En la audiencia de formulación de cargos que se realizó este viernes pasado el mediodía, la jueza de garantía, Agustina Dopazo, dictó 90 días de prisión domiciliaria al acusado de atropellar y matar al delivery Jhonatan Valera Salazar (28). El acusado, Mariano Mourelle, quedó imputado de homicidio culposo agravado por el uso de vehículo e intento de fuga. Los abogados defensores del repartidor manifestaron su disconformidad por la prisión domiciliaria y afirmaron que hay testigos que sostienen que el acusado no estaba desvanecido en su auto, sino que iba zigzagueando y rebasando otros vehículos.

Mourelle no hizo declaraciones a la prensa cuando fue trasladado ni tampoco lo hizo en la audiencia.

“Nosotros pedimos la prisión preventiva, pero no nos hicieron lugar por el momento. A mi entender, tendría que ser en el Servicio Penitenciario. Pero hizo lugar a la petición de la defensa por la presunta enfermedad del imputado”, expresó el abogado de la familia del repartidor, Daniel Martín.

La defensa presentó un certificado médico para acreditar el cuadro de epilepsia del imputado.

Por su parte, el fiscal de la causa, Juan Pablo Estopiñán, consideró que la prisión domiciliaria, que será en un domicilio reservado, “es una medida proporcional y racional para los fines procesales”. Agregó que “no hay una injerencia posible por parte del imputado” en la producción de las pericias y la investigación de la Fiscalía. Sin embargo, admitió que el cuadro de epilepsia que tiene Mourelle influyó para que le dictaran la prisión domiciliaria.

El argumento de la defensa del acusado es que Mourelle tuvo un ataque de epilepsia al volante. Pero ni el fiscal ni la querella coinciden con esa versión. “Nosotros tenemos un par de testigos que todavía no han sido incorporados a la causa. Donde cuentan que vieron con exactitud que el auto venía zigzagueando, pero con un dominio total. No venía una persona desvanecida. Venía zigzagueando, pasando automóviles a una velocidad muy, muy elevada. Rompiendo todas las reglas de tránsito”, dijo el abogado querellante.

Estopiñán también hizo referencia a estos testigos “que les llama la atención la velocidad a la que iba el vehículo, cómo rebasaba a otros autos que estaban en esa misma calle, e incluso un testimonio de un conductor que fue rebasado por el imputado. Esto nos habla de una clara dirección y de una forma de conducirse por la vía pública que está muy lejos de una ausencia y de un comportamiento azaroso en línea recta”.

Como la causa está en sus inicios, se espera la producción de pruebas como pericias, grabaciones de cámaras de seguridad, declaración de testigos, etc.

 

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Esta mañana, Maricruz López, una joven de 16 años, reclamó frente a las puertas del Poder Judicial que le devuelvan a su beba de 1 año y medio, la cual estaría en este momento bajo el cuidado de una familia solidaria.

Esta historia comenzó cuando Maricruz se enteró que estaba embarazada, cuando ya llevaba 7 meses de gestación, y aceptó dar a su hija en adopción, que es lo que le sugirieron en la maternidad provincial, donde asistió acompañada de su tutora. “Llego a casa, me llenaron la cabeza con la adopción, que la tenía que dar, que era chica, que faltaba esto, faltaba aquello. Me hicieron visita al RUA (Registro Único de Adoptantes), hablé con la licenciada Laura, me explicó cómo era el tema de la adopción, que si en algún momento me arrepentía, tenía dos meses para arrepentirme. Y normalmente me entregaban a mi hija”, relató la joven, en declaraciones a Megacable.

Luego del parto, que fue por cesárea, la joven habló con su pareja y decidieron criar a su hija. “Llega el lunes, le doy informe a Juzgado y al RUA que no la voy a dar. Me presento en la maternidad y antes de llegar a maternidad me agarraron las asistentes sociales, diciendo que los únicos hasta el momento posicionalmente que estaban bien era el abuelo paterno. O sea, el papá de mi pareja. Le entregan la bebé al abuelo paterno cuando me dan el alta”, contó Maricruz, asegurando que iba todos los días a la casa de su suegro a ver a la beba.

“Pasó un mes, llegaron problemas. Había veces que no la podíamos ver, o porque no estaban o porque habían otros inconvenientes. Me la traían los domingos, pero eran solo tres horas por orden del juzgado, que la podía ver solo ese tiempo. Agarro un lunes y levanto la denuncia de que no podía ver a mi hija y que siempre eran peros, o que el juzgado me ponía un límite para ver a mi hija”, relató la Joven, quien acudió a la jueza Ana Belén Villegas.

La jueza de Familia N° 3 ordenó la restitución de la niña a la tutora de Maricruz, con quien ella vive. “Listo, me entrega la bebé y me la llevo el mismo día a mi casa. Al otro día arranco con asistentes sociales. Iban a casa, estaba todo bien. Pasó el tiempo, iban, te discriminaban, te trataban como querían y se iban. Levantaban informes, con cosas que la mayoría que yo reconozco que eran nada que ver. Porque había una de las asistentes, una se llamaba Johana Rojo, que era la que nos daba la oportunidad de criarlas. Y estaba la otra que era licenciada y que era la que la quería pasar a adopción directamente. Era la que siempre nos reprochaba todo. No le gustaba absolutamente nada”, comentó.

Eventualmente, hace dos semanas, la Justicia revirtió su decisión y le quitó a Maricruz su hija, ya de un año y medio, poniéndola al cuidado de una familia solidaria. A través de la app Portal Puntano, Maricruz sabe que su hija está en este programa, pero no saben exactamente con quién. Además, recientemente se enteró de que la familia solidaria planea viajar a la provincia de La Pampa para pasar las fiestas. “No me dijeron nada, no me dejaron acta de notificación, no me citaron, no me dicen nada”, aseguró la joven.

Sobre el día en que la Justicia le quitó la tenencia, Maricruz contó: “Yo ese viernes había venido justamente al juzgado para pedir la guardia de mi hija, porque no la tenía yo, la tenía mi tutora. Y yo me había ido de su domicilio y la quería yo para cobrar lo correspondiente y poder tenerla yo. Vengo al juzgado y no me atiende la jueza. Estuve de las ocho de la mañana hasta las una y media de la tarde. Es más, tenía que cobrar y no pude porque me cerró el banco. Vengo al otro día, me dan un papel. Tengo que estar presente en las audiencias, en las pericias psicológicas, todas esas cosas. Listo. Vengo al otro día, me dan la app de Portal Puntano, me dicen que me cree un usuario, pongo el número de expediente y veo todo lo que tengo. Espero, me empiezo a hablar con abogados, a ver qué pasaba, qué me podían decir, cómo me podían asesorar. Y la verdad es que todos me dijeron lo mismo. Es una trata de personas”.

“Me ayudan las dos abuelas, mi cuñado, mi pareja. Todos trabajamos, estamos bien parados económicamente, como para qué decir. Puede estar con nosotros. En ningún momento le faltó nada. Capaz que hubieran una o dos veces que nos agarraron el tema de los pañales, pero estaba familia solidaria y nos daba. Pero yo supongo que esa no es razón para sacar. Otra cosa sería maltrato y todas esas cosas, pero es algo que en casa no hay”, concluyó la joven.

El juez de Garantía N° 1 de la Primera Circunscripción, Juan Montiveros Chada ordenó este jueves la prisión preventiva contra Sergio Gatica, Alfredo Nicolás Gatica, Lautaro Gatica, Vicente Mercado, William Cháves y Heber Tapia. Los imputados son parte de un grupo de catorce personas acusadas de integrar una organización criminal conocida como “La Bandeja”, presuntamente dedicada al robo de vehículos, estafas, portación de armas y la plantación masiva de marihuana.

Con la medida de coerción dictada este jueves, son 14 las personas privadas de la libertad por el delito de asociación ilícita y portación ilegal de armas. Barbeito fundamentó su pedido de prisión preventiva por la existencia de riesgos procesales como el de fuga y el de entorpecimiento de la investigación.

El dictamen del magistrado se emitió este jueves en el marco de la continuidad de la audiencia de formulación de cargos que se inició el martes pasado, luego de la prórroga de detención que solicitaron los abogados defensores de los seis acusados. Luego de escuchar los argumentos de las defensas y la declaración de Mercado, el juez aceptó formalmente los cargos presentados por el fiscal N° 2, Ricardo Barbeito e hizo lugar al pedido de prisión preventiva, aunque la limitó a 70 días y no a 120 como solicitó la Fiscalía.

“Es una causa compleja, voluminosa y disminuir al máximo el riesgo procesal”, dijo Montiveros Chada. También desestimó un pedido del abogado Marcos Juárez, representante de Mercado, de modificar la calificación legal de asociación ilícita por la de encubrimiento.

Luego de la resolución del juez, los imputados fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, menos Sergio Gatica que permanece internado en el Hospital Carrillo y será trasladado una vez que los profesionales médicos le den el alta. Su abogado, Jorge Sosa, informó que padece Diabetes Tipo 2 y que es un paciente insulino dependiente.

El fiscal argumentó que los hechos ocurrieron en diversas ubicaciones geográficas y los imputados cuentan con un alto poder adquisitivo. Además, dijo que existía riesgo de entorpecimiento debido a la cantidad significativa de delitos que se encuentran bajo investigación.

La causa

De acuerdo con la investigación, la banda se dedicaba presuntamente a la venta de vehículos con documentación falsificada bajo un modus operandi sofisticado: adquirían automóviles en Mendoza y los comercializaban en San Luis con papeles fraudulentos, entre ellos cédulas de identificación vehicular, certificados notariales y formularios de registro del automotor.

El grupo operaba principalmente a través de la plataforma de ventas Facebook, donde creaban perfiles falsos para contactar a las víctimas haciéndose pasar por los legítimos propietarios. Para generar confianza, utilizaban distintos números telefónicos y concertaban reuniones en persona, en las cuales exhibían documentos aparentemente en regla, incluido el formulario 08 con supuesta certificación notarial.

Sin embargo, los investigadores descubrieron irregularidades al notar que en todos los casos aparecía el mismo número de certificación notarial (248262), perteneciente al registro notarial 51, y el mismo número de documento, aunque con diferentes nombres de firmantes.

La investigación, que abarcó casos desde 2021, también reveló que los encuentros con las víctimas solían realizarse en un domicilio ubicado en Belgrano 1833, en la ciudad de San Luis. Curiosamente, este lugar estuvo vinculado a otro hecho delictivo: el cabecilla de la banda, identificado como Gatica, fue apuñalado allí por otro hombre en circunstancias aún no esclarecidas.

La policía además realizó un allanamiento en un campo ubicado en Estancia Grande y secuestró 688 plantas de marihuana, operativo que Barbeito describió “como sin precedentes en la Provincia”.

Fuente: Prensa Poder Judicial