En menos de una semana, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de San Luis admitió la formación de causa contra dos fiscales: Fernando Andrés Salas y Daniela Cristina Torres. Ambos fueron suspendidos de sus funciones mientras dure el proceso, con derecho a percibir el 50% de sus sueldos.

La admisión del jury contra el fiscal adjunto Fernando Salas —resuelta el 15 de mayo y publicada oficialmente el 21— tiene como contexto una denuncia por violencia de género presentada por su expareja en 2023. Salas fue imputado por cinco hechos de amenazas y cinco de desobediencia, todos enmarcados en una supuesta situación de violencia sistemática que también afectó a las hijas de la denunciante. A pesar de ello, el fiscal continuó ejerciendo funciones durante la feria judicial de enero de este año con una tobillera electrónica, en una decisión que generó gran controversia en el ámbito judicial.

La resolución N° 10-HJEMyFSL-25, firmada por los integrantes del Jury, admitió la causa presentada por el fiscal Maximiliano Bazla Cassina y dispuso la suspensión de Salas. También se corrió vista al acusador por siete días, conforme lo establece la Ley N° VI-0478-2005.

En cuanto a la fiscal Daniela Torres, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió el 22 de mayo admitir la formación de causa en su contra, en el marco de las actuaciones iniciadas por el juzgado de Garantía Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial. La medida se tomó mediante la Resolución N° 11-HJEMyFSL-2025, en una causa que involucra hechos de hurto y robo con arma, y que tramita bajo el número JUR N° 69/24.

Al igual que en el caso Salas, el organismo resolvió suspender a Torres mientras dure el proceso de enjuiciamiento, también con percepción del 50% de su sueldo. La resolución fue firmada por seis miembros del Jury, entre ellos representantes del Superior Tribunal de Justicia, del Colegio de Magistrados y de la Cámara de Diputados.

En ambos casos, se abre ahora una etapa en la que los acusadores deberán presentar su alegato y pruebas.

A través de una carta abierta firmada por su presidente, César Ismael Bertrés, el Colegio Forense de la Provincia de San Luis —institución que agrupa a los tres colegios de abogados de la provincia— manifestó un contundente rechazo a la propuesta del gobernador Claudio Poggi de eliminar la feria judicial.

En el documento, que se transcribe a continuación de forma completa, la entidad advierte que la iniciativa “carece de sustento técnico serio” y responde más a una “lógica de demagogia jurídica” que a un verdadero compromiso con el fortalecimiento del servicio de justicia.

CARTA ABIERTA DEL COLEGIO FORENSE DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

En defensa de la feria judicial: Una necesidad estructural del sistema, no un privilegio corporativo
Como Presidente del Colegio Forense de la Provincia de San Luis, y en representación de las abogadas y abogados que ejercen cotidianamente la defensa de derechos en sede judicial, me veo en la obligación institucional de manifestar una oposición firme y fundada a la propuesta de eliminación de la feria judicial, en cualquiera de sus variantes o contextos.

Dicha iniciativa, presentada bajo el fundamento de una pretendida modernización o eficiencia del sistema de justicia, carece de sustento técnico serio y se inscribe, lamentablemente, en una lógica de demagogia jurídica, antes que en un compromiso real con el fortalecimiento del servicio de justicia.

La feria judicial: fundamento normativo, funcionalidad y sentido histórico
La feria judicial no constituye un beneficio sectorial ni una concesión excepcional, sino una institución histórica, funcional y jurídicamente consagrada, cuya vigencia responde a necesidades estructurales del sistema judicial argentino y del derecho comparado. Sus fundamentos son múltiples:

Derecho al descanso y a condiciones dignas de trabajo
El ejercicio profesional de la abogacía —al igual que el desempeño de magistrados/as, funcionarios/as y personal judicial— requiere una dedicación continua, intensiva e ininterrumpida, atravesada por plazos perentorios, audiencias, redacción permanente de escritos y resoluciones. La feria judicial materializa el derecho condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones, consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en tratados internacionales de jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22), como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 7, inciso d).

Finalidad organizativa y de eficiencia interna
La feria judicial permite reorganizar la actividad jurisdiccional, atender causas rezagadas, capacitar al personal, planificar el año judicial y responder exclusivamente a situaciones urgentes mediante guardias mínimas y habilitaciones específicas. Lejos de obstaculizar el servicio, optimiza su funcionamiento.

Tradición jurídica y antecedentes normativos
Incorporada hace más de un siglo, la feria judicial constituye un elemento estructural de ordenamiento del calendario judicial, cuyo análisis debe realizarse en el marco de un debate técnico, institucional y participativo, y no mediante imposiciones unilaterales de tinte populista.

Continuidad de la función jurisdiccional durante la feria
Durante el receso judicial, la Justicia no se detiene: los tribunales de turno actúan frente a urgencias, se resuelven medidas cautelares, habeas corpus, cuestiones de familia, violencia de género, entre otros casos que la misma Ley Orgánica de Administración de Justicia de la Provincia de San Luis prevé (art 20). La reducción es meramente de la actividad ordinaria. La parálisis no se vincula con la feria, sino con deficiencias estructurales: falta de recursos, tecnología, infraestructura y capacitación.

Resulta imprescindible recordar que el abogado no es casta ni privilegio, sino un trabajador, parte activa del mismo pueblo al que defiende. Es quien litiga a diario en condiciones muchas veces adversas, sin estabilidad laboral, sin licencias pagas, sin aguinaldo, sin vacaciones programadas, y muchas veces cobrando honorarios tarde, mal o nunca.
Detrás de cada profesional del derecho hay una persona que, como cualquier trabajador o trabajadora, necesita descansar, reponer energías, cuidar su salud física y mental, y pasar tiempo con su familia. Negarle ese derecho es desconocer la naturaleza humana del ejercicio profesional y precarizar aún más una tarea esencial para la defensa de los derechos ciudadanos.

Reivindicar la feria judicial no es un acto corporativo. Es una defensa de las condiciones mínimas y humanas para ejercer dignamente una función clave en cualquier democracia.

La falacia de la eficiencia por acumulación de días hábiles
La idea de que eliminar la feria judicial mejorará la eficiencia del Poder Judicial es falaz y reduccionista. No existe una relación directa ni automática entre la cantidad de días hábiles y la calidad del servicio de justicia.

Pretender que se obtendrán mejores resultados simplemente extendiendo el tiempo de trabajo es un error conceptual básico. Es como suponer que el sistema de salud funcionará mejor si se obliga a los cirujanos que operan de lunes a viernes a operar también los sábados y domingos, sin descanso. Nadie en su sano juicio defendería semejante propuesta, porque el agotamiento no mejora el rendimiento: lo degrada.

Del mismo modo, ningún otro trabajador —ni docente, ni médico, ni ingeniero— mejora su desempeño al ser privado sistemáticamente de su derecho al descanso. La idea de que más días hábiles equivalen automáticamente a mayor eficiencia ignora lo esencial: la justicia no es una fábrica de sentencias, sino un servicio humano y complejo, que requiere tiempo, concentración y calidad técnica.

La eficiencia no se logra por acumulación de tareas, sino por gestión estratégica, inversión adecuada, digitalización real y formación continua. Exigir más sin brindar condiciones dignas no es eficiencia: es precarización.

Un llamado a la responsabilidad institucional
Desde el Colegio Forense de la Provincia de San Luis hacemos un llamado al respeto por los principios republicanos, el diálogo institucional y la construcción participativa de políticas públicas.

Cualquier intento de suprimir la feria judicial sin análisis técnico, sin consulta a los colegios profesionales y sin estudio de impacto organizacional, resulta arbitrario y contraproducente.

La abogacía no se opone a la modernización, pero no convalidará simulacros de eficiencia que impliquen el sacrificio de derechos laborales, garantías procesales y principios básicos del ordenamiento jurídico.

En defensa del servicio de justicia, del trabajo digno y del debido proceso reafirmamos nuestra posición institucional: “Defender la feria judicial es defender la dignidad del trabajo y la calidad del servicio de justicia”.

Porque una justicia agotada no es más rápida: es más frágil, más errática y menos humana. Y porque quienes hoy, desde el confort de la superficialidad política, proponen eliminar la feria judicial como símbolo de compromiso con el pueblo, olvidan que no se mejora la Justicia vaciándola de contenido, sino fortaleciéndola con inversión, respeto institucional y decisión de fondo.

A la Justicia no se la reforma con slogans: se la honra con compromiso. Y en ese compromiso, los abogados y abogadas de San Luis no vamos a claudicar.

CÉSAR ISMAEL BERTRÉS
Abogado – M.P. 1397
Salta 178 – Villa Mercedes – San Luis
Cel: 2657 563471 – Est: 02657 420755
E-mail: cesaribertres@hotmail.com

El Tribunal Electoral Provincial rechazó este miércoles la denuncia presentada por Raúl Laborda, candidato a diputado provincial por el partido Proclame, quien había solicitado el resguardo de urnas y la entrega de la nómina de autoridades de mesa, tras sostener públicamente que le habrían “robado 7.000 votos” en las elecciones del pasado 11 de mayo.

En el auto interlocutorio Nº 12-TEP-2025, el Tribunal concluyó que la presentación de la apoderada de Proclame carecía de fundamentos concretos y pruebas, calificando sus afirmaciones como una “mera expresión retórica y efectista”.

Según se desprende del fallo, el Tribunal ofició a la Unidad de Abordaje Fiscal (UAF) para verificar la existencia de la denuncia penal mencionada por Laborda. La respuesta fue contundente: no se registró ningún ingreso formal a nombre de Raúl Laborda Ibarra ni de su apoderada Belén Saá.

Además, indicaron que el único registro vinculado es un formulario incompleto enviado desde un correo informal, sin datos suficientes para abrir una causa, y sin explicar detalladamente el hecho denunciado. “El Ssecretario añadió que entre las denuncias realizadas en el sitio https://midenuncia.justiciasanluis.gov.ar, obra un formulario de denuncia confeccionado por el ciudadano Raúl Laborada Ibarra, enviado desde correo electrónico R@GMAI.COM que no fue remitido a la UAF “por no cumplimentar los datos mínimos necesarios para el ingreso de causas, advirtiéndose a tal efecto que no se completó el campo referente a ‘EXPLIQUE DETALLADAMENTE EL HECHO OCURRIDO’ ni se acompañó archivo adjunto alguno que pudiera determinar delito alguno a investigar”, dice el auto interlocutorio del Tribunal.

Laborda había pedido que se resguardara la urna de la mesa 28 del circuito 1001B y “eventualmente otras mesas con irregularidades similares”. El Tribunal consideró ese planteo como “tan impreciso y amplio” que llevaría al absurdo de tener que custodiar la mitad de las urnas del departamento Juan Martín de Pueyrredón.

También se descartó la supuesta parcialidad en la designación de presidentes de mesa. El Tribunal explicó que la designación fue pública, aleatoria y notificada a todos los partidos políticos, incluyendo a Proclame, cuya apoderada no realizó ninguna objeción en tiempo y forma.

Reclamo con plazo vencido

El fallo recuerda que el plazo para realizar reclamos sobre la constitución de mesas y el escrutinio venció el 13 de mayo a las 18:00, momento en que se inició el escrutinio definitivo. Proclame no se presentó como veedor en ninguna de las mesas habilitadas para el contralor.

“Las manifestaciones del apoderado no configuran siquiera una sospecha de anomalía que justifique las medidas solicitadas”, afirmaron los jueces Jorge Levingston, Horacio Zavala Rodríguez y María Eugenia Zabala Chacur.

El Tribunal de Impugnación de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial confirmó las una serie de imputaciones realizadas en primera instancia el diputado Joaquín Beltrán, la exdiputada Anabela Lucero, Enzo Lucero, Diego Torres y Exequiel Scarel por presunta administración fraudulenta, entre otros cargos, en la Casa de la Música del Molino Fénix de Villa Mercedes. Entre otras medidas, el Tribunal ratificó el embargo preventivo por $300 millones.

• El Tribunal de Impugnaciones resolvió confirmar las formulaciones de cargo dispuestas por el Juez de Garantía N° 4.
• Joaquín Beltrán: acusado de peculado, administración fraudulenta, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
• Diego Torres: acusado de peculado y administración fraudulenta.
• Ezequiel Scarel: acusado peculado y administración fraudulenta.
• Enzo Lucero: acusado de peculado y administración fraudulenta.
• Anabela Lucero: acusada de peculado, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.

En relación con las medidas de coerción, fueron confirmadas en su totalidad como así también fueron confirmadas las medidas de embargo. Una de ellas es el Embargo preventivo de 300 millones de pesos e inhibición de bienes.

Hechos imputados, según la Fiscalía

• Sustracción de mobiliario: El 15 de junio de 2023, entre las 22 y 00 horas, Joaquín Beltrán y Diego Torres, junto a otras personas, habrían reunido muebles en Casa de la Música y los habrían trasladado a la sede partidaria de Anabela Lucero.
• Sustracción de elementos: El 27 de noviembre de 2023, Ezequiel Scarel habría ingresado a la Casa de la Música y retirado diversos objetos.
• Sustracción de documentación y daños: El 9 de diciembre de 2023, entre las 11 y 18 horas, los cinco imputados habrían ingresado al lugar, forzado puertas y cajones, y retirado documentación y elementos del teatro.
• Uso indebido de bienes públicos: Se habría utilizado el servicio de hotelería del complejo para beneficio privado y de terceros.
• Gastos irregulares en combustible: Se habría autorizado la carga de combustible a personas ajenas a la administración, con Beltrán como responsable de la gestión del complejo.
• Uso de recursos para campaña política: Bienes, personal e instalaciones de Casa de la Música habrían sido utilizados para financiar la campaña política de Anabela Lucero.
• Uso de vehículos oficiales con fines partidarios: Automotores asignados a actividades del complejo habrían sido utilizados para fines políticos.

 Fuente: Prensa Poder Judicial