El gobernador Claudio Poggi firmó con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) un acuerdo de coordinación y colaboración para que las comisiones médicas del organismo nacional actúen en San Luis como instancia prejurisdiccional.

Con este convenio suscripto en Buenos Aires por Poggi y Gustavo Morón, el titular de la SRT, se completa el proceso de adhesión de la provincia a la normativa complementaria de la ley sobre riesgos del trabajo (N°27.348), discutida y sancionada por la Legislatura de San Luis en noviembre del año pasado.

La SRT y San Luis se comprometieron, además, a efectuar las gestiones ante el Colegio de Abogados de la provincia que posibiliten asegurar el patrocinio letrado gratuito a los damnificados y sus derechohabientes; y a instar las acciones necesarias ante el Superior Tribunal de Justicia, a fin de dotar de mayor agilidad a los trámites tanto en instancia administrativa como también la judicial.

La puesta en funcionamiento concreta de la ley 27.348 en San Luis prevé mejoras sustanciales respecto a los tiempos resolutivos en favor de los trabajadores, reduciendo los plazos para que las comisiones médicas emitan su dictamen. Contribuye, además, a reducir significativamente los tiempos para efectivizar las indemnizaciones.

El espíritu de la Ley 27.348 tiene como pilares promover la prevención de riesgos laborales, otorgar celeridad y transparencia, disminuir la litigiosidad del sistema e incentivar las inversiones en el sector productivo.

Fuente: ANSL

Verónica Acosta, la mujer que recibió por error una transferencia del Gobierno de San Luis por $510 millones de los cuales gastó $44 millones, fue imputada por la Justicia junto a cinco de sus familiares por los presuntos delitos de defraudación, retención indebida y fraude contra la administración pública. La mujer sostiene que no estafó a nadie, quiere llegar a un acuerdo con el Gobierno para que le levante la causa penal porque tiene miedo de ir presa.

“Yo cuando veo la noticia dice que el Gobierno me denuncia por estafa, lo cual yo no me siento una estafadora, no soy una estafadora, nunca he robado nada, nunca firmé algo para mentir que me depositen esa plata, la plata sí me la gasté, estaba en mi cuenta, llegó de manera anónima, decía ‘data’”, dijo Acosta en declaraciones al periodista Pablo Oro.

Ante la imputación judicial a los seis implicados, Acosta quiere llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para evitar una muy probable pena. “Siento que el Gobierno tiene este poder de llegar a un acuerdo con nosotros. Levanten la causa porque yo no he estafado a nadie, ni yo ni mi familia, o sea, a ellos les transferí la plata, en ningún momento tampoco sabían de dónde venían, no es que una conspiración, como dijo la doctora Torres”.

Los otros imputados en la causa son Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil.

La fiscal Daniela Torres detalló en la audiencia de formulación de cargos que la transferencia se realizó el lunes 6 de mayo por $510.236.811, pertenecientes a una partida destinada al pago de cuota, a la cuenta judicial de Acosta. Al detectar la irregularidad, la Tesorería dio aviso al banco, que congeló la cuenta y logró recuperar $465.690.542. El resto del dinero, más de $44 millones, ya había sido utilizado en compras y transferencias.

En menos de 10 minutos se realizaron 12 transferencias electrónicas. En total, en 24 horas se registraron más de 60 movimientos a través de billeteras virtuales y dispositivos móviles. Los movimientos en las cuentas judiciales no pueden superar los $500.000. Los fondos fueron enviados a cuentas propias creadas recientemente, a las de los otros imputados e incluso a personas de otras provincias. También se detectaron pagos de impuestos, compras de electrodomésticos, materiales de construcción, accesorios de baño, un colchón y hasta un auto y una moto.

“Lo primero que pensé que era una bendición para mejorar la calidad de vida mía y la de mis hijos”, dijo Acosta, quien agregó que desde que está imputada no tiene ingresos. “A todos nos congelaron las cuentas bancarias, nos congelaron todo tipo de tarjetas, tipos de crédito, una de mis cuñadas quedó sin trabajo porque le dieron de baja en el plan de Inclusión. Se han llevado todo, hasta la cama, los electrodomésticos, el cerámico, la mochila del baño, todo se han llevado”, contó la mujer.

Hacia el final de la entrevista, Acosta reflexionó sobre lo sucedido y mostró arrepintiendo, ante las consecuencias judiciales que atraviesa. Si tuviera que volver el tiempo, la verdad, no la tocaría la plata, no se lo deseo a nadie pasar por esta situación, más teniendo niños de por medio. Esta semana fueron muy traumáticas para ellos, los chicos se levantan llorando, preguntando si nos van a llevar la Policía. Estamos con mucho miedo de ir presos”, expresó la imputada.

Este jueves por la noche, en el marco de diversas tareas operativas por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico llevaron a cabo un procedimiento en la ciudad de San Luis, donde incautaron droga y detuvieron a dos hombres mayores de edad.

El operativo se realizó en inmediaciones de las calles Jorge Luis Borges y El Morro, en el barrio Cerro de la Cruz, sitio en el que los policías interceptaron a dos sujetos de 27 y 46 años de edad.

Durante el procedimiento, los efectivos de Lucha Contra el Narcotráfico incautaron y secuestraron dos paquetes recubiertos con cinta de empaque que en su interior contenían marihuana compactada, suficiente para elaborar 3.348 dosis, valuadas en $10.000.000 aproximadamente; un teléfono celular; $19.100 en efectivo y una mochila.

Tras el operativo policial, desde la Fiscalía Federal de San Luis se ordenó la detención de los dos hombres de 27 y 46 años de edad, por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Este jueves por la tarde, efectivos de la Comisaría Seccional 37° de La Punta detuvieron a un sujeto de 39 años de edad, quien había herido con un arma blanca a su expareja, una mujer de 36 años de edad.

En base a diversas tareas investigativas y el aporte de distintos datos de interés, los uniformados se dirigieron hacia el paraje El Milagro, ubicado a la altura del kilómetro 104 de la ruta nacional 146, donde de acuerdo a la información podría encontrarse el agresor.
Tras un recorrido por inmediaciones a un domicilio de ese paraje, se apersonó una mujer de 31 años, hermana del sujeto que era buscado, quien manifestó que su hermano se encontraba en el interior de la casa y que se iba a poner a disposición del personal policial.

Seguidamente, el individuo de 39 años salió en compañía de su hermana, no oponiendo resistencia y manifestando que se había autolesionado en el abdomen y en los brazos.
En ese momento fue notificado de la medida judicial y quedó detenido, a disposición de la Fiscalía de Instrucción Penal en Género, Diversidad Sexual y Adultos Mayores N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial.

Además, en el lugar se hizo presente personal de salud en una ambulancia del Sempro, quienes trasladaron al sujeto hacia un hospital, bajo custodia policial.

Cabe recordar que el hecho ocurrió este miércoles 28 de mayo por la noche, alrededor de las 21:30, en la ciudad de La Punta. En esa ocasión, efectivos de la Comisaría Seccional 37° tomaron conocimiento de que una mujer había sido herida con un arma blanca en la vía pública, específicamente en la manzana 178 del barrio 900 Viviendas.
Los policías se dirigieron hacia el lugar y observaron a una mujer recostada en la calle, siendo asistida por un hombre.

Los uniformados se entrevistaron con la mujer -de 36 años de edad-, quien manifestó que su expareja (el sujeto de 39 años de edad) había quedado al cuidado de sus dos hijos menores de edad en su domicilio mientras ella estaba trabajando.

La víctima indicó que cuando regresaba a su casa en una motocicleta Motomel Skua, el individuo la abordó unos metros antes de llegar y la hirió en la zona de la espalda con un arma blanca, lo que provocó su caída de la moto. Seguidamente, el agresor se había dado a la fuga.

La mujer fue asistida por personal médico en el lugar y luego fue trasladada hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde luego quedó internada, debido a las lesiones que presentaba en la espalda. Sus hijos, en tanto, en ese momento fueron puestos al resguardo por personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).

Fuente: Prensa Ministerio de Seguridad

Este jueves, durante una nueva jornada del operativo La Muni Más Cerca, que se desarrolló en el barrio Cáceres, el intendente Gastón Hissa anunció cómo será el funcionamiento de las recientes coordinaciones zonales, implementadas para mejorar la prestación de los servicios públicos en la ciudad. Además, se refirió a la continuidad del operativo municipal, el impacto de la baja en la coparticipación y los beneficios sociales que sigue brindando el Municipio.

“Esto tiene que ver con fortalecer el servicio público. Y de alguna manera, fortalecer el servicio público significa brindarle más cercanía al ciudadano, al vecino”, expresó Hissa. En este sentido, explicó que la ciudad fue dividida en cuatro zonas —noroeste, noreste, centroeste y sur—, cada una de las cuales estará a cargo de un coordinador general. “Quiero aclarar que no son nuevos funcionarios, son funcionarios que ya estaban desempeñándose en otras áreas, lo han hecho de manera eficiente y es por eso que los he promovido a un cargo de mayor relevancia”, remarcó.

Los coordinadores tendrán la función específica de recibir los reclamos que se realicen en los Centros de Atención al Vecino (CAV) y recorrer los barrios para supervisar el cumplimiento de los servicios como alumbrado, barrido, limpieza, agua y saneamiento. “Va a estar el coordinador y, de primera mano va a ver los reclamos y va a salir a recorrer el barrio, supervisar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del servicio público”, explicó el intendente.

Hissa destacó que la figura del coordinador permitirá detectar con mayor rapidez los problemas cotidianos. “Quizás tardamos a veces nosotros dos días en detectar un vertido de efluentes cloacales. Va a ser distinto si un coordinador está recorriendo el barrio, la zona, lo va a ver quizás en horas y nosotros posiblemente lo podamos solucionar en mucho menor tiempo”, señaló.

En cuanto al operativo La Muni Más Cerca, el intendente subrayó que se trata de una política que “llegó para quedarse”. “Lo lanzamos en el mes de febrero con esta modalidad de abordaje integral, pero ya lo veníamos realizando todas las semanas con el equipo de servicios públicos”, afirmó. Hasta la fecha, ya se han realizado 18 intervenciones en distintos puntos de la ciudad, con la presencia de áreas como salud, zoonosis, medio ambiente y rentas. Además, adelantó que próximamente se publicará un cronograma mensual para que los vecinos sepan con anticipación cuándo llegará el operativo a sus barrios.

Consultado por la baja de la coparticipación y su impacto en la Municipalidad, Hissa reconoció que también ha disminuido el pago de tasas. Sin embargo, afirmó que la gestión ha podido mantener los servicios “administrando de manera austera, transparente y muy prudentemente”.

“Devolvemos el pago de los recursos con más servicios y también con beneficios sociales”, sostuvo el jefe comunal. En ese marco, destacó políticas como el boleto gratuito para jubilados y estudiantes, y la castración gratuita de mascotas. “Recién me decía una vecina que ayer estuvo en una veterinaria, 200.000 pesos le cobraban la castración. Entonces hoy vino de manera gratuita. Es devolución de un beneficio social para la salud animal”, cerró.

Este miércoles por la mañana, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis ofreció una conferencia de prensa para anunciar el impulso de más de 25 causas judiciales por ejercicio ilegal de la profesión. La presidenta de la institución, María Elena Tamayo, presentó al nuevo equipo legal del Colegio, conformado por los abogados Rafael Berruezo y Maximiliano del Signore, quienes brindaron detalles sobre las denuncias penales en curso.

“Desde que asumimos como abogados del Colegio, retomamos las causas que ya estaban iniciadas, las hemos impulsado y han avanzado. Ya han sido notificados los imputados”, explicó Berruezo, quien precisó que las acusaciones recaen sobre personas que ejercen como martilleros sin título habilitante o que, aun teniendo título, no están matriculadas.

Maximiliano del Signore fue quien brindó las declaraciones más contundentes de la jornada. “Tenemos más de 25 denuncias, 20 más por ingresar, y varios casos en donde ya hubo allanamientos, constataciones judiciales y audiencias de imputación”, sostuvo. Además, dio nombres concretos: “Entre los denunciados están Silvio Albarracín, Guillermo Miranda, Godoy Servicio Inmobiliario, Alberto Rodríguez y Héctor Maza. Queremos condenar a todos los que están realizando de manera ilegal el ejercicio de esta profesión”.

El abogado también mencionó imputaciones ya formalizadas: “Se le formuló cargos a Rosa Karina Soria, autora del delito de ejercicio ilegal de la profesión previsto y penado por el artículo 247 del Código Penal, para que sepan que todas estas consecuencias van a ir contra todos, contra todos los que denunciamos, a todos los vamos a llevar a los estratos judiciales y a todos les vamos a ir con una condena que va de 15 días a un año”.

Del Signore destacó que algunos de los denunciados se acercaron al Colegio para alcanzar acuerdos conciliatorios. “Logramos conciliar un acuerdo con más de uno y esperamos que más se puedan acercar”, señaló.

Las denuncias se distribuyen en toda la provincia. En San Luis capital, las causas están en manos de las fiscalías Nº 1, 2 y 3, mientras que en Villa Mercedes interviene la Fiscalía Nº 2. “De ahí en más queda en pos de la fiscalía avanzar hacia el debate oral para conseguir una condena”, agregó del Signore.

Por su parte, Tamayo remarcó que el accionar del Colegio busca proteger tanto a la profesión como a la ciudadanía. “Una persona no capacitada, que no conoce los términos legales ni el alcance de esta profesión, causa un perjuicio en la seguridad jurídica. Defendemos nuestra profesión y, sobre todo, buscamos brindarle seguridad jurídica a la sociedad”, concluyó.

Este miércoles por la mañana, el centro de San Luis fue escenario de una contundente protesta encabezada por instituciones, transportistas, prestadores de servicios y familias de personas con discapacidad. La movilización tuvo como eje el reclamo por el congelamiento del nomenclador nacional que regula los aranceles de las prestaciones, lo que genera una crítica situación financiera en los centros que brindan asistencia diaria.

Marcos Barzola, propietario del Centro de Día Colibríes, explicó que “todos dependemos de los mismos aranceles que no aumentan desde el año pasado. Y los últimos meses del año pasado fueron aumentos insignificantes realmente”. Según detalló, en septiembre fue del 1%, en octubre otro 1%, en noviembre del 0,8% y en diciembre apenas del 0,5%. “Este año directamente no hubo aumento. Nos pone en una situación crítica”, sostuvo. En su centro, que actualmente recibe a 30 personas con discapacidad, llevan tres meses generando deudas en cargas sociales. “Eso es lo primero que dejamos de pagar cuando enfrentamos una situación financiera complicada”, advirtió.

Barzola también se refirió a los costos de funcionamiento. Señaló que “el servicio hoy en día está en unos 700 mil pesos cuando la persona requiere mayor asistencia y 500 y algo cuando requiere menor asistencia”. Ese monto, explicó, cubre todas las prestaciones durante el mes, como alimentación, materiales y actividades. En Colibríes trabajan actualmente 20 personas, entre empleados en relación de dependencia y profesionales que facturan sus servicios.

Barzola también señaló que el Estado provincial, que cuenta con una Secretaría de Personas con Discapacidad, no hace ningún aporte en particular para mejorar la situación, más allá del pago de aranceles que se realiza a través de Dosep. “El Estado Provincial hace un pago de aranceles de las prestaciones que cubre DOSEP, como puede ser transporte o kinesiología o fonoaudiología, o, en nuestro caso, la prestación que es el Centro de Día. Estos aranceles de DOSEP históricamente siempre han estado por debajo de los aranceles nacionales. Hoy, increíblemente, se acercan mucho los aranceles de DOSEP a los nacionales porque DOSEP ha subido algunos porcentajes y los nacionales nada”, explicó Barzola.

Daniela Pappa, psicóloga del Centro de Día La Esperanza, también participó de la movilización. “Estamos todos reunidos acá para reclamar sobre todo los derechos de los chicos y las chicas que concurren al centro de día y de la gente que también trabaja en la institución”, afirmó. Contó que los recortes han sido fuertes y que “los salarios están bastante atrasados”, lo que impacta directamente en el funcionamiento de los servicios.

Pappa aseguró que “cada vez son más recortadas” las prestaciones para personas con discapacidad, lo que perjudica su calidad de vida. “Sabemos que el dinero es importante para que esos derechos se sigan manteniendo”, expresó. También indicó que, si bien se trata de servicios financiados principalmente por Nación a través de la ley de discapacidad, el impacto se siente “en todo, en mayor o menor medida”.

La jueza de Garantía N° 4 de la ciudad de San Luis, Luciana Banó, ordenó este jueves la apertura a juicio de una causa por presuntos delitos contra la administración pública y que tiene a la ex funcionaria provincial en la gestión de Alberto Rodríguez Saá, Cintia Ramírez, como acusada y con un pedido de condena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El fiscal de Instrucción N° 1 de la Primera Circunscripción, Francisco Assat Alí, describió que Ramírez fue simultáneamente secretaria de Deportes, presidenta del Ente Deporte San Luis y también presidió el San Luis Fútbol Club y que, desde estos roles, realizó maniobras irregulares con fondos del Estado. Entre las acusaciones figura la compra de un colectivo con presunto sobreprecio, caso que fue revelado por La Gaceta Digital el 14 diciembre de 2023.

Según el relato fiscal en la audiencia de control de acusación, la imputada asumió el cargo el 16 de marzo de 2022 y, en menos de un mes, promovió la creación del Ente de Deporte San Luis, que recibió un aporte no reintegrable de 280 millones de pesos. Seis meses después, el 6 de octubre de 2022, fundó la asociación civil San Luis FC, presidida por ella misma, con su pareja como vicepresidente y un socio fundador que, a la vez, dirigía el ente público mencionado.

“Es desde este momento que entendemos que comienzan a darse acciones o conductas que entendemos que constituyen delitos”, narró Assat y explicó que entre 2022 y 2023, se realizaron 188 transferencias desde el Ente de Deporte al club privado por un total de más de 166 millones de pesos, para cubrir gastos como transporte, viandas, electrodomésticos y regalos empresariales.

“En definitiva, cualquier gasto que tuviera El San Luis de FC, propiedad de Ramírez, era cubierto por fondos públicos gestionados por la Secretaría de Deportes, dirigida por Ramírez y canalizado por el ente de deporte presidido también por Naturalmente y a tenor de los reglamentados por el decreto y normativa aplicable, estas acciones tenían una apariencia legal en lo formal, pero siempre estuvieron encubriendo un ardid destinado a privilegiar intereses particulares”, cuestionó el fiscal.

La compra de un colectivo

En su acusación, Assat dijo que, a días de dejar su cargo, en diciembre de 2023, Ramírez gestionó la compra de un colectivo usado por casi 290 millones de pesos, con un sobreprecio estimado en 175 millones según la tasación oficial.

“Se trató de un colectivo marca Volvo, modelo 2018 en deplorable estado de conservación con casi un millón de kilómetros. La cuantiosa erogación se materializó en un expediente administrativo que se inició el 1° de diciembre del 2023, es decir, 9 días antes de que Ramírez dejara el cargo de funcionaria pública”, comentó el titular de la Fiscalía 1.

De qué se la acusa

La fiscalía calificó los hechos en dos bloques. Respecto a las transferencias, Assat dijo que se la acusa de negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265 del Código Penal). Inicialmente se había planteado la figura de malversación de caudales públicos, y la querella, representada por el jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, había solicitado sumar el delito de peculado (artículo 261).

Para unificar la acusación y evitar superposición de figuras legales, se convocó a una audiencia con el Procurador General de la Provincia de San Luis, quien resolvió que el tipo penal aplicable es el de peculado. En consecuencia, el Ministerio Público desistió de la imputación por malversación.

Además, tanto este hecho como otros vinculados a la compra de un colectivo —presuntamente adquirido con sobreprecio— fueron encuadrados también como fraude a la administración pública (artículo 174, inciso 5°), negociaciones incompatibles con la función pública y incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248). Los delitos se consideran en concurso ideal y real.

El Ministerio Público, integrado además por los fiscales adjuntos Roxana Alcaraz y Juan Pablo Estopiñán, destacó, además, el impacto institucional negativo que estos hechos habrían tenido para la provincia de San Luis y argumentó que la sanción busca restaurar la vigencia del orden legal y resarcir, en parte, el daño ocasionado al erario público.

Calderón Salomón adhirió a la acusación fiscal como así también a la prueba testimonial, documental y pericial ofrecida por la Fiscalía.

La defensa planteó una nulidad, pero fue rechazada

Marcos Juárez y Ramiro Rubio, abogados defensores de la ex funcionaria, plantearon la nulidad de la acusación formal por considerar que vulnera principios procesales fundamentales como el derecho de defensa y el principio de congruencia.

Según explicó, la acusación presenta deficiencias en dos aspectos clave: la relación precisa y circunstanciada de los hechos atribuidos (inciso B del art. 166 del Código Procesal) y la calificación legal de esos hechos (inciso C).

En este sentido, denunció que las 188 órdenes de pago incluidas en la acusación no todas corresponden al San Luis Fútbol Club, como se sostiene, sino a otras disciplinas y beneficiarios. Esto, advirtió, desvía el objeto del proceso y rompe la congruencia entre el hecho imputado y las pruebas ofrecidas.

Además, el defensor hizo foco en una modificación sustancial de la calificación legal: se sustituyó el delito de malversación de caudales públicos por el de peculado, sin que se convocara nuevamente a la imputada a ejercer su defensa.

“No es lo mismo que a mí me acusen de haber sacado plata de un lugar y destinado a otro, que es la malversación de caudales públicos, que me acusen de sustraer dinero de las arcas del Estado, que es el peculado. Entonces, la acusación es nula, de nulidad absoluta. Hay que traer a Ramírez para que se defiendan del peculado”, reclamó el abogado. Luego de escuchar a la defensa, la jueza Banó solicitó un cuarto intermedio para resolver finalmente el rechazo al planteo de nulidad presentado por la defensa.

Fuente: Prensa Poder Judicial

En una conferencia de prensa realizada este martes en la ciudad de San Luis, el abogado Martín Villegas anunció que presentó una denuncia penal por el delito de envenenamiento (artículo 200 del Código Penal) y por incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248). La denuncia fue presentada luego de que un excombatiente de Malvinas, Víctor Vital, advirtiera formalmente al Ministerio de Salud provincial sobre supuesta contaminación en vacunas (tanto de Covid como de calendario), sin recibir respuesta; sumado al caso de Luis Bolocco, quien asegura que sufrió 2 infartos a causa de las vacunas contra el Covid.

Villegas contó que la denuncia fue radicada ayer y quedó registrada bajo el número de expediente 458575, a cargo del fiscal Francisco Assat. El letrado afirmó que se trata de una causa penal con base en San Luis, ya que “se analizaron vacunas compradas en las farmacias de San Luis” y que esos viales fueron examinados por dos científicas del CONICET durante un congreso realizado en Potrero de los Funes en marzo.

Villegas sostuvo que los estudios detectaron “material particulado, nanopartículas metálicas, un material no biológico que no tiene por qué estar en una vacuna que se inyecta en vena”. Afirmó además que esa contaminación fue constatada “bajo actas notariales” por el escribano Juan Cruz Bertín. “El lugar del hecho es San Luis”, subrayó el abogado.

La denuncia no apunta a funcionarios específicos, sino que, según palabras del propio Villegas, “apunta a lo que el fiscal o el juez investigue quién puede estar envenenando a la población con las llamadas vacunas, bajo el paradigma que creemos que las vacunas salvan vidas”. Agregó que, a su entender, “las vacunas, la finalidad es dañar para después venderte el medicamento”.

Críticas a organismos de control
El abogado criticó duramente el rol de la ANMAT y del Ministerio de Salud. Afirmó que “no hay ninguna transparencia”, ya que que “la ANMAT controla documentación, declaraciones juradas. La ANMAT, como entidad de control, no analiza los viales. Esto es gravísimo”. Aseguró también que “hay juicios en Mar del Plata, en Comodoro Py, donde se le pide a la ANMAT que analice físicamente los viales” y que el organismo respondió que “sólo analizan declaraciones juradas de la farmacéutica”.

Sobre la denuncia, remarcó que se presentaron “los estudios científicos del CONICET” y que todo el material probatorio fue entregado al fiscal de turno. “Todas tienen la misma materia prima que es óxido de grafeno y sus derivados, más 62 nanometales que están en la denuncia y hemos acompañado los estudios pertinentes”, dijo Villegas, quien afirmó también que no obtuvieron respuestas por parte de las autoridades provinciales ni del Círculo Médico ni de otras instituciones.

El testimonio de Luis Bolocco
Durante la conferencia también tomó la palabra Luis Bolocco, quien contó que, tras recibir cuatro dosis de vacunas contra el Covid-19, sufrió dos infartos. “Yo hasta hace un par de años atrás fui el más sano de la familia. Desde chiquito hasta grande no sabía lo que era un resfrio o nada. Era muy saludable. Tuve dos episodios, uno que fue un infarto y después otro más grave que requirió cateterismo y stent. A partir de ahí mi vida cambió completamente”, relató Luis, señalando que se agita al atarse los cordones, que le ha mermado la voz y que ha sufrido otras “afecciones que son más íntimas”.

Consultado sobre la relación entre su cuadro clínico y las vacunas de Covid, de las cuales recibió 4 dosis, respondió: “Y porque toda esta investigación que está saliendo, todo este tema y están dando las pautas de todos estos problemas cardíacos que se están generando en las personas, porque es notable, es muy curioso. Personas jóvenes están sufriendo problemas. Hemos, incluso hemos visto jugadores de fútbol caer redondos en la cancha con un infarto. Gente joven infartada, es una cosa notable”.

“A los niños desde que nacen los están envenenando”
Por su parte, Víctor Vital aseguró que notificó el año pasado a la entonces ministra de Salud, Claudia Spagnuolo, sobre el contenido de los viales y pidió la suspensión de las inoculaciones y que “no tuvo respuesta”. Luego agregó que invitaron a la actual ministra, Teresa Nigra, a participar del congreso de Potrero de los Funes, o enviar un representante, “y no lo hicieron”.

“En ese congreso fue importantísimo, como dice el doctor, vinieron científicos del sur, de Santa Fe, de Bolivia y demostramos la contaminación de todas las clases de inóculos. Como dice el doctor, lo compramos en una farmacia de San Luis y la llevamos al predio del Potrero, donde toda la gente presente pudo ver la contaminación, ante escribano público. No hay ninguna duda”, dijo Vital.

“Nadie se hace eco de esta gravísima situación, porque a los niños desde que nacen les están poniendo veneno, porque las 55 sustancias encontradas, que no están declaradas en los prospectos de los viales, están metiendo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esto es gravísimo y en el Círculo Médico tampoco tuvimos respuesta. Ahora vamos a volver a invitar a todos, porque esto excede todo. Ellos ya están sabiendo, porque son la primera línea de esto. ¿Por qué hay tanto cáncer en la provincia? ¿De dónde viene ese cáncer? ¿Por qué hay niños que tienen cáncer, ‘turbo cáncer’ a edad temprana? Nos tienen que dar una respuesta”, continuó. “Yo les pido a los padres que no inoculen más a sus hijos hasta que no se aclare esto. Nos tienen que decir qué es esto, este contenido de los inóculos. A los niños, cuando recién nacen, se ponen muchísimas vacunas. Se lo están envenenando desde que nacen”, comentó después.

Convocatoria a las autoridades sanitarias
En el tramo final de la conferencia, Villegas invitó a las autoridades del Hospital Ramón Carrillo a que analicen con sus propios equipos el contenido de los viales que poseen. “Tienen el microscopio y las vacunas ahí, tanto de COVID como del calendario. Que coloquen uno de los viales al microscopio y vean lo que hay”, dijo.

Según el abogado, el tamaño de las partículas encontradas en los análisis excede ampliamente lo autorizado. “Hemos detectado, mil, mil quinientos micrones. Es un elemento particular que no puede estar de ninguna manera en un vial”, expresó, señalando que las vacunas “tienen que tener entre 25” micrones.

Finalmente, planteó que la presencia de estas sustancias no se debe a una falla de calidad, sino a un supuesto “plan deliberado para disminuir el sistema inmune y enfermar a las personas”. “Esto de la teoría del virus atenuado, todo eso, conforme a lo que nosotros hemos estudiado, es todo falso, es una falsedad”, concluyó.