíbe a un trabajador con licencia seguir prestando servicios en otro empleo. “Yo estaba con una licencia psiquiátrica reactiva. Significa que vos tenés un problema psicológico en tu lugar de trabajo por la toxicidad laboral que implicaba mi trabajo en el INTA. Los certificados eran aprobados en el INTA”.
Durante ese período, de aproximadamente un año, continuó con su trabajo como docente en una escuela de San Francisco del Monte de Oro, localidad donde vive. “Mi psiquiatra me dice que es reactivo ese tipo de licencias, donde vos tenés un problema puntual en una cosa. Ella me dice: en el colegio todo bien, mis directores están al tanto de todo. Todos saben en San Francisco quién soy yo, y estos personajes también saben quién soy yo. Y quizás por eso pasó lo que pasó. Cuando empiezan estos movimientos de lucha, te sacás de encima a un tipo que no se te va a quedar callado”.
Sobre la cifra millonaria que le exigen devolver, aseguró: “Se supone que si yo trabajé ese año en la escuela, pero en el INTA no, desfalco al Estado. Pero 55 millones de pesos yo no los gano ni en 4 años de trabajo. Agarran todo. Hablan con el Tesoro Nacional y sacan esta cifra sideral que no la puede explicar nadie”.
Aurand también apuntó contra otro de sus superiores: “El Coordinador de Área, Guillermo López, es una persona que ya tiene 70 años y no se jubila porque no lo quieren hacer jubilar porque no le dan los años de aporte. Esa persona es la que coordina las agencias de extensión rural del INTA. No sale nunca a terreno. Entonces tenemos un área de extensión del INTA que abarca 5 agencias completamente desarticuladas”.
Denunció que el hostigamiento laboral comenzó tras el cambio de autoridades: “Yo fui durante 5 años jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA y soy extensionista. Los extensionistas somos las personas que trabajamos en el campo con los productores. Durante 9 años me saqué en el INTA un ‘superó’ como clasificación. A partir de la entrada de estos muchachos, empiezo a sacarme ‘alcanzó’. Yo nunca me calló las cosas, entonces han hecho una serie de cosas incoherentes”.
También cuestionó duramente la gestión de las capacitaciones del organismo. “Yo, aparte de ser ingeniero agrónomo, tengo una maestría en sociología agraria. El INTA gastó, porque es así, gastó en mí un montón de plata para que yo me especializara. Por 3 años me fui de San Francisco del Monte de Oro, en micro, a la ciudad de Neuquén a hacer la maestría. Estas dos personas arrancaron haciendo una maestría y no la terminaron nunca. Entonces, si yo tengo que devolver 55 palos, que devuelvan ellos los pasajes. Porque ellos se iban en avión. Y ellos hoy son jefes. Son jefes y no terminaron sus estudios, y el INTA se los bancó”.
Aurand explicó además que la Oficina de Medicina Laboral del INTA lo convocó a reuniones virtuales para evaluar su situación médica, pero lo hicieron a su correo institucional, al que no accedía mientras estaba de licencia. “Me mandaban un correo electrónico a mí, con copia a López, a Bernasconi, a la asistente de Recursos Humanos”, contó el ingeniero despedido, señalando que en esos mails pedían que le avisaran de las reuniones, cosa que Bernasconi y López nunca habrían hecho. “No me avisaban. Entonces estaban en Buenos Aires tres personas, en Villa Mercedes dos personas, y Santiago no estaba. Pero Santiago no estaba porque no quería estar. Santiago no estaba porque no se enteraba”, comentó.
“Todas esas cosas las toman para urdirme un sumario que tuve que contratar a abogados privados, que me dijeron que es ilegal. Porque los sumarios se hacen en el lugar del hecho y no a 900 kilómetros. Esas abogadas (del INTA) estaban tomando mate muy tranquilas en Buenos Aires. Ahora tenemos abogados y médicos, pero ingenieros agrónomos tenemos menos en el INTA”, concluyó.
Aurand cerró su testimonio con una fuerte reivindicación del rol del INTA y de los trabajadores del Estado: “La cabra no elige de lunes a viernes para parir. El maíz no elige el día que tiene que regarse. Los técnicos que trabajamos o que trabajábamos en el INTA no tenemos sábado ni domingo. Para el vulgo de la gente somos una manga de ñoquis. Pero no entienden cuál es la situación y por qué nos llevan a donde nos llevan”.


Este jueves, en una conferencia de prensa realizada en la sede de ATE San Luis, el ingeniero industrial Facundo Monti, trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), advirtió sobre las consecuencias del decreto del Gobierno Nacional que transforma al organismo en un ente centralizado bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio. Según denunció, la medida implica la pérdida de su autonomía, un posible vaciamiento financiero y pone en riesgo cientos de puestos de trabajo en todo el país, incluidos 21 en San Luis.
El gobernador Claudio Poggi e integrantes de su equipo mantuvieron una reunión de trabajo con representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la que se abordaron los avances del Plan Maestro de Energía 2025–2035. En ese marco, se definió la convocatoria a un encuentro con instituciones y actores relevantes de la comunidad, donde se presentará el diagnóstico provincial realizado por especialistas y se promoverá el intercambio y el debate en torno al tema.
Una pareja oriunda de la ciudad de La Punta fue imputada por los delitos de falsificación ideológica de instrumento público y falsa denuncia, luego de que se comprobara que mintieron al denunciar el supuesto robo de su vehículo en Villa Mercedes. La audiencia de formulación de cargos se realizó este jueves en el Juzgado de Garantía Nº 2, donde el juez Matías Farinazzo Tempestini admitió los cargos presentados por el fiscal Leandro Estrada y dispuso que los imputados firmen el libro en la comisaría jurisdiccional durante los próximos cuatro meses.
Este domingo, el Parque de las Naciones será escenario de una nueva edición de la Expo Emprendedores, de 12:00 a 19:00. Más de 150 productores y artesanos exhibirán sus propuestas en alimentos, artesanías, diseño, tecnología y cosmética, con patio gastronómico, shows y actividades recreativas para toda la familia. La entrada es libre y gratuita.
Un hecho ocurrido el martes 8 de julio motivó la intervención policial y judicial, luego de que un hombre denunciara haber sido víctima de amenazas con armas de fuego, lesiones y privación ilegítima de la libertad.
Este martes, el gobernador Claudio Poggi acompañó al intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, y a los vecinos del barrio Eva Perón, en la zona norte de ciudad, en la puesta en funcionamiento de nuevas luminarias led, como parte del plan municipal ‘Iluminando tu barrio’. Además, el Jefe Comunal confirmó que en diciembre se va a inaugurar el Centro de Atención al Vecino (CAV), en el que se invertirán $186 millones.
El gobernador Claudio Poggi se refirió este martes a la decisión del Gobierno nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad y traspasar sus funciones al Ministerio de Economía. En declaraciones a medios locales, el mandatario provincial evitó criticar la medida, pero advirtió que lo central es asegurar el mantenimiento de las rutas nacionales, clave para la producción y el transporte en San Luis y en todo el país.
Durante una visita sin aviso previo a la maternidad provincial Teresita Baigorria, el gobernador Claudio Poggi anunció una intervención de seis meses para revertir el estado de abandono en el que, según denunció, se encuentra actualmente el establecimiento. La medida será encabezada por la exministra de Salud, Claudia Spagnuolo, quien tendrá a su cargo el diseño e implementación de un plan de recuperación integral.
En la madrugada del lunes 7 de julio, en la localidad de Juana Koslay, Claudio Fernando Albornoz fue asesinado de un disparo de arma de fuego y su hermano, Diego Armando Albornoz, resultó herido en el cuello. El imputado, Héctor David Cabrera, fue formalmente acusado este mediodía por la fiscal de instrucción adjunta Ornella Costa, quien solicitó además la prisión preventiva por 120 días, ante el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.