Un abogado y un empresario fueron imputados de los presuntos delitos de delito de usurpación por abuso de confianza y el juez ordenó que el campo que fue adjudicado a la firma “El Caburé”, propiedad del Gobierno provincial, sea restituido.

El Ministerio Público Fiscal solicitó este jueves que se formulen cargos provisorios a dos hombres que, en marco de una constatación ordenada en otro proceso judicial, se constituyeron en un campo y permanecieron en el lugar sin poseer un título que acreditara esa acción.

El pedido de formulación de cargos se realizó en contra de Alejandro René Viano (abogado) y Alejandro Marcelo Ingaramo (empresario), quienes oportunamente presentaron una demanda civil para recuperar la posesión del inmueble objeto del conflicto, la cual tramita en el Juzgado Civil Nº 5 de la Primera Circunscripción Judicial.

El campo está ubicado en el Kilómetro 144, en la Ruta Provincial 27, posee 1997 hectáreas y es propiedad del Gobierno de la Provincia de San Luis, detalló Fiscalía. Oportunamente, había sido adjudicado a una firma “El Caburé” – de la cual Ingaramo es presidente – en marco de un proyecto agropecuario.

Según lo expresado por Fiscalía, el pasado 26 de diciembre, aproximadamente después de las 8 de la mañana, los dos imputados se constituyeron en el campo, en marco de una constatación que estaba ordenada en otro de los procesos judiciales vigentes. En esa circunstancia, colocaron un candado a la propiedad y comunicaron que llevarían una copia de la llave al Juzgado interviniente. Posteriormente, permanecieron en el establecimiento sin poseer un título legítimo y despojaron al Gobierno Provincial. Incluso, detalló el Ministerio Público Fiscal, ingresaron animales al establecimiento.

Esa acción constituyó el despojo y en consecuencia, Fiscalía solicitó que se formulen cargos provisorios a Viano e Ingaramo como autores del delito de usurpación por abuso de confianza, en los términos previstos en el Art. 181 inc. 1 del Código penal Argentino.

Asimismo, pidió como medida cautelar el lanzamiento del inmueble, es decir la restitución a su legítimo propietario. Aseguró que el hecho está acreditado, que las circunstancias y el perjuicio ocasionado están claros.

En el mismo sentido se expresó Flavio Avila – en representación de Fiscalía de Estado – quien aseguró que los imputados ingresaron y permanecieron en el inmueble sin poseer un título que legitimara esa acción. Aseguró que el lanzamiento es la medida cautelar idónea

Por su parte, Viano – en su propia representación y en la defensa de Ingaramo – enumeró la evidencia que incorporaría al legajo digital en relación al expediente existente en el fuero civil, entre otros elementos.

Luego de escuchar a las partes, el juez tuvo por formulados cargos provisorios en los términos solicitados por Fiscalía y ordenó – en un plazo de quince días hábiles – el lanzamiento del inmueble, el cual debe ser restituido provisoriamente, sin perjuicio de las medidas cautelares que se hayan adoptado en los demás expedientes que se tramitan.

Aclaró que su decisión fue en relación al hecho descripto por el Ministerio Público Fiscal – ocurrido el pasado 26 de diciembre – y atento la formulación de cargos resuelta en el día de hoy y de acuerdo a lo previsto en el Art. 211 – último párrafo – del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de San Luis.

Por último, el juez aclaró que la medida cautelar de lanzamiento deberá concretarse con la intervención de un Oficial de Justicia y previa notificación a las partes.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Este jueves, comenzó el juicio oral contra Naira Mijal Ledezma, acusada de homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas por un hecho ocurrido en febrero de 2024, en el que falleció la sargento de policía Cecilia Soledad Benítez y su madre, Teresa Benítez, sufrió lesiones de gravedad. El debate es presidido de manera unipersonal por la jueza Karina Lucero Alfonso, integrante del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial.

Durante su exposición inicial, la fiscal de Juicio N° 1, Virginia Palacios, sostuvo que el hecho ocurrió el 7 de febrero de 2024, alrededor de las 14:30 horas, cuando la acusada habría conducido de manera negligente y temeraria, con exceso de velocidad y bajo los efectos de alcohol y estupefacientes. Según la hipótesis acusatoria, la conductora habría cruzado el cantero central de la Autopista 25 de Mayo, a la altura del kilómetro 5, e impactado contra el vehículo en el que se trasladaban las víctimas, que circulaban en sentido San Luis–La Punta.

A raíz del impacto, Cecilia Benítez resultó gravemente herida y falleció el 10 de febrero, luego de permanecer internada en terapia intensiva. Su madre sobrevivió, pero con importantes secuelas físicas.

La Fiscalía sostuvo la calificación legal atribuida en la etapa de investigación por la Fiscalía de Instrucción N° 2: homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones graves, ambos agravados por el consumo de alcohol, estupefacientes y por el exceso de velocidad.

Por su parte, el abogado querellante, Oscar Papaño, adhirió a la acusación fiscal y responsabilizó a la imputada como autora material del hecho. Señaló que las condiciones climáticas y viales al momento del accidente eran óptimas, y que el siniestro se habría producido exclusivamente por una conducción riesgosa: exceso de velocidad, cambio de carril y una alcoholemia superior al límite legal permitido.

Agregó que, como consecuencia del choque, Teresa Benítez estuvo casi un año postrada, mientras que Cecilia falleció por las lesiones sufridas. Solicitó una pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo y diez años de inhabilitación especial para conducir vehículos.

Pedido de probation

Cuando le fue concedida la palabra, la defensa técnica de la imputada —a cargo de los abogados Iván Coria y Javier Rezzano— solicitó la suspensión del juicio a prueba (probation), conforme al artículo 222 del Código Procesal Penal, argumentando que, a su criterio, el debate aún no se encontraba formalmente iniciado.

Ante este planteo, la jueza Lucero Alfonso dio intervención al Ministerio Público Fiscal, quien debe prestar su consentimiento para habilitar el tratamiento del beneficio.

La fiscal Palacios se opuso al pedido por considerar que resultaba extemporáneo, ya que el debate había sido formalmente abierto. Además, expresó que no prestaría consentimiento debido al pronóstico punitivo, entendiendo que, en caso de recaer condena, la pena superaría los tres años de prisión, dada la existencia de agravantes y el concurso de delitos.

Luego de un cuarto intermedio, la magistrada resolvió rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba. Fundamentó su decisión en que la solicitud fue presentada fuera del plazo procesal previsto y citó jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia que establece que dicho beneficio solo puede ser requerido hasta la etapa intermedia del proceso. Aclaró además que el sistema procesal vigente no habilita su aplicación en esta instancia y que las garantías constitucionales del debido proceso están resguardadas durante el juicio oral.

Cuestionamiento de la defensa

Finalmente, la defensa presentó sus alegatos de apertura y manifestó su oposición a la intervención de la querella, señalando que se habría modificado el pedido de pena respecto de lo formulado en la audiencia de control de acusación realizada en agosto de 2024. Consideraron que esta situación podría vulnerar el principio de congruencia procesal y el derecho de defensa.

El juicio está previsto para dos jornadas de debate y contempla la declaración de 30 testigos, entre ellos personal médico, peritos, policías y testigos presenciales.

Fuente: Prensa Poder Judicial