Continúa el Plan de Inserción Laboral y ya se insertaron más de 140 del Plan de Inclusión al sector privado

El Ministerio de Desarrollo Humano gestiona herramientas para incorporar a los beneficiarios del Plan de Inclusión Social en el sistema formal. En la actualidad, ya se han suscrito 82 convenios con empresas, que incluyeron a unos 140 trabajadores.

El programa de Inserción Laboral prevé la incorporación de las personas adheridas al Plan de Inclusión Social en empresas de San Luis. En este sentido, se propone que el Gobierno de la Provincia subsidie tal empleo.

Esto significa que cuando una empresa (un comercio, una carnicería, un almacén, una farmacia, una PyMEs o grandes empresas) deciden contratar a un beneficiario del Plan de Inclusión como empleado, la empresa se compromete mediante un convenio a registrarlo formalmente. Es decir, lo contratará en blanco de acuerdo al convenio que rige.

La Provincia le transferirá el monto que cobraría el beneficiario a la empresa, que serán $400 mil. De esta manera, se reduce sensiblemente el costo laboral para quien contrata a un beneficiario del Plan de Inclusión.

“Los beneficiarios adquieren la posibilidad de acceder a un trabajo formal, contar con aportes jubilatorios, tener obra social y desarrollar su vida dentro del sistema”, sostuvo el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini. No obstante, aclaró que el Plan de Inclusión se mantendrá como red de contención.

“El sistema está muy aceitado. Hemos firmado 82 convenios con diversas empresas y hay más de 140 beneficiarios trabajando en el sistema formal, de los cuales la gran mayoría ha manifestado satisfacción. Están muy contentos de haber dado este paso y queremos alentar que esto se siga generando. Como siempre dijimos, es el camino para encontrar un trabajo mejor”, afirmó.

El funcionario mencionó que el aporte a la empresa se realiza durante un año con el 100% del monto. El segundo año, durante el primer semestre, será el 75%. En tanto que durante el segundo semestre, será con el 50% del valor que cobren los beneficiarios del Plan de Inclusión Social en ese momento. “Es muy importante que los beneficiarios sepan que si su proyecto no funciona o no hay un buen vínculo, pueden volver al Plan porque su situación queda en un estado de suspensión, no de baja”, manifestó.

En adición, la iniciativa accionó para quitar la incompatibilidad con el monotributo, en cualquiera de sus modalidades: “Todos los beneficiarios que desarrollan una actividad en forma privada, fuera del horario en que realiza la contraprestación, pueden regularizar su actividad o comercio. Ya sea producción de bienes o servicios, se inscriben en el monotributo, habilitan un local comercial y esto no hace que pierda su condición de beneficiario del plan social”.

Esto traduce que, mientras el beneficiario cumpla con su horario laboral, puede realizar cualquier actividad formalmente. “El hecho de regularizar un comercio o la prestación de un servicio, abre nuevas posibilidades para que el emprendedor pueda crecer. No queremos de ninguna manera coartar estas posibilidades, sino al contrario: las alentamos“, subrayó el Ministro.

Como único requisito, se pide que se matriculen en el registro de emprendedores: “Pueden acceder a los programas de capacitación y de asistencia financiera del ministerio de Desarrollo Productivo (con Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento). Incluso, estamos generando nosotros un plan de asesoramiento y capacitación para aquellos que necesiten un acompañamiento en el desarrollo de su emprendimiento”, anticipó.

Quienes estén interesados en sumarse al programa, podrán acceder al portal de Autogestión de Beneficiarios del Plan de Inclusión o a la página del Gobierno. Allí ingresan con su DNI, generan un perfil personal y ponen de manifiesto su voluntad incorporarse. Deberán presentar su currículum, que será evaluado y caracterizado para las empresas.

A su vez, el ministro Bertolini informó la dirección de Inclusión Laboral se encuentra abocada a una labor muy intensa, visitando empresas y comercios para explicar este nuevo beneficio. “El beneficio es para ambas partes. La empresa adquiere un costo laboral muchísimo más bajo y, en algunos casos, subsidiamos casi el 40% de lo que cuesta contratar en blanco“, dijo.

“Hoy, el plan de Inclusión Social está cerrado a nuevos ingresos. Sin embargo, estamos dando oportunidades para aquellos que quieran insertarse en el sistema formal. Si algo no funciona, puede volver a su puesto, por lo cual no deberían tener temor. Es lo mismo que iniciar un emprendimiento. Si logran obtener un financiamiento en algún plan de asistencia a emprendedores, nos parece perfecto: sigue cumpliendo su horario, percibiendo el Plan y fuera de ese horario desarrolla su actividad. Si en algún momento considera que le sirve más dedicar el 100% del tiempo a su actividad, bueno, decidirá su camino a seguir”, expresó Bertolini.

“En el Plan hay alrededor de 20.000 beneficiarios, la misma cantidad de cuando asumimos la gestión. Esto se ha mantenido, salvo los movimientos habituales de altas o bajas. Tenemos la posibilidad de otorgar permisos de estudio para aquellos beneficiarios que deseen capacitarse. Hay distintos tipos de permisos: para terminar los estudios secundarios o primarios y para desarrollar capacitaciones en oficios o en alguna carrera de grado. Por supuesto, se ajusta al tiempo de la cursada: si las horas semanales superan un número, entonces el permiso es total y, sino, se le dan algunos días según el tipo de capacitación”, aclaró.

Fuente: ANSL

Poggi propondrá a Víctor Endeiza, primo del vicegobernador, para integrar el Superior Tribunal

El gobernador Claudio Poggi anunció que va a proponer a Víctor Endeiza, el actual Fiscal de Estado, para que asuma como miembro del Superior Tribunal de Justicia ante la renuncia de Cecilia Chada. El fiscal es primo hermano del vicegobernador Ricardo Endeiza. El nombramiento para que integre el Superior Tribunal requiere acuerdo del Senado provincial que preside el vicegobernador donde el oficialismo tiene mayoría.

“El Poder Ejecutivo va a proponer al nuevo Ministro del Superior Tribunal de Justicia, por supuesto siguiendo los pasos constitucionales previstos. Esto requiere el acuerdo del Senado y todos los pasos que tienen que darse. El Poder Ejecutivo va a proponer al doctor Víctor Endeiza para ocupar ese lugar”, anunció el Gobernador en un contacto con la prensa durante su visita a la escuela N° 175 ‘General José de San Martín’.

El fiscal de Estado asumió en el cargo el 12 de diciembre de 2023 en reemplazo de Roald Cattáneo.

“El doctor Endeiza es un profesional de derecho con casi 20 años en la Justicia, donde ocupó diferentes roles. Fue presidente del Colegio de Magistrados de Villa Mercedes, fue integrante del Consejo de la Magistratura, tiene una vasta experiencia en el tema judicial. Así que en los próximos días vamos a elevar, para consideración del Senado, la propuesta del Poder Ejecutivo”, agregó Poggi, quien destacó la “vasta experiencia judicial” del funcionario.

Víctor Endeiza fue secretario de la Sala Civil de la Cámara de Concarán (2003 a 2006), defensor de Cámara de Villa Mercedes (2006 a 2011), durante la primera gestión de Claudio Poggi al frente del Ejecutivo provincial fue secretario de Legal y Técnica (2011 a 2013) y secretario General (2013 a 2015), nuevamente defensor de Cámara de Villa Mercedes (2016 a 2023) y desde diciembre de ese año hasta la actualidad se desempeñó como Fiscal de Estado de la Provincia con una doble función: abogado de los tres poderes del Estado y a cargo del control de legalidad previo del acto administrativo.

Siendo defensor fue Presidente del Colegio de Magistrados de Villa Mercedes (entre 2009 y 2011), también elegido representante de los magistrados en el Consejo de la Magistratura en 2011 y 2017 (es el órgano que hace las ternas de jueces) y docente de Práctica Procesal Penal y Derecho Administrativo en la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis.

Fuente: ANSL

Prorrogan la preventiva de la policía que mató a sus hijos y se conoció el contenido de la carta que dejó a su familia

A casi ocho meses del doble filicidio que conmocionó a la provincia, la justicia decidió extender la prisión preventiva de Marina Silva, la mujer policía acusada de asesinar a sus dos hijos en su vivienda de Juana Koslay. En paralelo, salió a la luz el contenido completo de una de las cartas manuscritas que la imputada dejó sobre la mesa del comedor antes de abandonar la escena.

Este lunes, el Juzgado de Garantía N° 4 resolvió prorrogar por 120 días la detención de Silva, quien está imputada por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, agravado por el uso de arma de fuego. La decisión fue tomada por la jueza Luciana Banó, tras una audiencia en la que participaron la fiscal Antonella Córdoba, el defensor oficial Carlos Salazar y el abogado querellante Diego Bustos, en representación de la familia de las víctimas.

La fiscal fundamentó su pedido en que aún restan incorporar pruebas clave, como una pericia psicológica y psiquiátrica solicitada por la defensa, cuyos resultados todavía no están disponibles. También remarcó que persisten los riesgos procesales que justificaron la prisión desde el inicio de la investigación. Aunque la defensa pidió una prórroga menor, la jueza dio lugar al plazo propuesto por la fiscalía.

Entre las últimas medidas de prueba que se concretaron está la pericia caligráfica sobre tres escritos que fueron hallados en el domicilio donde ocurrió el crimen. Dos de ellos eran advertencias para que no ingresaran a la vivienda. Uno estaba pegado en la puerta principal y decía “no entres, llamá a la Policía”. El otro, en la puerta trasera, iba dirigido a su hermana: “no entres Melina”.

El tercero, escrito en una hoja de cuaderno y dejado sobre la mesa del comedor, fue analizado en profundidad por una licenciada en Criminalística del Departamento de Investigación de Delitos Complejos. El informe, dado a conocer por el portal El Chorrillero, determinó que todos los textos fueron escritos por Marina Silva y que la carta principal fue redactada en tres momentos distintos.

El primer tramo del mensaje, el más extenso y claro, decía: “Perdón, ya no pude más. No es culpa de nadie. Pero necesito paz. Pa y ma los amo. Hermanos gracias por todo. Y Jonathan perdón también, te amo. Perdón por no poder seguir más. Marina Silva”.

Según la perito, este fragmento fue escrito con calma, sin retoques ni vacilaciones, lo que le da un carácter de cierre y autenticidad. En una segunda parte, con la caligrafía más comprimida, escribió: “No quiero mis hijos sean una carga para nadie. Los amo tanto Bauti y Sofía, que necesito estemos juntos”.

Si bien la nota de la mujer policía transmite que Silva habría tenido intención de quitarse la vida, la mujer claramente no lo hizo y fue encontrada deambulando en estado de shock en la zona del dique Cruz de Piedra.

Finalmente, en un espacio aún más reducido, sumó una tercera reflexión: “Ni Jonathan, ni mamá me hicieron embargar el sueldo. Yo sola me llené de deudas y no supe manejarlo. Quise no le falte nada a los niños. Perdón”.

La pericia estableció que la nota fue redactada mientras Silva estaba sentada, debido a la forma y ritmo de escritura. En cambio, los papeles pegados en las puertas habrían sido escritos de pie, posiblemente en momentos posteriores.

Marina Silva permanece detenida en el Servicio Penitenciario Provincial. El próximo 1° de junio se cumplirán ocho meses del crimen de sus hijos, Sofía de 7 años y Bautista de 2, quienes fueron asesinados mientras dormían. La investigación, conducida por la fiscal Córdoba, se acerca a su etapa final.

Piden 3 años de prisión en suspenso para un hombre que atropelló y mató a un motociclista

El fiscal de Juicio N° 2 de la Primera Circunscripción, Fernando Rodríguez, presentó este martes una propuesta de juicio abreviado para que Felipe Iglesias, un automovilista de 67 años, sea condenado a tres años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para conducir. Al conductor se lo acusa de embestir con su Fiat Cronos y provocar la muerte de Pablo Ayala, de 37 años, que circulaba en su motocicleta Honda por la esquina de Caseros y 25 de Mayo, de la ciudad de San Luis. La víctima fatal viajaba con Florencia Arrieta, quién sufrió lesiones producto del impacto.

Rodríguez sostuvo que la calificación legal correcta es la de homicidio culposo y lesiones leves, en concurso ideal, tal como fue planteada inicialmente por la Fiscalía de Instrucción N° 3, que tuvo a cargo la investigación del hecho ocurrido la madrugada del 16 de diciembre de 2023. Iglesias llegó a debate acusado de homicidio simple con dolo eventual agravado por haberse dado a la fuga y no socorrer a la víctima en concurso real con lesiones graves con dolo eventual.

El representante del Ministerio Público argumentó que la figura del dolo eventual implica una interpretación en contra del imputado, lo cual contradice el principio de la duda a favor del imputado”, consagrado tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales con jerarquía constitucional y en el Código Penal argentino.

Como atenuantes, el fiscal mencionó la falta de antecedentes penales del imputado y descartó la existencia de agravantes. El acuerdo arribado entre la Fiscalía, la defensa y el imputado fue presentado ante un tribunal del Colegio de Jueces integrado por Ariel Parrillis, José Luis Flores y Adriana Lucero Alfonso.

Los jueces y la jueza, luego de escuchar a las partes, pasaron a resolver. Tienen hasta diez días hábiles para dar a conocer si homologan o rechazan el acuerdo presentado.

Durante la audiencia de juicio abreviado, Santiago Calderón Salomón, abogado defensor de Iglesias, dijo que la calificación de homicidio culposo es coherente y solicitó que se tengan en cuenta las condiciones personales y procesales del imputado al momento de dictar sentencia.

El defensor destacó que Iglesias padece enfermedades crónicas, entre ellas problemas cardíacos (dos stents coronarios) y diabetes tipo 2, las cuales fueron acreditadas durante el proceso. Además, recordó que el imputado estuvo más de cuatro meses en prisión domiciliaria, medida que fue revisada en función de su estado de salud.

El abogado remarcó que Iglesias colaboró activamente con la investigación y que, tras el siniestro vial en el que resultó fallecido un joven, se presentó voluntariamente ante la Policía, realizó el examen de alcoholemia (que dio negativo) y permitió las pericias del vehículo. Afirmó que no intentó ocultar pruebas ni evadir la acción de la justicia, y que su salida momentánea del lugar del hecho respondió a una descompensación de salud, también documentada.

“Pido disculpas a la familia”

Iglesias reconoció el hecho por el que se lo culpa, admitió su participación como así también la calificación legal acordada. “Le pido disculpas a la familia de las víctimas, nunca quise atropellar a nadie ni que pasara lo que pasó”, dijo el acusado.

Rechazo a la propuesta

Los abogados de la querella, Guillermo Gatica y Jorge Sosa, en representación de la familia de Ayala, y Martín Ignacio Loayza Fernández, de Arrieta, rechazaron la propuesta de la Fiscalía y cuestionaron el cambio de la calificación. “Creemos que hay mucho para debatir y saber que pasó esa noche. Creemos que la pena es más un premio que una condena”, expresó Sosa.

La palabra del padre de Pablo Ayala

Por pedido de su abogado, Carlos Ayala habló ante los jueces y también rechazó el acuerdo de juicio abreviado. “Llegué aquí con una expectativa y me voy con otra. Solo quiero justicia para mi hijo, no pido una cadena perpetua, solo justicia. Pablo era una hermosa persona y nosotros nos enteramos por los medios lo que había. No sabíamos que este señor lo había atropellado y que se bajó del auto, vio lo que había pasado, se agarró la cabeza y se lo abandonó”, dijo.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Amondarain recibió a intendentes de la Costa de los Comechingones para trabajar en conjunto

El ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, se reunió este martes con los intendentes de Villa Larca (Mateo Vilchez), Cortaderas (Macarena Benítez) y Los Molles (Marcelo Sánchez), para continuar articulando obras y acciones en pos de los vecinos de Chacabuco y Junín.

En la ocasión, el funcionario destacó que hace bastante que se viene trabajando de manera coordinada, visitando estas localidades para conocer sus realidades, necesidades y proyectos de la Costa de los Comechingones.

“Muy agradecidos porque el Ministro nos recibe como siempre: en pos de diálogo y buscando gestiones para nuestro pueblo. Estuvimos tratando un montón de temas como obras del ‘Construyendo con Tu Pueblo’, TuBi, entre otras cuestiones”, resumió Benítez.

El intendente Vilchez contó que concurrieron con algunos planteos y necesidades de sus localidades: “Siempre trabajamos en conjunto con todos los municipios de la zona, creo que es la idea: tratar de construir algo en el Corredor de los Comechingones que nunca se ha hecho e impulsarlo. Si trabajamos juntos y de manera coordinada ayudamos al Gobierno y el Gobierno nos ayuda a nosotros”.

Por su parte, Marcelo Sánchez dijo: “Estuvimos articulando el inicio, en mi caso, del ‘Construyendo Con Tu Pueblo 2’. También hablamos de una ampliación para nuestro Centro de Salud, que fue un compromiso del gobernador Poggi cuando nos visitó, así que nos vamos muy contentos. El Ministro siempre nos recibe, incluso a veces sin audiencia. Está muy cerca de los municipios y eso nos permite ir cubriendo las necesidades de cada lugar”.

Fuente: ANSL

El viernes 30 de mayo cobran sus sueldos los empleados públicos provinciales

La Tesorería General de la Provincia informó que los agentes de la administración pública provincial cobrarán sus sueldos el próximo viernes 30 de mayo. También, en esa misma fecha se efectuará el depósito para escuelas privadas, autogestionadas y generativas.

Asimismo, la Tesorería precisó que el lunes 2 de junio cobrarán los beneficiarios del Plan de Inclusión, mientras que el viernes 6 de junio se realizará el pago de la Beca al Mérito y la Beca Jóvenes en Formación.

Fuente: ANSL

Autarquía judicial: Endeiza aseguró que “hay voluntad política de diálogo”, pero manifestó que “los recursos son finitos”

Tras una sesión del Senado de tan solo minutos, debido a que no hubo despacho de comisiones, el vicepresidente del Senado, el vicegobernador Ricardo Endeiza, habló sobre la reciente reunión que mantuvo con representantes del Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu), donde se abordaron distintos temas vinculados al funcionamiento del Poder Judicial.

“La semana pasada tuve una reunión muy amable, entiendo que productiva”, expresó Endeiza, al referirse al encuentro que mantuvo con dirigentes del gremio judicial. Uno de los ejes principales fue el tratamiento del proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Autonomía Financiera del Poder Judicial, impulsado por el Sijupu y el Superior Tribunal de Justicia.

“Dicho sea de paso, ya tenemos una ley que la regula, existen fondos de autarquía, pero se está planteando la modificación”, agregó, al tiempo que sostuvo que el tema debe analizarse “dentro del marco general de la situación económica y financiera de la provincia”, y recordó que “el Estado es uno y los fondos son los mismos para los tres poderes”.

Consultado por la viabilidad política de avanzar con el reclamo de autarquía, Endeiza afirmó que “hay voluntad política de diálogo y de conversar”, pero remarcó que “siempre las demandas son infinitas y los recursos son finitos”. En este sentido, cabe recordar que este proyecto busca destinar al Poder Judicial “el 5% de la totalidad de Fondos de Coparticipación Federal que perciba la Provincia de San Luis”. Asimismo, señala que “la Ley de Presupuesto Anual incrementará dicho porcentaje si las necesidades funcionales del Poder Judicial de la Provincia así lo exigen.”

“Yo entiendo lo que puede ser un reclamo justo de los trabajadores, quizás los trabajadores del Poder Ejecutivo, los trabajadores del Poder Legislativo tengan reclamos similares, pero a su vez debe entenderse que los fondos, tanto los que percibe la provincia como los que se reciben con motivo de la coparticipación federal de impuestos, vienen en baja”, señaló. “No es una falta de voluntad política, sino que es tratar de ser realistas y administrar los fondos para que el Estado pueda cumplir todas sus funciones esenciales: salud, seguridad, justicia”, agregó.

Además de cuestiones presupuestarias, durante la reunión con el sindicato también se trataron “cuestiones vinculadas a la mora judicial” y “cómo mejorar el sistema del fuero penal” a través del trabajo conjunto de la policía, el Ministerio Público Fiscal y los jueces. Asimismo, se discutió la eventual “suspensión o modificación del sistema de feria judicial”, un tema que está en análisis dentro del Senado provincial.

Sobre la reforma judicial anunciada por el gobernador Claudio Poggi, Endeiza indicó que el proyecto aún no ingresó a la Legislatura, pero anticipó que podría incluir “alguna situación” vinculada a las partidas presupuestarias del Poder Judicial. “Tampoco se asumió ningún compromiso. A mí me toca ser el vicegobernador, no soy quien tiene la definición final sobre políticas del Ejecutivo”, aclaró.

También destacó la importancia de abrir el diálogo a otros sectores, como los colegios de abogados y el Colegio Forense. “Seguramente se va a ser más formal y no solo de mi parte, sino también del Ejecutivo, y obviamente también del Poder Judicial de la provincia, cuya representación está en cabeza del Superior Tribunal de Justicia”, apuntó.

Consultado por este medio sobre si la reforma judicial que busca el Ejecutivo será mediante un “megaproyecto” o varios proyectos más chicos, Endeiza consideró que “por ahí hay que ir dando algunos pasos pequeños, que pueden ser pequeños o no”, y recordó “la experiencia de mega reformas de todos los códigos de procedimiento al mismo tiempo, y no han dado en el justiciable o en el administrado los resultados que se necesitan”. “Quizás sea más bien una cuestión de coordinación, de establecer un horizonte común, y quizás con algunas reformas que pueden surgir de consenso y de distintas visiones”, añadió.

Por último, sobre el proyecto para eliminar la feria judicial, Endeiza indicó que “está en comisión” y que “se está analizando”. “Sabemos que es un proyecto que algunos sectores apoyan, otros no, pero en realidad quiere ser ese proyecto el disparador para dar este debate que se da sobre las necesidades de tener una mejor administración de justicia”, concluyó.

Campaña antigripal 2025: se aplicaron 51.000 dosis hasta el momento

La campaña antigripal 2025 que lleva adelante el Ministerio de Salud lleva aplicadas más de 51.000 dosis en dos meses a personas con factores de riesgo. También se ofrecen dosis contra el dengue y el COVID-19.

“Es un dato muy alentador el hecho de que este año hayamos comenzado la vacunación tempranamente. La gente ha concurrido a los centros de salud y nuestros vacunadores han recorrido establecimientos donde hay adultos mayores e instituciones donde hay personas con factores de riesgo, enfermos renales y oncológicos o que realizan diálisis”, afirmó la jefa de Inmunizaciones, María Esther Diángelo.

En el calendario, la vacuna antigripal contempla a todos los niños que tengan entre seis meses de vida hasta dos años. A su vez, está recomendada de manera anual para las personas mayores de 65 años, embarazadas en cualquier momento de la gestación, puérperas (aquellas mamás que no se han vacunado durante el embarazo), el personal de salud y todas las personas adolescentes o adultos menores de 65 años que posean enfermedades crónicas.

Estos grupos de personas no necesitan prescripción médica para colocarse la vacuna. Sin embargo, no es una vacuna abierta para toda la población. “Se pide una indicación con un diagnóstico para las personas menores de 65 años que no tienen una enfermedad crónica. Deben llevar alguna constancia de la enfermedad que padezcan para que el vacunador verifique si está dentro de los grupos de riesgo”, especificó la funcionaria.

“Si va una mamá con un niño de cuatro años que es sano, no va a recibir la vacuna antigripal porque no tiene patología. Ahora, si la mamá presenta un certificado que el niño tiene asma bronquial, por ejemplo, o es un niño con una enfermedad renal, en ese caso sí puede recibir la vacunación”, señaló Diángelo.

Esta vacuna antigripal cambia la cepa todos los años porque es una vacuna de aplicación anual y, por consiguiente, debe renovar la dosis con las cepas circulantes. “La vacunación previene enfermedades graves. En el caso del virus de influenza, sabemos que si contrae esta infección una persona mayor de 65 años o una embarazada, pueden desarrollar la enfermedad de manera complicada, con internación y con problemas respiratorios graves”, advirtió.

Enfermedades leves como un resfrío, una pequeña tos o dolor de garganta no contraindican la vacunación. En contraposición, si el paciente ha tenido fiebre en las últimas 24 horas, se posterga la vacunación para cuando la persona se encuentre mejor.

“Es bueno informar que la vacuna contra el COVID-19 sigue disponible en nuestros vacunatorios. Por el momento, únicamente se dispone de dos marcas: Pfizer y Moderna. Otras vacunas que se aplicaron en años atrás han dejado de fabricarse, por lo cual ya no tenemos disponibilidad”, informó. Se trata de vacunas que fueron actualizadas, es decir, no son las mismas vacunas Moderna y Pfizer que se colocaron durante la pandemia sino son más seguras y efectivas.

Por último, la vacunación contra el dengue está en su segunda etapa. “Las personas que comenzaron los primeros días de la campaña ya cumplieron los tres meses, por lo tanto les corresponde una segunda dosis. Seguimos vacunando al personal de salud, personal policial, docentes y aquellas personas que tuvieron la enfermedad previamente”, concluyó.

Fuente: ANSL

El Superior Tribunal rechazó recurso de inconstitucionalidad del exjuez Agustín Ruta y ratificó su destitución e inhabilitación por 10 años


El Superior Tribunal de Justicia de San Luis rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del exjuez José Agustín Ruta, quien fue destituido en noviembre de 2023 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios y sancionado con 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La resolución, firmada el pasado 21 de mayo, considera que la apelación fue presentada fuera de término, lo que derivó en su rechazo por extemporaneidad. Según el fallo, la sentencia fue leída y notificada el 14 de noviembre de 2023, pero el recurso fue interpuesto recién el 27 de noviembre, excediendo el plazo legal de cinco días hábiles establecido en el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal.

El exjuez del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 4 de la Primera Circunscripción fue hallado culpable de parcialidad manifiesta y de haber cometido actos inmorales o indecorosos susceptibles de generar descontento público, en el marco de dos expedientes administrativos. El mal desempeño de Ruta fue en la Codapri SA contra banco Macro y la difamación a la fiscal de Juicio, Virginia Palacios, a través de la difusión de un mensaje y fotos.

Como resultado, el Jurado de Enjuiciamiento ordenó en noviembre de 2023 su remoción inmediata del cargo y su inhabilitación por una década para ocupar cargos públicos, sanción que ahora queda firme tras el rechazo del recurso.

“Entiendo que se ha cometido una injusticia gravísima. Yo me he preparado y me he capacitado durante casi dos décadas para ser juez titular. No se ha analizado ninguna de las pruebas que se aportaron y que acreditaron mi total ajenidad respecto de las dos causales que se me endilgaron. Analizaremos ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en busca de la verdad y hacer valer esas pruebas que dan cuenta de mi total inocencia y que soy absolutamente ajeno a todo”, expresó Ruta luego de la lectura de la sentencia.

La apelación rechazada

La defensa de Ruta, a cargo del abogado Carlos A. Acevedo, había presentado un recurso extraordinario por la causal de arbitrariedad, solicitando la revisión de la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento. Sin embargo, tanto el procurador general subrogante como el Superior Tribunal coincidieron en que el recurso no fue presentado en tiempo y forma, y que la resolución del Jurado es “irrecurrible”, según el artículo 43 de la ley que regula el proceso de enjuiciamiento.

“Corresponde el rechazo del recurso por su interposición fuera de término”, concluye el fallo firmado por los ministros José Guillermo L’Huillier, Andrea Carolina Monte Riso y Daniel César Calderón.

No firmaron Jorge Alberto Levingston, Eduardo Segundo Allende ni Cecilia Chada, por encontrarse excusados.

Poggi aceptó la renuncia “indeclinable” de Cecilia Chada como ministra del Superior Tribunal de Justicia

El gobernador, Claudio Poggi aceptó la renuncia de la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Chada. La magistrada le comunicó su dimisión ‘indeclinable’ mediante un escrito. Chada asumió como ministra del Superior Tribunal en 2020, junto a Carolina Monte Riso, luego de que el órgano de justicia estuviera por años sin sus 5 miembros.

En la misiva, Chada le informa al Mandatario que su renuncia responde “atento la inminencia de iniciar el trámite previsional dada la proximidad de mi edad jubilatoria”.

Además, se manifiesta “honrada en lo personal por haber desempeñado mi labor en la más alta magistratura del Poder Judicial de la Provincia”.