Más testimonios de trabajadores que han sido explotados por más de una década.

Durante la mañana de ayer continuaron las manifestaciones y reclamos de los pasantes y gente del Plan de Inclusión que se ha cansado de realizar tareas administrativas y profesionales en el Complejo Sanitario San Luis por tan solo $700.

Con un Gobernador que prácticamente ya ni pisa la provincia y todos los ministros en reunión de Gabinete en El Trapiche, los trabajadores decidieron posponer hasta el próximo lunes su idea de marchar a Terrazas del Portezuelo y volvieron a manifestarse frente a su lugar de trabajo.

“Nosotros preguntamos, ¿cuándo es el examen? No sabemos. ¿Cuántos cupos son? No sabemos. Somos 200 y habrá 10 cupos, ¿y los demás qué hacemos?”, se preguntó Claudia, quien lleva 12 años “trabajando en negro” en el Policlínico. “Siempre estamos en la misma, no tenemos nada en concreto. No hay disposición para hablar, no hay ganas de solucionar las cosas. A la primera amenaza o primer despido va a ser peor”, agregó la mujer.

“Ahora nos apuraron y algunos ya no quisieron venir. Vinieron muy poquitos, somos 3 o 4, pero allá somos 25. Nos apuran que nos van a echar, que van a tomar nota. 10 u 11 años ahí. ¿Quién puede vivir con $700? Me da tanta bronca, tanta impotencia, tanta injusticia. Hay señores que han entrado después y son los mejores acomodados que hay”, dijo, con su voz a punto de quebrarse, David, quien hoy en día se desempeña en el Hospital Psiquiátrico, pero también ha trabajado en la cocina y la lavandería del hospital.

“Estamos como perros. Basta de pisotearnos y discriminación”, gritó don Lucero, un hombre de 60 años que lleva 11 como camillero y ganando 700 pesos o menos.

La víctima es un bebé de 5 meses.

Cristian Cano, jefe del Programa de Epidemiología y Bioestadística, confirmó, en la mañana de ayer, que se ha detectado y confirmado, a través del sistema de vigilancia laboratorial, el primer caso de gripe A de este año. De acuerdo al funcionario, la víctima es “un chiquito de 5 meses de edad que se encuentra internado en el Complejo Sanitario San Luis”.

Afortunadamente, la criatura parece estar respondiendo bien al tratamiento que se le está dando. “Ha tenido muy buena evolución del cuadro respiratorio y estamos a la espera de que se de el alta en los próximos días si todo evoluciona bien”, comentó Cano.

“El virus de la gripe H1N1 va a circular y está circulando. Es un virus más que va a circular todos los años y la herramienta fundamental para prevenir esto es la vacunación a los grupos de riesgo, sobre todo a las embarazadas. Todavía se está a tiempo de realizar la vacunación. Vamos a estar vacunando todo el año”, concluyó el funcionario del Ministerio de Salud.

“Pedimos una audiencia ya con la presencia del juez. Cada parte planteará y hará el reclamo que tenga, acreditará el derecho que tenga, se hará un acta de esa audiencia. La idea de la audiencia es llegar a una solución, nosotros vamos con toda la predisposición de solucionar el problema de la mejor forma”, aseguró Cattáneo.

Según el funcionario, el Gobierno volverá a proponer la expropiación de tan solo 15 hectáreas, la construcción de una casa con todos los servicios y un camino lateral de paso. “La propuesta básica está, a lo mejor hay una cuestioncita menor que hay que pulir, pero vamos con espíritu de solucionar el problema. Fiscalía, básicamente, a la propuesta ya la realizó. Si hay que discutir alguna cuestión menor u otra cuestión escucharemos, veremos y si hay posibilidad de llegar a un acuerdo o una solución lo haremos”, manifestó Cattáneo, quien, para concluir, comentó que el juez que conduzca la audiencia será quien determine si los Escudero son dueños o no de sus tierras.

“Nosotros lo hacemos como un tema humanitario”

Por su parte, el fiscal de Estado, Eduardo Allende, ratificó lo dicho por Cattáneo, pero también aprovechó para tirarles unos cuantos puñales a los Escudero, asegurando que la familia, de las 15 hectáreas que ahora quiere el Gobierno, ofreció ceder 9 “y vender a la provincia 6 hectáreas más por un monto que nosotros consideramos excesivo y totalmente abusivo”.

“Reitero, la familia Escudero no tiene título y no tiene tampoco un reconocimiento de posesión sobre el campo. El campo tiene una superficie llana de unas 20 hectáreas (sobre un total de 120). El resto del campo es sierras y es improductivo. Y la ley de expropiaciones dispone que cuando uno expropia un inmueble y la parte que no se necesita no es productiva, el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de toda la propiedad. Nosotros lo hacemos como un tema humanitario”, comentó el fiscal, quien, cuando se le preguntó por qué le ofrece una casa y quiere negociar con quien “no es dueño” del campo, volvió a manifestar que se trata de una “cuestión humanitaria y social”.

“Queremos evitar que una situación que es totalmente irregular, totalmente ilegítima, pueda ser distorsionada y usada por gente de la oposición que están queriendo capitalizar un hecho ilegal en un reclamo que está siendo totalmente distorsionado”, concluyó Allende, disparando también contra los candidatos a gobernador y demás agrupaciones que han manifestado su repudio al trato recibido por esta familia.

El secretario de Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado dio a conocer la versión del Gobierno sobre el truncamiento de las negociaciones con la familia Escudero.

Ayer a la mañana, Roal Cattáneo, secretario de Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado, dio a conocer la versión del Gobierno sobre el truncamiento de las negociaciones con la familia Escudero de Estancia Grande. De acuerdo al funcionario, todo se frustró cuando Don Mario exigió una indemnización que “era un despropósito”.

Cattáneo es el mismo agente de Fiscalía que fue al campo de los Escudero la noche del viernes. “Aún cuando el señor Escudero no tiene derecho sobre el campo, y esto surge del expediente, atendiendo a su situación social se le ofrece construirle una casa, llevarle los servicios y darle un paso. Se dice que sí a todo. Cuando vamos para ultimar detalles, se nos pide también una indemnización, aparte de la casa con los servicios. No es que nosotros cerremos la negociación. Se planteó algo que no podemos negociar como Estado. El Estado no puede pagarle a quien no es propietario”, explicó el funcionario, quien más de una vez comentó que el Gobierno estuvo a punto de aceptar la propuesta de los Escudero.

“A ese reclamo en un principio se le dice que si, pero tenemos un primer problema como Estado que es que el señor Escudero no es el propietario del campo”, manifestó Cattáneo, quien luego dejó deslizar que la expropiación casi fue reducida a tan solo “15 hectáreas”.

Por otro lado, el secretario de Asuntos Judiciales comentó que quien figura en el Registro de Propiedad del Inmueble como dueño del campo de los Escudero es Valentín Vega, un hombre que ya murió hace algunos años. “Se han presentado los herederos de Vega, Valentín en el juicio de expropiación. Ellos se han presentado reclamando la indemnización por la expropiación”, la cual asciende, salvo que un juez diga lo contrario, al 130% de la tasación fiscal del terreno.

“Eso es lo único que se puede discutir en una expropiación. Se puede discutir el valor del inmueble, pero la declaración de utilidad pública se hace por decreto y no se puede discutir judicialmente. Hay una parte del terreno, que si fuera propietario Escudero, lo mejor que le podría pasar es que le expropien todo. Yo no sé que tan productivo puede ser para explotación ganadera o agrícola”, concluyó Cattáneo.

Mientras tanto, los Escudero y las personas que los apoyan, contiuán en el campo a pesar del intenso frío y de la nevada de ayer.

El accidente sucedió en el barrio San Martín. Un menor que conducía una moto falleció como consecuencia del choque contra un árbol el sábado pasado por la tarde. El acompañante está internado con múltiple heridas, según informó relaciones Policiales.

Joel Valenzuela (14) y  Mauricio Ezequiel Sosa (17), viajaban en una Motomel 110 cc por calle Antártida Argentina del barrio San Martín. Cuando llegaron a mitad de cuadra, Joel perdió el control embisten de la moto y choco contra un árbol ubicado en la vereda.

Como ninguno de los dos chicos usaban casco, Valenzuela perdió la vida al instante del choque, mientras que Sosa sufrió múltiples traumatismos y fractura en ambos maxilares.

A principios de mes pasado, dos jóvenes de 13 años, perdieron la vida en la entrada de Merlo cuando fueron embestidos por un auto luego de hacer un giro en U con la moto. Los hicos no usaban casco.

Por lo que le sucedió interpuso una demanda en la Justicia contra el Gobierno. Conozca los detalles del caso. Un hombre fue absuelto por la Justicia acusado de ser un violador serial, luego de estar en prisión. Como consecuencia del caso, el inocente sufrió golpiza policial, perdió su trabajo, vivienda, su mujer lo abandonó y perdió a sus hijos. Por todo lo sucedido, el ex preso demandó al Gobierno por daños y perjuicios por $200.000.

Según se detalla en la demanda, a comienzos de 2006, la Policía buscaba intensamente a un violador serial que asolaba los barios del sur de la ciudad. El día 20 de enero del año mencionado, Pablo Gregorio Barroso fue detenido acusado de haber cometido el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. De acuerdo a la demanda, Barroso fue detenido por ser una “persona que reunía todas las características de alguien a quien inculpar para salir del paso, pues se trataba de alguien de bajos recursos, analfabeto, que no podría pagar un abogado particular y que tenia dificultad para expresarse”. Además, la demanda menciona que Barroso sufrió apremios ilegales de  parte de efectivos policiales.

A Barroso se le dictó la prisión preventiva donde permaneció durante un año y medio. En la Penitenciaría, el detenido tuvo que soportar más apremios ilegales del personal y tuvo que defenderse de la agresión de otros internos. Durante el período que Barroso estuvo preso, su pareja estuvo a cargo del hogar pero terminó formando pareja con otro hombre. Además, los tres hijos de la pareja están a cargo de una familia sustituta porque estaban desnutridos. Como si todo lo ocurrido no fuera suficiente, la vivienda del barrio 9 de Julio donde vivía la familia de Barroso fue usurpada.

El día 24 de julio de 2007, Cámara del Crimen declaró inocente a Barroso. Desde su liberación, el inocente no pudo recuperar su trabajo, vivienda e hijos.

Se encuentran en operativos de tránsito en la ciudad. En una semana, se detectaron seis licencias de conducir falsificadas como consecuencia de controles de tránsito. En lo que va del año, son 20 los carnets falsos identificados, de los cuales la mayoría  corresponden a la categoría motos.

“En todos los casos nos encontramos con el formato y la firma adulterados por lo que de inmediato se procede al traslado de los conductores a la comisaría que corresponda, según la  jurisdicción del operativo,  para la correspondiente denuncia y averiguaciones pertinentes”, aseguró María Isabel Valdivielso, directora general de Tránsito y Vía Pública.

La funcionaria indicó que cada conductor recibe un acta de retención del documento falsificado y un acta de infracción que se eleva al Juzgado de Faltas.

Cabe destacar que apenas llegó la prensa al hospital, su director, Eduardo Cantero, convocó a una reunión con los indignados empleados, la cual pudo ser presenciada por los medios. Durante la misma, los trabajadores le pidieron una respuesta a la petición que le habían hecho el viernes de la semana pasada, pasar a planta permanente sin que les tomen examen, ya que la mayoría de ellos lleva alrededor de 10 años siendo explotados.

“Hay una serie de trámites administrativos que es imposible que a las 9.30 de hoy a la mañana tuviéramos resueltos”, alegó Cantero, quien hizo todo lo posible para aclarar que él no puede decidir quien pasa a planta permanente o no.

Otro tema que generó gran enojo entre los empleados fue el hecho de que Cantero había enviado a su jefe de personal para anotar quiénes eran los empleados que habían abandonado su puesto de trabajo. El director del hospital argumentó que tenía todo el derecho de tomar tal medida y que siempre lo hacía. “Nunca lo hace. Y eso es una amenaza, porque nosotros avisamos”, le contestó Cristina, una de las manifestantes.

“Somos útiles en este hospital y nos pagan $700. Pero el ‘hijo de’ y el recién llegado vienen con contrato o planta permanente”, gritó una mujer durante esta primera y masiva reunión que, eventualmente, terminó siendo un fracaso, por lo que se procedió a realizar más chica, entre Cantero, su equipo, y tres delegados de los empleados.

“El eje filosófico del programa era irlos capacitando y de buscar un trabajo mejor. Nunca se habló que era una incorporación. (El tema de los exámenes) Fue hablado con un grupo menor. En ese momento se dijo que ellos los representaban y ellos reconocen que en un principio aceptaron un examen. Pero esto lo había hablado en su momento el doctor Quevedo y había sido aceptado. A la parte profesional cada 5 años se le toma examen y el que rinde mal pierde el cargo”, sostuvo el director del nosocomio cuando terminó la segunda y también fallida reunión. “La manifestación ahora va a ser todos los días. Que lo redacten para elevarlo a las autoridades que corresponden”, agregó.

Por su parte, La Gaceta luego dialogó con Cristina, una mujer que entró al hospital hace 14 años y se desempeña como secretaria del servicio de cardiología. “Y cuando faltan los técnicos hago los electros. El Dr. Quevedo me enseñó”, contó esta mujer que tan solo cobra una pasantía laboral de $700. Según ella, sus colegas contratados o de planta permanente que realizan el mismo tipo de tareas gozan de salarios que van de los 2.600 a los 4 mil pesos.

“Queremos planta permanente, porque con el contrato, como vos sabrás, pasan las elecciones y nos echan. Creo que con $700 nadie puede vivir. Está bien que es un plan social, pero ya me cansé”, concluyó Cristina.

Las jóvenes tienen 18, 16 y 14 años. La mayor asegura haber sido abusada desde los 13.

El pasado viernes, efectivos de la Comisaría Cuarta elevaron al juzgado del Crimen Nº 2 un sumario caratulado “averiguación abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”, donde resulta damnificada una joven de 18 años, como así también sus hermanas de 16 y 14 años, ésta última internada en la sala de Pediatría del Complejo Sanitario San Luis por presentar lesiones en la zona genital.

La denuncia fue realizada, el pasado 13 de julio, por esta joven de 18 años, quien asegura que desde que murió su madre, hace 5 años, ha sido sometida a diferentes abusos sexuales por parte de su propio padre, un hombre que actualmente tiene 42 años de edad.

Al momento de hacer la denuncia, la joven de 18 años convivía, en una casa del Parque Industrial Sur, con su padre, un amigo de este de 63 años y 5 hermanos: uno de 19 años, las dos adolescentes de 16 y 14, y dos varones de 11 y 6 años.

La Policía todavía no ha informado si el hombre fue efectivamente detenido.